El empresariado: cómplice activo en la violación de los derechos humanos desde la dictadura

El libro “Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza” aborda en profundidad un tema escasamente trabajado en Chile: las consecuencias de las grandes transformaciones impuestas en dictadura, así como su estrecha vinculación con las violaciones a los derechos humanos.

07 de mayo de 2019

Por Gloria Elgueta, integrante de la mesa Londres 38

El texto, compilado y editado por Juan Pablo Bohoslavsky, Karinna Fernández y Sebastián Smart, reúne a 26 autoras y autores, quienes, desde distintas disciplinas, analizan los efectos de las políticas económicas de la dictadura, el rol de las empresas, la estrecha relación entre represión y concentración de la riqueza y sus continuidades en el presente. En el lanzamiento del libro, realizado en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC), participaron los editores Bohoslavsky y Fernández, el historiador Rodrigo Araya de la UAHC, y Gloria Elgueta, integrante de Londres 38, espacio de memorias.

Se trata de un ambicioso y vasto trabajo que cuestiona las nociones dominantes en materia de derechos humanos centradas en los derechos civiles y políticos, y expone el impacto negativo y duradero de la racionalidad económica de la dictadura sobre los derechos sociales y económicos.

También se revisan críticamente ciertas nociones del sentido común hegemónico construido en dictadura y extendido en democracia, entre ellas el mito del "milagro económico chileno" entendido como el "lado positivo" de la dictadura. Al respecto, los autores José Miguel Ahumada y Andrés Solimano demuestran que, por el contrario, se trató de un "ciclo de acumulación por desposesión", donde los beneficios económicos obtenidos por las élites y las grandes empresas nacionales y extranjeras, junto a las privatizaciones y la corrupción significaron una gran concentración de la riqueza, la disminución del gasto social y el empobrecimiento de la mayoría.

En ese contexto, la tantas veces afirmada ineficiencia del Estado se convirtió en una profecía autocumplida por la vía de su reducción, saqueo y mercantilización de los servicios prestados hasta ese momento, abriendo la posibilidad de lucrar con ellos, es el caso de la salud, educación y previsión, entre otros. Pero junto con ello, el Estado se fortaleció en otros ámbitos. Silvio Cuneo demuestra que para llevar a cabo esas transformaciones y contener la resistencia a ellas, la dictadura utilizó de manera intensiva la represión, para lo cual fue necesario un aumento exponencial de los gastos en defensa y policía, pasando del 14,9 % en 1969 al 23,3% en 1982 .

El libro también desmonta la "visión raquítica de los DDHH" que separa los derechos civiles y políticos de los derechos económicos y sociales, enfoque dicotómico que aún persiste en Chile y en buena parte del sistema internacional de DDHH, dificultando una comprensión integral e indivisible de estos.

El Informe Cassese

Un elemento común a varios artículos es la referencia al informe elaborado en 1978 por Antonio Cassese, relator especial de la Comisión de DDHH de Naciones Unidas, encargado de evaluar la ayuda financiera recibida por la dictadura chilena y su relación con las violaciones a los derechos humanos. Entre las ideas contenidas en las 260 páginas del documento, Cassese afirmó que "la asistencia económica extranjera en gran medida sirve para fortalecer y apuntalar el sistema económico adoptado por las autoridades chilenas, que a su vez necesita basarse en la represión de los derechos civiles y políticos, las conclusiones confirmaron que la masa de la asistencia económica es instrumental en la consolidación y la perpetuación de la actual represión de aquellos derechos" (1).

Esa conclusión apuntaba también al ámbito de las responsabilidades y, por tanto, al de la acción penal y civil. En consecuencia, ya no se trataría solo de perseguir la responsabilidad de los autores directos. Según Pietro Sferraza y Francisco Jara, la doctrina Cassese permite afirmar que esa acción puede alcanzar también a los civiles, políticos, técnicos e intelectuales, empresas y empresarios, medios de comunicación, organismos internacionales y otras instituciones.

Cassese recalcó las raíces estructurales de la marginalización económica y de la violación de los derechos económicos y sociales, no solo de los derechos civiles y políticos. Por ello, si este informe hubiese sido valorado por los gobiernos de la postdictadura, muchos de los debates actuales en materia de educación, salud, trabajo y pensiones, se habrían adelantado. La falta de seguimiento sistemático al Informe Cassese ilustra también la falta de voluntad política para hacer efectiva, en la práctica, la proclamada indivisibilidad de los derechos humanos.

A propósito de la acción en este ámbito, Leigh Payne y Gabriel Pereira relevan la importancia de una línea de trabajo específica en el ámbito de la complicidad económica, la cual sería la "pieza perdida del rompecabezas" de la justicia transicional. Una línea que permita crear conciencia sobre la estrecha relación entre violaciones y transformaciones dictatoriales, y la comprensión de que la verdad, la justicia y la reparación son aspiraciones complementarias, no alternativas.

Colonia Dignidad y Pesquera Arauco

Las abogadas Karinna Fernández y Magdalena Garcés, miembro del equipo jurídico de Londres 38, demuestran las limitaciones de los procesos criminales llevados a cabo en Chile relacionados con empresas o los llamados terceros actores. Dos son los casos que relevan: Colonia Dignidad y Pesquera Arauco. Estas investigaciones no se han centrado en determinar las causas y consecuencias de la represión, tampoco han establecido judicialmente el rol de los diversos actores que contribuyeron y/o se beneficiaron de la perpetración de las masivas atrocidades, entre ellos, terratenientes, profesionales, empresarios, políticos, así como corporaciones o empresas que permitieron al aparato represivo extender y dotar de mayor legitimidad a su actuar criminal.

A juicio de Fernández y Garcés, los dos casos señalados muestran cinco elementos comunes:

-La riqueza casuística de la complicidad empresarial con delitos de lesa humanidad.

-El aporte eficaz de recursos corporativos en la comisión de delitos de lesa humanidad.

-El interés y enriquecimiento económico de los directivos de las empresas cómplices.

-La falta de voluntad política para avanzar con investigaciones sobre los cómplices económicos; y

-En los casos en los en que hubo avances limitados en las investigaciones ha quedado en evidencia que la metodología de investigación e interpretación es demasiado estrecha pues no alcanza a captar las complejas tramas de relación de los criminales y sus cómplices corporativos (2).

Consecuencias y continuidades

Las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales producidas en dictadura generaron altos índices de desigualdad. Según Javier Rodríguez, las políticas de privatización y desregulación pusieron de manifiesto el verdadero carácter del mercado: lejos de posibilitar un libre intercambio reprodujeron las asimetrías y relaciones de poder y subordinación existentes, lo que, sumado a un Estado disminuido, produjo como resultado un sesgo regresivo que continúa hasta el presente. Algunos de los ámbitos analizados en el libro, en los cuales se expresa ese sesgo, son los siguientes:

-De 24 países mineros, Chile es uno de los cinco países con legislación tributaria menos efectiva y con mayor ganancia para los privados. El cobre en manos del Estado, que ayer fuera el "sueldo de Chile", hoy solo representa el 29% de la producción, señala Sebastián Smart.

-Según Daniela Marzi, el Plan Laboral fue la más relevante "modernización" de la dictadura, cuyas bases y estructura no se han modificado, impidiendo la negociación por ramas y el derecho efectivo a huelga.

-En ese contexto, la represión siguió siendo necesaria: un verdadero Estado penal se fortaleció en democracia. Silvio Cuneo señala que el encarcelamiento se convirtió en un sistema de control y gestión de la pobreza junto a un discurso populista punitivo, donde el aumento de las cárceles no se condice con los índices de delincuencia.

-También se desarrolló lo que Angela Vergara define como urbanismo represivo con el objetivo de remodelar las ciudades en vistas a la segregación y mercantilización del espacio urbano, o para intensificar la explotación de los recursos básicos como sucede en el territorio mapuche, a través de la militarización y ocupación de la zona.

El elemento común a esos procesos ha sido la continuidad de los mismos actores políticos y económicos quienes, no solo han conservado su poder construido en dictadura, sino que lo han acrecentado y transversalizado. Marzi describe esta situación así:

"Esa es la herencia aceptada con gusto por la clase política desde 1990 en adelante, escindida de la muerte de las dirigencias de trabajadores y líderes sociales. Ejercicio imposible ya que las víctimas eran portadoras de un proyecto político en que las clases subalternas debían ganar un espacio creciente y efectivo de participación en la democracia: esa es la razón de su caída (...), el posicionamiento político ante estos hechos históricos exige definiciones no sólo ante los crímenes, sino ante la validez que dicho proyecto pueda tener al día de hoy."(3)

Así, para revertir esa realidad no solo se requiere demandar a la justicia sino, también, tomar posición en las disputas políticas del presente.


(1) Bohoslavsky, Juan Pablo et al., Complicidad económica con la dictadura chilena. Un país desigual a la fuerza, Lom, Santiago, 2019. p. 34.

(2) Ibídem, p. 406.

(3) Ibídem, p. 301.

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