Cambiar todo para que nada cambie. ¿Qué promete la nueva reglamentación de financiamiento de las Fuerzas Armadas?

El 10 de septiembre de 2019, el presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley que renovará la forma de financiamiento de las Fuerzas Armadas. El oficialismo promete, con el reemplazo de la Ley Reservada del Cobre, un mecanismo más democrático y transparente que deje atrás casos como el Milicogate.

Publicado el 13 de mayo de 2020

Fachada Londres 1Mientras el país se paraliza producto de la pandemia del covid-19, que azota al mundo, muchos de los grandes problemas que generaron el estallido social del 18 de octubre, siguen en curso, algunos en vías de resolverse como el proceso constituyente y otros aun en la más completa incertidumbre.

Cambiar todo para que nada cambie. ¿Qué promete la nueva reglamentación de financiamiento de las Fuerzas Armadas?

por: Constanza Vargas Figueroa

El 6 de agosto del año 2018, el presidente Sebastián Piñera firmó la indicación que daría pie para sepultar oficialmente la Ley Reservada del Cobre. Junto a Alberto Espina, ministro de defensa y Felipe Larraín, ministro del interior.

Levantando un discurso sobre democracia y justicia el presidente dijo: "(...) que el mecanismo de financiamiento sea más transparente, más eficiente. Un mecanismo donde exista un mejor control democrático".

El senado aprobó el proyecto el 24 de julio de 2019 y el oficialismo se adjudicó el fin de la ley que permitió por ejemplo, sucediera el Milicogate, y que fue cimentada durante la dictadura y secreta hasta el 2016. ¿Qué tanto cambian las cosas con la derogación de la Ley Reservada del Cobre?

El nacimiento de la Ley Reservada del Cobre

La Ley Reservada del Cobre nació en 1958, cuando se dicta la Ley Nº 13.196 durante el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. En un comienzo tenía como fin destinar el 15% de las utilidades de la minería del cobre al financiamiento del Consejo Superior de la Defensa Nacional (CONSUDENA).

Consudena era el organismo que se encargaba de establecer las necesidades para la defensa nacional y estaba compuesto por el ministro de Defensa, el ministro de Hacienda, los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armada (FFAA), entre otras autoridades de la aviación, el ejército y la marina.

Pero no fue hasta la dictadura de Augusto Pinochet que la forma de financiamiento de las FF.AA. se consolida de la manera que conocimos hasta ahora. Esta fue fortalecida a punta de decretos de carácter secreto que fue moldeando la Ley del Cobre.

El primer documento que modificó esta ley en 1973, destinó un 10% de los ingresos de la exportación de cobre a Consudena para la compra de material bélico y las necesidades de este, además de 90 millones de dólares de la época destinados del fondo anual del Estado.

Las cuentas y el detalle de los gastos de Consudena eran secretos y ningún organismo externo a las FFAA y los ministerios involucrados supervisaban el correcto uso de los fondos, que eran repartidos equiativamentes a las instituciones dedicadas a la defensa armada del país.

Esta ley fue modificada en al menos 7 ocasiones durante dictadura. En su última forma del periodo, establecía el 10% de los recibos brutos de las ventas en el extranjero de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) a Consudena, además de 180 millones de dólares de la época provenientes del fondo anual del Estado.

En lo que respecta al 10% que aporta Codelco a las FFAA se estipuló en la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas un piso mínimo que se debía cumplir, por lo que si este no se alcanzaba dentro del 10%, el piso mínimo debía alcanzarse con los fondos del fisco.

2010 fue el año en que se le puso a fin a la ley que creó el Consudena y sus obligaciones pasaron a manos del Ministerio de Defensa. Se consideró en ese momento que por el contexto democrático ya no era necesario el Consejo, pero no se pensó si aún era necesaria la forma de financiamiento de las FFAA.

Seis años después, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se le quitó el carácter secreto a la Ley Reservada del Cobre y a todos los decretos de ley que la construyeron durante dictadura. Así se liberaron también los detalles de los gastos que hasta ese momento eran reservados.

No a la ley reservadaEl desfalco en el Ejército

En 2015 se destapó uno de los casos más grandes de corrupción que remeció a las FFAA y que abrió paso para el cuestionamiento de la independencia absoluta con la que operan las instituciones que la componen: el Milicogate.

Entre 2010 y 2014 se emitieron boletas falsas justificadas como compras de material bélico, obviamente inexistentes, dentro del Ejército de Chile. Involucrados sargentos, oficiales, coroneles, cabos e incluso comandantes.

Se defraudó al fisco en más de 10 millones de dólares gracias a los de la Ley Reservada del Cobre. Ningún organismo externo a las FFAA tiene la potestad de supervisar las compras que realizan las instituciones, por lo tanto tampoco el poder de fiscalizar el correcto uso de los fondos.

Las Fuerzas Armadas en Chile funcionan con total independencia a diferencia del resto de las instituciones del Estado, ni Contraloría, ni el Congreso Nacional supervisan la forma en la que estos organismos operan.

El reemplazo de la Ley Reservada del Cobre

El proyecto que hoy reemplaza la forma de financiamiento de las FFAA y con ella la Ley Reservada del Cobre, está en el congreso desde el 2011 cuando a través de un mensaje presidencial, Sebastián Piñera, propuso: "liberar a Codelco de un impuesto distorsionador", en sus propias palabras.

El 24 de julio del año pasado el senado aprobó el proyecto presentado en el primer gobierno de Sebastián Piñera, obviamente con algunos cambios hechos en el camino.

La nueva ley elimina el piso mínimo para los gastos reservados y para los gastos generales, propone un Fondo Plurianual de Capacidades estratégicas para la inversión en material bélico y sus asociados, este con el fin de entregar estabilidad a largo plazo. Con este fondo se propone un Consejo encargado de supervisar el flujo financiero que proveniente del Banco Central.

Además del dinero plurianual, existirá un Fondo de Contingencia Estratégico que también será manejado por el Banco Central y que estará destinado a cualquier situación de crisis que deba enfrentarse en términos bélicos.

Entre los puntos claves la ley establece una "Política de Defensa", para orientar las capacidades estratégicas del área, que las FFAA deben presentar a las comisiones técnicas de la Cámara y el Senado para su supervisión. De esta deriva un plan cuatrianual de inversiones.

La ley incluye nuevos mecanismos que involucran en términos de control de presupuesto al Congreso Nacional y Contraloría, esto incorpora votaciones de presupuestos y control de inversiones.

Como punto crucial: se elimina la Ley Reservada del Cobre de forma paulatina. En nueve años más se comenzará a restar 2,5% del 10% del aporte de Codelco, hasta llegar a 0% en el año 12. Estos fondos ya no irían directamente a las FFAA, sino que al Fisco.

Por último, pero para nada menos importante: el gobierno se compromete a presentar un proyecto para regular el sistema de compra de armas de las FFAA en un periodo de 6 meses luego de su publicación. Esto con el fin de generar un mecanismo fuera de las instituciones que realice las transacciones con las empresas de la industria de los armamentos.

milicosLa independencia de las Fuerzas Armadas en Chile

La independencia de las FFAA del Estado fue ideada y consolidada durante la dictadura, ningún organismo público o privado tiene la potestad legal de intervenir en las instituciones que la componen y tampoco supervisarlas.

La Ley Reservada del Cobre fue un ejemplo claro del secretismo dentro del Ejército que se cubre bajo el manto de los "gastos reservados", las leyes junto a sus decretos que son considerados "secretos" y los archivos "clasificados".

El Milicogate abrió aristas sobre corrupción en las Fuerzas Armadas que han generado un efecto dominó interminable: Ninguna institución se salva de los cuestionamientos del ojo público. Mauricio Weibel fue quien lo destapó, el periodista señaló por primera vez al Ejército de Chile por mal utilizar los fondos recibidos de la Ley Reservada del Cobre.

Weibel denuncia que el ala de inteligencia del Ejército intervino su celular sin fundamentos bien constituidos. Resulta que esta institución tiene la potestad de intervenir los aparatos electrónicos de personas que puedan estar manejando información que afecte a la seguridad nacional o que puedan estar propensos a cometer actos terroristas, esto avalado bajo una autorización judicial.

El criterio para definir a quienes espiar, lo tienen las mismas FFAA: "No sé cómo revelar que un comandante en jefe se compró 27 autos de lujo o que un comandante en jefe gastaba $150.000 a la semana en chocolates, pueda afectar a la seguridad nacional", denuncia Mauricio Weibel en conversación con Mónica Rincón en el programa de CNN "Nada Personal".

Claudio Fuentes, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales analiza la ley con cautela: "Hay que distinguir lo que es la transparencia, es decir que tu sepas cuántos recursos se destinan y otra cosa es que el procedimiento permita un mayor control de parte de las autoridades civiles", afirma Fuente haciendo hincapié en el mecanismo del uso de recursos de las FF.AA.

El cientista político cree que existe un punto clave para criticar la real fiscalización que tendrán las FFAA respecto a su financiamiento con la nueva ley: "Quien hace efectiva la compra, quien se vincula con el proveedor son las mismas armas, son las fuerzas armadas, el ejército, la armada, las fuerzas aéreas tienen cada una una unidad que hace toda la gestión de la compra una vez ya autorizada y ahí está el talón de Aquiles de esta ley", asegura.

Se refiere a que las autoridades externas a las FFAA, como el Ministerio de Defensa, tendrán la potestad de manejar los dineros, saber cuanto hay y aprobar en que se destinarán, pero quienes seguirán realizando las compras son las mismas FFAA.

Todas las instituciones del Estado están sujetas a un organismo que regula sus transacciones: ChileCompra. Que genera un concurso y permite que los negocios entre los organismos públicos y las empresas no sean directos.

En el caso de la compra de armas esto no existe: "Aquí se requiere un sistema donde tú saques esa gestión de la compra de las FFAA y la coloques en una agencia de compras especializada, sujeta a controles democráticos para evitar que en ese procedimiento de ir a comprar, se generen lo que son las comisiones ilegales y los abusos de corrupción. Ahí es donde está el problema", afirma Claudio Fuentes.

La autonomía de las Fuerzas Armadas en Chile es una de las más altas en las Américas y es consecuencia de los vestigios de la Dictadura en el país, es pertinente recordar que gracias a él testimonio de militares que rompieron su pacto de silencio con la institución, se pudo llegar a los documentos escondidos por la Dirección de Inteligencia del Ejército que esclarecieron el Caso Quemados. ¿Cuántos archivos aún no son liberados?, ninguna reformulación de ninguna ley ha logrado romper esos cimientos.

Claudio Fuentes lo ejemplifica de la siguiente forma: "Las autoridades civiles no tiene supervigilancia en los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, legalmente no lo tienen (...) El problema es que en Chile se reformó la ley el año 2010 y con el fin de Consudena se creó un nuevo ministerio, pero las capacidades de control todavía son bajas", dice.

El negocio de la venta de armas es uno de los más grandes a nivel mundial, permeado de un amplio despliegue de lobby. La nueva ley queda con la promesa de generar un mecanismo que regule la transacción entre este gigante de las industrias mundiales y las FFAA chilenas, Claudio Fuentes asegura que: "Mientras tú no tengas una agencia que en la práctica tenga mecanismos de control, que la persona que esté a cargo de hacer los contratos sea objeto de control, se van a seguir recibiendo comisiones ilegales a través de este negocio"

Desde la promulgación de la ley, que fue el 10 de septiembre del año pasado, el gobierno se puso como plazo 6 meses para presentar un nuevo mecanismo de compra para reparar las irregularidades en las Fuerzas Armadas. El plazo se cumplió el 10 de marzo y hasta el cierre de este trabajo, el mecanismo sigue en la incertidumbre.

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