Fiebre de covid-19: ¿Justicia detenida, justicia desplazada, justicia perdida?

Actualmente, la justicia está estancada y desplazada. Covid-19 ha obstaculizado el curso de la justicia; y, como con muchos otros problemas sociales apremiantes, casi ha desterrado la atención necesaria para combatir la impunidad de los perpetradores de derechos humanos. Se debe realizar una importante redirección y promoción para que no se pierda la justicia. A medida que la pandemia parece más grande que la vida y el miedo se apodera de la racionalidad, crece el espacio para la arbitrariedad y la injusticia. Las agendas públicas y privadas están siendo cautivadas cada vez más por la lógica en espiral de Covid-19.

Publicado el 16 de mayo de 2020

Presos en el SalvadorPor Michael Reed-Hurtado*

La adaptación y la respuesta a las dificultades resultantes de la crisis de Coronavirus no deberían implicar que debemos poner otros asuntos sociales apremiantes en segundo plano. La tendencia actual a cambiar o centrar toda o la mayor parte de la atención a la crisis del Coronavirus ignora el hecho de que los problemas sociales estructurales no desaparecerán, sino que (probablemente) empeorarán con el tiempo. Las respuestas humanitarias y económicas a Covid-19 son perentorias. Sin embargo, esas respuestas no deberían desalojar o reemplazar completamente los objetivos sociales importantes, como la búsqueda de la responsabilidad de los derechos humanos.

Pérdida de momento y de recursos disponibles
Las iniciativas de promoción de la justicia y los procesos de justicia de transición han sido duramente afectados por Covid-19. Además de perder impulso, causado por la consiguiente desaceleración de la carga de casos judiciales, la interrupción de las audiencias públicas y el enfriamiento de las demandas sociales derivadas de órdenes de distanciamiento social, entre otros, grupos comunitarios y defensores nacionales de los derechos humanos, de los que fuimos testigos En toda América Latina, advierten que el apoyo sostenido a estas iniciativas está disminuyendo y que los donantes están desviando su atención a los efectos humanitarios del Coronavirus. Los representantes de los financiadores públicos y privados han expresado, con confianza, su preocupación por los cambios drásticos en las prioridades y la pérdida de recursos disponibles para apoyar la promoción de la justicia en el futuro cercano.

La responsabilidad por las atrocidades del pasado ya era una búsqueda fuertemente resistida; La epidemia de coronavirus agrega otro obstáculo. El desplazamiento temporal de la centralidad de las iniciativas de justicia puede volverse permanente si no se tiene en cuenta. Los perpetradores y sus patrocinadores aprovecharán cualquier oportunidad para revertir los avances de la justicia. El establecimiento de responsabilidades es un asunto contencioso. Cualquier factor que favorezca a uno de los lados puede alterar rápidamente la ecuación de la justicia: en la situación actual, Covid-19 pesa a favor del aplazamiento; y el aplazamiento tiende a llevar a la justicia perdida.

La crisis de coronavirus: ¿un escudo informacional?
La epidemia viral está sirviendo como un escudo informativo o un mecanismo de negación en relación con los crímenes atroces cometidos en varias partes del mundo. La sobrecarga de historias relacionadas con el coronavirus ha llevado a un abandono informativo de la dinámica actual de la represión y la violencia, por ejemplo, en relación con la disidencia política en Nicaragua o los ataques contra las comunidades budistas de Rhakine en Myanmar. Del mismo modo, los conflictos armados, como los experimentados en Nigeria, Colombia, Libia y Yemen, han perdido la atención pública; Como muchas de las atrocidades cometidas no están registradas, la negación puede volverse plausible.

El registro inicial de un acto violento por parte de los medios de comunicación es a menudo la primera información que respalda una denuncia penal en casos que abordan crímenes atroces. Ya sea intencional o no, la actual falta de exposición a la tortura y los asesinatos en curso facilita la negación o el olvido, lo que obstaculiza las posibilidades de responsabilidad futura.

Esta breve lista de situaciones es meramente ilustrativa de muchas otras que están siendo reprimidas o sofocadas por la sobrecarga de información de la crisis de Covid-19, otra manifestación de la justicia desplazada.

Después de la conmoción inicial y el paso del tiempo, los sistemas nacionales, como en Colombia, Argentina, Singapur y los Estados Unidos de América, han comenzado a reaccionar y recurrir a la solución formulada del uso de la comunicación virtual para iniciar procedimientos judiciales o de transición. procesos de justicia. Sin embargo, la solución "sala de audiencias o audiencia virtual" está cargada de problemas y no proporciona una solución fácil, incluso en casos simples. En relación con los crímenes atroces y los crímenes de los poderosos, la solución virtual podría no ser una solución en absoluto.

Los casos relacionados con crímenes de estado o crímenes de poderosos son muy contenciosos y litigiosos. Estos casos tienden a ser acusados de alto valor político y simbólico. La sala virtual hace poco para respaldar la magnificencia y la impresionante justicia que se está haciendo, o para evocar la grandeza y el asombro inspirados por una verdadera etapa judicial. Las audiencias virtuales absorben la humanidad de la justicia que se está haciendo, para todas las partes y el público.

El entorno virtual no es un foro apropiado para debates probatorios complejos, contiendas procesales fuertes o el uso probable de tácticas de demora o bloqueo que acompañan a este tipo de procedimientos. Legalmente, como mínimo, en casos complejos, es probable que el medio virtual obstaculice las preocupaciones legítimas del debido proceso de todas las partes e introduzca prejuicios. Este rápido reempaque de la justicia va en contra de muchos valores y expectativas culturales. Por ejemplo, el ritualismo y la formalidad que acompañan a la justicia no pueden replicarse en forma virtual.

Aunque aparentemente es una solución, las audiencias virtuales no van a cortarlo en casos que requieren que el simbolismo acompañe la entrega de justicia. En Colombia, algunas víctimas y defensores de los derechos humanos ya han manifestado su descontento con el anuncio de procedimientos virtuales en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Antes de que se abrace el uso cada vez mayor de medios virtuales para llevar a cabo procedimientos judiciales en lugares como Colombia, se deben explorar otras alternativas, por ejemplo, las adaptaciones físicas (incluido el espaciado y los escudos transparentes) utilizados en la sala del tribunal en la que el caso penal alemán avanza contra Anwar Raslan y Eyad al-Gharib por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Siria.

Las audiencias y los procedimientos que no son apropiados para la transmisión virtual deben identificarse claramente y llevarse a cabo en persona con los ajustes necesarios. Además, dado que algunas audiencias virtuales parecen inevitables, es necesario idear técnicas adecuadas de preparación, implementación y monitoreo, para garantizar que los procedimientos, como mínimo, no causen daños y salvaguarden adecuadamente los derechos relacionados con el debido proceso.

El ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Las tensiones derivadas de la rápida introducción de herramientas virtuales para mantener la justicia en movimiento se hacen evidentes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presionado por una creciente acumulación de casos, el tribunal de derechos humanos ha decidido avanzar adoptando la solución: la sala virtual. Aunque es práctico, este tipo de medida choca con la concepción de justicia que esperan las personas que han estado buscando la verdad y la rendición de cuentas durante décadas. Ver su día simbólico en la corte reducido a un momento virtual fugaz no es aceptable para muchas víctimas. Además, esta medida parece ir en contra de la retórica grandilocuente que presenta esos procedimientos ante un tribunal de derechos humanos como una forma de reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos.

Aunque es conveniente, el recurso a los medios virtuales puede convertirse en una afrenta a la dignidad de las personas que han esperado décadas para que se demore la justicia.

En Chile, el intento del uso de covid-19 para salir de la cárcel
Covid-19 también ha arrojado luz sobre el patrón sistémico, aunque totalmente ignorado, de violaciones de derechos humanos que tienen lugar en las cárceles. La preocupación repentina por los derechos de los prisioneros, por ejemplo, en los países latinoamericanos, no se deriva de un renovado compromiso oficial con la humanidad y la dignidad en relación con las condiciones de detención, sino más bien del hecho de que las autoridades quieren evitar la responsabilidad de las muertes anunciadas. Ninguna de las medidas anunciadas, por ejemplo en Argentina o Colombia, aborda el tema estructural: la expansión punitiva y el absoluto desprecio por las condiciones de privación de libertad.

En Chile, prisioneros poderosos, no exactamente los detenidos en slammers abarrotados, rápidamente recurrieron a consideraciones humanitarias para tratar de salir de la cárcel, ya que todos los demás intentos de condonar sus condenas penales relacionadas con violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura habían fracasado. Estos delincuentes condenados se encuentran recluidos en un centro de detención especialmente mantenido, solo para ellos, lejos de las instalaciones superpobladas donde el distanciamiento social es simplemente imposible, y tienen acceso a hospitales militares especiales.

No hay respuestas fáciles, ya que Covid-19 es una amenaza real. Sin embargo, su uso instrumental para otorgar a los delincuentes estatales una tarjeta para salir de la cárcel sin mostrar un vínculo directo con una situación que amenaza la salud o la vida es manipuladora y apela a la irracional sensación de miedo que se cierne cerca en estos Días llenos de covid. En este caso, algunas de las víctimas que se opusieron a ese intento de liberación temprana fueron acusadas de inhumanidad, lo que ilustra un giro extraño a la justicia que se ha obtenido en Chile después de décadas de demandas persistentes de las víctimas, que también envejecen y mueren.

Este intento particular de manipular la crisis de Covid se evitó en Chile, al menos por ahora. Sin embargo, presenta dilemas complejos (éticos, políticos y legales) que surgirán en otros lugares, por ejemplo, en el contexto del proceso de justicia transicional colombiano. En consecuencia, la Jurisdicción Especial para la Paz está lidiando con la pronta liberación humanitaria por razones relacionadas con Covid de algunos detenidos (ambos, condenados y detenidos preventivamente). Esta perspectiva llega en un momento en que los detenidos aún no han colaborado con los mecanismos de justicia de transición; así, algunas víctimas manifiestan una sensación de injusticia. Además, otros se han quejado de que las liberaciones tempranas no se aplican de manera uniforme a los miembros de la insurgencia, generalmente en condiciones degradadas e inhumanas, y más expuestos a los riesgos de Covid-19 que sus homólogos militares detenidos en instalaciones especiales de detención.

¡Otra vez, sin respuestas fáciles!
Las respuestas de Covid-19 están impactando el curso de la justicia y la lucha contra la impunidad. Los problemas y dilemas que se abordan con el cursor en esta pieza (y muchos más) no van a desaparecer. El entorno de crisis está fomentando la excepcionalidad y el retroceso en relación con la administración de justicia. Es necesario idear la contención, la adaptación y los controles para evitar que las fiebres de Covid-19 anulen los efectos de las victorias tan reñidas y la eliminación de muchos obstáculos encontrados en la búsqueda de la responsabilidad. Por ahora, la justicia está estancada y desplazada. Podemos evitar la justicia perdida; sin embargo, primero debemos reconocer y comprender razonablemente los sucesos y, en consecuencia, actuar de manera estratégica y decidida para contrarrestar los cambios injustificados.

Fuente original: https://www.justiceinfo.net/en/justiceinfo-comment-and-debate/opinion/44252-covid-19-fevers-justice-stalled-justice-displaced-justice-lost.html

*Michael J. Reed-Hurtado es un abogado y periodista colombiano / estadounidense con más de 25 años de experiencia en los campos humanitario y de derechos humanos. Su trabajo se ha centrado, entre otros, en: desplazamiento forzado de personas; condiciones de prisión y reforma; enjuiciamiento penal efectivo de delitos del sistema; y justicia transicional. Reed-Hurtado ha trabajado principalmente en América Latina, con trabajos esporádicos en Asia y África.

Los intereses de investigación académica y docente se han centrado en la dinámica y las causas de la violencia colectiva, la prevención de atrocidades, la delincuencia estatal, la insuficiencia de los sistemas de protección de los derechos humanos y las dimensiones prácticas de la justicia transicional y los acuerdos de paz negociados. Ha enseñado en la Universidad de Georgetown desde el semestre de otoño de 2017, en virtud de mudarse al área de DC después de completar una beca de facultad de tres años en la Universidad de Yale. Tiene una Licenciatura en Artes y una Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Texas, y un Doctorado en Jurisprudencia de la Universidad de Minnesota.

Reed-Hurtado es columnista y comentarista activo en varios medios de comunicación colombianos (impresos); Es columnista habitual del diario El Colombiano. Se desempeña como asesor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. @mreedhurtado

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