La lucha contra la impunidad de las violaciones a los derechos humanos durante la revuelta social

Las violaciones a los derechos humanos en Chile parecieran haberse normalizado para la clase política y las instituciones, las que han hecho un mínimo esfuerzo por velar por el respeto de los derechos humanos de toda la población.

Publicado el 23 de julio de 2020

MartínDesde la revuelta social, iniciada el 18 de octubre de 2019, el país completo entra en un estado de movilización, que vino a mostrar el malestar latente que vive la población y que se devela cuando el gobierno sube el precio del transporte. Estas manifestaciones alcanzan altos niveles de masividad, impensados para la clase política hasta ese momento, poniendo en vilo a la élite gobernante que la enfrenta sólo con represión.

En este contexto, en unos pocos días, la revuelta social se extiende y crece en todo el país. Las grandes ciudades en regiones se suman a la movilización una vez que se declara "Estado de excepción constitucional de emergencia" en la provincia de Santiago y Chacabuco, y en las comunas de Puente Alto y San Bernardo, de la Región Metropolitana y con esto el toque de queda. Rápidamente estas medidas también se extienden a la mayoría de las ciudades movilizadas.

Ante la sorpresa de la clase política en general, se intentan pactos y acuerdos por arriba; y desde las élites de los partidos políticos se busca una salida a la crisis. Sin embargo, la revuelta social no tiene otra dirigencia que no sea el propio pueblo en la calle. Frente al fracasado intento de frenar la revuelta, la derecha política-empresarial acude a sus protectores históricos, sacando a las fuerzas represivas incluidas las fuerzas armadas.

Desde el lunes 14 de octubre, con el llamado a la evasión en el Metro, de parte de los estudiantes secundarios, la respuesta de la Intendencia de la Región Metropolitana, es la actuación de las Fuerzas Especiales de Carabineros al interior de las estaciones, en los andenes, e incluso en los vagones del tren subterráneo. A partir de ese día se inicia una sistemática represión y con ello un incremento de las violaciones de los derechos humanos de los y las manifestantes.

María Inés AlvaradoLa justicia y las víctimas de la revuelta social

Como ya es costumbre en el país, la justicia tarda y en muchos casos nunca llega. Esta dramática realidad, que da cuenta de forma brutal como la impunidad siempre presente respecto de los crímenes del pasado garantiza hoy la represión y su impunidad por una justicia que tarda con desidia la vista y cierre de esos casos, la han vivido por más cuarenta años, las víctimas y familiares de quienes sufrieron los más brutales crímenes durante la dictadura civil-militar y que a pesar de su incansable lucha por verdad y justicia, siguen a la espera del cierre de las causas y sus sentencias. Esta impunidad siempre presente respecto de los crímenes del pasado es la que garantiza hoy la represión.

Para las actuales víctimas de la violencia de los agentes estatales, esto no ha sido muy diferente. Miles de denuncias se han interpuesto desde octubre de 2019, por detenciones arbitrarias, torturas, vejaciones de connotación sexual, apremios ilegítimos, entre ellas, 411 personas víctimas de trauma ocular, agresiones producidas desde el primer día de movilizaciones. La mayoría de estas causas todavía se encuentran en tramitación y sin procesamientos.

Londres 38 intervino judicialmente a través de la presentación de tres recursos de amparo y tres recursos de protección, durante el periodo de la revuelta social. Dos de estos recursos de amparo se presentaron en favor de personas que resultaron lesionadas, una de ellas por detención ilegal, desconociendo si sus lesiones fueron o no propinadas por fuerzas policiales. Mientras que el otro amparo se realizó en favor de un voluntario de primeros auxilios. Ambos recursos fueron acogidos, ordenando medidas específicas en favor de los amparados.

En el tercer recurso de amparo, presentado en favor de un grupo de voluntarios de primeros auxilios, con las pruebas relevadas se buscaba demostrar que "resulta evidente el interés de funcionarios de Carabineros de Chile de agredir y amedrentar a los voluntarios". Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago respondió señalando que "no es posible declarar que hayan [los hechos] ocurrido de la forma descrita. Por consiguiente, no existen hechos que constituyan antecedentes de una amenaza a los derechos de libertad personal y seguridad individual, (...)". Ante esta resolución se debió apelar a la Corte Suprema, cuya Segunda Sala señaló:

"Que en el estado actual de las cosas, la fuerza pública ateniéndose a los protocolos que la rigen para este tipo de intervenciones, además de las disposiciones contenidas en los tratados internacionales sobre la materia y en la normativa interna, debe facilitar las actuaciones de los voluntarios que prestan asistencia médica de urgencia a los participantes en las manifestaciones de que se trata." Acogiendo, de este modo, el recurso de amparo en favor del grupo de voluntarios de primeros auxilios.

Argumentaciones judiciales como las de la Corte de Apelaciones, se dieron en muchos de los recursos presentados a favor de víctimas de la violencia estatal, que no podemos olvidar no sólo culminaron en lesiones o detenciones, sino también cobraron la vida de varios manifestantes.

En el caso de los recursos de protección, presentados por el equipo jurídico de Londres 38, estos fueron realizados en favor de comunidades vecinales, los que no han tenido, hasta la fecha, el mismo resultado que los amparos.

La presentación en favor de la comunidad vecinal de Bellavista fue rechazada por exceder la naturaleza del recurso, mientras que los dos recursos presentados por hechos ocurridos en Lo Hermida, uno en favor de voluntarios de primeros auxilios y otro por los ataques contra niños, niñas y adolescentes que se encontraban en salas cunas y jardines infantiles, han tenido un resultado particularmente grave.

El primero fue rechazado por la Corte de Apelaciones, con consideraciones, como: "Que, por otra parte, atendida la regulación normativa pertinente, ya referida, debe entenderse que las garantías de los recurrentes se encuentran suficientemente protegidas". Siguiendo esta línea argumentativa, se dejaría en un completo estado de indefensión a cualquier persona que viera afectadas sus garantías fundamentales, ya que, al existir la "normativa", no podría ser objeto de vulneración, toda vez que se encuentra "suficientemente protegida" sólo en razón de su existencia. Es decir que la mera existencia de dicha normativa impediría que Carabineros ejerciera un acto ilegal o arbitrario.

En la misma dirección, el recurso de protección presentado en favor de los niños, niñas y adolescentes, en virtud del ataque con lacrimógenas a salas cunas y jardines infantiles, fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, omitiendo la obligación legal de referirse al informe emitido por la Defensoría de la Niñez, el cual acreditaba la discriminación y el accionar violento por parte del Estado. El fallo indica que "(...) no es posible impartir órdenes de carácter general a Carabineros de Chile para que adecue su conducta y proceder en eventos futuros en los que pueda verse afectado el orden público, resultando impropio en esta sede, cualquier declaración", desentendiéndose de sus propias facultades y normativas que regulan el comportamiento de la fuerza pública. Este fallo fue apelado y está pendiente de resolución en la Tercera Sala de la Corte Suprema.

Por último, otras tres querellas presentadas por el equipo jurídico de Londres 38, por violaciones a los derechos humanos durante la revuelta, han enfrentado grandes dificultades para su avance debido a la nula o muy escasa información entregada por Carabineros para realizar las investigaciones. Se trata de una querella por homicidio frustrado, otra por torturas y una tercera por secuestro y torturas.

La defensa de las víctimas de la represión en la revuelta

Iniciada la revuelta social, diversos organismos de derechos humanos se activaron en la protección de los y las manifestantes. Londres 38, espacio de memorias, se sumó a este desafío. Una primera línea de trabajo fue en el ámbito jurídico, uniéndose a la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, en la cual participan el Centro de estudiantes y profesores de la facultad de Derecho de la Universidad y la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem). En conjunto generan una organización de apoyo para recibir denuncias por violaciones a los derechos humanos y asumir la defensa de las víctimas en algunos casos. Esta organización de apoyo jurídico llenó un vacío muy relevante en este momento de la revuelta social. Logró activar una coordinación con la Fiscalía Nacional, para crear canales de denuncia expeditos, ante las decenas de violaciones a los derechos humanos que día a día se perpetraron, de parte de las fuerzas represivas del Estado.

Los informes publicados por la Defensoría Jurídica, contribuyeron a visibilizar la sistematicidad de estas agresiones y contrastar las cifras que se manejaban por los organismos institucionales. Según indica en su informe final, entre el 18 de octubre y el 30 de noviembre de 2019, sindicado este como el periodo "de mayor masividad en la vulneración de derechos", la defensoría recibió 2.152 denuncias.

Otro de los aportes de la Defensoría, fue la creación de misiones de observación en recintos policiales y centros de atención de salud. Esta actividad la realizaron grupos de abogados y abogadas, estudiantes, profesores y profesoras de derecho, desde el inicio del estado de excepción constitucional (entre el 18 y el 27 octubre de 2019). De esta manera se pudo monitorear la situación de las personas detenidas, en el contexto de movilizaciones y de quienes acudían a los centros de salud producto del actuar policial.

Junto con el trabajo jurídico, Londres 38 participó en la instalación de un punto de primeros auxilios en el espacio de memorias ubicado en calle Londres 38, a pasos de la Alameda, principal avenida de la capital. Así, a días de iniciadas las movilizaciones, tanto en Plaza Dignidad como en el centro de Santiago, se habilitaron sus espacios para la atención de las personas heridas, para su contención emocional, como también para recibir las denuncias de estas agresiones. Esta iniciativa surgió de un grupo de estudiantes de carreras vinculadas a la salud, de la Universidad de Chile. Luego se sumaron alumnos de Psicología y de Derecho de otras universidades y/o vinculados a la Defensoría Jurídica.

Otra función que cumplió el espacio, fue ser centro de acopio de insumos médicos y un lugar de refugio para las Brigadas de salud que se mantuvieron en esos meses dando apoyo sanitario en las calles. Con otros sitios de memoria, como Santa Lucía, centros de estudiantes como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, juntas vecinales entre otras organizaciones, Londres 38 pudo ser parte de una amplia red de ayuda a las víctimas de la represión.

La defensa de los derechos humanos

Desde el inicio de la revuelta social, hubo fuertes críticas al rumbo que comenzó a tomar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo encargado de la defensa de los derechos humanos en Chile. Esto debido a su tibia denuncia y crítica hacia las fuerzas represivas, las que día a día sumaban nuevas víctimas y a las opiniones de su director, Sergio Micco, quien afirmó que si alguien sostuviera que en el país "hay violaciones a los derechos humanos sistemáticas, yo me atrevería a decir que no", esto en momentos en que toda la evidencia mostraba lo contrario.

Por ello, incluso organismos internacionales de defensa de los derechos humanos se pronunciaron criticando estas declaraciones, y en Chile duros cuestionamientos surgieron de diferentes sectores de la sociedad, provocando una crisis al interior de este organismo: entre sus trabajadores, el Consejo y la dirección.

Frente a la incapacidad y falta de voluntad política del INDH para condenar y limitar las violaciones a los DDHH, Londres 38 solicitó a la CIDH una visita in loco al país, para constatar los hechos denunciados pero también aquellos que seguían produciéndose a lo largo del territorio nacional. La aceptación de parte del organismo internacional para realizar esta visita a Chile, activó a diversas organizaciones de derechos humanos y sociales a trabajar en sus preparativos. El 18 de noviembre se realizó una reunión ampliada con estas organizaciones y el equipo enviado por la CIDH para organizar la llegada de los altos funcionarios, que se tendrá lugar el mes de enero.

En el marco de la visita preparatoria in loco, el 20 de noviembre de 2019, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrāo, visitó Londres 38, donde se reunió con el equipo del punto de primeros auxilios, el Movimiento de Salud en Resistencia (MSR) e integrantes de Londres 38. En esta reunión recogió los testimonios de quienes estaban prestando apoyo a las víctimas de la represión. Abrāo, también viajó a Valparaíso y visitó la población Lo Hermida y la Casa de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH).

La visita in loco de la CIDH, finalmente se realizó en enero y el día martes 28 se reunió en Londres 38, espacio de memorias, con organizaciones sociales como de defensa de los derechos humanos. En esta ocasión fue la titular de este organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño, quien encabezó la reunión.

A mediados del mes de enero, una delegación de intelectuales, académicos y defensores de los derechos humanos de Canadá, realizó una visita in situ, para reunirse con las víctimas y representantes de organizaciones de derechos humanos, y analizar las denuncias realizadas a nivel nacional e internacional. Esta delegación también llegó a Londres 38 y se reunió con representantes de organizaciones sociales, de estudiantes, migrantes, sitios de memoria, y de la comunidad académica entre otros. Al finalizar su visita al país, el grupo elaboró un informe preliminar en el que enfatiza la violación sistemática a los derechos humanos en Chile.

Según un informe* presentado por la Fiscalía de Chile, los casos ingresados al sistema por violencia institucional en la crisis social, ascienden a 8.827 personas, contabilizadas entre el 18 de octubre 2019 y el 31 de marzo 2020.
Informe Fiscalía Nacional

Cifras Violencia Institucional 18 de octubre de 2019 al 31 de marzo de 2020

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