Chile hoy: la negación de cada día

No hay violaciones a los derechos humanos en Chile; no hay presos políticos, no se lanzó a ningún joven al río Mapocho, no se balearon los niños en Talcahuano, no hay protesta social, sólo vandalismo. Es la letanía continua que escuchamos a diario de parte de funcionarios del gobierno. Negaciones que no resisten ningún examen de realidad. ¿Qué hay detrás de todo esto?

Publicado el 21 de diciembre de 2020

Por Marcela Ortiz*

"En Chile no se han cometido crímenes de lesa humanidad. Eso implicaría violaciones sistemáticas a los derechos humanos y eso no ha ocurrido en nuestro país", dijo a los medios el vocero de gobierno, Jaime Bellolio el 23 de noviembre de 2020. El vocero reaccionaba así ante las más de 30 querellas que enfrentan tanto Sebastián Piñera como sus exministros tras el levantamiento social iniciado el año pasado. Negación.

Tampoco hay presos políticos, dijo Bellolio. "Lo que hay son personas que están presas por decisión de los tribunales". Negación.

Pocos días antes, el propio Piñera se refirió a los menores baleados por Carabineros en un hogar del Sename en Talcahuano, como "niños accidentados".

Otros, como el excanciller Teodoro Ribera, negaba a los niños y niñas del Sename su derecho a protección.

El ejemplo más dramático de la negación continua por parte del gobierno de Sebastián Piñera de violaciones a los derechos humanos cometidas por la fuerza policial bajo su mandato, fue el caso de A.A., lanzado al río Mapocho por un uniformado.

"Quiero desmentirlo: por ningún motivo Carabineros arrojó al menor", dijo el teniente coronel Rodrigo Soto al divulgarse la noticia, para el estupor de muchos que ya habían visto los videos que mostraban lo contrario.

Cada día un funcionario de gobierno niega algo.

Más recientemente (27 noviembre de 2020) el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli llamó 'utensilios' a las armas encontradas en un lugar operado por un grupo de ultraderecha acusado de amenazas de muerte contra la fiscal Ximena Chong. Nada muy grave, dijo, con excepción de una subametralladora Uzi 9 mm., cargada.

Cuando cuatro de las más prestigiosas organizaciones internacionales de derechos humanos visitaron Chile entre octubre y diciembre de 2019 y coincidieron en la existencia de "graves violaciones a los DD.HH. en diversas zonas del país desde el 18 de octubre", ni sus evidencias ni sus recomendaciones fueron consideradas por el gobierno de Piñera, que salió a negarlo todo.

Para esos organismos, las graves violaciones, crímenes y abusos cometidos no fueron hechos aislados o excesos individuales. "Por el contrario, se estaría frente a conductas 'generalizadas' (Amnistía Internacional) o masivas, de carácter repetitivo (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), que involucran a 'miles de personas' (Human Rights Watch) y que 'son reiteradas en el tiempo, en el espacio y con respecto a quienes son los supuestos perpetradores y las víctimas' (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUDH).

Además de negar las evidencias de esos informes, a través de su vocero, el gobierno dijo que para que existieran violaciones a los derechos humanos, estas deberían ser 'sistemáticas' y esa palabra no estaba incluida en ellos.

Pero las coincidencias de esos informes son estremecedoras. Uno de los aspectos en los que centran su atención es el mal uso de armas tanto letales como no letales, mientras todos expresan especial preocupación por la perturbadora cifra de víctimas con traumas oculares.

También hay amplia coincidencia en el tipo de acciones abusivas que comete específicamente Carabineros en situaciones de detención, específicamente contra mujeres y niñas. En cuanto a las recomendaciones, los informes coincidían en la urgencia de una reforma radical al menos de Carabineros.

Pero faltó la palabra 'sistemática'. Y un adolescente tuvo que ser baleado en sus piernas para que el general Mario Rozas renunciara y se volviera a hablar, luego de un año, de reformar la institución.

La protesta social tampoco existe para el gobierno y está ausente de su discurso: no hay ninguna declaración que dé cuenta del malestar ciudadano que prefiere asimilar a 'vandalismo'. En su discurso público ha primado sobre todo la preocupación por el orden y el resguardo de la propiedad privada y pública, antes que la defensa de los derechos de las personas.

Cada una de las manifestaciones realizadas en las calles de las ciudades chilenas es reprimida sin excepción, salvo si son realizadas por residentes de las comunas donde se concentran las familias más ricas, en Santiago oriente.

La violencia estatal ha dejado varias personas fallecidas y otras con lesiones, incluidas más de 460 con trauma ocular, muchas tuertas o ciegas, y más de ocho mil víctimas de delitos de torturas y malos tratos[i], solo durante el segundo semestre de 2019, mientras hasta octubre de este año había aún cerca de 700 personas en prisión preventiva, medida cautelar que se ha convertido en un símbolo de la desigualdad ante la ley. Probablemente el caso más representativo es la decisión de no usarla contra siete miembros del grupo de ultraderecha ya mencionado, en cuyo poder fueron encontradas armas y que había amenazado de muerte a una fiscal por hacer su trabajo.

Dos semanas antes de esas amenazas, siete comunidades mapuche habían entregado una carta en la Intendencia de La Araucanía. En ella anunciaban tomas de terrenos, como parte de "un proceso de restitución de tierras ancestrales, colindantes a nuestras comunidades". Ante ello, y sin dilación alguna, el Ministerio del Interior anunció una querella por Ley de Seguridad del Estado contra los firmantes. "Nadie puede, a través de una carta ni por ningún otro medio, anunciar que va a cometer delitos, sin tener ninguna sanción por ello", advirtió el entonces ministro Víctor Pérez.

La forma en que "te ve el gobierno" tiene relación directa con la pena de prisión preventiva, porque la facultad de acusar basándose en la Ley de Seguridad Interior del Estado, en Chile no recae en las fiscalías sino en un organismo político: el Ministerio del Interior. Esto explicaría por qué los jóvenes de la revuelta están aún en prisión preventiva y los poseedores de una UZI 9 mm, libres en sus casas. ("La forma en que aprecia tus hechos el gobierno, tu ideología e incluso tu clase social, tiene relación directa con tu posibilidad de ir la cárcel o no", decía el diputado Gonzalo Winter el 27 de noviembre de 2020).

En conclusión, ¿por qué el gobierno no se querelló por Ley de Seguridad Interior del Estado contra este grupo de ultraderecha que amenaza de muerte a una fiscal y usa armas de guerra? No lo hace, agrega Winter, "porque está usando de manera política el sistema penal". Eso es violar el derecho humano a un juicio justo.

¿De qué se trata todo esto? ¿Qué le pasa a la derecha y al gobierno? ¿Sufren de una patología psicosocial específica que les ha hecho perder todo contacto con la realidad, o estamos ante una estrategia política y comunicacional oculta?

Lo que está detrás de este negacionismo sistemático, es lisa y llanamente la defensa del modelo neoliberal. Si antes esa defensa podía sonar algo retórica ahora la vemos desplegarse en todo su esplendor en la vida cotidiana del país.

Sin pudor ni medias tintas, muy distante del 'Nunca Más' de moda en el primer gobierno de Piñera, quien entonces incluso habló de los 'cómplices pasivos' de la dictadura, y trató de poner distancia entre su gobierno y el pesado legado de la derecha chilena, al ver amenazado el modelo ha respondido ahora violentamente transformando el nunca más y los cómplices pasivos en una anécdota.

La historia de Sebastián Piñera y el negacionismo es de larga data, dice el doctor en Ciencias Sociales y Políticas, Hassan Akram: Piñera, que se jactaba de ser de una nueva derecha que condenaba las violaciones de los derechos humanos, haciendo una analogía con las pirámides egipcias decía que estas "se deberían haber construido sin esclavos y que el modelo neoliberal en Chile se debería haber implantado sin torturados ni asesinados".

El problema con eso, dice Akram, es que no se puede comparar el modelo económico chileno con algo como las pirámides que, finalmente, son algo neutro. "No es mera coincidencia que para implantar el modelo económico hubo torturas y asesinatos, puesto que la naturaleza del modelo en sí misma requiere de esa violencia, porque constantemente viola los derechos de las personas y genera tremendas desigualdades. La gente se rebela ante ello, y entonces el Estado, para proteger ese modelo, tiene que ser violento".

"Curiosamente, lo que estamos viendo en el segundo gobierno de Piñera, es que en el momento en que ese modelo que él tanto valora se ve criticado y desafiado por las movilizaciones sociales, responde con las mismas violaciones de los derechos humanos de los pinochetistas contra quienes él tenía tantas críticas".

La constatación acerca de lo que hay detrás de este negacionismo extremo que el gobierno y la derecha despliegan cada día, es que en realidad no se pueden respetar los derechos humanos y, al mismo tiempo, ser un seguidor de un modelo económico que genera tanta desigualdad e injusticia porque, inevitablemente, produce protestas y movilizaciones. Y la respuesta del gobierno para mantener su modelo es la violencia.

"El negacionismo de la derecha es parte de la contradicción fundamental que siempre tuvo el pensamiento básico de Piñera acerca de las pirámides; esa idea de separar lo nefasto de las violaciones de los derechos humanos del modelo en sí, cuando en realidad son cosas inextricablemente vinculadas", concluye Hassan Akram.

Lienzo juecesEl negacionismo no sólo se tomó la coyuntura en Chile. Poco a poco eéste fue resurgiendo en los discursos respecto de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura militar, poniendo en duda el pacto del "Nunca más" (roto completamente ahora) e invalidando el trabajo realizado por las organizaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. A lo largo de los años de la post-dictadura se ha producido lo que organizaciones de derechos humanos han denominado la "privatización del daño", circunscrito a un grupo reducido de víctimas, "las víctimas ejemplares, las víctimas de los crímenes más extremos, junto con una serie de pactos que durante ese período se establecen y que permiten la continuidad y la garantía de la impunidad" señaló Gloria Elgueta de Londres 38 en un debate sobre el tema en la Universidad de Chile en septiembre del año pasado.

Todo ello se ha dado en un contexto en que "las condenas contra los genocidas y torturadores son tardías, bajas -10 años en promedio por crímenes de lesa humanidad- y reducidas a la cúpula de la DINA", dijo en el mismo debate Beto Rodríguez Gallardo, integrante de la Corporación Memoria Lonquén. A esto se suman las cuestionables políticas de gobiernos "que desarrollan informes de verdad 'en la medida de lo posible', y sin tocar en ningún momento el corazón de la transformación social, económica y política en nuestro país". Es decir, el modelo.

En este ambiente, donde el discurso oficial no reconoce la violencia estatal ni hay reacciones institucionales, donde solo se persiguen responsabilidades individuales y el discurso del odio se instala, no fue sorprendente que un proyecto de ley para sancionar el negacionismo de los crímenes de la dictadura se cayera el 5 de noviembre pasado, pese a haber sido aprobado en primer trámite en la cámara de Diputados. La derecha convocó al Tribunal Constitucional que rechazó el proyecto por inconstitucional, claro.

Lo que ocurrió el 30 de noviembre, con tres jueces rebajando las penas a un grupo de reconocidos torturadores y asesinos, militares y civiles que sirvieron a la dictadura, se inscribe también en esta preocupante lista de hechos que nos recuerdan insistentemente a la pasada dictadura cívico-militar.

Sin duda nos enfrentamos a dogmáticos negativos que niegan a los otros para reforzar su mundo: los negacionistas que no reconocen el dolor de los demás ni son capaces de mirar a la cara a a quellas personas que, sin embargo, dicen querer proteger. La defensa de un modelo sin alma no puede sino producir deshumanización.

Pese a ello, en una historia paralela, la gente está luchando por sus derechos y cuidando la memoria.

Entre tantas expresiones, cuando el ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, menospreció al Museo de la Memoria y Derechos Humanos diciendo que era "un montaje", centenares de personas acudieron a rodear y proteger simbólicamente sus instalaciones. Rojas tuvo que presentar su renuncia. Y esto ocurrió en agosto de 2018 anunciando, también desde esta arista y masivamente, lo que nadie veía venir desde el poder.

[i] Gloria Elgueta y Claudia Marchant. Posfacio: "Contra el estado de excepción", en De la marcha y el salto. Chile, octubre,2019, Tiempo robado editoras, Santiago, 2020; p. 351

Fuentes:

*Esta artículo fue encargado por Londres 38 a Marcela Ortíz, perdiosta chilena, actualmente trabaja free lance.

impunidad, derechos humanos, justicia, archivos secretos, CNI, DINA, Londres 38,