Desde Londres 38, afirmamos:

1.- El derecho de los pueblos a la memoria, es decir a constituir un espacio en que diversos grupos y personas puedan recrear y elaborar libre y soberanamente su pasado y el consiguiente deber del Estado de garantizar el ejercicio de ese derecho.

2.- Los ejercicios de memoria histórica representan hoy el principal capital social y simbólico de los ciudadanos para estimular la emergencia de nuevas miradas, estrategias y cursos de acción histórica.

3.- El derecho a conocer y valorar críticamente las memorias militantes y la historia de las organizaciones políticas que en distintas etapas de nuestra historia, en particular en los años 60 y 70, buscaron transformar la sociedad para darle un mayor sentido de justicia, igualdad y participación y en los años 70 y 80 resistieron con todos los medios a su alcance la imposición del régimen terrorista de estado.

4. La necesidad de contribuir a la transmisión y conversación entre las generaciones del pasado reciente y las nuevas generaciones de jóvenes a efectos de estimular debates e intercambios que colaboren en la comprensión de la sociedad actual (ciertamente transformada) y en la recreación de nuevos horizontes emancipatorios para la sociedad chilena.

5. El reconocimiento de que en el pasado chileno reciente y más remoto, así como también en el presente, han estado en juego, reiteradamente, proyectos alternativos de sociedad, que han dado cuenta de conflictivos procesos de disputa por la construcción de la propia sociedad. En este sentido, se puede afirmar que nuestro pasado histórico y tiempo presente se ha construido conflictivamente, como producto de nuestras diferencias, desigualdades y luchas de clases, económicas, sociales, políticas, culturales, étnicas y de género.

6. En nuestra historia nacional hemos vivido reiterados desencuentros, enfrentamientos y distanciamientos entre la sociedad civil y el Estado que han dificultado e inhibido el ejercicio de la soberanía y la participación ciudadana en la construcción de un orden político democrático. Por esta misma razón ha predominado entre nosotros, la "razón de Estado" (la mayor parte de las veces elitista, autoritaria y patriarcal) por encima del debate y la participación ciudadana, debilitando de paso la propia legitimidad del estado.

7.- El rechazo al terrorismo de Estado como forma política para negar el conflicto, borrar las diferencias, disciplinar autoritariamente a la sociedad e imponer un "poder desaparecedor", métodos que en la etapa de la dictadura militar se tradujeron en la violación sistemática de los Derechos Humanos de las y los chilenos.

8. La demanda irrenunciable de verdad, justicia y reparación para que las responsabilidades civiles, políticas, administrativas y penales de los crímenes (asesinatos, desaparición, torturas, prisión) e ilícitos cometidos durante la dictadura, sean investigadas, enjuiciadas y sancionadas política y penalmente.

9. El rechazo a aquellas prácticas del Estado que hoy lesionan, o limitan, los derechos fundamentales, individuales y colectivos, y sus posibilidades de expresión, manifestación y organización. Afirmamos el valor de los movimientos sociales y las organizaciones políticas populares como sujetos colectivos que han encarnado en nuestra historia nacional, y más allá de ella en la historia latinoamericana, significativos procesos y proyectos de democratización y justicia social, sumando a diversos sectores a los asuntos de interés público.

10.- La necesidad de generar nuevos modos de pensar y hacer la política, es decir, las formas y disputas por la construcción de orden social, respetando el derecho a la vida y las libertades fundamentales. Afirmamos, en este sentido, el principio y la aspiración ética y política de que el orden se puede disputar, transformar y gobernar sin que sea condición para ello la eliminación (desaparición) del otro o la imposición de una única respuesta o ideología de carácter dictatorial o totalitaria.

11.- La aspiración y el deseo de contribuir a la construcción de una sociedad, que reconoce el derecho a todos los grupos sociales, en particular a los más oprimidos, marginalizados e invisibilizados, para participar, disputar y proponer nuevas formas de convivencia social, que garanticen los derechos humanos fundamentales y los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de todos y todas los y las ciudadanas, como condición del Nunca Más al terrorismo del Estado.

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