Como Londres 38, espacio de memorias, rechazamos el rol que se ha atribuido el Tribunal Constitucional: no solo modifica arbitrariamente las decisiones del poder legislativo en materia de educación, también obstaculiza la labor de los tribunales paralizando los procesos por crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, declaramos:
1.- Más de treinta causas judiciales por casos de delitos de lesa humanidad, cometidos en dictadura, han sido paralizadas por mandato del Tribunal Constitucional durante los últimos tres años, y al menos cinco de estos casos, correspondientes a asesinatos y desapariciones de la provincia del Ñuble, se encuentran actualmente detenidos hasta por más de 9 meses. Los acusados se amparan en la figura de la acción de inaplicabilidad por inconstitucional, figura incorporada en la reforma de 2005 a la constitución de 1980. Alegan falsamente el atropello de su derecho al debido proceso y aunque hasta ahora los requerimientos han sido rechazados, esta maniobra les ha permitido dilatar los procesos hasta por un año.
2.- Esta acción del TC que ha permitido interrumpir los procesos judiciales, está íntimamente relacionada con lo ocurrido esta semana con el mismo Tribunal y su objeción al artículo de la ley que impedían el lucro en las universidades, a pesar de que el debate público y la discusión parlamentaria ya habían concluido con su aprobación . Esto es evidencia de que el TC -con las atribuciones que la constitución heredada de la dictadura le otorga-, niega y anula los procesos legislativos a través de un ejercicio abiertamente antidemocrático, definiendo nuestros derechos y sancionando lo que se permite y lo que se investiga en los tribunales de este país, afectando así el desarrollo y la autonomía de los poderes legislativo y judicial.
3.- En consecuencia apoyamos y solidarizamos con las organizaciones de derechos humanos del Ñuble y rechazamos el manto de impunidad con que el Tribunal Constitucional encubre los crímenes de la dictadura, obstaculizando el establecimiento de la verdad y de la justicia, que exigimos desde hace más de 40 años.
Junto con ello llamamos a las organizaciones sociales, a las agrupaciones de defensa de los derechos humanos, a los partidos políticos, a rechazar el accionar del Tribunal Constitucional y a seguir luchando por una real democratización del país.
