El 9 de mayo del 2018, el Ministro en Visita de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Jaime Arancibia Pinto, dictó resolución de procesamiento en contra de Carlos Oscar Gregorio Evaristo Mardones Díaz, Miguel Krassnoff Martchenko, Richter Aliro Nuche Sepúlveda y a Emilio Robert De La Mahotiere González, por los delitos de asociación ilícita y secuestro calificado de Ceferino del Carmen Santis Quijada, Luis Fernando Norambuena Fernandois y Gustavo Manuel Farías Vargas, todos detenidos desaparecidos.
En el proceso criminal se estableció que las víctimas fueron detenidas entre el 12 de septiembre de 1973 y la primera quincena del mes de octubre de ese mismo año por funcionarios del Regimiento de Ingenieros de Tejas Verdes de San Antonio, y luego conducidos a diversos recintos de detención como el Campamento de Prisioneros N°2 de Tejas Verdes y la Cárcel Pública. Desde este último lugar fueron trasladados al sector de Club de Golf de Santo Domingo, subidos a helicópteros y lanzados al mar.
El procesamiento dictado por el Ministro Arancibia se dirige en contra de los pilotos del Ejército del Comando de Aviación del Ejército (CAE), Mardones Díaz, Nuche Sepúlveda y De La Mahotiere González, quienes participaron en el lanzamiento al mar de las tres víctimas desaparecidas.
La práctica criminal de lanzamientos de cuerpos al mar, luego de crueles y brutales torturas, muchas veces estando las personas vivas y adormecidas, constituye una de las peores vejaciones que conoce la humanidad. Conocida en otros países como "vuelos de la muerte", ésta fue una práctica sistemática de la dictadura cívico militar chilena.
Tras el caso de Marta Lidia Ugarte Román, este el es segundo procesamiento de pilotos del Comando de Aviación del Ejército por lanzamiento de cuerpos del mar y abre una importante línea investigativa judicial en el marco del derecho a la verdad y determinación del destino final de las víctimas.
La eventual coordinación entre el CAE, el Regimiento Tejas Verdes, la Cárcel de San Antonio y los ejecutores directos de las detenciones, explicitan la magnitud de la forma de concretar la desaparición forzada de las personas; y también la posibilidad de encontrar nuevos responsables, avanzando en la lucha contra la impunidad que tantos perpetradores como ciertas instituciones estatales han buscado mantener.
"Esperamos que las notificaciones y aprehensiones en virtud de la gravedad de los hechos, sean llevadas con la mayor celeridad para evitar eventuales dificultades como fugas o dilaciones, tan conocidas hasta ahora", declaró Londres 38, organización que es una de las querellantes.
