El pasado 11 de abril el Tribunal Oral en lo penal de Iquique condenó a los carabineros Carlos Valencia, Ángelo Muñoz, Abraham Caro y Manuel Carvajal por el delito de detención ilegal de José Vergara Espinoza, descartando el secuestro calificado y la falsificación de instrumento público. Tras el fallo, ni la familia de José ni el Ministerio Público quedaron conformes y solicitarán la nulidad de éste y que se realice otro proceso.
José Vergara desapareció el 13 de septiembre de 2015 en Alto Hospicio, luego de que su familia llamara a Carabineros para controlar un cuadro de descompensación de la esquizofrenia que padecía. En ese momento José fue detenido y llevado a la comisaría de Iquique, donde se le perdió el rastro.
Después de cuatro años de búsqueda, la familia de José había depositado la esperanza de hacer justicia en el proceso que se inició este año, sin embargo, el tribunal descartó secuestro y desaparición y condenó a los uniformados sólo por el delito de detención ilegal. Eso, hasta este 14 de mayo, cuando la Corte Suprema dio a conocer la resolución adoptada mediante la cual se declara admisible el recurso de nulidad presentado por la familia del joven detenido desaparecido en la comuna de Alto Hospicio, iniciativa que busca revertir el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Iquique. Con esta admisibilidad la segunda sala penal del máximo tribunal del país conocerá, en audiencia pública, el fondo de los vicios que contiene la sentencia. Un posible escenario es que la Corte Suprema ordene la repetición del juicio oral.
Para el abogado denunciante, Matías Ramírez, esto no sólo demuestra la impunidad de estos crímenes, sino también la fuerte discriminación e incapacidad para tratar estos temas que han tenido las instituciones públicas. Londres 38 conversó con él sobre el proceso y las medidas que tomarán para conocer la verdad sobre lo ocurrido con José Vergara.
Sabemos que en el caso de la desaparición de José Vergara se condenó a cuatro carabineros por el delito de detención ilegal ¿Qué va a ocurrir con esta sentencia?
En este caso los cuatro acusadores,-nosotros en representación de la familia, pero también el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto de Derechos Humanos-, presentamos un recurso de nulidad en contra del juicio, basados en dos causales, una es que la calificación de los hechos está mal realizada, porque no estaríamos frente a una detención ilegal, sino que frente a un secuestro. Y también argumentamos que no existen pruebas para ciertas afirmaciones del tribunal, como la que dice que Carabineros liberó a José Vergara, a nuestro juicio no hay pruebas que sustenten eso. Nosotros, en representación de la familia, interpusimos un recurso en la Corte Suprema para anular este juicio.
¿Cómo es que los jueces llegan a esta conclusión de solo condenar a los acusados por detención ilegal? Extraña cuando uno puede ver muchas semejanzas entre este delito y otros casos de derechos humanos, con condenas resueltas, ocurridos en dictadura...
El tema más preocupante es que el tribunal haya determinado que toda la jurisprudencia que hay sobre delitos de derechos humanos no sea aplicable a lo ocurrido con José Vergar eso no solo es grave, también es improcedente, ya que la Corte Suprema ya ha interpretado en otras ocasiones la diferencia entre la detención ilegal y el secuestro, cuando son agentes del Estado quienes cometen el delito.
Además, no existe ningún antecedente serio que determine que José Vergara haya sido liberado, o que esté vivo en otro lugar; y esto el tribunal no lo tomó en consideración y por ello define condenar por el delito de detención ilegal.
¿Cómo ha sido el actuar de Carabineros durante la investigación? ¿Han colaborado, o en su defecto, generado obstrucción en la investigación?
A nuestro juicio hubo un pacto de silencio entre los acusados, y también en la misma jefatura de Carabineros de la región de Tarapacá, que tardó en el inicio de la investigación. Recordemos que solo después de 17 días de la desaparición de José Vergara comenzó un proceso investigativo, por lo que nosotros creemos que es un secuestro. Posteriormente, si bien Carabineros no cumplió labores investigativas dentro del proceso, sí nos llamó la atención que no se hayan aplicado medidas al Alto Mando en este caso, a generales de la zona que se dedicaron a entorpecer y no dar credibilidad a la denuncia de la familia. Eso ha quedado en total impunidad, esas personas no han sido procesadas.
Y en ese sentido, ¿El trabajo del ministerio público, cómo lo evalúa?
La crítica general a los organismos del Estado es la misma, es decir, acá al Ministerio Público al principio no reconoció que estábamos frente a un tema de derechos humanos, de desaparición forzada. Hay que recordar que el Ministerio Público inició una investigación por presunta desgracia. Esos son temas relevantes para entender que las instituciones discriminan: acá nos enfrentamos a un caso que ocurre en Alto Hospicio, una comuna pobre, donde se discrimina a una familia cuando no se le da credibilidad a su relato,como fue en el inicio de esta investigación. Posteriormente, el Ministerio Público se convence de que hay desaparición forzada, pero se perdieron esos meses iniciales que son claves y ahí todas las instituciones fallaron de alguna manera.
¿Y esto genera un mal precedente judicial? Entiendo que en los otros casos de desaparecidos en democracia no hay juicios de por medio...
Claro, si bien José Vergara es el tercer detenido desaparecido en democracia, es el primer caso de este tipo que llega a instancia de juicio. Y lógicamente genera un pésimo precedente, pareciera que el delito de desaparecer a una persona tiene una pena de 41 días de cárcel, eso a nuestro juicio no solo es impresentable, sino también consideramos que se vulneran los derechos, una vez más, de la familia de José Vergara, ahora por parte del poder judicial del Estado, al no reconocer debidamente las pruebas y establecer estas sanciones irrisorias.
¿Cómo está la familia Vergara?
Ha sido complejo para ellos, pues llevaban con mucha esperanza este proceso judicial, esperaban una sanción ejemplificadora, a pesar de no saber aún el paradero de José. Pero el golpe ha sido duro para ellos; ven que los tribunales han tomado posición en defensa de la institucionalidad, en este caso de Carabineros, y que no han tomado en valor el testimonio de la familia. Pero tienen fe en que este juicio se pueda anular y en que sí se pueda lograr una condena por la desaparición forzada de José.
En ese sentido, ¿Cómo han visto la reacción en Iquique, de ciudadanos y/o organizaciones sociales, con respecto al caso de José?
Lamentablemente el apoyo ha sido dividido: hay personas que han sido un apoyo constante a la familia de José Vergara, eso hay que reconocerlo. Pero también hay un elemento discriminatorio. Ahí uno lo compara con la situación que vivieron los familiares de las niñas asesinadas por el psicópata de Alto Hospicio, cuando no se le daba credibilidad a la familia por su situación social y económica, y en este caso eso se vuelve a reiterar. Quizás si esta desaparición forzada hubiese ocurrido en otro sector más acomodado, el apoyo hubiese sido irrestricto por parte de la población y de las autoridades de Gobierno. El hecho de que incluso las mismas autoridades regionales guarden silencio por esta situación, ha afectado a la familia de José Vergara.