Ángela Vivanco (Foto: La Tercera)
En los próximos meses se deberá designar un nuevo o nueva integrante de la Corte Suprema, en reemplazo del juez Patricio Valdés Aldunate. Para ello, la Corte Suprema elaboró una quina, donde la persona que reunió más votos fue la abogada Leonor Etcheberry Court. Sin embargo, el presidente Sebastián Piñera, quien debía decidir cuál de esos cinco candidatos propondría al Senado, jugó sus cartas en favor de la jurista Ángela Vivanco Martínez, abogada de línea conservadora.
El mensaje deja en evidencia las verdaderas intenciones del gobierno y su "supuesta" agenda pro-mujer, anunciada ante la ola de manifestaciones feministas en universidades y liceos de todo el país. Mientras que por una parte Piñera asegura respetar la ley de despenalización del aborto en tres causales, propone para la Corte Suprema a una de sus más prominentes opositoras y defensora de la objeción de conciencia institucional.
Ángela Vivanco Martínez es abogada de la Universidad Católica desde 1989. Luego, obtuvo un magíster en Ciencia Política y un doctorado en Derecho, impartido por la Universidad de La Coruña, España. Su perfil académico la llevó a impartir clases en la Universidad Santo Tomás y en la Universidad Católica. Fue candidata a diputada en 1997 en el extinto distrito 27 (El Bosque, La Cisterna y San Ramón) por RN, donde obtuvo el 4% de los sufragios. Anteriormente había militado y sido presidenta del partido Unión Centro Centro, organización fundada por el empresario Francisco Javier Errázuriz. Su línea de trabajo ha sido el derecho constitucional y la bioética, tratando en su tesis doctoral el tema de la eutanasia.
En el mundo académico es conocida por sus posiciones conservadoras. En 2001 expresaba abiertamente su rechazo a la distribución de la pastilla del día después, por considerarla abortiva, a pesar de los estudios científicos que comprueban lo contrario. Es más, afirmaba que su postura tenía respaldo científico. Aunque sin citar su fuente, en una carta publicada en El Mercurio en mayo de ese año, señalaba: "Hoy la ciencia más rigurosa y más laica es tajante en afirmar que la vida humana existe desde la concepción, que desde entonces encontramos ya una criatura genéticamente diferente a sus padres(...) Por ello, pretender que la utilización de fármacos microabortivos no daña el orden constitucional, que no afecta el derecho a la vida de ser alguno y es la medida restauradora de la paz ciudadana frente al embarazo no deseado, presenta erróneamente a nuestro país como sumido en una esquizofrenia".
Tras la aprobación de las despenalización del aborto en tres causales, continuó realizando el mismo lobby conservador a través de entrevistas y columnas, y luego como representante legal de los diputados (de Chile Vamos) presentó un recurso al Tribunal Constitucional, apelando a que el feto era una "persona" y a textos como el Informe Retting, para justificar su posición. Así, por ejemplo, en una entrevista de agosto de 2017, la candidata de Piñera a la Corte Suprema sostiene que "hay numerosos documentos y fallos que han interpretado que la vida se protege desde la concepción. Uno de esos documentos es el Informe Rettig. Respecto de mujeres embarazadas, dijeron que no solo las iban a considerar víctimas a ellas sino a los hijos que esperaban".
Posteriormente, Vivanco fue la representante legal del recurso de protección interpuesto por la Pontificia Universidad Católica en contra del protocolo de objeción de conciencia de la ley de tres causales, solicitando que la institución pudiera eximirse de aplicar la ley.
Su defensa al mundo privado también se ha expresado en el área de las Isapres, donde ha apoyado las alzas unilaterales de las aseguradoras privadas. En una columna publicada en El Mercurio argumentaba que "Se trata de alzas justificadas por la adición de cobertura dispuesta por la autoridad y respaldadas por sus análisis técnicos. Sin embargo, las acciones cautelares que las cuestionan empiezan a ser acogidas por las cortes".
La jurista además ha sido activa en la defensa de la Constitución de 1980. Escribió el libro titulado Curso de Derecho Constitucional (dos tomos, Ediciones Universidad Católica de Chile) y participó en un texto divulgado en octubre de 2015 por la UDI "Chile no necesita una Nueva Constitución", preparado por un grupo de estudios constitucionales encabezado por Edmundo Eluchans e integrado por los entonces diputados de la bancada UDI Arturo Squella , Renzo Trisotti, Marisol Turres y Juan Antonio Coloma, además de los académicos Arturo Fermandois , Max Pavez, Edgardo Palacios Angelini , Jorge Jaraquemada y Jorge Barrera, incluyendo a la misma Ángela Vivanco.
"Creemos que Chile tiene una buena Constitución, porque reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas y garantiza más y mejores mecanismos protectores de los mismos, porque fortalece y amplía la dignidad humana, porque confía en el Estado de Derecho como marco jurídico bajo el cual se desenvuelve el sistema democrático, porque establece la necesidad de un manejo responsable y no populista de las finanzas públicas", expresa el documento.
Con respecto a los casos relacionados con derechos humanos y delitos de lesa humanidad, Ángela Vivanco ha manifestado estar a favor de la reparación y la búsqueda de justicia, sin ahondar mucho en cómo esto se concretaría. Además, su espíritu conservador vuelve a aflorar en una columna publicada en El Líbero, donde manifestó estar en contra de la liberación de los testimonios de la comisión Valech I.
"Hacer justicia a toda costa no es justicia: vulnerar la reserva otorgada a las víctimas no sólo afecta su honra o privacidad en aras de lograr la verdad, sino que importa desconocer su dignidad y su sufrimiento con tal de obtener un conocimiento, que puede ser satisfactorio para los demás, pero que no puede alcanzarse con sacrificio de ellas", señala en su columna Vivanco Martínez .
En su exposición ante la Corte Suprema para ser candidata a dicha institución, Ángela Vivanco destacó su formación académica en el derecho constitucional y administrativo y su trabajo en "temas de frontera", es decir, la vinculación del derecho constitucional con problemas bioéticos.
"Es esta Corte la que define el contenido y aplicación de las normas jurídicas […], por tanto, develar el sentido del derecho es fundamental", afirmó la abogada, en dicha ocasión.
