Por Tomás García Álvarez
Periodista en práctica en Londres 38
(foto: ADN Radio)
Acosado por la prensa en tribunales franceses, Ricardo Palma Salamanca, "el Negro", fue notificado el 27 de junio recién pasado del juicio de extradición solicitado por el juez Mario Carroza, ratificado hace algunos meses por la Corte Suprema. La instancia, fijada para el 10 de octubre de este año, determinará finalmente si es que el país galo acepta o no la petición de Chile para traer de vuelta al exfrentista a cumplir las condenas, que algunos alegan ya prescritas.
Si bien, la noticia ha puesto en alerta a la derecha chilena, pues se abre una oportunidad para atrapar a uno de los principales acusados en el crimen del máximo líder de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán, la defensa de Palma Salamanca en Chile encabezada por el abogado de derechos humanos, Alberto Espinoza, indica que la fecha otorgada para el juicio expresa la poca preocupación que tiene Francia para extraditar al ex FPMR.
"Si uno piensa que él está en solicitud de extradición para el cumplimiento de dos condenas a presidio perpetuo, y si a eso le agregamos que las condenas son por delito terrorista, las medidas cautelares que se han adoptado en Francia parecen ser más bien ridículas (...) Este contexto nos da la razón de que esta solicitud de extradición no tiene ninguna posibilidad de éxito en Francia", sentencia Espinoza.
Por otra parte, la Corte Suprema desestimó el 3 de junio pasado la solicitud de extradición contra Silvia Brzovic, ex pareja de Palma Salamanca, por los hechos que la ligaban al secuestro de Cristián Edwards, pues "no es posible sostener, ni aún con el carácter provisional que permite el auto de procesamiento, la existencia de presunciones fundadas de participación culpable como cómplice de la requerida en los hechos indagados" y que por lo tanto, "no puede sustentar el pedido de extradición formulado", indica el fallo de la Segunda sala del máximo tribunal. 24 días después, el juez Carroza retiró la alerta "roja" internacional que pesaba sobre Brzovic.
Con estos elementos sobre la mesa, los abogados Alberto Espinoza en Chile, y Phillipe Azouaou en Francia, consideran que la extradición está lejos de concretarse. Mientras no se resuelva, el Comité por el Refugio Humanitario de la familia Palma Brzovic continúa construyendo redes de apoyo que permitan alcanzar el asilo político francés. La campaña ha sumado a distintas personalidades del mundo cultural e intelectual, entre ellos, la agrupación de música Villa Cariño y el sociólogo Tomás Moulian.
Manifestación durante la dictadura en Chile
El proceso transicional: ¿dos justicias?
Bajo el manto de la democracia, que venía a dejar atrás 17 años de dictadura civil-militar, se permitieron prácticas judiciales que buscaron criminalizar la lucha social y la militancia política fuera del pacto de la transición. Así, se extendió una justicia que juzgaba con el máximo de la ley a quienes combatieron el régimen de Pinochet y promovieron acciones armadas, una vez instalado el gobierno de Patricio Aylwin.
Los tribunales de justicia condenaron bajo la Ley Antiterrorista, promulgada el 16 de mayo de 1984 por Augusto Pinochet, a distintos miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del Movimiento Juvenil Lautaro. Dentro de ese marco, se ubica la condena a Ricardo Palma Salamanca. El ex frentista fue inculpado como autor material del asesinato del ideólogo de la UDI, Jaime Guzmán, acusado del secuestro de Cristián Edwards y de los asesinatos de Luis Fontaine y Victor Valenzuela. Se le otorgó cadena perpetua en dos de estos procesos; por el caso de Fontaine obtuvo 15 años de prisión.
Alberto Espinoza sostiene que no existieron las garantías suficientes para un juicio justo y que durante la detención -en marzo de 1995- se ejercieron prácticas propias de la dictadura. "Su juzgamiento se hizo al margen de las reglas del debido proceso. En particular, porque las declaraciones que prestó Ricardo Palma Salamanca ante la Polícia de Investigaciones fueron bajo apremio físico. Estuvo a torso desnudo, esposado en una silla, con la vista vendada y amenazado de muerte", afirma el abogado.
Mientras estos juicios tenían lugar, Pinochet continuaba en el parlamento como senador vitalicio, y miembros de las fuerzas armadas expresaban públicamente, con demostraciones de fuerza, su disconformidad con las políticas impulsadas por el presidente Aylwin. Augusto Varas, ex director del área de Relaciones Internacionales y Estudios Militares de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile), afirmó, en una entrevista con Londres 38, que la injerencia de los militares en la democracia y las instituciones de la época era relevante.
El ex dictador vuelve a Chile, tras su detención en Londres, en marzo del 2000.
"El primer periodo es el que va desde 1990 hasta 1998 cuando Pinochet sigue a cargo del Ejército y no hay una renovación de los mandos. Ahí hay realmente un poder político, una fuerza que apoya el modelo hegemónico que se había instalado hasta el momento. Eso tiene varias vicisitudes, por ejemplo, está el tema del "Ejercicio de enlace", después está el "Boinazo", comenta Varas.
En 1991, recién instalada la democracia, estalló el escándalo denominado "Pinocheques" que consistió en la denuncia por la compra de la empresa metalúrgica Nihasa Limitada (luego PSP) que realizó el hijo de Pinochet en 1987. Más tarde, el Ejército compraría esta empresa a través de cheques firmados por el mismo Pinochet por un monto cercano a los 3 millones de dólares. El caso llevó al gobierno de Aylwin a solicitar la renuncia del Comandante en jefe del Ejército, sin embargo, Pinochet se negó ordenando el acuartelamiento del eEjército, episodio denominado como "Ejercicio de enlace".
Dos años más tarde, en 1993, la justicia reactivó las investigaciones citando a declarar a 8 oficiales. Pinochet nuevamente respondió, esta vez, con un movimiento de tropas conocido como el famoso "Boinazo". El resultado fue el desistimiento del gobierno de Aylwin de ejecutar cualquier acción contraria a Pinochet. En 1995 Frei Ruiz Tagle ordenaba finalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) cerrar el caso argumentando "razón de Estado".
Para Augusto Varas, durante este periodo la derecha demuestra nuevamente la falta de lealtad con la institucionalidad y la democracia. "Se demuestra con mayor exactitud cuando Pinochet es arrestado en Londres, y la derecha despliega una iniciativa nacional de oposición que recuerda la oposición antidemocrática durante el gobierno de la Unidad Popular. Grupos agitadores cortan la carretera en el sur, Evelyn Matthei le tira basura a la embajada de España y de Inglaterra", recuerda el doctor en Sociología de la Universidad de Washington.
Por su parte, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Tomás Moulian, considera que estas acciones tenían un solo fin. "Esas operaciones eran destinadas para generar miedo. El miedo era la mayor intervención que tenían los militares en la época", manifestó en un video publicado en redes sociales.
En este escenario se desarrollan los juicios contra militantes de izquierda, donde la presión de los militares y el temor de la clase política se percibió en el aire. Se levantaba una democracia con condiciones, aprehensiones y cautelas -"democracia tutelada" como le han llamado algunos- que terminó retrasando la persecución a violadores de los derechos humanos, y también, acabó sentenciando a quienes habían cometido delitos en el combate contra la dictadura.
Carta de amenaza que recibió la familia Palma Salamanca.
El sociólogo Tomás Moulian considera que el hecho de que Pinochet no fuera juzgado demuestra la impunidad existente en el pasado y en la actualidad. "Entonces, habían dos justicias: una para los militares y sus secuaces, y la justicia para los que habían luchado contra la dictadura. Gente del Lautaro, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, son castigados y aprisionados; se les tortura. Mientras que los juicios contra quienes habían asesinado y hecho desaparecer durante la dictadura comenzaron mucho después", sentencia Moulian.
Presiones para extraditar, claridades para indultar
"No puede ser que personas que cometen crímenes de esa envergadura anden libres por el mundo. Tienen que cumplir su condena y esperamos que los tribunales franceses puedan cumplir con la extradición que ha sido requerida por Chile", dijo el ministro de Defensa, Hernán Larraín, el pasado 27 de junio en conversación con CNN sobre la situación de Palma Salamanca.
Tanto el gobierno como la UDI han intensificado las gestiones para alcanzar la extradición solicitado por el juez Carroza. Mientras esto sigue su curso, Sebastián Piñera ha manifestado su interés para establecer medidas que permitan indultar a condenados por violaciones a los derechos humanos, argumentando "razones humanitarias".
De hecho, tres días antes de que el ministro Larraín se refiriera a la extradición de Palma Salamanca, el mandatario entregó en La Moneda las razones que lo llevaron a indultar a René Cardemil, condenado por el asesinato de seis personas en el Túnel de Lo Prado en octubre de 1973, una de ellas una mujer embarazada.
"Los indultos son una situación excepcional para casos excepcionales, y están pensados por razones humanitarias. Por esa razón, lo que busca este indulto y esta razón humanitaria, es que esas personas puedan morir con la dignidad que merecen todos los seres humanos, y junto a sus familias", dijo Piñera a la prensa. Aunque el condenado murió antes de recibir el indulto, cabe señalar que se encontraba en el Hospital Militar sin haber mostrado arrepentimiento por sus actos ni haber prestado ninguna colaboración con la justicia.
Con estas excepciones y agudas distancias, el gobierno prevé que la extradición se concreté satisfactoriamente. Por su parte, la familia del "Negro" está confiada en que eso no ocurra. Posturas contrarias que inquietan y que incluso han hecho brotar prácticas de persecución propias de la dictadura, como lo son las amenazas de muerte en contra de la familia Palma Salamanca. El 2 de julio pasado, Marcela Palma, hermana mayor del "Negro", encontró en su domicilio una misiva que con letras recortadas de diarios y revistas rezaba: "Muerte a todos los Palma Salamanca, uno por uno".
Ante esta situación, Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos hizo un llamado a las instituciones. "Es necesario que el Poder Judicial y Ejecutivo realice las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los responsables y lograr la consecuente sanción", sentenció.
Parece persistir una justicia parcial, llena de matices, y cargada de beneficios para algunos. Justicia a la que Ricardo Palma Salamanca no está dispuesto a someterse. Lo hizo ver con su fuga hace 22 años atrás, y lo reiteró en tribunales franceses cuando le preguntaron si quería ponerse a disposición de las autoridades chilenas. Su respuesta: un rotundo "no".
