Tomás García
Estudiante en práctica en Londres 38
En la sesión del 30 y 31 de julio pasado, el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) revisó el informe entregado por el Estado de Chile en relación a la implementación de políticas que respondan a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En su introducción, el organismo lamentó que el documento fuera entregado con tres años de retraso desde la petición hecha en 2015.
Dentro de las observaciones del CAT, se encuentra la solicitud al Estado chileno de reformar la Justicia Militar, con el objetivo de "excluir en todo caso la competencia de la jurisdicción militar para juzgar violaciones de derechos humanos y delitos contra civiles en los que haya personal militar involucrado". En el texto, el organismo argumenta que no se ha limitado esta jurisdicción a "delitos de función cometidos por militares en servicio activo", a pesar de la reforma introducida al cuerpo legal en noviembre de 2016.
Al mismo tiempo, el organismo instó a Chile a continuar con los enjuiciamientos en contra de quienes sean responsables de crímenes de lesa humanidad y "por el cumplimiento efectivo de las penas que les sean impuestas". En el mismo apartado, el comité llama a poner fin al Decreto Ley de Amnistía nº 2.191. creado en 1978 y que permitió que los autores, cómplice y encubridores de delitos ocurridos entre el 11 de septiembre a 1973 y el 10 de marzo de 1978 quedaran libre de procesos y cargos ante la justicia chilena.
Por otra parte, el informe manifiesta la "preocupación por los numerosos episodios de brutalidad policial y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad", puntualizando la violencia ejercida en contra de manifestantes en movilizaciones sociales y a miembros del pueblo mapuche.
El organismo instó a Chile a revisar las tipificaciones con las que son considerados los delitos "terroristas", pues en muchos casos se estaría incurriendo en "aplicación abusiva de esta norma" para juzgar a activistas mapuches que en más de una oportunidad han sido injustamente acusados de cometer acciones violentas.
En ese sentido, el CAT manifiesta que "el Estado parte debe abstenerse de aplicar la legislación antiterrorista a personas acusadas únicamente de atentados contra la propiedad cometidos en el marco de protestas en reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, en línea con las recomendaciones formuladas por otros mecanismos internacionales de derechos humanos".
Otros temas abordados por el informe fueron la situación del SENAME, los casos de violencia sexual en contra de niñas y jóvenes durante manifestaciones estudiantiles y las condiciones de reclusión de los presos en cárceles chilenas.
