Lissette Fossa y Tomás García (Estudiante en práctica en Londres 38)
Las protestas empezaron el 18 de abril de este año en Managua. Comenzaron tímidamente, y como una bola de nieve, fueron paulatinamente creciendo, en parte por la violenta respuesta de paramilitares y la policía nacional, comandada por Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua.
Para Fernando Guzmán y F.A.*, jóvenes activistas nicaragüenses en Chile, las cosas explotaron en abril, pero vienen de mucho antes, y lo definen como un malestar político ante una clase política corrupta que se ha perpetuado en el poder. "Daniel Ortega, desde el primer día de su vuelta al poder en 2006 en que asume el poder, deja de manejar a Nicaragua desde una postura socialista. Desde el primer momento se alía con la empresa privada, entrega empresas del Estado al gran capital y se alía con la Iglesia Católica", agrega Fernando.
Para ambos, el problema comienza con la alianza política que propicia Ortega con el líder de la derecha y ex presidente, Arnoldo Alemán, quien había estado en prisión por desfalco y corrupción. El pacto, realizado en 1998, le permitió a los dos líderes cuotas de representantes en los tres poderes del Estado. También, favoreció la devolución de propiedades de parte del Estado a empresas y privados y permitió la liberación de Arnoldo Alemán. Se modificaron las reglas electorales, permitiendo la elección del presidente a la República con mayoría relativa en la primera vuelta ; se entregaron escaños en el parlamento a los ex presidentes de la República; se restringió la elección de parlamentarios de partidos más pequeños; se incrementaron los miembros de la Corte Suprema, Contraloría y del Consejo supremo electoral, permitiendo que ambos partidos tuvieran representantes en esos organismos; entre otras medidas. "El fenómeno de abril era un hervidero, una olla a presión a punto de explotar", declara Fernando, quien vive en Chile desde hace cuatro años.
"Y en abril, se produce un incendio fatídico en la principal reserva ambiental de centroamérica, el Indio Maiz, y el gobierno no hace nada. Se comienza a rumorear que el incendio fue provocado. Pasan los días y llueve, y baja el incendio. Luego, Ortega aprueba la modificación a la ley de pensiones, y esa modificación es un problema que afectaba a toda la población nicaragüense, porque implicaba la reducción de las pensiones y un aumento del aporte que se hace al sistema de pensiones. Y un grupo de 50 jóvenes se moviliza el 18 de abril, para denunciar lo que estaba sucediendo y son reprimidos por grupos paramilitares, que los golpean", señala F.A.
Daniel Ortega y Rosario Murillo
Tras la represión de estos grupos paramilitares (supuestos militantes de las juventudes sandinistas) y de la policía, las protestas comienzan a crecer y masificarse en varias zonas de la capital y del país.
La propuesta de reforma al sistema de pensiones recibió la venia del Fondo Monetario Internacional (FMI), sin embargo, terminó siendo apoyada por los grandes sindicatos locales y rechazada por el empresariado, debido a que aumentaba la contribución económica de las empresas. A la vez, con el fin de aumentar el fondo del sistema, reducía el monto de las pensiones que se perciben actualmente, generando la molestia de jubilados y estudiantes. A las protestas, se sumaron campesinos e indígenas, que ya venían manifestándose por el incendio en Indio Maiz y contra la expropiación de tierras para la construcción del canal interocéanico, por parte de una empresa privada china. Se cortaron las transmisiones de canales de televisión y radios que difundían las protestas, además de suspender las clases en escuelas y universidades. Solo esa semana, se contabilizaron cerca de 10 fallecidos en las manifestaciones, decenas de heridos y más de 200 detenidos, la mayoría liberados a la semana siguiente como una concesión del Gobierno. Varios de ellos alegaron tortura en los recintos de detención.
"Hay torturas y una evidente atentado a los derechos humanos. Hoy los asesinatos no se dan de manera masiva, como en abril, pero hay detenciones selectivas. Se está apresando a líderes de las protestas, en sus viviendas, centros de trabajo o de estudios. Y se está dando la emigración masiva, porque las personas sienten que sus vidas están en peligro", comenta F.A..
"Hace un mes se aprobó en tres horas una ley de antiterrorismo, que es un mecanismo para reprimir a quienes participaron a las marchas, y no permiten que el Consejo Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), ni el Alto comisionado de la ONU ni ningún organismo de derechos humanos pueda observar el juicio a quienes acusen de terroristas", comenta Fernando. Dicha ley ya fue cuestionada por La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, quienes señalaron que el texto era vago y que podía dar pie a la criminalización de la protesta.
Un equipo de la oficina de Derechos Humanos de la ONU informó que en el país se han cometido "una amplia gama de violaciones de los derechos humanos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y violaciones del derecho a la libertad de expresión de las personas. Además, se han producido campañas de incitación al odio y difamación, incluso contra defensores y defensoras de los derechos humanos".
Ante estos hechos, los nicaragüenses residentes en Chile y en otros países de Latinoamérica se han organizado para viralizar las persecuciones y protestas y apoyar las manifestaciones, aunque estas han perdido fuerza los últimos meses. Entre ellos, F.A. y Fernando, quienes definen la organización como de trabajo colectivo y sin líderes de partidos políticos. Son enfáticos al negar cualquier vinculación con la derecha de su país: "Ha habido un esfuerzo muy intencionado por lograr el respaldo de la izquierda latinoamericana, y no ha sido en vano, por eso personajes como Pepe Mujica, la diputada Carmen Hertz, se han pronunciado sobre lo que ocurre en Nicaragua, evidenciando que lo que ocurre en nuestro país no corresponde a una desestabilización impulsada por la derecha, si no a la acción ambiciosa de una persona que no quiere dejar el poder", declara F.A..
Tampoco asumen que lo que ocurre en Nicaragua sea comparable a la crisis social en Venezuela o sea una excusa para atacar procesos políticos como el cubano: "Estamos hablando de un gobierno que llega al poder haciendo un pacto con un líder de derecha ultra corrupto y con sectores de la Iglesia catolica. Por eso el caso de Nicaragua no se relaciona con los casos de Cuba o Venezuela, no son lo mismo, en Nicaragua no hay intereses geopolíticos relevantes o conflicto de izquierda-derecha. Ortega tiene continuidad por sus políticas neoliberales", agrega Guzmán. Algo más apenados, asumen que puede resultar difícil para sectores de la izquierda chilena, asumir lo que ellos llaman "la traición de Ortega". Para ellos, es necesario que quienes ayer apoyaron la revolución en Nicaragua "se acerquen a lo que hoy pasa en Nicaragua, no a lo que pasó hace 40 años".
Para la organización de nicaragüenses en Chile, las principales herramientas son las redes sociales. Se comunican constantemente por Whatsapp, Skype y otras aplicaciones, que les permiten conocer el desarrollo de las protestas y recibir información de familiares y amigos en Nicaragua. Dicen que el objetivo es que Ortega y su familia dejen el poder y que el pacto entre la derecha y el sandinismo termine, también así como el cuoteo político y la corrupción del sistema actual. Esperan que las manifestaciones generen la presión necesaria para llamar a nuevas elecciones, a pesar de que desde junio pasado la Mesa de Diálogo entre estudiantes, campesinos y el gobierno, sigue suspendida. Ortega se niega a abandonar su mandato, asegurando: "No estamos apegados al poder".
*La persona entrevistada, indicada como F.A., manifestó su petición de no aparecer con su nombre, ante posibles represalias a su familia en Nicaragua.
