Tomás García Álvarez,
Estudiante en práctica de Londres 38
Han pasado más de cuatro meses desde que el presidente Sebastián Piñera anunció, con un gran despliegue de recursos humanos y armamento, la creación e implementación del "Comando Jungla", un grupo de Carabineros entrenados por la fuerza policial colombiana, considerada una de las más letales por su combate contra el narcotráfico y el terrorismo. Esta parece ser "la mejor" alternativa que halló el mandatario y el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, para garantizar la paz en la Araucanía y resolver así el histórico conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno.
La creación de este comando forma parte del "Plan Araucanía", presentado oficialmente por el presidente Piñera el 24 de septiembre, y consiste en la inyección de más de 1.600 millones de dólares para impulsar la construcción de obras viales y fomentar el desarrollo productivo de la zona. Poner en marcha el proyecto le significa al gobierno legislar para enfrentar los ataques incendiarios, que han sido ligados por la policía y los medios de comunicación a grupos de mapuche "radicales", y también a casos de autoatentados.
Aunque la premisa pareciera estar en la búsqueda de encuentros en el territorio, fomentando la participación de las comunidades, la política de militarización de la zona indica lo contrario. De hecho, la situación ha empeorado: El 31 de julio, un mes después de que los "Junglas" entraran en acción, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, reconoció que los hechos de violencia aumentaron en la zona, argumentando que los resultados de este grupo deben medirse con el paso del tiempo.
Los cuarenta Carabineros que forman parte de Jungla recibieron instrucción en Colombia y Estados Unidos. De su paso por estos países se conoce poco: solo que la formación otorgada en el país cafetero fue la misma que se entrega a los efectivos policiales colombianos. A todas luces se trata de fuerzas especiales de élite, considerada por algunos como "la más eficiente y entrenada del planeta", según la revista digital Webinfomil, especializada en noticias de seguridad y defensa. Pero también responsable de "violaciones de derechos humanos derivadas de un uso abusivo y falta de proporcionalidad de la fuerza utilizada por las fuerzas de seguridad" tal como consigna el Informe sobre Colombia de 2014, de la Comisión Interamericana de DDHH.
Esa es una de las razones, aunque no la única, por la cual existe un amplio consenso para calificar como un fracaso el combate al narcotráfico y a la guerrilla en Colombia, por parte del Estado colombiano con apoyo de Estados Unidos. Esta política incluyó la intervención no sólo de fuerzas policiales, sino que también militares, generando una situación de inestabilidad, violencia, empobrecimiento y desplazamiento de grandes grupos humanos en toda la región. Por eso se abre el proceso de paz.
Ignorando todas estas consideraciones, el general director de Carabineros, Hermes Soto, señaló en junio pasado a La Tercera, que el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) recibe entrenamiento en Colombia porque "las características del terreno de la selva colombiana son relativamente parecidas a algunos sectores de la zona sur del país, por eso hemos dispuesto que se haga allá el curso, ya que tienen la expertise que se necesita para esto".
El ex director del área de Relaciones Internacionales y Estudios Militares de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Chile), Augusto Varas, pone en cuestión esta aseveración. "La comparación de la selva colombiana, donde operaron militarmente las FARC por más de cincuenta años, con los bosques del sur de Chile donde están las empresas forestales no es válida; estas no se parecen en nada. Asimilar las acciones violentas de algunos grupos mapuche con la estrategia militar de las FARC, que en algunos momentos puso en jaque a las fuerzas militares colombianas, evidentemente no corresponde ".
Al mismo tiempo, Varas considera que "se podría instalar peligrosamente la idea que la represión policial a estos grupos debería asemejarse a la confrontación armada con la que se contuvo a las FARC". Ocultando con ello el carácter político del conflicto histórico entre el pueblo mapuche y el Estado chileno, y reemplazando por una cuestión de estrategia y táctica militar.
Londres 38 solicitó a través de Ley de Transparencia, con fecha 12 de septiembre del 2018, información sobre los procedimientos realizados por el Comando Jungla en la región de La Araucanía, además de los cursos y materias de formación y preparación que recibieron los miembros del comando en Colombia y otros países. Frente a ambas consultas, Carabineros de Chile respondió que la información no podía ser entregada porque su conocimiento podría afectar "particularmente la mantención del orden público o la seguridad pública" y que, de acuerdo al artículo 436 del Código de Justicia Militar, el requerimiento corresponde a "documentos secretos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden interior o la seguridad de las personas", uno de los argumentos que frecuentemente utiliza el Estado para negar el acceso a información de interés público como parte del secretismo imperante.
Tras estas acciones hay definiciones políticas y doctrinas que han estado presentes a lo largo de la historia chilena y que han modelado el actuar de las fuerzas de orden y seguridad nacional, en distintos contextos y territorios ¿Podrá existir alguna relación entre la política de orden y seguridad desplegada por el "Comando Jungla" y las actuaciones , por ejemplo, de las Fuerzas Armadas? ¿Hay un componente doctrinario que las vincule? ¿Qué doctrinas definen en la actualidad el uso de la fuerza de las policías para enfrentar conflictos sociales y políticos?
Un repaso a las doctrinas de las Fuerzas Armadas
Es preciso reconocer que la relación entre militares y política en nuestro país históricamente ha sido compleja. Para el doctor en Sociología, Augusto Varas, tal como manifiesta en su texto "Los Militares y la Política: 1810-2016", esta tensión se debe principalmente al rol que jugó la institución militar en la constitución de la nación , "las influencias externas que operaron sobre ella y la forma como los actores políticos se relacionaron con los institutos armados", escribe Varas.
Podríamos detenernos en la relación entre la institución militar y la política en cada uno de los períodos de la historia chilena, pues tal como destaca Varas nos permitiría entender la razón de ser de las ramas castrenses, sin embargo, abordaremos esta tensión a partir de los años sesenta, momento en que la política al interior de las Fuerzas Armadas pone su foco en la Doctrina de Seguridad Nacional.
Por esos años Chile vivía un intenso proceso de politización. Movimientos sociales, políticos y culturales comenzaban a extenderse sin pausa a lo largo del país. Las voces que yacían apaciguadas por mucho tiempo vieron una oportunidad para disputar el poder, mientras el gobierno de la Democracia Cristiana instalaba los ladrillos de su propuesta de "Revolución en libertad", marcada por una tendencia reformista. Por su parte, sectores de la izquierda avistaron una posibilidad de ganar terreno, mientras que la derecha miraba con peligro cualquier avance de una alianza popular en el país. Les causaba pavor. Las Fuerzas Armadas, en un escenario polarizado, no quedaron fuera y asumieron un rol cada vez más político.
Luego de tres intentos fallidos para alcanzar la presidencia, el socialista Salvador Allende resulta electo con el 36,3% de los votos el 4 de septiembre de 1970, ratificado el 24 de octubre por el Congreso nacional. Para algunos, la elección de Allende habría sido posible gracias a distintos factores, uno de ellos sería las influencias desplegadas por la doctrina que instaló el Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider. No parece extraño, entonces, que dos generales financiados por los Estados Unidos, Roberto Viaux y Camilo Valenzuela en conjunto con miembros de Patria y Libertad, como se comprobó años más tarde, hayan atentado contra Schneider un día después de que el Congreso ratifica al líder de la Unidad Popular. Pese a todo, la acción que terminó con la vida del comandante no surtió efecto en el proceso que encabezó Allende.
La Doctrina Schneider, política adoptada por el Ejército de Chile de apego al orden constitucional, y que sería popularizada en la Unidad Popular, consistió en el respecto irrestricto a la voluntad ciudadana y la no intromisión en asuntos de carácter político. Esto daba garantías para impedir un golpe de Estado si es que Allende resultaba vencedor en las elecciones de 1970. Así, el Comandante en Jefe declaró el 8 de mayo de 1970 a El Mercurio: "El Ejército es garantía de una elección normal, de que asuma la presidencia de la República quien sea elegido por el pueblo, en mayoría absoluta, o por el Congreso Pleno, en caso de que ninguno de los candidatos obtenga más del 50 por ciento de los votos (...) Nuestra doctrina y misión es de respaldo y respeto a la Constitución Política del Estado.", sentenció.
"Esta doctrina encarnada en estos oficiales democráticos, juntos a otros como los generales Mario Sepúlveda y Guillermo Pickering, fue la guía valórica castrense con la que se opusieron y contuvieron las acciones golpistas del regimiento Tacna en octubre de 1969 ("Tacnazo") y del regimiento de Blindados Nº2 en junio del 1973 ("Tanquetazo")", afirma Augusto Varas.
Schneider entendía que de esta forma las fuerzas armadas recuperarían su respeto y reconocimiento público que se había visto debilitado por las sucesivas asonadas e intervenciones políticas. El asesinato del Comandante en Jefe le significó a su sucesor, el general Carlos Prats, tomar el bastión de los "constitucionalistas" teniendo que resguardar la política militar que adquirió cada vez mayor presencia y que terminó por agudizar los roces con aquellos que sostenían que las Fuerzas Armadas debían pronunciarse frente al riesgo de arrastrar a Chile a un régimen comunista. Ese malestar se materializó con el uso de la fuerza y la violencia desmedida el 11 de septiembre de 1973. A partir de ese momento la Doctrina Schneider se desmorona por completo y los militares leales a estas ideas fueron dados de baja, torturados o ejecutados. Los militares y civiles gestores del golpe de Estado tenían otros planes para el país.
Doctrina de Seguridad Nacional: el combate de la subversión y la insurgencia
Como profesor de Historia Militar y Estrategia, y habiendo recibido preparación militar en la Escuela de las Américas, Manuel Contreras Sepúlveda escribió cuatro meses antes del bombardeo a La Moneda el documento denominado "Doctrina de Seguridad Nacional para Chile". En él se establecieron diversos elementos para combatir guerras que podrían afectar interna o externamente al país, y se identificaban, por ejemplo, los antagonismos internos que podían dividirlo.
"Estos antagonismos pueden presentarse también dentro de nuestro propio territorio y derivados de ideologías políticas contrarias o de partidismos de otro orden antagónico. Lo anterior si es alentado desde el exterior o con ideas foráneas puede constituir una amenaza para la Seguridad Nacional que denominamos subversión y es llevado a cabo con ideas criollas lo denominamos insurgencia", se lee en el texto. En el documento, con fecha 14 de mayo de 1973, Contreras advierte que pese a que el país tuviera más de un siglo y medio de vida independiente aún podían presentarse "provocaciones" que obligase a los hombres a "reaccionar violentamente".
A su vez, planteaba la necesidad de crear una Central de Inteligencia Nacional (C.I.N) que otorgara toda la información para garantizar la Seguridad Nacional. Una vez los militares estuvieron al mando del Estado, Pinochet convocó al ávido profesor a hacer carne la propuesta que meses atrás había restablecido la política de Seguridad Nacional. El régimen requería combatir la subversión y la insurgencia, derechamente exterminar a militantes sociales y políticos, vinculados a los partidos de la Unidad Popular (UP) y a aquellos como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que no formaban parte de la coalición gobernante. Manuel Contreras Sepúlveda, el profesor de historia militar, era el hombre para dicha tarea. Fue así como nació la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), y con ella, la larga lista de personas detenidas, ejecutadas, torturadas y desaparecidas en el país.
A través del Acta de Constitución, la Junta Militar otorgó a las Fuerzas Armadas un rol supraconstitucional, y entendió la relación entre civiles y militares no de subordinación castrense, sino que de afirmación de la supremacía militar. Así, "La preservación del orden interno pasa a ser una función netamente militar con obvias y lamentables consecuencias para la vigencia de los Derechos Humanos", dice Hugo Frühling, doctor en Ciencias Jurídicas, en el libro "Estado y Fuerzas Armadas". Y puntualiza: "Las formas de represión utilizadas, incorporan una expansión de la jurisdicción militar que tiende -especialmente en el periodo de 1973-1977- a incluir dentro de esa órbita el conjunto del país (...) Tribunales que forman parte de la estructura militar pasan no solo a simbolizar la independencia corporativa de las Fuerzas Armadas, sino que su dominio y tuición respecto del conjunto de la sociedad".
La Junta Militar utilizó las disposiciones inscritas en el Código de Justicia Militar para entablar una guerra en "territorio enemigo" contra quienes consideraba enemigos del orden, es decir, a los militantes de izquierda que habían apoyado o buscado ampliar el proceso de la Unidad Popular (UP), y a aquellos que estaban decididos a hacer frente al régimen dictatorial. Manuel Contreras hizo ver en el documento de Seguridad Nacional que la violencia se justificaba y era legítima para salvaguardar "la existencia de la calidad democrática del Estado". Eso también implicaba mantener a los uniformados en todos los espacios de toma de decisiones.
Aunque es en dictadura donde esta política entra plenamente en vigencia, la doctrina de Seguridad Nacional es producto del período de posguerra con la alianza estratégica de Chile y los Estados Unidos que se expresó en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en 1947 y que se materializa con los Pactos de Ayuda Militar (PAM). Enmarcados en la Guerra Fría, Estados Unidos formaba ideológicamente a altos mandos para combatir el comunismo. Esto "derivó en la definición del Partido Comunista como enemigo de Chile, el que fue puesto fuera de la ley en 1948, a través de la 'ley maldita'", derogada diez años después. "La dictadura, iniciada en 1973, hizo suya esta doctrina y la aplicó como paradigma de su acción gubernamental especialmente en el campo de la represión y violación sistemática de los derechos humanos de los opositores al régimen", sentencia Augusto Varas.
A partir del golpe de Estado, la Doctrina de Seguridad Nacional reconoció la presencia de un "enemigo interno" en Chile que debía ser eliminado. Para la Junta Militar, comandada por el general Augusto Pinochet, la tarea era "extirpar el cáncer marxista" tal como proclamó el entonces Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, el 11 de septiembre de 1973. El toque de queda, la persecución, el asesinato, la desaparición forzada, el exilio, las relegaciones y detenciones masivas, fueron algunas de las medidas y prácticas sistemáticas que asumió el régimen para llevar adelante su empresa.
El doctor en Ciencias Jurídicas, Hugo Frühling, desarrolla esta idea al plantear que: "El orden público se mantiene a través de una guerra en contra de quienes son definidos como enemigos del Estado y el objetivo de tal guerra no es otro que la destrucción organizacional y física de dichos enemigos".
La "seguridad" en la actualidad
¿Existen en la actualidad "enemigos" del Estado chileno? Sí los hay, ¿cómo se identifican? y ¿qué políticas se utilizan para combatirlos?
Para Karina Riquelme, abogada y defensora de los derechos humanos, quien lleva actualmente la defensa de algunos comuneros mapuche vinculados al Caso Huracán, considera que el pueblo mapuche es hoy indicado como un enemigo para el Estado y que ha quedado demostrado en distintas declaraciones prestadas por autoridades de gobierno.
"Podemos comprobar que hoy día las comunidades indígenas que deciden que el territorio no siga siendo devastado por el extractivismo que mantienen las forestales, las hidroeléctricas y otras empresas, son criminalizadas (...) El mapuche que se opone a este modelo es un enemigo para la economía que el Estado quiere instaurar", sentencia Riquelme.
El estado de vigilancia en la Araucanía y sector aledaños, con efectivos policiales que rondan las comunidades de forma permanente, hace pensar a Karina Riquelme que estamos "ante un estado policial".
-¿A qué te refieres cuando hablas de que vivimos en un "estado policial" en Chile?
-Me refiero a la existencia de efectivos de distintas ramas policiales que se encuentran en los territorios y en lugares en donde uno se desarrolla socialmente, como si existiera peligro real respecto de algún tema que me parece que no existe. La presencia tan numerosa de efectivos policiales, que se encuentra hoy naturalizada en ciertos territorios, sobre todo en La Araucanía y las regiones contiguas, no le llama la atención a la gente. Que te rodeen o pasen al lado tuyo tanquetas, o que existan muchos funcionarios de servicio de inteligencia policial en constante seguimiento de personas que realizan sus actividades comunes.
Riquelme advierte que existen territorios del país que estarían "militarizados". La abogada, que denunció en julio pasado hostigamiento por parte de Carabineros de Chile, considera que la región de la Araucanía "hace muchos años que se militarizó" y que se trataría de una "política estatal" para enfrentar las exigencias de los pueblos indígenas de restitución de sus territorios.
"Por un lado, la militarizan, y por otro lado criminalizan a quienes se levantan en contra de esta violencia estatal que en definitiva trae numerosos hechos violentos que no sucederían en la eventualidad de que este gran contingente policial no existiera y no estuviera asentado en la región", afirma Riquelme.
En 1982, cuando Hugo Fruhling, Augusto Varas, y Carlos Portales escribieron "Estado y Fuerzas Armadas", Portales puntualizó que las instituciones castrenses habían ido adquiriendo mayor protagonismo en el sistema político debido a "factores de militarización". En plena dictadura, Früling afirmaba que esto se debía al vínculo "con el nuevo proyecto socio-económico interno".
"La unión de las concepciones castrenses de la Seguridad nacional con el proyecto de transnacionalización, en este rediseño de la sociedad a partir de 1973, es el primer factor de refuerzo de la militarización", sostiene Portales.
Aunque Carlos Portales hace referencia a la militarización del sistema político, es decir, presencia de militares en espacios de poder y toma de decisiones, es posible que algunos de sus resabios, como tantos otros que se arrastran desde la dictadura, estén presentes en el actuar de las fuerzas de orden y seguridad. Consultado sobre si existiría hoy militarización en la zona de La Araucanía, Augusto Varas, considera que "El tipo de armamento desplegado tiene características militares más que policiales, pero en términos estrictos en la medida que no hay despliegue de fuerzas militares propiamente tales no se podría decir que hay una militarización formal en la zona, la que dicho sea de paso, ha sido demandada por políticos de derecha".
Por otra parte, Silvio Cuneo, abogado, investigador de la criminalización y encarcelación de la pobreza, y académico de la Universidad Central, señala que " lo que hay detrás de esta lógica de la guerra en el conflicto mapuche es lo mismo que está en otras lógicas belicistas de la delincuencia: guerra contra las drogas, guerra contra la pedofilia, guerra contra el terrorismo. Esto es apagar el fuego con bencina".
"O sea, el único terrorista en La Araucanía es el Estado. Que una mujer tenga que parir engrillada eso es terrorismo de Estado. Todos los montajes que se realizaron en La Araucanía, eso es terrorismo", afirma Cuneo. En su opinión, la criminalización permite a las elites políticas proyectar una visión de liderazgo frente a sus votantes. Para ello, militarizar la policía, perseguir a las minorías y apresar a los pobres, son herramientas útiles para mostrar que el "enemigo interno" todavía existe, pero que se "controla" con "mano dura".
En las últimas semanas, la crisis ambiental producto de la contaminación provocada por empresas privadas y estatales en Quintero y Puchuncaví ha puesto a la zona en alerta. Sus habitantes se han levantado para exigir una pronta salida a un conflicto que mantiene a niños y niñas con problemas respiratorios, inclusive a mujeres con abortos no deseados. La represión en el territorio pareciera acrecentarse. Particularmente, la manifestación del 29 de septiembre pasado estuvo marcada por la acción de miembros de la Armada, quienes dispararon balines al cuerpo de los manifestantes.
Las manifestaciones en el espacio público son permanentemente obstaculizadas afectando gravemente el derecho a la libre reunión y expresión, primero por la obligación de solicitar autorización previa debido al Decreto Supremo 1086, promulgado en dictadura y que ningún gobierno civil se ha propuesto derogar. Pero también, contando incluso con autorización, la acción de Carabineros en las manifestaciones se caracteriza por el abuso, falta de regulación y uso criminal de sus instrumentos y armas de fuego como ha quedado demostrado, entre otros, en los casos de Rodrigo Avilés, Manuel Gutiérrez y Nelson Quichillao, este último, un trabajador minero muerto en julio de 2015 por un disparo de las Fuerzas Especiales en El Salvador durante una protesta laboral.
Pretendiendo justificar la muerte de Quichillao y otras víctimas, las autoridades han argumentado que las acciones en las que participaban no eran pacíficas, especialmente en el caso de los mapuche. Sin embargo, el Relator Especial de Naciones Unidas, Mainai Kiai advirtió en su informe de 2015 que "los individuos conservan en todo momento sus derechos a la vida y a la integridad física, aun si se tornan violentos durante las protestas, y es deber del Estado salvaguardar estos derechos".
En la zona de La Araucanía se producen con frecuencia acciones violentas, por parte de efectivos de carabineros. En 2016, Brandon Hernández Huentecol recibió más de cien perdigones en su espalda, en medio de un procedimiento de en Collipulli, ante el cual no ofreció resistencia. Hasta hoy el sargento segundo Cristian Rivera, autor de los disparos, se encuentra procesado pero en libertad sin recibir aún una condena.
Las doctrinas que en el pasado identificaban a un enemigo claro, hoy parecieran ser más difusas. Sin embargo, cuando hay quienes continúan incomodando al orden al exigir sus derechos, el Estado chileno, a través de sus fuerzas policiales y, en ocasiones, de las fuerzas militares, no duda en el uso abusivo de la fuerza y la violencia para detener el avance de movimientos sociales, indígenas y reivindicativos.
