La Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó resolución del Ministro Mario Carroza en la que se declaraba incompetente y traspasaba la causa a la Justicia Militar.
A raíz de esta resolución adoptada el 17 de enero, Carroza deberá seguir investigando los hechos, a lo menos hasta recabar nuevos antecedentes.
La Corte de Apelaciones indica que " La presencia o ausencia de indicios que demuestren la verificación de un hecho determinado o - que es lo mismo- su comprobación, e inclusive el pronunciamiento acerca de si tales sucesos configuran o no configuran algún delito penal, corresponden a cuestiones de fondo que pueden ser resueltas por el mismo señor Ministro, en una fase posterior". Es decir, que la investigación debe continuar hasta comprobar que hay o no delito, ya que con los antecedentes establecidos hasta ahora aún no se puede definir y tampoco descartar.
Agrega la resolución que " la sola circunstancia de que aparezcan involucrados funcionarios del Ejército de Chile no trae consigo que la investigación deba quedar a cargo de la Justicia Militar, precisamente porque- al no haber suficiente esclarecimiento de los hechos-, no es posible identificar todavía la naturaleza del o de los delitos supuestamente cometidos ni a todos los que han podido tomar parte en ellos y en qué calidad".
El 21 de diciembre de 2017, Londres 38, espacio de memorias, interpuso una querella ante el Ministro Mario Carroza, en contra de quienes resulten responsables del delito de sustracción y supresión de documentos, así como de encubrimiento de homicidios y secuestros calificados. La acción judicial se fundamenta en la información que reveló el diario New York Times sobre la quema de microfilms y archivos relacionados con las actuaciones de los organismos de inteligencia del Ejército, durante la dictadura cívil-militar, y en el informe del sumario firmado por el general Ricardo Martínez quien asumió como Comandante en Jefe del Ejército en marzo pasado.
En el informe Martínez reconocía que hubo destrucción de información archivada durante los años 1980 y 1982, por ello, la querella consigna que "bajo este aspecto, la información destruida pudo corresponder a los años 1973 a 1990, por cuanto se menciona información archivada y no necesariamente de las acciones operativas realizadas en esos años. En este sentido, la resolución de la Investigación Sumaria viene a corroborar la información de fuentes públicas existente a la fecha, que señalan que la destrucción de información podría incluir antecedentes de las actividades realizadas por la Dirección de Nacional de Inteligencia (DINA)".
Según Londres 38, la quema de archivos no conforma un hecho aislado, sino una concatenación de hechos y acciones por parte de organismos estatales "para efectos de mantener la impunidad y obstaculizar el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad", como la desaparición forzada. No obstante, la sola afirmación de la destrucción no debería ser suficiente para dar por acreditada la destrucción de los archivos, en el pasado, en respuesta a la solicitud de información de la Comisión Rettig, los mandos de las fuerzas armadas ya habían afirmado que no existían archivos relacionados puesto que habían sido destruidos, versión que, a la luz del reconocimiento de Martínez se demostraría como falso.
En base a estos y otros antecedentes, en abril pasado, el Ministro Carroza citó a declarar a 13 oficiales del Ejército.
La acción judicial de Londres 38 se enmarca en la campaña #TodaLaVerdadTodaLaJusticia llevada a cabo por el sitio de memoria, que busca relevar la necesidad de realizar todas las acciones que permitan establecer la verdad y la justicia en los miles de casos de desaparición forzada y ejecuciones durante el régimen militar que siguen en impunidad.
