Francesca LessaFrancesca Lessa es italiana, experta en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Habla un español con acento argentino porque durante los últimos cuatro años estuvo viviendo en el país trasandino, monitoreando el proceso judicial del Plan Cóndor. Su interés en los derechos humanos nació en su adolescencia: "Donde yo nací, en el norte de Italia, es una zona que estuvo bajo la ocupación nazi, por eso casi todos los pueblos en la zona tienen casos de represión o asesinatos de los partisanos o los judíos que intentaban escapar. Entonces, cuando iba a la secundaria había varias políticas educativas para hacer proyectos para investigar, fue ahí cuando me acerqué al tema", cuenta.
Trabaja en el Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford como investigadora en esta temática desde el 2011. Apasionada por el tema, quiso impulsar encuentros entre los jueces, activistas y abogados que trabajan sobre delitos de lesa humanidad en Latinoamérica desde 2015. Así fue como impulsó el taller "La Investigación de los delitos de lesa humanidad en Sur América: Desafíos para el presente y el futuro", organizado por la Universidad de Oxford y la Procuraduría de Crímenes de contra la Humanidad de Argentina, en mayo de 2018. Este mes se libera el informe final con las principales conclusiones del taller, al que tuvo acceso Londres 38 y que pudimos comentar con Francesca Lessa en esta entrevista.
Tu informe refleja mucho del debate en torno a los derechos humanos, son cosas que los activistas y abogados conocen, pero se agradece porque permite ver el tema de manera más global a nivel latinoamericano…
Sí, digamos que la idea detrás del evento era juntar, en el mismo lugar, abogados, fiscales, jueces, activistas de derechos humanos, personas que habían trabajado en los juicios de sus países, y permitir un intercambio de experiencia, para confirmar que lo que pasa en un país es lo que pasa en los países vecinos. El hecho de investigar estos delitos genera desafíos comunes. Así que el encuentro sistematizó esa información e hizo un diagnóstico de lo que sucede a nivel regional.
En el informe se definen cinco prioridades a futuro. Si uno hiciera el ejercicio de resumirlas, se podrían sintetizar en la demanda al Estado de una visión más amplia y un rol más activo ante los delitos de lesa humanidad mediante investigaciones integrales con participación de todos los poderes.
Sí, y lo que estamos pidiendo no es nuevo, es decir, según el derecho internacional con relación a los derechos humanos, los Estados tienen que investigar, tienen que disponer de recursos, abrir los archivos, entre otras cosas. Todas son obligaciones del Estado, pero no suceden en la práctica. Y lo que vemos en el informe son recordatorios de que son cosas que los Estados han asumido para hacer, pero que en la realidad no lo cumplieron cabalmente.
La quinta prioridad es bien puntual, es garantizar el acceso a los archivos de la represión ¿Es eso un problema a nivel latinoamericano?
Sobre los archivos, hay por un lado la sospecha de que parte de la información ha sido destruida, y la otra ocultada. Es probable que esos archivos estén en algún lado, pero como en todos estos países existen fuerzas y actores que bregan a favor de la impunidad, esos archivos no fueron abiertos completamente. Y aún cuando se empezaron a abrir, por ejemplo en el caso de Uruguay el gobierno decidió que sí se abrieran los archivos a familiares, pero en realidad no había un acceso pleno. Siempre hay un sistema que no te permite acceder a los archivos o donde las personas que trabajan ahí deciden a qué información dan acceso y cual información queda escondida. Entonces, es un panorama complejo, donde la realidad de cada país es diferente. Argentina es un país donde se ha avanzado bastante. Se había establecido un grupo de analistas que podían consultar los archivos estatales para buscar pruebas para los juicios. Pero dicho grupo se ha desmantelado en los últimos años. En Brasil o Paraguay, el acceso es muy limitado.
Acá tu presentas un panorama general de Latinoamérica sobre causas de delitos de lesa humanidad y se señala a Argentina y Chile como los países que más han avanzado en materia de investigaciones. Pero nosotros, sabemos que es completamente insuficiente puesto que prácticamente no se ha avanzado en materia de verdad respecto a las personas detenidas desaparecidas, las penas aplicadas son extremadamente bajas y los victimarios están accediendo a formas de libertad. Existe la sensación de que en Chile queda mucho que hacer...
Claro, el hecho de que digamos que ha avanzado más no significa que tengan el tema resuelto. Hay que pensar como punto de comparación que en la década de los ochenta la norma era la impunidad, la ausencia total de cualquier tipo de investigación de estos delitos. Y cuando vemos que en Argentina hay casi 900 personas condenadas y que en Chile se dictaron 447 sentencias, obviamente que eso no significa que no quede nada más por hacer, sino reconocer que se avanzó por lo menos comparado con la impunidad absoluta. Obviamente hay que seguir avanzando y profundizando, por eso subrayamos que siguen habiendo temas pendientes y prioridades por cumplir.
Y en ese sentido, ¿se observa algún cambio en las políticas públicas de derechos humanos con los cambios de gobierno en la región?
Sí, hay cambios. Siempre hay períodos diferentes, es decir, siempre hay momentos en los que se puede avanzar más, no sé si decir "con más voluntad política", porque ningún gobierno se ha comprometido al ciento por ciento en estos temas como debieron haber hecho, pero sí niveles mayores o menores de voluntad en relación a ellos. Está claro que el panorama en la región no es alentador. El encuentro fue en mayo de 2018, cuando estaba ya electo el gobierno de Piñera, y de Macri, todavía no estaba Bolsonaro y el nuevo presidente de Paraguay, Mario Abdó, vinculado al ex dictador Stroessner. Hay preocupación de que el panorama político regional genere obstáculos. Por ejemplo, en Argentina, sigue siendo política de Estado los juicios, pero en la práctica se han recortado recursos, se han desmantelado equipos de historiadores y psicólogos, que puede resultar en que se avance más lentamente que años anteriores.
¿Y cómo las organizaciones de memoria y derechos humanos pueden seguir presionando? Porque pasa que muchos familiares empiezan a partir, envejecer, y la impunidad queda ahí…
Sí, es lo que está pasando en muchos países de la región, y la verdad es que las organizaciones han hecho un trabajo no solo de denuncia, sino también de investigación de los casos. Por ejemplo, en Uruguay, donde sabemos que las víctimas y familiares han aportado elementos en los juicios, han identificado testigos, es decir, han realizado un trabajo que le correspondía al Estado. Y es muy difícil decir qué más pueden hacer, porque como grupo han hecho todo lo posible y más. Han ido a organizaciones internacionales, a la Corte Interamericana, a juicios en Europa, Estados Unidos… creo que han intentado todos los caminos. Tienen que seguir en lo que han hecho siempre, lo importante es que no afloje la presión de parte de la sociedad civil
También es importante involucrar a las nuevas generaciones, transmitir la lucha y el compromiso a los jóvenes, porque ellos van a continuar esa pelea y camino empezado por los familiares. Vemos el caso de España que ya hace 70 años que se terminó la guerra civil en ese país, y son ahora los nietos y bisnietos de los desaparecidos por el Estado español quienes presionan para hacer una comisión de la verdad, para abrir las fosas comunes. El intercambio generacional es clave porque este tema no se va a resolver el año que viene.
Panel Condor 2: Exponen en panel las abogadas chilenas Magdalena Garcés de Londres 38, y Paulina Zamorano.Se sabe que en un momento se investigó con muchas limitantes, y ocurre que quedaron cosas pendientes, incluso en procesos ya investigados, hasta personas que han quedado impunes ¿Cómo enfrentamos esa justicia "en la medida de lo posible" con tantos temas pendientes?
Efectivamente se investigó en la medida de lo posible, no solo por las consecuencias de la dictadura, sino también porque el sistema judicial es un sistema que aborda al delito como algo excepcional. Y lo que pasó con el terrorismo de estado en el Cono Sur de Latinoamérica es que los delitos, en dictadura, no eran excepcionales, sino sistemáticos y masivos. Y el sistema judicial, pensado para un homicidio, un robo, un secuestro, tuvo que abordar los delitos con una escala muchísimo más amplia de lo que estaban acostumbrados. Entonces, estos rastros de impunidad existen también porque los sistemas judiciales no están preparados para crímenes masivos.
Además, lo que se puede hacer frente a esta impunidad, es tratar con otros mecanismos, además de los juicios, de crear una conciencia social amplia de lo que sucedió, educar sobre eso. Porque a veces los tribunales no tienen las condiciones para condenar a una persona, pero lo que se puede lograr es tener una comisión de verdad, investigar la prisión política, la tortura, entregar reparación, políticas educacionales, generar sitios de memoria, museos… crear conocimiento para toda la sociedad sobre lo que pasó en los años de la dictadura, para que la gente conozca los delitos que se perpetraron, que el Estado los cometió y que los tribunales los investigaron.
En Chile ha sido un tema "nuevo" para la justicia el de los "terceros actores" es decir, empresas o civiles que participaron en crímenes de lesa humanidad, incluso recién en 2017 se condenó al primer civil por estos delitos. ¿Crees que estos casos van a seguir avanzando en Latinoamérica?
Sí, estos casos van a seguir avanzando y están avanzando en el continente. Yo creo que en todos estos países se sabía de la complicidad, no sólo de las empresas, sino de médicos que participaban en tortura, el robo de bebés y la participación de sacerdotes en las torturas. En Argentina, por ejemplo, también se ha condenado hace poco a jueces que han participado en crímenes de lesa humanidad en Mendoza. Yo veo que de a poco se han ido ampliando la mirada hacia los otros niveles de participación en el terrorismo de Estado. Esto no es fácil hacerlo en la práctica - las empresas por ejemplo tienen mucho poder en estos países -, pero cada vez más se van a expandir los niveles de responsabilidades más allá del enfoque hacia las fuerzas de seguridad.
En el informe se señalan varias tareas pendientes que ministros y abogados se comprometen a impulsar ¿Cúal crees que es la prioridad en este momento en la región?
Yo creo que es clave la coordinación entre las agrupaciones cuando presentan sus querellas, a nivel latinoamericano. Que entre todos presenten una querella similar amplía el esfuerzo que se puede hacer para investigar y el impacto en toda la región. La idea es tener esta coordinación, más con un panorama político no tan favorable. La idea del encuentro era justamente empezar a armar estas redes, para trabajar juntos, para avanzar en verdad y justicia. Lo bueno es que en ese encuentro ellos mismos se dieron cuenta de que tenían mucho que hacer en común.
Por otro lado, es importante también organizar la investigación de forma estratégica, considerar la necesidad de priorizar algunos casos o temas específicos, para luchar en contra de lo que los colegas argentinos han definido como "impunidad biológica." Se está trabajando a contra reloj: el paso del tiempo favorece a los perpetradores, que son ya muy mayores de edad. Además, los tiempos de los tribunales y de la justicia ayudan a eso. Una mejor organización y priorización de las investigaciones en curso pueden prevenir que los responsables mueran impunes.
