El pasado 23 de abril, tras la audiencia llevada a cabo en la Corte Suprema para revisar formas de cumplimiento de la sentencia dictada por Corte Interamericana de Derechos Humanos (corte IDH) en el caso Norín Catrimán y otros, la Cancillería chilena y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dieron a conocer una Declaración suscrita por los países que conforman Pro-Sur (Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay) y que fue entregada el pasado 11 de abril a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ella, exponen su posición acerca del funcionamiento de la CIDH y la Corte IDH, con el objetivo de debilitar el sistema de promoción y protección de los derechos humanos en la región y colocar una mordaza a los órganos que velan por estos derechos.
En la Declaración indican que el sistema interamericano de derechos humanos (SIDH) cumple un rol subsidiario en materia de violaciones a los derechos humanos, por lo que sólo podrían intervenir en caso de que el Estado no lo hubiese hecho. Además, señalan que estos órganos deben respetar el "legítimo espacio de autonomía del que disponen los Estados" y reconocerles el margen de apreciación nacional. Agregan que "las resoluciones y sentencias de los órganos del sistema interamericano sólo tienen efectos para las partes del litigio", es decir, sólo aplicarían respecto del Estado al cual se le formularen; con lo cual pretenden restarle eficacia al sistema interamericano.
Llama la atención que el comunicado público provenga del propio organismo que sirvió de sede a la creación de la CIDH hace 60 años (agosto de 1959) y que la Declaración haya sido presentada a semanas que la Asamblea General de la OEA elija a los nuevos Comisionado(as) como una clara señal de intervención y mensaje a los candidatos(as).
Esta Declaración en su contenido y redacción es evidentemente ajena a la evolución de nuestro sistema regional de protección de los derechos humanos, el que tuvo su origen hace 70 años con la suscripción de la Declaración Americana de Derechos. Desconoce los principios que lo han inspirado y que han sido respaldados por un sistema integral de protección y promoción de derechos, siendo desarrollados por un diálogo continuo entre los órganos que lo integran, los Estados, las víctimas y peticionarios, expresándose en normas y estándares rigurosos y concretos que incluso han incidido en otros Sistemas Regionales, así como en el propio Sistema Universal. En términos concretos la Declaración desconoce los resultados del proceso de fortalecimiento del sistema, impulsado por los propios Estados, así como el Plan Estratégico que actualmente implementa la CIDH.
Londres 38, espacio de memorias, repudia fuertemente esta Declaración por cuanto busca debilitar el sistema interamericano de derechos humanos y junto a ello, dejar a las víctimas en una posición de desmedro y de mayor vulneración frente a los abusos que cometa el Estado.
Consideramos que esta declaración constituye no sólo una intromisión indebida a sistema interamericano sino que es una afrenta para las víctimas de violaciones a los derechos humanos y peticionarios ante el SIDH.
El Estado de Chile, una vez más, busca burlar sus deberes internacionales en materia de promoción y protección de los derechos humanos, e intenta aumentar los tiempos de espera de la justicia y consagrar la impunidad ante las violaciones de los derechos humanos.
