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Detención, expulsión y persecución: cómo opera la ley aula segura en los colegios emblemáticos de Santiago

Entre desaciertos, la ministra Marcela Cubillos, junto al alcalde de la municipalidad de Santiago, Felipe Alessandri, logró a fines de 2018 implementar una fórmula para frenar las acciones de grupos radicalizados en los establecimientos educacionales. A meses de su puesta en marcha, apoderadas y estudiantes convergen en que la violencia ha aumentado, y que la ley es la principal bencina de un fuego que no se apaga.

Publicado el 27 de junio de 2019

Estudiantes movilizadosPor Tomás García Álvarez

Desde mediados de 2018 que el liceo Manuel Barros Borgoño, el Liceo de Aplicación, el Internado Nacional Barros Arana, y el Instituto Nacional, eran observados por las autoridades de gobierno y educacionales. Según los sostenedores y la ministra Cubillos, las protestas con molotov y la destrucción de mobiliario son el origen de la crisis de la educación pública, aún cuando los estudiantes y algunos de sus apoderados argumentan que la agonía de la educación es un mal sintomático que ellos mismos han propiciado a través de políticas públicas.

Yasna Salvatierra conoció la realidad "capucha" y los movimientos más radicalizados cuando ingresó como apoderada al liceo Manuel Barros Borgoño, en 2016. Pensaba que las demandas estudiantiles eran escuchadas. A poco andar se dio cuenta que la realidad era bien distinta a lo que ella imaginaba; que más bien los estudiantes estaban destinados a vérselas como pudieran.

La madre de dos estudiantes (uno de ellos será identificado como "R" para este reportaje), empezó a vincularse con el estudiantado y a ser integrante activo de la comunidad educativa. El 8 de agosto del mismo año, en medio de una toma que se extendió por meses, y bajo el agua del "guanaco" y el gas lacrimógeno, fue electa como nueva presidenta del centro de padres del "Borgoño", para intentar resolver lo que para el director de ese entonces, Julio Cartagena, era insostenible.

"Cuando salí electa me era muy difícil dialogar con ellos [los estudiantes], pero empecé a acercarme porque quería saber de dónde venía esa violencia. Siempre me decían que se sentían solos porque los apoderados no los escuchaban y era cierto. Yo lo estaba comprobando", comenta Yasna.

Es conocido que al interior de los colegios emblemáticos existe una violencia institucional silenciada que se manifiesta de diversas formas. Maltratos a los estudiantes, incumplimientos legales, discriminación por calificaciones inferiores y homofobia, es parte de lo que evidenció Yasna estando en el liceo. Estas problemáticas, junto al listado de demandas de los estudiantes que incluía la construcción de un nuevo baño, la llevaron a reunirse con la Dirección de Educación Municipal (DEM) y otras autoridades. Después de cinco años el baño se construyó, pero el tema de la violencia siguió creciendo.

Las relaciones entre el centro de padres, apoderados y autoridades se crisparon, y de un momento a otro la gestión de Yasna comenzó a ser vista como una amenaza. "Se sabía que ese centro de padres estaba con la lucha de los estudiantes. Pero se malinterpretó, no en la lucha violenta, sino que en sus demandas. Ellos dejaban de ser violentos cuando les ponías atención", sentencia Yasna.

La llegada del gobierno de Sebastián Piñera, con una agenda particularmente dedicada a combatir los hechos de violencia tildados de "terroristas", llevó al centro de padres del Borgoño a reunirse en más de una oportunidad con el ministro del Interior, Andrés Chadwick y la ministra de Educación, Marcela Cubillos. En dichas citas se conversó sobre la violencia existente en los establecimientos, todo aquello fue utilizado posteriormente para validar el discurso que catapultó Aula Segura.

"Tuvimos distintas reuniones con el ministro Chadwick con el objetivo de ponerle fin a los movimientos violentos en el 2018, pero no de la forma que ellos comenzaron a hacerlo. No entendieron la reunión. Que ellos [los estudiantes] sigan actuando violentamente no es gratuito", afirma Salvatierra y agrega que "la ministra sacó a la palestra la reunión que tuvo con nosotros y sacó de contexto todo lo que dijimos".

Ley Aula Segura: ¿proteger a las comunidades educativas o neutralizar al movimiento secundario?

A fines de 2018, la ministra Marcela Cubillos logró que su proyecto se transformara en ley. Aula Segura busca, según el gobierno, sancionar "los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa que ocasione daños a la integridad física o psíquica de cualquiera de los miembros de ésta". Al mismo tiempo, aumenta las facultades del director/a del establecimiento para expulsar y cancelar la matrícula. De ocurrir esto, es el Mineduc quien debe reubicar en otro establecimiento al estudiante. Sin embargo, en la mayoría de los casos en los que se aplicó la ley, los estudiantes han quedado a la deriva.

Bullado fue el caso de Marcela Cereño, estudiante venezolana del Liceo Darío Salas, quien fue duramente increpada por la directora Lilian Vicent tras una protesta en su contra. En su oficina, hoy con puertas blindadas según denuncian estudiantes, la mujer le enrostró a la estudiante que era una "malagradecida". "El trato fue despectivo y déspota. Fue muy grosera. A mi me afectó mucho ya que me minimizó, y me dijo que desde su bolsillo alimentaba y mantenía a todos los estudiantes venezolanos del Liceo Darío Salas", denuncia Marcela.

En este tipo de tratos, Lilian Vicent tiene un historial. Llegó como inspectora al Liceo Manuel Barros Borgoño, más tarde pasó a ser curriculista, y de la noche a la mañana, mientras el director Julio Cartagena cumplía una licencia médica, Vicent se instaló como nueva directora del liceo. Yasna Salvatierra, recuerda su ascenso peldaño por peldaño.

Según comenta la exapoderada del establecimiento, semanas después de que Vicent asumió el cargo, comenzó a expulsar estudiantes y eso, al parecer, incentivó aún más la violencia. "Ella maltrataba a su personal completo y, dicho por los mismos profesores, tiene denuncias por maltrato psicológico y persecución. Eso me lo han dicho muchos profesores y me lo han escrito. Hay pruebas, por eso tengo la libertad de decirlo", espeta Yasna.

A fines de 2018, la directora Vicent logró desarticular el centro de padres liderado por Salvatierra, luego de afirmar que había robado dinero durante su gestión, acusación que ella desmiente tajantemente. Más tarde se sabría que el alcalde Felipe Alessandri ordenó cerrar todas las oficinas en las que se reunían los centros de padres de los liceos emblemáticos de Santiago.

"R", estudiante retirado del "Borgoño" por su apoderada a fines del año pasado, recuerda que junto a este proceso, y mientras la ley Aula Segura se cocinaba entre cuatro paredes, los seguimientos al interior del liceo aumentaron. "No faltó ningún pero ningún inspector que no me viera mis partes íntimas. Cuando me veían entrar al baño me seguían. A todos los que nos movilizamos nos perseguían. Ya no daban ganas ni de ir al liceo porque teníamos que soportar que los inspectores nos putearan y no podíamos estar tranquilos. De la mañana a la tarde el liceo era como una tortura", relata.

Para sorpresa de Yasna Salvatierra y sus dos hijos retirados del "Borgoño", matriculados en marzo de este año en el Darío Salas, la nueva directora del liceo ubicado en Avenida España era Vicent. Le volvieron a ver el rostro, y otros cientos de estudiantes la conocieron, entre ellos Marcela Cereño, quien afirma que "desde que ella entró en el liceo no tenemos ni voz ni voto. Producto de su persecución no hemos podido hacer nada".

Según afirma Yasna, tanto la directora de la Dirección de Educación Municipal de Santiago, Yoris Rojas, como el alcalde Felipe Alessandri estaban al tanto de las denuncias en contra de Vicent, sin embargo, hasta la fecha se mantiene en su cargo. Si es que la ley Aula Segura busca perseguir cualquier tipo de maltrato al interior de los liceos ¿por qué Lilian Vicent no ha sido investigada y/o cuestionada? ¿quién fiscaliza el accionar de docentes, profesores y directores? ¿será Aula Segura una herramienta para perseguir únicamente a estudiantes movilizados?

La expulsión como medida represiva

A través de una circular, el 16 de abril de este año, Lilian Vicent comunicó a la presidenta del centro de estudiantes del Liceo Darío Salas que estaba expulsada del establecimiento. En el documento, la directora argumentó que Alisson Estay había cometido "infracciones o faltas gravísimas al Manual de Convivencia del establecimiento educacional". Todo esto en referencia a manifestaciones al interior del liceo y a "injurias" que habría proferido en contra de Guillermo Bravo, inspector del liceo, durante una protesta en la Plaza de Armas de Santiago.

La estudiante se transformó en la primera expulsada de Vicent en el Darío Salas. Sin embargo, a través de un recurso de protección Alisson buscó que la expulsión fuera revocada, pues, según argumentó su defensa, no existían elementos probatorios que justificaran la sanción.

Hace algunas semanas, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a su favor y ordenó reintegrarla al liceo. El 29 de mayo pasado, Alisson llegó a la puerta del establecimiento, pero Lilian Vicent le prohibió el ingreso. "Tú no eres alumna del Darío Salas", le dijo, contraviniendo la decisión dictaminada por la justicia y pasando a llevar instancias legales que determinaron la "arbitrariedad" de su decisión.

"Las acusaciones en contra de Alisson fueron totalmente injustas, al igual que todos los debidos procesos que se han abierto en el liceo, en los que que finalmente ha quedado demostrada la inocencia de los estudiantes", afirma Marcela Cereño, estudiante de cuarto medio del liceo.

Una apoderada del Liceo de Aplicación, quien prefirió mantener en reserva su nombre, comenta que la ley busca perseguir y criminalizar a los estudiantes que ansían cambios en la educación. "Esta ley es para que el niño no se exprese, no critique y en el fondo apagar todos los movimientos estudiantiles porque con esa intención se hizo. Aquí no se busca mejorar el diálogo, ni buscar soluciones a los conflictos. Los petitorios de los estudiantes jamás han sido considerados, y con justa razón llega un momento en que ellos explotan", sentencia.

El conflicto permanente en el Instituto Nacional

Frente a los portones del emblemático liceo se han vivido complejos episodios de violencia durante las últimas semanas, lo que ha puesto en discusión el actuar de Carabineros y las formas de "respuesta" que emplean los estudiantes para denunciar una ley que "los persigue y criminaliza". Revisiones de mochilas, detenciones arbitrarias en las cercanías del liceo y amenazas en contra de estudiantes, es la tónica que envuelve al Instituto Nacional (IN) en un espiral de violencia ascendente.

María José Cisternas, es apoderada de segundo medio del IN, y ha seguido muy de cerca la movilización estudiantil que desencadenó Aula Segura. Sin embargo, afirma que sus demandas van mucho más allá. "Esto comenzó por las falencias que hay al interior del liceo, que son la falta de horas de profesores e infraestructura. Sumado también a la persecución de docentes y personal de aseo. Hay inspectores que persiguen a cualquier estudiante que se quiere movilizar, ya sea dentro de una asamblea o en Consejo de curso", sostiene Cisternas.

Para la apoderada, tras la promulgación de la ley, la violencia se ha intensificado y adjudica la responsabilidad al alcalde de Santiago. "Alessandri ha dicho que no ha recibido un petitorio formal y eso es totalmente falso. Hace más de un mes se le envió un petitorio y el no ha generado la instancia ni la intención de dialogar con los alumnos. Él solamente ha impuesto medidas represivas para desestabilizar todo tipo de movimiento dentro del liceo, que es claramente lo que él no quiere que exista", enfatiza.

Aun cuando las denuncias en contra de Carabineros se han masificado a través de redes sociales y medios de prensa independiente, el accionar de los uniformados no cesa. El 6 de junio la agrupación Apoderadas Organizadas, junto a la Asociación de Reporteros Independientes denunciaron el secuestro de un estudiante del Instituto Nacional que había sido amenazado con anterioridad.

"El joven fue interceptado a la altura del Parque San Borja, camino a encontrarse con su mamá, lo que nunca se concretó. Estuvo inubicable hasta avanzadas horas de la noche y cuando su madre toma contacto con el menor, este le manifiesta asustado que fue detenido, golpeado y abandonado por la policía en un sector de la ciudad", denunciaron en una declaración difundida a través de redes sociales.

El 10 de junio, frente a las apariciones en prensa sobre el conflicto y lo que ellos y ellas han podido evidenciar a las afueras del liceo, la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile (AFUCH) rechazó públicamente a través de una carta "los altos niveles de violencia que ha ejercido Carabineros sobre los estudiantes" del Instituto Nacional.

"Las imágenes de niños golpeados por integrantes de Fuerzas Especiales se han transformado en una postal permanente del sector de Alameda con Arturo Prat (...) llamamos a Carabineros y a las autoridades políticas responsables, a detener la violencia desatada contra los estudiantes: la violencia no puede ser la respuesta a quienes denuncian el abandono de la educación pública", denunció la AFUCH.

La situación se agravó aún más tras los incidentes ocurridos el 19 de junio pasado, cuando efectivos policiales y estudiantes se enfrentaron en el frontis del establecimiento, terminando con una decena de detenidos y un estudiante con quemaduras producto del lanzamiento de una bomba molotov.

En lo que va del año, Fuerzas Especiales ha ingresado al IN en innumerables ocasiones golpeando y deteniendo a estudiantes. Los niveles de violencia no solo se ven, si no que también se respiran. Por el sector, el gas lacrimógeno se ha vuelto una tónica de todos los días, y la presencia policial se naturaliza tal como ocurre en recintos penitenciarios. Mismas prácticas que se hicieron presentes en la manifestación de estudiantes secundarios en contra de la represión, el lunes 24 de junio.

Por su parte, la ministra Cubillos ha mantenido un silencio complaciente. Poco se ha dicho sobre el paro de profesores que se ha extendido por semanas, (recientemente se ha sentado a conversar con el gremio) y también sobre las críticas surgidas desde diversos sectores al retiro de historia y educación física de los curriculum escolares, entre tercero y cuarto medio. De Aula segura y la violencia en los colegios, el mutismo persiste.

La defensa de la educación pública continúa siendo una deuda pendiente. Y aunque el gobierno parece mostrarse interesado por rescatarla, su visión está centrada en que el mal de las escuelas radica en los estudiantes que las conforman. O al menos, en parte de ellos. Jóvenes "radicalizados", nutridos de "ideologías" dispuestos a "desatar el caos". Mientras esa sea la mirada, la detención, la persecución y la expulsión seguirá siendo la fórmula para detener los gérmenes rebeldes de una generación "de cambios", prácticas que no dejan de recordarnos los peores tiempos de la dictadura.

Petitorio Instituto Nacional
Londres 38, memoria, derechos humanos, denuncia, represión, persecución, estudiantes, aula segura, marcela cubillos
Petitorio Instituto Nacional
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