Informe Boca SurEn poco más de cuatro horas, los y las panelistas expusieron sobre los avances en sus diversas experiencias de investigación y judicialización, estableciendo de esta manera, puentes entre investigación, archivos y justicia.
En la apertura del Seminario, Emma de Ramón directora, y conservadora del Archivo Nacional, se refirió a los avances de la ley de Archivos resaltando el trabajo realizado. "Espero que nuestra ley de archivos, logre que estos documentos se conserven por muchos años, estamos trabajando en fortalecer esa ley, tanto para los documentos de derechos humanos, como para el resto de los grupos de documentos que tenemos en Chile, porque sabemos que en muchos lugares eso no ocurre(…). Para nuestro país, para el Archivo Nacional, es tremendamente preocupante lo que está ocurriendo, desde hace un año ya, con los documentos del archivo histórico de la Policía en Guatemala, que se encontraron, como ustedes sabrán, hace algunos años, un grupo de documentos importantísimos que abarcan desde el siglo XIX al siglo XX completo, y que da cuenta de una serie de atropellos a los derechos humanos, que realizó esa policía durante más de un siglo. Se hizo un trabajo archivístico muy interesante a propósito de estos documentos y desde hace un año aproximadamente el gobierno dejó de respaldar ese proyecto".
En el mismo sentido de las palabras de la directora del Archivo Nacional, los ponentes de la primera Mesa, titulada ¿Existe un campo de investigación sobre complicidad económica con violaciones a los derechos humanos? Una mirada regional y nacional, plantearon sus análisis y experiencias respecto al tema. En primer lugar, Gabriel Pereira, doctor en Ciencias Políticas, de Argentina, comentó su visión respecto a cómo se vinculó la complicidad de los actores económicos en su país. "Hoy por hoy, estamos mirando a un fenómeno mucho más complejo, un fenómeno muchísimo más amplio, que es la propia sangre, estamos hablando de otro tipo de fenómeno, donde hubo personas, que, en el caso de la cuestión económica, pensaban que con la sangre se iba a ganar dinero, o que ganaban directamente dinero (…) y eso tiene una relación muy fuerte sobre el consenso social de las dictaduras y el terrorismo de estado. Quiero hacer una mención, cuando hablamos de terrorismo de estado y dictadura, no es lo mismo: el terrorismo de estado también se puede implementar en tiempos democráticos. Esto también es algo que estamos aportando y poniendo en discusión, quienes trabajamos en el tema".
Seminario 2En esta misma mesa de debate, la doctora en Historia Verónica Valdivia, se refirió al enfoque limitado que han tenido los estudios de la represión política, en el caso de Chile. "El hecho de haber situado los derechos humanos y la violencia física sobre las víctimas: tortura, desaparición, violaciones; achicó el campo de los derechos humanos. Entonces, quienes se han dedicado a esos estudios, por lo menos en el campo historiográfico, en general se han focalizado en cosas muy concretas, ¿cuántos muertos?, ¿cuáles fueron las etapas de la represión? Primero, la violencia sistemática, luego la DINA, después la CNI, entonces tampoco se ha constituido un campo de estudios de la represión", resaltó la académica de la universidad Diego Portales.
Gloria Elgueta, moderadora de esta Mesa e integrante de la mesa de Londres 38, destacó la importancia de este debate y los desafíos presentes, "¿cómo salvar esa brecha que existe, entre la academia, la investigación y el activismo? Gabriel ha ilustrado muy bien cómo en otras partes se ha producido ese encuentro, que ha permitido avanzar no solo en la generación de conocimiento sobre estas temáticas, sino que también avanzar en los ámbitos de la verdad y la justicia que es lo que estamos demandando".
Experiencias de investigación y judicialización de empresas en Argentina, Brasil y Chile. Una aproximación metodológica, fue el tema de la segunda mesa de trabajo. La moderación estuvo a cargo de la abogada de Londres 38, Magdalena Garcés, quien hizo un recuento de los pocos casos en los que la justicia chilena ha avanzado, en procesos donde los empresarios participaron directamente en violaciones a los derechos humanos, luego del golpe militar.
"En Chile, hay casos de intervención directa de empresarios, de actores económicos latifundistas, uno de ellos el caso de la Papelera de Laja, donde hay acusados, y se espera condena del jefe de la Papelera, donde intervinieron directamente en la desaparición de personas. Se utilizaron vehículos, dijeron los nombres y además ayudaron a que estos cuerpos fueran inhumados y se pudieran destruir. En la región de la Araucanía, hay muchísimos casos de la intervención de latifundistas que eran pilotos de la fuerza aérea, pilotos de reserva, que por lo tanto participaron directamente, incluso reprimiendo a quienes habían participado en las tomas de sus propios fundos", sentenció la abogada.
Con este contexto, la primera expositora fue la doctora en Historia, Victoria Basualdo, quien expuso sobre esta realidad en el caso de Argentina, ejemplificando los procesos de trabajo que se han llevado a cabo en el país transandino. "Retomando testimonios de juicios por la verdad, había elementos respecto del papel que había de las empresas en estos procesos, que debían ser investigados. Entre 2001, 2003 y 2005 se produce la reapertura del proceso de justicia. En el 2001 hay un fallo en la causa Simón, que declara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia y Punto final. En el 2003, el Poder Legislativo emite una ley que también respalda la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida, olvido y de punto final, y en el 2005 la Corte Suprema ratifica todos estos procesos. Por lo tanto, en el 2005 se reabren las causas penales por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en la Argentina."
Seminario 3Pedro Campos, doctor en Historia e investigador de CNP de Brasil, destacó la investigación multidisciplinaria realizada en su país y precisó sobre los desafíos del presente. "Quiero acotar que los estudios anteriores fueron hechos por investigadores principalmente en el campo de la economía, las ciencias sociales y más recientemente, por muchos historiadores. Ya pasados algunos años del fin de la dictadura, tienen un marco muy importante que es precisamente la Comisión Nacional de la Verdad (…) En esta década, en el año 2011, la gente vio el establecimiento de la Comisión de la Verdad en Brasil y con ella la creación de varias comisiones similares a nivel de Estado, a nivel municipal, en el nivel institucional y también en el nivel empresarial. Entonces en los sindicatos, en las empresas estatales crearon estas comisiones de la verdad, en universidades, entre otras, y fue una movilización muy interesante y que tuvo un impacto significativo en la academia".
El papel actual del Archivo Nacional de Chile
José Ignacio Fernández, encargado de Educación y extensión del Archivo Nacional expuso sobre el estado actual de la documentación relacionada con la represión en Chile y con las causas de derechos humanos, señalando que existen avances en esta materia, en especial con registros de documentación más allá de los organismos represivos. "Es importante incluir en esta discusión los documentos generados por ministerios y servicios públicos y otro tipo de instituciones estatales, los cuales también dan cuenta del accionar represivo del Estado. No solamente podemos hablar de archivos de la represión, cuando hablamos de lo que fue la DINA, la CNI y todos los cuerpos represivos del Estado para esos propósitos, sino también de las distintas secretarías de Estado. Esa definición nos permite abordar la situación de estos documentos, que custodia una organización archivística como el Archivo Nacional, donde abunda documentación de instituciones estatales como ministerios y servicios públicos, donde uno puede encontrar documentación en forma fragmentaria".
Al finalizar el evento Roberto Manríquez, encargado del Proyecto Archivo Colonia Dignidad del Archivo Nacional, destacó la labor de las organizaciones de derechos humanos que, gracias a sus denuncias y movilizaciones, permitieron resguardar como patrimonio toda la documentación encontrada en el ex enclave alemán Colonia Dignidad. "La llegada de este archivo, nos indica bastante respecto a la labor de justicia y verdad desarrollada en nuestro país. Fue una labor fundamentalmente desarrollada por grupos defensores de derechos humanos, que provocaron que este archivo terminara acá. ¿Bajo qué fórmula?, bueno este archivo fue encontrado en dos pesquisas policiales, el año 2000 y el año 2005, estos archivos se encontraron en poder de la policía de investigaciones, en la JIPOL específicamente, pero las agrupaciones humanitarias, olfatearon que esto podría terminar en una bodega, o ser parte del archivo judicial, entonces impulsaron su declaratoria como Monumento nacional".
Las ponencias de este seminario estarán próximamente disponibles en una publicación que será editada por Londres 38, espacio de memorias, para dar testimonio del avance y las dificultades aún presentes en nuestros países, en materias de Verdad y de Justicia.
