EvasiónProtagonizada por estudiantes secundarios, la masiva evasión del pago en el metro de Santiago comenzó el viernes 11 y se ha extendido durante varios días constituyéndose en una experiencia ejemplar por el sentido de sus demandas, la capacidad de organización y el impacto social. Ella permitió romper el cerco informativo que suele invisibilizar la movilización social, y remover, al menos parcialmente, la actitud resignada de parte de la sociedad ante las sucesivas y arbitrarias alzas del transporte, justificadas por razones "técnicas" que afectan siempre a los más desposeídos y no a quienes las conciben, profundizando una desigualdad histórica y estructural.
Esta movilización es también ejemplar por su impronta solidaria: aunque el pasaje escolar no se modificó en la reciente alza, los estudiantes comprendieron muy bien que esta medida afectaba a una mayoría y, sobre todo, que no se trataba solo de demandar derechos y reivindicaciones personales o grupales sino aquellas transversales que afectan y precarizan la vida de todos y todas. Esto es lo que no quiere comprender la derecha ni el gobierno, al descalificar rápidamente al movimiento afirmando que los estudiantes carecen de argumentos para protestar, y al amenazarlos con acciones legales y privar del derecho al pase escolar a los estudiantes "evasores", beneficio que, hay que recordarlo, no fue concedido espontáneamente sino conquistado por varias generaciones de jóvenes mediante diversas formas de protesta y movilización.
La acción estudiantil ha sido criminalizada sin que las autoridades hayan podido hasta ahora configurar el "crimen", mientras tanto la violencia sistemática y arbitraria de Carabineros se ha hecho cotidiana. Al respecto es pertinente recordar lo señalado por el Relator Especial de Naciones Unidas, Maina Kiai, quien ya en 2015 instó al Gobierno de Chile a eliminar "los vestigios de la dictadura" que afectan la libertad de manifestación y a no estigmatizar a los manifestantes.
En paralelo a la protesta estudiantil, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de diputados aprobó, con modificaciones que no afectan lo sustantivo, el proyecto de ley del ejecutivo de Control Preventivo y su ampliación a los menores de 16 años, medida que en otros países se ha demostrado completamente ineficaz para combatir los delitos que se pretende y que, sobre todo, viola los derechos de niños, niñas y adolescentes considerados sujetos de protección especial por la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana de Derechos Humanos que el Estado de Chile debiera observar.
En lugar de buscar la resolución de los problemas económicos, sociales y políticos y la desigualdad que están tras estas protestas, se opta una vez más por la represión. Se ignora así el pasado y las numerosas experiencias históricas en que el problema del transporte público fue un factor central o el detonante de grandes movilizaciones, desde la huelga de los tranvías en 1888, la 'Revuelta de la chaucha' en 1949, la 'Batalla de Santiago' en abril de 1957, o la serie de grandes movilizaciones estudiantiles desde el 'Mochilazo' del 2001, la 'Revolución pingüina' del 2006, y las manifestaciones del 2011, entre otras.
Al igual que en algunas de esas experiencias, en esta ocasión las y los estudiantes secundarios han estado solos o no han tenido el apoyo necesario, a pesar de la justeza de sus demandas y del carácter ejemplar de su accionar que hoy interpela a toda la sociedad, demostrando que el derecho que no se exige no existe. Pero como esta es una sociedad dividida se ha cuestionado incluso la legitimidad de la protesta. Por ello, esta movilización debiera ser apoyada con decisión por todas las organizaciones sociales y de derechos humanos, y sus protagonistas respaldados y defendidos de la criminalización y la persecución política con que hoy se les amenaza.
