Informe de Londres 38 espacio de memorias, sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del estado en el contexto de las movilizaciones sociales (a partir de octubre 2019)

Londres 38, espacio de memorias, presenta en este informe una breve descripción del contexto general acerca de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el contexto de las masivas y pacíficas manifestaciones sociales acaecidas a partir de octubre de 2019. Asimismo, se indican las cifras de victimización elaboradas por las instituciones nacionales de derechos humanos, el Estado y la sociedad civil, y la disparidad de las mismas. Finalmente, efectúa una reseña de la labor de Londres 38, en la defensa y denuncia de las vulneraciones a los derechos humanos, ofreciendo una serie de recomendaciones al Estado.

1. ANTECEDENTES GENERALES, ESTADO DE EMERGENCIA CONSTITUCIONAL Y GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS.

Frontis Londres38

a.- Antecedentes generales

A comienzos de octubre de este año, el Gobierno informó a través de los medios de prensa una nueva alza en la tarifa del Metro de Santiago, principal medio de transporte de los santiaguinos. La indignación de esta medida fue protagonizada por los estudiantes secundarios quienes, a través de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios ACES, convocaron a protestar por dicha alza a través de las evasiones masivas en el pago del Metro. Estas evasiones generaron gran impacto social, siendo apoyada por la población en general, la que poco a poco comenzó a sumarse debido al descontento por la gran desigualdad social y económica imperante desde hace décadas.

Frente a las evasiones masivas, el Estado en un intento de invisibilizar el movimiento social, respondió a los medios de comunicación que se trataban de jóvenes con tendencias anarquistas, por lo que serían fuertemente sancionados por la autoridad, amenazándolos incluso con la aplicación de la ley de seguridad del Estado y otras medidas de castigo, como el retiro del pase escolar (tarjeta que les permite a los estudiantes pagar un precio reducido en los medios de transporte). Asimismo, las manifestaciones pacíficas de los estudiantes que se realizaban en las estaciones del metro y las cercanías de alguna estación, comenzaron a ser fuertemente reprimidas por fuerzas especiales de Carabineros, generando lesiones de diversa gravedad a jóvenes cuyas edades no superaban los 18 años de edad.

El viernes 18 de octubre las manifestaciones continuaron de manera programada en diversas estaciones del Metro, con algunos actos de violencia que incluyeron la quema de estaciones de metro y saqueo. El Ministro del Interior anunció la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado y, posteriormente, el Presidente de la República declaró el estado de excepción constitucional de emergencia en la provincia de Santiago y Chacabuco, así como en las comunas de Puente Alto y San Bernardo. El estado de excepción fue progresivamente impuesto en gran parte del territorio nacional , las autoridades militares designadas decretaron el toque de queda y militares asumieron funciones de seguridad y orden público. Mientras que el Ministro del Interior lo justificaba en razón de los graves actos de vandalismo, el Ministro de Defensa argumentaba que las Fuerzas Armadas habían sido provocadas por los delincuentes "y nuestros soldados no han caído en el juego de dejarse provocar" .

La reacción estatal no hizo más que consolidar el apoyo ciudadano a las protestas y manifestaciones que habían sido originadas desde el mundo estudiantil, sumándose una serie de organizaciones sociales que exigían un nuevo pacto social que velara por la igualdad y justicia, reclamando por mejoras en el sistema de salud, educación, régimen previsional, reducción de la dieta parlamentaria, trabajo digno, nueva ley de migración, autodeterminación de los pueblos originarios, nueva Constitución Política de la República, entre otros. A medida que se desarrollaban nuevas manifestaciones estas demandas fueron convirtiéndose en exigencias de cambios estructurales al modelo económico y reemplazo de la Constitución impuesta por la dictadura cívico militar.

En la noche del domingo 20 de octubre, el Presidente de la República, Sebastián Piñera sostuvo: "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite", argumentando que el enemigo, es decir, los estudiantes y el movimiento social en general, utilizaba lógicas de una "organización criminal". A su vez, aprovechó de felicitar el "excelente trabajo" de las Fuerzas Armadas que se había desplegado a nivel nacional. En esta misma aparición pública, las autoridades informaron de 8 muertos en el país, sin detallar el número de personas muertas por acción de las FFAA y de las policías, que previamente había sido anunciado por la vocera de gobierno.

Estas declaraciones generaron el rechazo por parte de los partidos políticos de oposición al gobierno así como el repudio e indignación de la gran mayoría de la población, quienes ahora exigían, a través de las manifestaciones pacíficas, la renuncia del Presidente y la destitución de los Ministros de Interior, Transporte, Salud, entre otros.

El martes 22 de octubre, el Subsecretario del Ministerio del Interior señaló que habían fallecido 15 personas, principalmente con ocasión de "quemas y saqueos a centros comerciales", sin abordar las preguntas relativas a la violencia empleada por las Fuerzas Armadas y de Orden, según se informaba a través de medios alternativos de comunicación, o referirse a las denuncias por la comisión de actos de torturas u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, las detenciones ilegales cometidas contra niños, niñas y adolescentes, los reiterados actos de violencia sexual en comisarías, entre otros hechos que revestían la máxima gravedad.

Tampoco los medios de comunicación cumplieron su labor de informar de manera seria, responsable y transparente a la población, aludiendo en la mayoría de sus reportajes a que las evasiones masivas del pago del metro eran "actos de vandalismo", resaltando en las noticias los actos de saqueos, incendios y delincuencia común por sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Esto generó desconfianza en la mayoría de la ciudadanía, quienes se informaron por medios de prensa alternativa o a través de redes sociales, a la vez que se convocaba a que la gente "apagara el televisor".

El miércoles 23 de octubre, el Presidente de la República señaló en conferencia de prensa que la desigualdad económica en Chile es un problema que se arrastra hace décadas que los gobiernos anteriores no fueron capaces de abordar, ante lo cual agregó: "reconozco esta falta de visión y les pido perdón a mis compatriotas", anunciando a continuación una serie de medidas sociales. Sin embargo, mantuvo el estado de emergencia y el toque de queda a lo largo de casi todo el país.

Las medidas propuestas por el Estado fueron rechazadas ampliamente por diversos sectores sociales y políticos de oposición, porque no abordaban de manera integral las deficiencias estructurales en materia de igualdad y justicia y diversos actores sociales convocaron a una "súper marcha" en señal de protesta. Dicha manifestación se realizó el viernes 25 de octubre, de manera pacífica, en la que participaron más de 1.200.000 personas, siendo la más masiva desde el retorno a la democracia y se desarrolló ., en medio del intenso despliegue de las Fuerzas Armadas y de Orden, que no dejaron de actuar de manera represiva frente a la movilización, a pesar de que los focos de violencia eran menores. Manifestaciones masivas se realizaron también en el resto del país, cifrándose los participantes en un total de 2.000.000 de personas.

El lunes 28 de octubre, el Presidente de la República anunció el término de los estados de emergencia constitucional, en medio del descontento social, las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos y el anuncio de la visita de la Misión de Expertos de Naciones Unidas para verificar en terreno las graves violaciones a los derechos humanos que se estaban denunciando. Hasta la fecha, las manifestaciones y convocatorias a marcha han continuado a lo largo del país, así como el accionar represivo de las policías, la negación del Estado de hacerse cargo de las demandas sociales y reconocer las violaciones a los derechos humanos, criminalizando una vez más, la protesta social.

b.- Estado de excepción constitucional de emergencia y decretos emitidos por la autoridad.

El estado de excepción constitucional de "emergencia", está contemplado en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Chile y permite la afectación de derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas. El artículo 42 de la Constitución, permite al Presidente/a de la República declarar el Estado de emergencia, en casos de "grave alteración del orden público o de grave daño para la seguridad de la Nación", determinando las zonas afectadas, por un plazo de 15 días renovable por igual periodo.

El territorio en emergencia, queda a cargo de la autoridad militar que sea designada como Jefe de la Defensa Nacional. El artículo 43 inciso cuarto de la Constitución permite que, por la declaración del estado de emergencia, la restricción de las libertades de locomoción y de reunión.

El día sábado 19 de octubre pasado, por medio de Decreto Supremo N° 472 de 19 de octubre de 2019 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Santiago y Chacabuco, así como las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Fue designado como Jefe de la Defensa Nacional al General de División Javier Iturriaga. El mismo sábado se declaró el toque de queda, impidiendo la libre circulación de personas, a partir de las 22.00 horas hasta las 07.00 horas del día siguiente. Luego, se decretó el estado de excepción constitucional de emergencia en la Región de Valparaíso por medio de Decreto Supremo del Ministerio del Interior N° 273, designándose como Jefe de Defensa al Contralmirante Juan Andrés de la Maza Larraín, quien decretó toque de queda a las 12.00 de la noche del mismo día, avisando a la población sólo 45 minutos antes.

El mismo día se decretó el estado de emergencia en la Provincia de Concepción, designándose como Jefe de la defensa a Carlos Huber Vio, Contralmirante de la Armada de Chile (Decreto Supremo 474 del Ministerio del Interior, de 19 de octubre de 2919), quien decretó el toque de queda a partir de las 01.00 de la mañana del domingo.

Por Decreto Supremo N° 479 del 20 de octubre de 2019, se amplió el estado de emergencia a toda la Región Metropolitana. El mismo día se decretó toque de queda a partir de las 19.00 horas, hasta las 07.00 am del día lunes 21 de octubre de 2019. Posteriormente, se amplió el estado de emergencia constitucional a diversas regiones, provincias y comunas, decretándose los respectivos toques de queda.

Cabe agregar que, el Jefe de Defensa no tiene facultades para restringir o limitar los derechos contemplados en la Constitución Política de la República, situación que se genera a través de la determinación del toque de queda. Es el Presidente de la República quien podría limitar, en algunos casos, determinados derechos, asimismo, podría delegar dichas facultades al Jefe de la Defensa Nacional, sin embargo, ninguna de las dos hipótesis se cumplieron. De esta manera, tanto los decretos como resoluciones de toque de queda fueron ilegales, no ajustándose a la Constitución ni a los tratados internacionales.

Finalmente, luego de 10 días de haberse decretado el estado de emergencia, el Presidente de la República anunció el 28 de octubre que lo dejaba sin efecto.

c.- Graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado

Con ocasión de la fuerte represión ejercida por las Fuerzas Armadas y de Orden en contra los manifestantes, dentro de los cuales, se incluyen, niños, niñas y adolescentes, se vulneraron los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales de los y las detenidas, libertad de pensamiento y expresión, derecho de reunión, derecho a la niñez y derecho de circulación.

Tras la declaración del estado de emergencia, evidentes limitaciones de derecho a la libertad de tránsito se produjeron en todo el país. Además, la movilización de las Fuerzas Armadas para tareas de orden público y el accionar de represivo de Carabineros, han vulnerado diversos derechos humanos, situación que se ha mantenido con posterioridad al término del estado de emergencia, incluso intensificándose el nivel de agresión, el tipo de lesiones que sufren los y las manifestantes y la sofisticación de los métodos de inteligencia de las policías, quienes ya no sólo reprimen en las manifestaciones pacíficas propiamente tal, sino que a través de detenciones ilegales ejecutadas por funcionarios civiles.

Durante estas semanas, más de un millar de personas han sido heridas, algunas de ellas afectadas por el uso indiscriminado de gas lacrimógeno; muchas han sido lesionadas con heridas de balines de gomas, que dejan secuelas permanentes en las personas, 157 han perdido parcial o totalmente la visión producto del uso de este tipo de armamento, lo cual revela la sistematicidad del procedimiento; además miles de personas han sido detenidas hasta la fecha, incluso defensores de derechos humanos. Imágenes de público conocimiento que circulan en redes sociales dan cuenta en reiteradas ocasiones de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la policía y Fuerzas Armadas, incluyendo el uso de armas de fuego. Asimismo, se ha informado de detenciones ilegales a dirigentes estudiantes desde sus domicilios, se investigan actos de torturas y de otros malos tratos en centros de detención y comisarías, así como diversos actos de violencia sexual a mujeres, hombres, jóvenes y a personas LGTBIQ+, que van desde la amenaza de violación sexual, a la violación sexual propiamente tal, mientras se les profieren una serie de insultos como forma de castigo por participar de los movimientos sociales.

2. CIFRAS DE VICTIMIZACIÓN

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a.- Cifras oficiales de instituciones nacionales de derechos humanos por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

De conformidad a la información que ha ido entregando el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a través de la página web y de redes sociales de la institución, entre el 18 y 28 de octubre de 2019, periodo en el que se extendió el estado de emergencia, 3.535 personas fueron detenidas en el marco de las manifestaciones sociales o por infracción al toque de queda, de las cuales 593 corresponden a mujeres y 375 a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, se reportó un total de 1.132 personas heridas, dentro de las cuales se encuentran heridas por balines y/o perdigones (329 casos), arma de fuego no identificada (238 casos), disparo de balas (38 casos) y heridas oculares (127 casos). Y durante este periodo, dicha institución interpuso 120 acciones judiciales ante los tribunales de justicia por graves violaciones a los derechos humanos cometidos por agentes del Estado, en particular, 5 querellas por el delito de homicidio calificado, 18 querellas por violencia sexual y 76 querellas por torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Sin embargo, a pesar del término del estado de emergencia, y dada la nula e insuficiente respuesta por parte de las autoridades, las manifestaciones y protestas sociales continúan hasta la fecha, recrudeciéndose la violencia policial ejercida por las policías y sofisticándose el nivel de represión. Es así como el INDH señaló que, al 14 de noviembre, se reportaba un total 6.199 personas detenidas en el contexto de las manifestaciones, de las cuales 938 corresponden a mujeres y 726 a niñas, niños y adolescentes. En cuanto a los heridos en hospitales, también aumentaron a un total de 2.365, especialmente la cifra de heridos por disparo de balines y perdigones (774 casos) y de lesiones oculares (217). En total, hasta la fecha, han interpuesto un total de 335 acciones judiciales por violaciones a los derechos cometidas por agentes del Estado, aumentando significativamente la cifra de querellas interpuestas por torturas u otros tratos a la de 236 casos. Asimismo, mencionaron que hasta la fecha habían presentado 57 querellas por violencia sexual, dentro de las cuales se incluyen casos por desnudamientos en comisarías, amenazas, tocaciones y cuatro violaciones sexuales.

Por otra parte, la recientemente creada Defensoría de la Niñez, señaló que en la Región Metropolitana, entre el 18 y 26 de octubre , se han producido 240 detenciones de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, indicó que entre 18 de octubre y el 6 de noviembre existen 162 niños, niñas y adolescentes lesionados por heridas de balas, perdigones, entre otros. Particularmente grave fue el caso en que carabineros ingresa al Liceo N° 7 de niñas, a solicitud de la directora del establecimiento, comenzando a disparar a las alumnas que estaban convocando a un paro de las clases en señal de protesta, resultando dos adolescentes con múltiples heridas de perdigón en sus cuerpos (una de ellas, con más de 10 heridas de perdigón en sus piernas). Este hecho fue denunciado por las víctimas y condenado por la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien señaló que estábamos frente a hechos de la máxima gravedad, exigiendo a las autoridades que no se continúe relativizando la violencia contra niñas, niños y adolescentes.

b.- Cifras oficiales del Estado por violaciones a los derechos humanos

A través de los informes elaborados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se reportan cifras de algunas de las instituciones estatales que tienen responsabilidad en los hechos. Dichas cifras discrepan de las cifras de las instituciones nacionales de derechos humanos, y en mayor medida, con las cifras que se han ido levantando desde la sociedad civil. Asimismo, preocupa que la información proporcionada a través de estos informes se encargue de registrar la violencia delincuencial, como la cantidad de saqueos o los daños a los vehículos de las policías, colocándolos a un mismo nivel que las graves violaciones a los derechos humanos, intentando en una maniobra de desinformación, justificar los actos de represión de las autoridades en contra de la población.

En este orden de cosas, las policías (Carabineros y Policía de Investigaciones PDI) reportaron que entre el 19 de octubre y el 13 de noviembre, existiría un total de 972 civiles lesionados y 1753 funcionarios de Carabineros, Fuerzas Armadas y de la PDI lesionados . Además, señalaron un total de 13.568 personas detenidas (sin considerar a los detenidos por infracción al toque de queda, que sumaron 2.037).

Llama la atención la discordancia entre las cifras entregadas por el INDH y las fuerzas policiales en el mismo periodo de tiempo, esto es, entre 18 de octubre y 14 de noviembre, por una parte, el INDH afirma la existencia de 2.365 víctimas civiles lesionadas, mientras que Carabineros y la PDI mencionan a sólo 972 civiles lesionados, existiendo una diferencia de más de mil víctimas.

En cuanto a las víctimas fallecidas durante el estado de emergencia, Carabineros y PDI reportaron un total de 21 muerte, sin referirse a la causa del deceso ni a los responsables de los mismos. Mientras que según información proporcionada por la Fiscalía Nacional, entre el 18 y el 27 de octubre se investigan 23 muertes, de las cuales 5 fueron por acción de agentes del Estado y 2 bajo custodia del Estado (en comisarías). Asimismo, informó que existen 840 denuncias por violaciones a Derechos Humanos, de las cuales 669 corresponden a hombres, 164 mujeres y 7 casos en los que no se ha podido identificar el sexo. En cuanto a sus edades, 122 víctimas son niños, niñas o adolescentes; 713 son personas adultas y 5 aún sin definir la edad.

Por otra parte, según información proporcionada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se informó que hasta el 11 de noviembre habían presentado 283 querellas a nivel nacional por infracción a la ley de seguridad del Estado, los que incluyen casos de incendios, saqueos u otros desórdenes.

En cuanto a la Defensoría Penal Pública (institución del Estado que se encarga de la defensa penal de los imputados en los procesos penales) señaló que, entre el 20 de octubre y el 08 de noviembre, se ha aplicado la ley de responsabilidad penal adolescente en 1.132 casos, asimismo, señaló que existía un total de 1.018 casos en los que se ha declarado que la detención fue ilegal.

Preocupa que no existan cifras oficiales que provengan desde el Ministerio de Salud respecto a la cantidad de víctimas heridas con ocasión de las manifestaciones y represión policial, así como el tipo de lesiones que han sufrido a lo largo de este periodo, especialmente, respecto de niños, niñas y adolescentes y otros grupos vulnerables, como migrantes o discapacitados. Lo anterior, teniendo en consideración que las cifras deben ser considerablemente superiores a los señalados por el INDH, toda vez que esta institución ha recopilado información en base al despliegue de su personal, que se ha visto sobrepasado por la gran cantidad de detenidos y de víctimas lesionadas.

c.- Cifras provenientes de la sociedad civil por graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.

Con motivo de la fuerte represión y violencia ejercida por las policías, fuerzas de orden y seguridad y las Fuerzas Armadas en contra de los manifestantes, diversas organizaciones e instituciones se han coordinado para intervenir en la defensa y asistencia judicial de las víctimas del actuar de agentes del Estado. Una de ellas, es la Defensoría Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que agrupa la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), Londres 38, espacio de memorias, La Casa común, Corporación 4 de agosto, Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Centro de estudiantes de Derecho de la misma casa de estudios, y un importante grupo de profesores, abogados y estudiantes voluntarios.

La Defensoría Jurídica y la participación de un gran número de voluntarios de piquetes jurídicos, desplegados a nivel nacional, han desempeñado una importante labor de registro, denuncia y defensa, sobre todo teniendo en consideración que el INDH no dio abasto para realizar todo el trabajo que se requería como observadores de derechos humanos y en la defensa de las víctimas. Dentro de las actividades que se han realizado se encuentran: las visitas a comisarías u otros centros hospitalarios, registro actualizado de los detenidos, revisión de las condiciones de detención, recepción de antecedentes para confección de denuncias, interposición de recursos de amparos, confección de informes para organismos internacionales, entre otros.

Así es como la Defensoría Jurídica, de la cual es parte Londres 38, espacio de memoria, informó que, entre el 24 de octubre y el 13 de noviembre, ha recepcionado 1.364 denuncias de lesiones, dentro de las cuales, se mencionan 3 casos de proyectiles balísticos y 929 a disparos de proyectiles no balísticos causantes de lesiones de distinta gravedad, destacando la existencia de 136 casos en los que se han provocado lesiones oculares que han conllevado a la pérdida total o parcial de la visión.

Asimismo, señala que se han recibido 141 denuncias de lesiones por lanzamiento de bombas lacrimógenas, las que han impactado directamente al cuerpo. Se suman 135 denuncias de golpes que han causado lesiones de diversa gravedad, destacando 1 caso de una persona con TEC abierto que arriesga daño cerebral. También se registraron 7 denuncias por desnudamientos en recintos de detención y 8 casos de atropellos por vehículos policiales. Además de otras 60 denuncias de hechos constitutivos de detención arbitraria e ilegal con torturas. Todo lo anterior, ha motivado a la Defensoría Jurídica interponer 419 denuncias ante el Ministerio Público.

En cuanto al género de las personas denunciantes 3 son de género no binario, 179 mujeres y 1.161 hombres (22 sin información). Respecto al rango etario, 82 de estos casos corresponden a niños, niñas y adolescentes, y 4 denunciantes son de la tercera edad. Además, 13 personas son migrantes, otras 3 tienen distintos tipos de discapacidad, y 7 son personas en situación de calle.

Por otra parte, el Colegio Médico de Chile, informó el miércoles 23 de octubre ante el Senado que contabilizan a 1.183 personas lesionadas en la Región Metropolitana relacionadas con disturbios en centros de urgencia, 10 de ellos en riesgo vital, 160 personas hospitalizadas y 434 lesionadas en atención primaria. Asimismo, señaló que existían 29 pacientes con trastorno ocular severo en el Hospital El Salvador, 15 de ellos, tenían estallido ocular siendo el principal mecanismo de acción por balines de goma y 9 de ellos con visión cero al ingreso (pérdida de visión total permanente).

En esa oportunidad, cuando aún regía el estado de emergencia y los toques de queda, afirmaron que habían comprobado que las fuerzas de orden no estaban cumpliendo los protocolos o procedimientos de actuación ante manifestaciones públicas, toda vez que, del análisis de las lesiones, los disparos se dirigían directamente a los manifestantes, incluso a sus rostros.

Esta situación no empeoró, el martes 5 de noviembre, el Colegio Médico reportó más de 180 casos de personas que han sufrido lesiones oculares severas, 139 casos fueron observados y tratados en la Unidad Trauma Ocular del Hospital Salvador (117 hombres y 22 mujeres), entre los cuales se encuentran "32 pacientes con traumatismo ocular con globo abierto, 18 con estallido ocular y 14 con herida permanente debido principalmente al impacto de balines de goma en el contexto de las protestas sociales que se desarrollan en el país." Además, advirtieron que las cifras debiesen aumentar teniendo en consideración que las personas lesionadas pudieron ser atendidas en otros centros o en otras clínicas, desconociéndose la cifra real de lesionados en marchas y manifestaciones sociales. Hasta el 09 de noviembre, la cifra de lesiones oculares registradas por el Colegio Médico fue de 201 víctimas, dentro de los cuales, se incluyó el caso de un joven que perdió la visión de ambos ojos.

En este contexto, el Colegio Médico afirmó que, en Chile, "en dos semanas, hemos tenido un mayor número de casos que en cualquier situación de agitación social que se ha presentado en el mundo. La única estadística mundial que se acerca un poco a lo que hemos visto en Chile, es de Israel, donde hubo 154 pacientes con ojos lesionados, pero en seis años". Esto es reafirmado por la Sociedad Chilena de Oftalmología, quien aseguró que en menos de tres semanas Chile lidera el número de heridos en su globo ocular por disparos, calificando la situación como de "emergencia sanitaria".

Otros hechos que son motivo de máxima preocupación es la denuncia realizada por el Colegio Médico de estar siendo intimidados para no entregar información y de que se interpondrían acciones judiciales en contra del personal médico que acudiese a centros asistenciales a atender a heridos de las manifestaciones sociales. Asimismo, indicaron que faltaba asesorar adecuadamente a las personas heridas en cuanto a que podían denunciar por lesiones, y denunciaron que Directores de recintos hospitalarios no entregaban información cuando se les requería, acusando al Ministerio de Salud de no transparentar las cifras reales de víctimas lesionadas por el accionar de agentes del Estado.

Asimismo, se han creado de manera espontánea diversos grupos de voluntarios que buscan apoyar desde el área de la salud a las víctimas en las mismas manifestaciones, para lo cual se han integrado de médicos, enfermeras, estudiantes de distintas disciplinas de la salud, sicólogos, rescatistas, entre otros; uno de ellos es "Salud a la Calle" que comenzó a trabajar desde el mismo 18 de octubre hasta la fecha, compuesta en la actualidad por más de 100 voluntarios, señalaron que la violencia policial ha recrudecido a lo largo de este periodo, en un comienzo las lesiones ocasionadas por balines u otros proyectiles afectaban las extremidades inferiores de los manifestantes, y posteriormente recrudecieron el nivel de intensidad de las heridas, extendiéndose además en zonas más peligrosas como el tronco y rostro. Además, adujeron que han reportado una gran cifra de manifestantes heridos por lanzamientos de bombas lacrimógenas dirigidas directamente al cuerpo de los lesionados, y el uso indiscriminado del gas pimienta. Afirman, que dado el nivel de violencia al que se encuentran expuestos, están siendo apoyados emocionalmente por especialistas voluntarios, para así seguir afrontando la represión de la autoridad y el impacto de las heridas de las víctimas.

3. TRABAJO REALIZADO POR LONDRES 38 EN EL MARCO DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

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Con motivo de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el contexto de las manifestaciones ocurridas desde el pasado 18 de octubre en Chile, Londres 38 se organizó para colaborar a través de diversas líneas de acción tendientes a denunciar dichas vulneraciones y defender los derechos humanos de la población civil. Una de estas acciones consiste en la facilitación y acondicionamiento del inmueble para ser utilizado como punto de primeros auxilios de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH) para atender a las víctimas heridas o lesionadas en las manifestaciones y marchas realizadas en el centro de Santiago, y por otra parte, en conjunto con la Defensoría Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ha prestado asistencia jurídica y legal a las víctimas, visitado a detenidos en las comisarías, deducido acciones de amparo por víctimas con graves lesiones, entre otras.

a.- Inmueble de Londres 38, utilizado como punto de primeros auxilios para heridos en manifestaciones.

Dado que Londres 38 se encuentra ubicado en pleno centro de Santiago, se convirtió en el lugar estratégico para que pudiera ser utilizado como espacio de atención de primeros auxilios para las personas que sufren diversas lesiones por parte del actual represivo de las policías en el contexto de las movilizaciones sociales. Este equipo es liderado por un grupo de aproximadamente 10 estudiantes del área de salud de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), quienes desde el miércoles 23 de octubre hasta la fecha, se han desempeñado junto a profesionales del área de la salud como parte de las cuadrillas de primeros auxilios. La labor de este equipo de estudiantes no ha sido sencilla, han debido buscar los lugares donde poder trabajar de manera más o menos segura, otros se encuentran desplegados en las calles, y han debido buscar la forma de proveerse de insumos para curar las heridas de los enfermos.

Así, Londres 38 acondicionó dos salas del primer piso para que pudiera funcionar la zona de primeros auxilios, ofreciendo asimismo, atención sicológica y jurídica, éste último a cargo de un equipo de la Defensoría Jurídica de la misma casa de estudios, que cumplió la importante labor de registrar los casos que llegaban hasta el espacio de memorias y realizar, a petición de la víctima, la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

De conformidad al registro proporcionado por el equipo de primeros auxilios, entre el 23 de octubre y el 12 de noviembre, se han atendido en Londres 38 a 241 personas con heridas de diversa gravedad, de las cuales, 24 corresponden a niñas, niños y adolescentes. Han contabilizado 80 casos de lesiones provocadas por proyectiles (en las que se incluyen: cartucho de gas lacrimógeno, balines o perdigones), 86 atenciones por intoxicación por químicos (incluyendo reacciones a gas lacrimógeno, pimienta, agua del carro lanza agua, y cualquier tipo de reacción ya sean respiratorias, de piel y mucosas, oculares, etc.). Asimismo, han atendido traumas oculares, y traumas por golpes, contusiones, esguinces, entre otros.

Llama la atención que la mayor cantidad de heridos atendidos en Londres 38 se produjo con posterioridad al término del estado de emergencia, en efecto, sólo el día lunes 28 de octubre atendieron 82 personas heridas, algunas de las cuales, debieron ser trasladadas a servicios de urgencia. Esos días también cumplió un rol fundamental el área de contención sicológica debido a las crisis de pánico que sufrieron tanto las personas que se manifestaban pacíficamente como los transeúntes en la zona.

Señalan que los primeros días de atención, las lesiones se debían principalmente a heridas por perdigones y balines, recrudeciendo posteriormente, con la utilización de una gran cantidad de gas pimienta y bombas lacrimógenas por parte de las fuerzas especiales de Carabineros. Relataron que, una de las personas atendidas, tenía lesiones de gravedad en su cuerpo por haber recibido un impacto de corta distancia de una bomba lacrimógena, la cual se le incrustó en su brazo causándole desprendimiento de la piel. Otros fueron atendidos porque las bombas lacrimógenas fueron lanzadas a sus rostros, ocasionándoles lesiones de gravedad, como la pérdida de la dentadura.

Asimismo, evidenciaron que en un comienzo las heridas de perdigones se encontraban en zonas fuera de peligro (como en las extremidades inferiores), sin embargo, posteriormente dichas heridas venían en todo el cuerpo, especialmente en áreas que revisten mayor peligrosidad a la vida de las personas. Lo anterior se explica porque según relataron las personas heridas, la policía como maniobra de dispersión de los manifestantes y de represión comenzaron a disparar ráfagas de perdigones u otras armas de fuego directo al cuerpo y rostro, de un lado para otro, sin cesar.

Preocupa el nivel de violencia de las policías no solo en contra de los y las manifestantes y personas que circulan por el área (vendedores, trabajadores, etc.), sino que, especialmente, en contra de las personas voluntarias de primeros auxilios, quienes han sufrido diversas heridas cuando atienden de urgencia a los heridos en las manifestaciones propiamente tal. Señalaron que, en plena calle, en una zona demarcada como atención de primeros auxilios de heridos, carabineros comenzaron a dispararles y lanzarles bombas lacrimógenas, razón por la cual, uno de los voluntarios, quien vestía su uniforme y grandes señales de la cruz de atención en salud, se acerca a ellos con las manos en alto suplicando que se detuvieran, sin embargo, éste lo roció de gas pimienta en todo su cuerpo, sufriendo heridas de extrema gravedad y una crisis respiratoria. En otros casos, voluntarios de primeros auxilios han sufrido por las bombas lacrimógenas, gas pimienta, y otros líquidos, mientras trasladan heridos desde la Alameda hacia Londres 38, uno de ellos quedó con quemaduras y picazón en todo su cuerpo, estuvo durante días con dificultades para caminar y con pérdida de la orientación.

b.- Recepción de antecedentes de personas heridas y realización de denuncias ante la Fiscalía.

Conjuntamente a la atención de primeros auxilios, en Londres 38 se desempeñó un equipo de estudiantes de derecho de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile la que tuvo la importante labor de registrar y confeccionar fichas de atención de las personas heridas, así como la de fotografiar las heridas para que sirvieran de prueba en los procesos penales. Igualmente, se encargaron de orientar y asesorar judicialmente a las víctimas, y a realizar denuncias ante la Fiscalía, cuando las personas atendidas así lo manifestaban.

Este equipo conformado por 3 voluntarios señaló que, entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre, han presentado 82 denuncias por lesiones ante la Fiscalía. Dentro de los casos que atendieron recuerdan el de un joven que sufrió un impacto de perdigón en su mentón, al comienzo no estaba seguro de denunciar, una vez que toma el valor de hacerlo escucha que el Director del INDH señaló a los medios de comunicación que los hechos acontecidos en Chile no configuraban graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos, generándole depresión y desechando toda posibilidad de denunciar. Su familia le insiste que haga la denuncia en Londres 38, lugar que le generó confianza, toda vez que se trataba de un espacio que había sido recuperado una vez finalizada la dictadura, así que finalmente se acercó al equipo para la interposición de la denuncia.

Dentro de las razones que expresaron las víctimas heridas para no ejercer acciones legales fue porque "no les gustaba el papeleo" o porque creían que no iban a obtener buenos resultados, sin embargo, en otros casos se debió al desconocimiento de que eran víctimas de violaciones a los derechos humanos, en algunos casos personas con varias heridas de perdigón señalaron "¿Pero cómo voy a denunciar si no me pasó nada?".

c.- Acciones judiciales interpuestas por el equipo jurídico de Londres 38.

Por otra parte, el equipo jurídico de Londres 38, en el marco del trabajo que desarrolla conjuntamente con la Defensoría Jurídica, ha interpuesto dos acciones de amparo constitucional preventivo (Habeas Corpus) en contra de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El primer caso, corresponde a un voluntario de la Brigada de Salud de la FECH, quien en dos ocasiones diferentes fue herido por bombas lacrimógenas y perdigones mientras atendía a las personas heridas cerca de la Plaza Italia, lugar donde se estaba desarrollando una manifestación, en ambas oportunidades, el afectado traía un distintivo de la cruz roja, siendo afectado a pocos metros de distancia. En este mismo contexto, Carabineros lanzó bombas lacrimógenas a la entrada de la sede de la FECH (donde se estaban atendiendo heridos), mientras le mencionaron a los encargados que "debían de dejar de dar cobertura a los manifestantes". En una cuarta ocasión, mientras atendía en compañía de unos compañeros a unos heridos a las afuera de Londres 38, recibieron múltiples perdigones que impactaron contra el escudo de metal que debieron construir para protegerse de los continuos ataques policiales.

El segundo amparo fue interpuesto a favor de un joven, quien luego de salir a fumar un cigarro afuera de su casa durante el periodo de toque de queda, se le pierde su rastro. A los días después, su familia es informada por la Defensoría Jurídica de que éste habría estado detenido en la Tercera Comisaría de Santiago, lugar donde le indicaron que lo detuvieron por robo en lugar habitado, y que luego fue derivado a la Posta Central por haber recibido numerosos golpes apropósito de una detención ciudadana. Cuando la familia lo visita en la Posta Central, lo encuentran amarrado y con custodia policial, pese a que había obtenido la libertad luego del control de detención, y se le informan que padecía un accidente cerebro vascular, pero además tenía una serie de lesiones producto de perdigones. En este caso se verifican una serie de irregulares no sólo en la detención de la víctima, sino que en el registro de su detención, hora de ingreso a la Comisaría, entre otros hechos que no permiten tener claridad acerca de lo que le sucedió.

Ambas acciones de amparos fueron acogidas por la Corte de Apelaciones de Santiago. En el primer caso se ordenó a Carabineros darle protección a la víctima cuando se encuentre desempeñando sus labores como voluntario de las Brigadas de Salud, ordenado además remitir los antecedentes a la Fiscalía. Y en el segundo, se ordenó declarar la ilegalidad de la detención de la víctima y remitir los antecedentes a la Fiscalía para que investigue los hechos de tortura u otros malos tratos infringidos a éste.

4. AGRESIONES Y ATENTADOS A LONDRES 38.

Puerta quemada

El domingo 27 de octubre, en horas de la tarde, Londres 38 sufrió dos ataques incendiarios, el primero, en la ventana de madera del frontis del inmueble, el que fue rápidamente amagado, y el segundo, en la misma ventana donde se roció material líquido inflamable. Ante la alerta de vecinos y personas que circulaban por la calle, fue posible apagar estos intentos de incendio y activar las medidas de emergencia que dispone Londres 38. Anteriormente, el viernes 18 de octubre, durante la noche, desconocidos sacaron de las rejas del frontis de la casa el lienzo que exigía "Toda la Verdad Toda la Justicia".

RECOMENDACIONES DE LONDRES 38 AL ESTADO:

1. Asegurar el derecho a la protesta social, eliminando medidas coercitivas. Retiro de proyectos de ley que otorgan más derechos a las policías y restringen los derechos de las personas.

2. Derogar el Decreto Supremo 1086, que obliga a solicitar autorización para ejercer el derecho de reunión en lugares públicos, norma dictada durante la dictadura que se ha mantenido vigente hasta hoy.

3. Fin del discurso oficial del gobierno y de la mayoría de los medios de comunicación afines que afirman como origen de las acciones violentas y saqueos las manifestaciones de protesta.

4. Adoptar medidas para asegurar la protección de los derechos humanos de las personas que ejercen el derecho a manifestarse.

5. Retirar los requerimientos por Ley de Seguridad del Estado por hechos ocurridos con ocasión de la protesta social.

6. Investigar y sancionar adecuadamente a los agentes del Estado responsable en las violaciones a los derechos humanos. Garantizar la adecuada investigación suministrando los recursos adicionales que sean necesarios al Ministerio Público, Brigada de Derechos Humanos, Servicio Médico Legal y otras instituciones que lo requieran. Disponer medidas de reparación a las víctimas.

7. Dar de baja a funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y de las Fuerzas Armadas involucrados en violaciones a los derechos humanos.

8. Ajustar el protocolo de actuación de carabineros y policías sobre uso de la fuerza de conformidad a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

9. Prohibir el uso de balines o perdigones en contra de manifestantes y de elementos químicos tóxicos que puedan afectar de manera seria la salud de las personas

10. Garantizar un adecuado control estatal (Ministerio del Interior, Contraloría y otros) en la elaboración y aplicación de protocolos y del accionar de Carabineros.

11. Sistematizar y consolidar cifras oficiales de victimización por parte de las instituciones del Estado, especialmente de personas fallecidas, heridas y detenidas, con indicación de género de la víctima, edad, nacionalidad, pertenencia a pueblo originario y si padece de algún tipo de discapacidad.

12. Implementar a la brevedad el mecanismo nacional de prevención de la tortura en Chile.

13. Otorgar mayor presupuesto a la Defensoría de la Niñez y asegurar su cobertura a nivel nacional.

14. Crear la Defensoría del pueblo.

15. Impulsar la tramitación del proyecto de ley que tipifica el delito de desaparición forzada de personas como delito común.

16. Dejar sin efecto el Decreto Ley de Amnistía como garantía de no repetición y garantizar la no aplicación de la prescripción y prescripción gradual en los crímenes de lesa humanidad ocurridos en la dictadura cívico-militar.

17. Eliminar a la jurisdicción militar o restringirla sólo a delitos militares.

18. Garantizar la aplicación del Protocolo de Estambul y del Protocolo de Minnesota en caso de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes y de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias respectivamente.

19. Otorgar celeridad a la tramitación y vista de las causas por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura. Aplicación de Acuerdo del Pleno de la Corte Suprema, AD 1253-2019, de 6 de agosto de 2019.

20. Activar el proyecto de ley de derogación del decreto ley 18.771, promulgado en 1989 que exime a las Fuerzas Armadas y de Orden de la obligación común a los demás organismos del Estado de depositar sus documentos en el Archivo Nacional. Esta norma dictada en dictadura ha impedido el libre acceso a la información pública y la aplicación de normas básicas de transparencia. Este proyecto está actualmente paralizado en la Cámara de diputados.