Desde Londres 38, espacio de memorias reconocemos el momento actual como un momento histórico que probablemente solo podremos comprender en su verdadera dimensión en el futuro, entre otras razones, porque este es un proceso aún en curso. Bajo la forma de un estallido social multitudinario, sorprendente y diverso, la expresión, organización y creatividad popular irrumpieron de forma incontenible a lo largo de todo el país.
Aunque esta verdadera rebelión rompe con identidades, prácticas y tradiciones anteriores, al mismo tiempo, ha puesto en juego diversas memorias vinculadas a una larga historia de luchas por mayor justicia social y por el derecho a ser parte de una comunidad política que haga efectivo el derecho de las grandes mayorías a incidir en las decisiones de interés común.
Hasta hoy, la respuesta del Gobierno ha sido la represión y el terror, sin embargo, esta no ha detenido la protesta. Tampoco esta ha sido contenida a través de la declaración del Estado de emergencia y la presencia militar en las calles, la amenaza posterior de su reimplantación, o la reciente aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado.
Aún hoy las violaciones a los derechos humanos se siguen multiplicando, especialmente grave es la persecución en las poblaciones y en regiones, muchas veces invisible. El balance aún parcial arroja ya 26 muertos, miles de personas heridas, muchas de ellas con pérdida parcial o total de la visión, otras torturadas y violentadas sexualmente, y decenas de miles detenidas. Sin embargo, aún desconocemos la verdadera dimensión de esta política represiva: todas las cifras difundidas reflejan solo un fragmento de la realidad, incluso las publicadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
No habrá justicia sin establecer el alcance real de la represión. Más allá de la inmensa labor desplegada por quienes hemos estado en la defensa de los derechos, este es un deber del Estado. Quienes ocupan espacios de poder y decisión deben generar las condiciones necesarias para dimensionar el daño producido, hacer justicia y reparar lo que pueda ser reparado, reconociendo lo irreparable. Interpelar también a aquellas instituciones hasta ahora ausentes, como la Subsecretaría de DDHH, o el MInisterio de la mujer que ha ignorado sistemáticamente las denuncias de violencia político sexual contra mujeres. Asimismo es necesario evaluar la posibilidad de una comisión ad hoc dotada de las atribuciones necesarias para investigar y llevar a la justicia a los responsables de los crímenes, y en la cual las organizaciones de defensa de los DDHH tengan participación, a diferencia de experiencias anteriores en las que estas han sido excluidas de una participación vinculante.
En este momento histórico vemos una doble tarea a asumir por las organizaciones de memoria y de defensa de los derechos humanos y por el conjunto del pueblo movilizado. La primera, impedir toda forma de impunidad. Sabemos que la impunidad de los crímenes de la dictadura garantiza la impunidad en el presente, por eso, quienes hemos luchado durante décadas por hacer verdad y justicia lo seguiremos haciendo para impedir que los crímenes perpetrados por el Estado, contra el pueblo rebelado, permanezcan impunes. Perseguiremos también todas las formas de complicidad política. Este es nuestro compromiso.
Junto con ello afirmamos, una vez más, el derecho a la protesta porque sabemos que este es un derecho básico que permite demandar y ejercer todos los demás. Y sobre todo, que permite desplegar el protagonismo social en la lucha por sus legítimas demandas.
Esta doble tarea es al mismo tiempo una condición previa para la construcción de cualquier salida a la crisis actual. Construir acuerdos en un contexto de impunidad, represión y severas restricciones a la libre expresión y al derecho a la protesta no es el escenario en el cual estos acuerdos puedan adquirir legitimidad y credibilidad. No se puede tampoco declarar la paz sobre los muertos, heridos y abusados impunemente y esperar una aclamación de quienes no han sido convocados, a pesar de haber puesto el cuerpo y hecho posible este momento de apertura a transformaciones que hasta hace un mes ni siquiera podíamos imaginar.
Compartimos la crítica señalada por numerosas organizaciones sociales sobre los vacíos, limitaciones y riesgos de los acuerdos alcanzados en el Congreso en vistas a una nueva Constitución. Y sobre todo, la ausencia en su construcción de los verdaderos protagonistas de este momento histórico pleno de posibilidades. En el proceso que viene se requiere exigir el término de la represión, la máxima transparencia en la toma de decisiones y el reconocimiento de ese extenso tejido de asambleas territoriales, colectivos y cabildos en los cuales millones de personas están participando y demandando no ser simplemente "representados" sino incidir en las decisiones, cuyo carácter "técnico" no puede ser la justificación para sustraerlas del escrutinio popular.
Las críticas al acuerdo no deberían ser menospreciadas. Entre otras razones porque el menosprecio del malestar histórico atizó el fuego de la revuelta y profundizó la brecha. Hay que escuchar. Hoy, este es un gesto ético y político.
Para quienes hemos estado en la calle y en la defensa del derecho a manifestarse contra la precarización de la vida y por el derecho a ser parte de las decisiones sobre cómo queremos vivir, el camino es continuar, extender la movilización, ampliar las diversas formas de expresión y organización, fortalecer los profundos vínculos creados y las prácticas solidarias, horizontales y transformadoras que se han extendido en estos días. Y sobre todo, aprovechar la apertura de este momento histórico para volver a imaginar un futuro por venir.
Toda la verdad, toda la justicia
No más Impunidad
Londres 38, espacio de memorias
22 de noviembre, 2019
