Declaración
Londres 38 rechaza criminalización del movimiento social y afirma el derecho a la protesta
Ante la aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto de ley que modifica el Código Penal y tipifica como delito la alteración de la paz pública aumentando las sanciones, señalamos:
1. En un contexto de crisis social y de pérdida creciente de legitimidad del sistema político, en que el actual Presidente no alcanza ni el 5% de aprobación de la población encuestada, la respuesta del gobierno es esta ley considerada como la más represiva de la historia de Chile, y que ha sido aprobada en general por la mayoría de los partidos políticos y parlamentarios de oposición.
2. Rechazamos esta decisión política que prioriza leyes que penalizan aún más la protesta en lugar de avanzar en la solución de los problemas sociales y políticos planteados desde el movimiento social y sus organizaciones y que los parlamentarios que votaron a favor no escuchen las legítimas demandas del pueblo, siendo la única respuesta la violación sistemática a los derechos humanos y ahora este paquete de leyes represivas.
3. Más allá de la discusión de la forma que tendrá cada artículo de la ley, la decisión de fondo es la penalización de formas de movilización social y de lucha históricamente utilizadas por el movimiento social, incluido el que irrumpió en octubre de este año. Entre ellas está la paralización o interrupción de servicios públicos de primera necesidad, y la interrupción de la libre circulación de las personas o vehículos.
4. Según cifras de la Fiscalía, hasta el 22 de noviembre han pasado a control de detención más de 30 mil personas, se ha formalizado como imputados a más de 20 mil, y han quedado en prisión preventiva más de 2 mil. Las nuevas normas que aumentan las penas y gravedad de delitos ya existentes solo aumentará el actual punitivismo que, una vez más, está trasladando el conflicto social y político a los tribunales y a las cárceles.
5. Mientras en el Congreso se aprueban estas normas y se tramita otro proyecto de Ley para incluir a las fuerzas armadas en tareas de seguridad, sin declarar estado de emergencia, garantizando formas de "exención de responsabilidad" o impunidad, desde el Ministerio del Interior se evalúa la compra de nuevas armas "no letales" destinadas a combatir la protesta. No es posible comprender la nueva ley fuera de este contexto en el que la represión se convierte en la respuesta a la movilización.
6. La historia muestra que el derecho más básico, que hace posible todos los demás, es el derecho a la protesta, sin él no hay ejercicio efectivo de los derechos fundamentales. Por eso, la criminalización de la protesta atenta contra el ejercicio efectivo de todos ellos.
Por el derecho a la protesta
Toda la verdad, toda la justicia
No más Impunidad
Londres 38, espacio de memorias
5 de diciembre, 2019
