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Informe de la Misión Solidaridad y denuncia a partir de la presencia en Chile

Desde los primeros días de noviembre de 2019 hasta la fecha, la Misión de Solidaridad y Denuncia encabezada por Rigoberta Menchú Tum y Guillermo Whpei ha mantenido estrecha comunicación en Chile con diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades estatales responsables de la tutela de los derechos fundamentales, autoridades universitarias, colegios profesionales y un número importante de personalidades del ámbito humanista chileno. Así mismo en tres momentos la misión ha acompañado en el terreno de las manifestaciones a la ciudadanía que expresa sus inconformidades y reclama sus derechos.

Publicado el 18 de febrero de 2020

Reunión CIDH Londres38La misión ha podido corroborar que en las diversas formas de protesta pública, las y los ciudadanos demuestran una actitud pacífica y que por encima de las actuaciones de grupos violentos y provocadores prevalecen las conductas pacíficas mayoritarias. Al mismo tiempo la misión ha constatado de manera directa el carácter desproporcionado, generalizado, sistemático e indiscriminado de las violaciones de derechos humanos que están cometiendo las fuerzas de seguridad del Estado. En ello se pone en evidencia la abundante disposición de recursos para la represión, expresada en personal, equipo, armamento, vehículos, capacidades técnicas y presupuesto estatal.

La misión ha recogido abundante información que demuestra la preexistencia de políticas y prácticas metódicas de represión. Las graves actuaciones represivas de la actualidad evidencian la repetición de procedimientos mantenidos por los diferentes gobiernos post dictatoriales a pesar de las denuncias que reiteradamente se presentaron a lo largo de las últimas décadas. Sin embargo es evidente que en el curso de los últimos tres meses y medio la represión contra la ciudadanía que manifiesta su descontento en las calles ha sufrido una escalada brutal. Así lo demuestra el número de muertos y heridos a manos de agentes estatales, la cantidad de víctimas de tortura y violación sexual y, de manera particularmente dolorosa, los cientos de casos de personas que han sufrido graves heridas en los ojos -muchas de ellas irreversibles- como producto del disparo directo de perdigones y bombas lacrimógenas.

Dado el carácter generalizado y sistemático de las vulneraciones de derechos humanos que están ejecutando las fuerzas de seguridad del Estado, la misión verifica que de manera intencional, planificada y consistente en Chile se están violando normas fundamentales del derecho internacional. El Estatuto de la Corte Penal Internacional establece en su artículo 7 que se perpetran crímenes contra la humanidad cuando se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Por ello, con toda responsabilidad se puede afirmar que dadas las evidencias de asesinato de civiles, torturas, violaciones sexuales, mutilación de ojos, privación grave de la libertad física y otros actos inhumanos y degradantes, nos encontramos ante la comisión de crímenes de lesa humanidad que deben ser esclarecidos por tribunales competentes e imparciales.

La misión ha estado presente en Chile en tres oportunidades, del 2 al 5 y del 14 al 15 de noviembre y del 9 al 11 de diciembre de 2019. Desde el momento del arribo de la misión se tomó contacto con representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos y académicos chilenos. Se sostuvieron dos reuniones de trabajo con Comisionados del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), realizadas en la sede del mismo, para recabar información oficial y contrastar los datos previamente conocidos por la misión.

Los días 3 y 14 de noviembre se realizaron reuniones con representantes de más de 20 organizaciones defensoras de derechos humanos, la primera en las instalaciones del Memorial Estadio Nacional y la segunda en la Casa Memoria José Domingo Cañas.

En estas reuniones la misión ha recogido información pormenorizada sobre numerosas y graves violaciones de derechos fundamentales. Así mismo ha recibido los testimonios personales de víctimas directas de ataques sufridos en la vía pública a manos de carabineros. Estos relatos aportaron precisiones para la mejor comprensión de la magnitud y profundidad de la represión gubernamental.

La misión se ha reunido con grupos de especialistas pertenecientes a la academia y a entidades sociales, entre ellas la Comisión Chilena de Derechos Humanos -CCHDHEste intercambio, en general, ha servido para validar la información relevada a lo largo de los tres meses y medio que lleva el levantamiento popular y profundizar el análisis de los antecedentes de la situación, la naturaleza sistemática de las violaciones y la dimensión de la crisis.

La misión ha sido recibida por el Rector de la Universidad de Chile, Doctor Ennio Vivaldi y la Vicerrectora de Extensión y Comunicaciones Profesora Faride Zerán Chelech. En el salón principal de la Casa Central de la Universidad de Chile, la misión se ha reunido en dos oportunidades con un amplio grupo de representantes de organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos y periodistas de diversos medios de comunicación. Frente a este representativo auditorio el 4 de noviembre la misión dio lectura al contenido y firmó la carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera. El 14 de noviembre se dio lectura al informe preliminar elaborado por la misión.

El lunes 4, acompañada por un contingente ciudadano, la misión marchó desde el recinto universitario hasta el Palacio de La Moneda para hacer entrega de la carta dirigida al Presidente Piñera, en la que se exige respetar la vida y los derechos fundamentales de quienes con toda justicia se manifiestan reclamando un país de igualdad para todos sus ciudadanos.

Mediante una invitación formal, en horas de la tarde de ese mismo día la misión participó en la sesión conjunta de las Comisiones de Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados. En dicha sesión la misión tuvo oportunidad de escuchar los discursos justificativos y negacionistas de funcionarios estatales, al mismo tiempo que otros expertos convocados aportaron descripciones y cifras abrumadoras sobre la represión y las violaciones de derechos fundamentales de las que han sido y siguen siendo víctimas miles de personas que protestan y manifiestan de manera pacífica.

Los días 4 y 14 de noviembre y 10 de diciembre la misión hizo presencia física en las concentraciones populares convocadas en Plaza Italia, hoy denominada Plaza de la Dignidad. La misión y sus acompañantes han podido constatar personalmente el carácter multitudinario, diverso y pacífico de esas manifestaciones, interactuando con mujeres y hombres de todas las edades y estratos sociales, que llegan a expresar su repudio a la represión y manifiestan sus legítimas demandas.

El 27 de noviembre de 2019, en audiencia privada, presentamos a su santidad el Papa Francisco el informe preliminar de nuestra misión en Chile, expresándole la preocupación por la violación masiva y sistemática de derechos humanos de la que hemos sido testigos.

En su tercera visita, el 10 de diciembre, la misión realizó un seguimiento de la situación y continuó su labor apoyando y acompañando a las organizaciones sociales en sus justas protestas. Ese día la misión volvió a hacer presencia en La Moneda para entregar al Presidente Piñera copia del informe presentado días atrás al Papa Francisco.

A su vez, en esa ocasión, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la misión lanzó la campaña internacional "SÍ MATAN" que aboga por la prohibición total del uso de perdigones de goma y de metal contra manifestantes. La misión entiende que es necesario movilizarse a favor de la erradicación del empleo de este tipo de municiones ya que las normas y regulaciones no son suficientes para limitar su efecto letal.

Los integrantes de la misión han sido testigos de la manera injustificada, violenta y totalmente desproporcionada en que los carabineros y otros agentes de seguridad del Estado atacan a las y los ciudadanos concentrados en calles y plazas. Asimismo, han sufrido en forma directa el efecto de gases asfixiantes y de los líquidos que lanzan los camiones hidrantes. También han visto con sus propios ojos los disparos de bombas lacrimógenas y perdigones, efectuados por los uniformados directamente sobre la humanidad de las y los manifestantes.

A través de los testimonios recogidos, los informes institucionales consultados, los medios fílmicos y fotográficos revisados y la observación directa, la misión ha encontrado evidencia contundente sobre graves, sistemáticas y generalizadas violaciones de derechos humanos.

Se han documentado numerosos casos de personas agredidas con gases y sustancias lacrimógenas de alta concentración y con químicos irritantes lanzados por los camiones hidrantes, dirigidos al cuerpo de los manifestantes entre los que se encuentran adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, así como mujeres embarazadas. La misión ha recibido múltiples denuncias de disparos de perdigones en dirección al cuerpo, cuello y cara de las y los manifestantes. Se han recogido declaraciones sobre disparos de gases lacrimógenos contra casas y balcones donde se despliegan banderas. La misión también ha documentado testimonios sobre disparos dirigidos a las ventanas y las puertas de casas y departamentos, desde los que se han lanzado gritos de alerta y de repudio ante la detención arbitraria y violenta de personas. Igualmente se registraron declaraciones sobre disparos nocturnos realizados desde helicópteros en las localidades de Peñalolén y Calama.

La misión documentó y sufrió de manera directa el disparo de líquidos a alta presión desde los camiones hidrantes, constatando que carabineros está mezclando agua con sustancias abrasivas que generan quemaduras en la piel. Los testigos denuncian que la cantidad de químicos que se mezclan con el agua es definida de manera discrecional por los encargados de cada camión. Múltiples casos de irritaciones de mucosas y piel, complicaciones respiratorias y quemaduras han sido denunciados al INDH.

Numerosas evidencias fílmicas, fotográficas y testimonios de primera mano recibidos por la misión demuestran detenciones arbitrarias e injustificadas de personas que se encontraban manifestando pacíficamente o de simples transeúntes. Estas detenciones se producen con un uso excesivo de fuerza. La misión tomó conocimiento de graves casos de detenciones ilegales de personas dentro de sus domicilios o al momento de ingresar a los mismos, siendo víctimas de violencia física y psicológica por parte de las fuerzas de seguridad.

La misión recibió denuncias sobre el empleo de vehículos sin patente o con patentes que al ser rastreadas resultan pertenecer al cuerpo de carabineros, lo mismo que sobre automóviles particulares que recorren distintas zonas, sobre todo por la noche, realizando capturas ilegales de transeúntes en la calle. Estas personas no son registradas como detenidas y no saben cuál es su destino. A muchas las han torturado en los transportes policiales antes de soltarlas, sin dejar registro de esas aprehensiones.

La misión recibió información sobre la captura arbitraria del estudiante Nicolás Ríos en las cercanías del Cerro Santa Lucía, el viernes 10 de enero. Existe un video que registra el momento en el que varios hombres vestidos de particular lo sujetan y golpean, antes de subirlo a una camioneta sin identificación. Después de varias horas de agresiones y apremios ilegales, el joven de 20 años fue llevado por sus captores a una comisaría. El Jefe de Carabineros Enrique Bassaletti reconoció que los captores pertenecen al Departamento de Investigaciones Criminales de Carabineros, conocido como OS9.

Existen múltiples evidencias de que carabineros y otros agentes de seguridad aplican la fuerza en su mayor intensidad de manera inmediata. Los agentes de seguridad agreden físicamente a las y los manifestantes que ya se encuentran reducidos y neutralizados sin oponer resistencia, golpeándolos reiteradas veces en distintas partes del cuerpo con el equipo que les suministra el Estado (bastones, culatas de las armas, escopetas antidisturbios y otras armas llamadas no letales). Grupos de agentes patean, empujan y golpean a personas desprotegidas y desarmadas, en total desproporción de fuerza. Esto sucede incluso en las unidades de transporte de detenidos y en los mismos centros de detención. También se registran casos de violencia innecesaria ejercida contra personas que no participan de las protestas, que circulan por espacios públicos, incluso en contra de personas en situación de calle.

Las organizaciones sociales le presentaron a la misión denuncias sobre la utilización de las llamadas "ruletas rusas" en contra de los detenidos, así como el empleo de otros juegos macabros que demuestran la crueldad y perversidad de las fuerzas de seguridad del Estado. A ello se suman los múltiples testimonios sobre casos de torturas y otras vejaciones cometidas en Santiago y las distintas regiones del país. Como está señalado, dichas prácticas criminales claramente tipificadas en el derecho internacional y en la legislación chilena se ejecutan en las comisarías, en vehículos policiales y en espacios privados que se desempeñan como casas de torturas. La misión ha recibido repetidas denuncias de detenciones arbitrarias con acusaciones falsas, bajo amenaza y coerción, amenazando incluso con falsificar pruebas para imputar delitos no cometidos. También ha recibido detalles de situaciones en que personas detenidas de manera arbitraria, antes de su liberación son forzadas y amenazadas, muchas veces a punta de fusil, a firmar la constancia de que no presentan lesiones.

El delito contra la integridad sexual de las personas ha sido perpetrado de manera reiterada por las fuerzas de seguridad chilenas contra mujeres y hombres particularmente jóvenes. Durante su detención numerosas mujeres han sido desnudadas y obligadas a realizar sentadillas, incumpliendo los protocolos existentes de revisión. Esos abusos han sido cometidos por personal femenino y masculino de carabineros y otros organismos del Estado. Asimismo, muchas víctimas han sufrido tocamiento en sus genitales y les han introducido la punta del fusil o la culata en la vagina. De igual forma, la mayoría de las víctimas han sufrido amenazas de violación.

Existen evidencias testimoniales de jóvenes varones que han sido víctimas de detención forzosa y violación sexual en los vehículos de carabineros durante las manifestaciones. Según los datos publicados en el informe del INDH, al 31 de enero de 2020 se registraban 194 casos de acoso y/o violencia sexual, que incluyen 179 casos de desnudamientos, amenazas, tocamientos y cuatro casos de violaciones.

En cuanto a la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la misión considera imprescindible resaltar la peligrosidad de la ley Aula Segura, que según el Ministerio de Educación "(...) busca fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales, permitiéndoles expulsar de manera inmediata a alumnos que se vean involucrados en hechos de violencia". El Presidente Sebastián Piñera ha sostenido que su gobierno "(...) va a perseguir con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que, disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden causar un clima de terror al interior de nuestros establecimientos educacionales".

Esto demuestra la realidad de la criminalización de la juventud, bajo el criterio de que ser joven es un delito. La misión recibió información sobre la militarización del Internado Nacional Barros Arana (INBA) y del Instituto Nacional José Miguel Carrera, que se encuentran sitiados por carabineros; el primero desde hace tres años y el segundo desde hace más de año y medio. Los carabineros se refieren a los estudiantes como terroristas. Ingresan a las aulas de niños, niñas y adolescentes y lanzan bombas lacrimógenas.

Las cifras publicadas por el INDH al 31 de enero de 2020, indican que de las 3.746 personas heridas por efecto de la represión e internadas en centros hospitalarios, 282 son niñas, niños y adolescentes. El Instituto ha informado sobre la detención de al menos 1.067 menores de edad. El INDH señala también en su informe que existen 253 querellas judiciales por casos de violaciones de derechos humanos en contra de niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, en la institución se registran antecedentes de que al menos 11 niños y 16 niñas han sido víctimas de violencia sexual por parte de agentes del Estado.

Continuando con su labor de relevamiento de datos y testimonios la misión constató que en los primeros días de enero de 2020 se sumaron al levantamiento social las protestas estudiantiles. Unos 160 centros educativos fueron ocupados en varias localidades del país, como Santiago, Concepción, Puerto Montt y Valparaíso, en contra de la realización de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) como requisito para ingresar a la enseñanza superior. La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES) y la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES) rechazaron la forma de evaluación impuesta por el Gobierno al considerar que profundiza las desigualdades en el sector educativo.

Las y los estudiantes consultados por la misión denuncian la PSU como un sistema segregador, sexista y clasista. Señalan que el puntaje resultante de esa evaluación no mide las capacidades para estudiar una profesión, sino que contribuye a reservar algunas carreras y universidades para estudiantes con mayores recursos, excluyendo así a la gran mayoría más pobre. La respuesta gubernamental fue nuevamente la represión. Hubo centenares de estudiantes víctimas de detenciones arbitrarias, golpizas, ataques con gases asfixiantes y atropellamientos con vehículos policiales.

Con particular preocupación, la misión ha constatado el uso sistemático y masivo de perdigones en contra de manifestantes pacíficos. Ante la manifiesta ilegalidad y la gravedad de las consecuencias de esa práctica represiva implementada por las fuerzas de seguridad del Estado de Chile, sobre la base de la información recopilada y sistematizada la misión destaca los siguientes datos y consideraciones:

Centenares de personas están siendo atacadas intencional y deliberadamente en las partes superiores de su cuerpo y particularmente en la cara, con disparos de armas de fuego que arrojan perdigones capaces de causar graves daños y hasta la muerte. Según la información proporcionada por el INDH, al 31 de enero de 2020 se registraban 2114 heridos por disparos. La cifra de lesiones oculares ha aumentado drásticamente hasta convertirse en uno de los peores símbolos de la represión, la impunidad policial y la complicidad del gobierno frente a la excesiva violencia con que carabineros actúa en las calles en contra de manifestantes pacíficos y simples transeúntes.

El Dr. Dennis Cortés, Presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, declaró en su momento que del total de pacientes que ingresan a los centros asistenciales con heridas oculares, cerca del 30% presenta el globo ocular estallado sin Fundación para la democracia 11 ninguna posibilidad de recuperación visual en ese ojo. El Dr. Enrique Morales presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico ha insistido en reiteradas ocasiones sobre la presencia de componentes metálicos en los perdigones. Lo mismo han señalado algunos radiólogos como Sergio Calcagno del Hospital de Iquique, que, analizando dichas municiones a través del escáner, han podido localizar cuerpos de alta densidad y de forma redondeada. Esto contrasta con la versión oficial del gobierno y de carabineros que desde un principio han insistido en que los perdigones son de goma. Durante la audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada el 11 de noviembre en Quito, Ecuador, el representante del gobierno de Chile, Mijail Bonito, señaló que carabineros de Chile no usa balas o perdigones de acero y ofreció entregar todas las facturas de compras y un análisis de los supuestos perdigones de goma.

La misión tuvo conocimiento del análisis realizado por Patricio Jorquera y Rodrigo Palma del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Chile, en el que se comprobó que los perdigones que utiliza carabineros están compuestos en un 20% por caucho y el 80% restante corresponde a otros compuestos tales como, plomo, silicio y sulfato de bario. El plomo es un metal que puede causar consecuencias graves en el organismo, tales como daño en los riñones, abortos espontáneos, lesiones cerebrales y perturbaciones al sistema nervioso. La exposición crónica a este metal ejerce efectos tóxicos de carácter permanente e irreversible.

El INDH publicó el 31 de enero del 2020 que a esa fecha, existía un total de 1863 personas heridas por disparos de perdigones y balines, lo que constituye una verdadera emergencia de salud pública.

La misión ha podido corroborar con profunda indignación los múltiples casos de trauma ocular severo causados por el disparo directo de perdigones y cápsulas lacrimógenas. Según datos del INDH al 31 de enero de 2020 se contabilizaban 427 víctimas con graves heridas oculares.

La misión ha documentado dos casos de extrema gravedad. El primero, el del joven estudiante de psicología de 21 años, Gustavo Gatica, que el 8 de noviembre de 2019 fue herido gravemente en sus dos ojos por perdigones disparados por carabineros. El segundo, el de Fabiola Campillai de 36 años, quien el 26 de noviembre esperaba un autobús para dirigirse a su trabajo cuando una bomba lacrimógena disparada por carabineros la impactó en el rostro perdiendo completamente la visión en ambos ojos, además del severo trauma cerebral.

Con fecha 21 de noviembre de 2019 Amnistía Internacional presentó los resultados de su investigación en el contexto de las protestas iniciadas hace más de un mes. Entre otros elementos de gran relevancia, Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de dicha institución confirmó que el ejército chileno "utilizó armamento letal de forma indiscriminada contra manifestantes desarmados". Agregó que "se identificó el uso de rifles GALIL ACE y FAMAE SG 540 semiautomáticos y pistolas de mano semiautomáticas con munición letal. Aunque de forma más puntual, también se identificó a personal de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y de carabineros disparando munición viva. Este tipo de armamento está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales".

Otro factor que preocupa a la misión es la falta de atención en salud mental a la mayoría de las víctimas y sus familiares, tras las detenciones, lesiones y torturas, vejámenes y humillaciones. Resulta difícil de asimilar el hecho de que sea un funcionario público el causante intencional del maltrato, tratándose de un acto racional y deliberado. Una de las problemáticas más recurrentes es el temor a que vuelva a ocurrir la situación, el miedo a caminar por la vía pública, a encontrarse en condiciones que puedan conllevar la repetición de la represión policial o el terror a la mera presencia policial.

Para la misión reviste particular importancia constatar la similitud entre la información proporcionada por las víctimas y las organizaciones sociales y los datos generales aportados por organismos oficiales como el INDH, la Defensoría de la Niñez y la Fiscalía de Chile.

Según la actualización de la Fiscalía de Chile al 6 de febrero de 2020 existe un total de 35 muertes; 29 fallecidos durante manifestaciones sociales; 2 fallecidos bajo custodia del Estado; y 4 por acción de agentes del Estado. La Fiscalía documentó 5558 víctimas de violencia institucional.

La misión ha constatado numerosos casos en los que no se respetó el cese del fuego hacia las personas heridas o hacia los rescatistas o paramédicos que los asisten. Estos ataques incluyen el uso de gases asfixiantes y agua con químicos de los carros hidrantes, disparados directamente a los voluntarios de la salud, así como el bloqueo del acceso de socorristas a las personas heridas. Como ha destacado el Departamento de Derechos Humanos del Consejo Regional Temuco, entre estos voluntarios se encuentran estudiantes de diversas carreras de la salud, profesionales de la salud y médicos que ejercen su labor de ayuda gratuitamente, arriesgando su propia integridad con la finalidad de prestar pronto auxilio a las y los lesionados. Esta labor es vital pues si las primeras medidas son bien aplicadas, se pueden mitigar los daños a la salud de un lesionado e incluso salvarle la vida.

La misión ha recibido informes que constatan que algunos centros médicos no han cumplido en notificar al Ministerio Público sobre hechos delictivos, incluso graves, tales como heridos por balas o víctimas de tortura, incurriendo en omisión de denuncia. Este es otro factor que reafirma que los casos de violaciones a derechos humanos superan las cifras de público conocimiento. Por ello la misión considera que estos datos son sólo la punta del iceberg, dado que, según el relato de víctimas, muchos manifestantes sienten terror de ser atendidos por instituciones públicas que puedan responder a las mismas estructuras gubernamentales que los reprimieron. Por ello es posible afirmar que estos números en realidad son mucho mayores.

CONCLUSIONES

Luego de procesar la información relevada la misión está en capacidad de sustentar las siguientes conclusiones:

1. En las diversas formas de manifestación pública, las y los ciudadanos demuestran una actitud pacífica. Por encima de las actuaciones de grupos violentos y provocadores, prevalecen las conductas pacíficas mayoritarias. Es notorio el carácter libre, espontáneo y voluntario de la participación ciudadana en las protestas y manifestaciones de diversa índole.

2. De manera inequívoca se constata el carácter generalizado, sistemático e indiscriminado de las violaciones de derechos humanos que están cometiendo las fuerzas de seguridad del Estado. En forma cotidiana se evidencian los métodos de violencia desproporcionada e injustificada que las unidades de carabineros y otros agentes del Estado utilizan en contra de manifestantes pacíficos.

3. La demostración permanente de la abundante disposición de recursos para la represión, expresada en personal, equipo, armamento, vehículos, medios logísticos, capacidades técnicas y presupuesto, evidencia el fortalecimiento que han experimentado dichos aparatos. Los datos y las declaraciones oficiales confirman que dicho reforzamiento se ha realizado a costa de los recortes aplicados a las políticas sociales.

4. El conocimiento público de denuncias que reiteradamente se presentaron a lo largo de las últimas décadas, que no encontraron eco en los medios de comunicación y que fueron ignoradas o negadas por el Estado, demuestra la preexistencia de políticas y prácticas metódicas de represión. Las graves actuaciones represivas de la actualidad evidencian la repetición de prácticas mantenidas por los diferentes gobiernos post dictatoriales. Para la misión es evidente que existe una continuidad de políticas propias del terrorismo de Estado y que esto genera un grave daño psicológico por la revictimización de la población que vivió la dictadura y que actualmente está experimentando y observando prácticas represivas similares.

5. Se cuenta con importantes indicios documentados sobre la participación de personas infiltradas en las manifestaciones pacíficas, que actúan para inducir o manipular la acción de grupos de personas violentas. En numerosas situaciones se ha podido constatar que, al sentirse descubiertos, algunos de esos provocadores reciben protección de parte de los agentes uniformados.

6. Ante la evidencia sobre los gravísimos daños que las fuerzas de seguridad del Estado le han causado a centenares de personas por el uso de escopetas que disparan perdigones, incluidas más de 400 víctimas con lesiones oculares, junto a miles de ciudadanas y ciudadanos la misión exige la inmediata y total prohibición del empleo de dichas armas de fuego. No basta con regular o normar su uso, pues está demostrado que eso no limita la utilización criminal de ese armamento. No se puede aceptar que de manera eufemística y engañosa se les denomine "armas no letales" o "menos letales"; definitivamente se trata de armamento letal ya que su uso puede causar la muerte de las víctimas o el sufrimiento de lesiones graves y daños irreversibles.

7. Para la misión es fundamental asentar que a los efectos del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en julio de 1998, por crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad, se entienden diferentes tipos de graves actos inhumanos cuando forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicha agresión. El ataque generalizado se refiere a que los actos se dirijan contra una multiplicidad de víctimas. El que los actos inhumanos se cometan de forma sistemática quiere decir que forman parte de un plan o una política preconcebida, excluyéndose los actos cometidos al azar. Entre los actos inhumanos prohibidos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional figuran el asesinato, el encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la tortura física o mental, la violación sexual y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad corporal o la salud mental o física de las víctimas.

Ante la evidencia inobjetable de que todos esos elementos están presentes en la represión gubernamental emprendida en Chile en contra de las y los manifestantes pacíficos, la misión sostiene que estamos frente a la presencia de crímenes de lesa humanidad, que necesariamente deberán ser investigados por tribunales independientes y competentes.

Rosario, Argentina y Ciudad Guatemala, 10 de febrero de 2020.

Fundación para la democracia Guillermo Whpei Presidente Fundación para la Democracia Presidente FIHRM-LA

Rigoberta Menchú Tum Premio Nobel de la Paz 1992

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