MartínSeñor Director: La ignorancia es frecuentemente señalada como justificación o causa de la indiferencia o la omisión frente a la injusticia. Así como ante la revuelta social de octubre hay quienes "no la vieron venir", frente a las violaciones a los derechos humanos en dictadura --y en democracia--, otros "no sabían lo que pasaba". Esa ignorancia, sea auténtica o simulada, puede obedecer a muy diversos factores, uno de ellos es el rol que juegan los medios de comunicación y el libre acceso a la información. En particular, quisiera llamar la atención sobre la forma en que los medios informan acerca de los procesos judiciales relacionados con personas detenidas desaparecidas durante la dictadura y hasta dónde contribuyen a que lectores y audiencias conozcan, aunque sea tardíamente, "lo que pasó" así como sus consecuencias.
En estos casos, lamentablemente, el estándar periodístico es una suerte de parte judicial que reproduce, casi sin modificación ni valor agregado, el enfoque, la narrativa y hasta el lenguaje técnico de jueces y tribunales. Desde el punto de vista del contenido se suele incluir de manera sucinta el tipo de delito, los nombres de las víctimas, de los agentes del Estado condenados, la pena aplicada, y el monto de las indemnizaciones cuando las hay. Algunos medios consideran tan importante o "noticioso" esto último que suelen incluirlo en el título.
Un ejemplo de este estándar es la información publicada recientemente, en varios medios, sobre la sentencia de la Corte de Apelaciones en el caso de mi hermano Martín Elgueta y de María Inés Alvarado, militantes del MIR y protagonistas de una temprana resistencia a la dictadura, quienes fueron detenidos y hechos desaparecer el 15 de julio de 1974.
Desde hace algunos años estas notas se han hecho más frecuentes debido a un mayor movimiento de las causas en los tribunales con lo que la justicia pareciera estar cumpliendo su misión. El problema es que sin un análisis ni una contextualización adecuada, ese tipo de información sobre causas que aparentemente avanzan, ha contribuido a una percepción pública distorsionada de su real estado de avance. También ha reforzado la autocomplacencia interesada --incluso perversa--, de quienes tuvieron responsabilidades políticas en estos crímenes o en su encubrimiento posterior, y que han sostenido un discurso oficial, políticamente transversal, a través del cual han intentado convencernos de que Chile es un ejemplo internacional en materia de justicia transicional.
María Inés Alvarado
María Inés Alvarado
Lo primero es el tiempo transcurrido. En nuestro caso han pasado 46 años desde la desaparición de mi hermano, durante los cuales nuestra familia --así como muchas otras--, enfrentó un sinnúmero de obstáculos, dilaciones, formas de encubrimiento e impunidad, incluso amenazas y represión, por exigir justicia. En todos los casos de personas detenidas desaparecidas la acción de los tribunales no ha sido oportuna, ha llegado tarde tanto para las víctimas como para los victimarios, la mayoría de los cuales continúa viviendo entre nosotros o ha muerto sin haber enfrentado nunca los tribunales. De los pocos condenados en los últimos años --generalmente a bajas penas, incluso remitidas--, varios ya han tenido acceso a beneficios de libertad convirtiendo la pena en una sanción ilusoria.
Las investigaciones judiciales han carecido de una estrategia global, centradas en casos individuales se han utilizado los enfoques tradicionales que omiten el carácter sistemático de la desaparición forzada y la existencia de patrones de macrocriminalidad, empleados desde organismos del Estado constituidos en asociaciones criminales para destruir organizaciones políticas y sociales.
Debido a ello y a diversas formas de complicidad, solo se han establecido judicialmente fragmentos de verdad, circunscritos al tránsito de las víctimas por los centros de detención y tortura. Información que ya era conocida hace 40 años. El destino posterior sigue siendo desconocido: de 1.193 personas detenidas desaparecidas solo los restos de 104 han sido encontrados e identificados. La mayoría de ellos y ellas sigue desaparecida.
Quienes en dictadura decidieron o apoyaron el exterminio, hoy, junto a sus herederos, forman parte del grupo que detenta el poder político y económico, y que ha levantado una defensa irrestricta de los criminales de lesa humanidad promoviendo ahora una nueva legislación para liberar a los pocos condenados, contando para ello con el apoyo de miembros de la oposición.
Debido a esta realidad, esta historia no es aún parte del pasado y persiste con porfía en el tiempo presente. También es presente porque, en la actualidad, en medio de la pandemia, la crisis política y social, y la extrema banalidad y mala fe de quienes gobiernan, se sigue reprimiendo, torturando y asesinando. Para asegurar la continuidad de esa represión, el Estado necesita eximir de responsabilidad a sus agentes, por eso la impunidad es tan generalizada respecto de los crímenes cometidos en dictadura como de aquellos perpetrados en esta precaria democracia.
Así, finalmente, entre ese pasado y el presente hay más continuidad que ruptura. Poner de manifiesto esas continuidades así como las limitaciones de la justicia puede, tal vez, contribuir a reducir la ignorancia de los que todavía no saben lo que pasó. Y, sobre todo, lo que sigue pasando.
Gloria Elgueta Pinto*, Licenciada en filosofía
No saber: Carta de Gloria Elgueta a su hermano Martín Elgueta, publicada en El Mostrador el 4 de julio de 2020.https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/cartas/2020/07/04/no-saber/
*Gloria Elgueta. Miembro de la Mesa de trabajo Londres 38, espacio de memorias. Licenciada y Magister(c) en Filosofía. Su experiencia laboral está vinculada a la gestión de proyectos culturales y patrimoniales, así como al ámbito digital.
