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Londres 38, espacio de memorias participa en el 176 Período de Sesiones de la CIDH con la sociedad civil

El viernes 10 de julio de 2020, Londres 38, espacio de memorias participó en la reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la sociedad civil en el marco de su 176 Período de Sesiones. Alexandra Benado, coordinadora general de la organización, expuso ante la Comisión, a través de videollamada, sobre la lentitud en las investigaciones de causas de violación a los derechos humanos en dictadura, y el impacto de esta política de impunidad en los atropellos ocurridos en la revuela social de octubre de 2019.

Publicado el 13 de julio de 2020

Londres 38Londres 38 fue un centro de represión, tortura y exterminio de la dictadura civil militar liderada por Augusto Pinochet, hoy es un sitio de memoria abierto a la comunidad, un espacio para comprender lo que fue el terrorismo de Estado y sus consecuencias en el presente y un medio para promover procesos de memorias relacionados con el pasado reciente.

Desde Londres 38 destacamos como principales dificultades, las relacionadas con la justicia y la lucha contra la impunidad que se genera en la investigación judicial de las graves violaciones a los derechos humanos como en la proporcionalidad de la pena y ejecución de las condenas a los responsables de estos crímenes. Vemos la existencia de serios obstáculos en el acceso a la información, como el secreto de la ley Valech y la ley que exime a las Fuerzas Armadas de depositar sus archivos en el Archivo Nacional, considerándose particularmente grave la destrucción de documentos relevantes para la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos. Asimismo, observamos la nula implementación de reformas a instituciones que perpetúan la impunidad, como la ley de amnistía, la prescripción de la acción penal de los delitos de lesa humanidad o la prescripción gradual. La ausencia de tipificación del delito de desaparición forzada cometido en el contexto de democracia, por lo que no existen herramientas ni garantías de no repetición de estos crímenes en el presente. Denunciamos las deficiencias en el Plan Nacional de Búsqueda de Desaparecidos (o la inexistencia del mismo), de las políticas públicas en materia de memoria y en la gestión estatal de los sitios de memoria.

Desde la revuelta social del 18-O hemos hecho frente y denunciado la brutal represión a la que fue sometida la población chilena y hemos enfatizado que se le liberen a las presas y presos de la revuelta a quienes se ha criminalizado y aplicado severas leyes de seguridad interior, en contraposición, a la poca o nula investigación y condena, a los agentes estatales de fuerzas del orden que cometieron violaciones a los DDHH con daños físicos y psicológicos irreparables en sus víctimas. Escudándose en el amparo y la benevolencia de las autoridades de gobierno y la responsabilidad política que les cabe en estas decisiones.

Queremos en este espacio destacar la lentitud de los avances de las causas judiciales, tanto de los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura como los perpetrados por agentes estatales desde el 18 de octubre favoreciendo la impunidad, sin que existan condenas y sin que exista priorización por estas causas.

La represión y censura se han intensificado en el contexto de pandemia, vivimos en toque de queda y en estado de excepción, existe mayor represión a la protesta social, más detenciones selectivas, pero también observamos que ha existido un fuerte y duro control contra la organización social popular, que en este contexto de necesidad de supervivencia se ha expresado principalmente en las poblaciones. Hemos denunciado frecuentes represiones en sectores como Villa Francia y en las comunas periféricas del gran Santiago. Y por supuesto la política de militarización del Wallpamu, territorio del pueblo Mapuche.

Adicionalmente, se ha impulsado desde el ejecutivo un debate legislativo en torno a normas que limiten el derecho a la protesta, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, priorizando la represión y el control policial y militar de la población. Todo esto en un contexto que nos hace más difícil la defensa de los derechos humanos.

En materia de justicia transicional queremos enfatizar que una vez más los condenados por delitos de lesa humanidad están buscando fórmulas en este contexto para asegurar su impunidad. Desde el sector de la derecha de nuestro país se ha intentado generar debates constitucionales que permitan su liberación, siendo el propio ejecutivo quien ha impulsado un proyecto de ley que ellos denominan "humanitario" para liberar a los condenados, el mismo que ahora se encuentra en el senado y al cual como organización hemos hecho frente para que no prospere y produzca nuevos daños en las víctimas de estos criminales.

Finalmente en este contexto de pandemia por Covid-19, como Londres 38 espacio de memorias queremos visibilizar la errática conducción que ha tenido este gobierno ante la crisis sanitaria que estamos viviendo, convirtiendo a Chile en uno de los países más riesgosos en cuanto al control del virus. Propiciando medidas y políticas centradas en prevalecer las ganancias económicas por sobre la vida humana. Esta situación refleja el sistema económico-social de Chile en su plenitud y porque hace más de 30 años que se ha construido un modelo desigual, injusto y discriminador y que no ha resuelto con verdad, justicia y reparación plena las violaciones de DDHH cometidas en el pasado, instalando la impunidad presente y propiciando un estado de débil democracia que permite que estas violaciones sigan ocurriendo hoy.

Londres 38, espacio de memorias.

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