Fachada Londres velasDesde sus inicios, Londres 38, espacio de memorias ha señalado que el tipo de orden político existente es determinante para el pleno respeto y, sobre todo, garantía de los derechos humanos, o para su vulneración sistemática.
Así, en 2009, a través de un Marco ético, histórico y político, afirmamos "la necesidad de generar nuevos modos de pensar y hacer la política, es decir, las formas y disputas por la construcción del orden social" así como "la construcción colectiva y autónoma de nuevos proyectos emancipatorios".
En 2013, con motivo de la conmemoración de los 40 años de luchas y resistencias desde el golpe de Estado de 1973, señalamos la necesidad de una "Asamblea Constituyente para construir formas de poder popular y democracia participativa" junto con la necesidad de establecer procedimientos para dirimir las diferencias a través de la participación y decisión de los propios actores sociales.
La revuelta social y política iniciada en octubre de 2019 abrió paso a un ciclo de movilización aún en curso, a pesar de la pandemia, la represión y los acuerdos cupulares. La movilización se ha expresado antes, durante y después de octubre, a través de un amplio y diverso repertorio de ideas y prácticas sostenidas, en gran medida, por la organización autónoma de personas y asociatividades diversas y heterogéneas que, ante el abandono y la represión estatal, han podido aportar en sus territorios y espacios sociales a la satisfacción de algo tan básico como la alimentación y el cuidado mutuo, entre otras necesidades, a la vez que han sostenido la movilización por sus demandas. También, se ha extendido la deliberación y un estado de asamblea buscando abordar y profundizar en las temáticas asociadas a los procesos de transformación y emancipación social y política, muchas de las cuales trascienden el debate constitucional.
Hemos formado parte de las movilizaciones y aspiramos también a aportar con reflexiones y propuestas que vayan más allá de los límites del proceso institucional y electoral, límites que han sido señalados por diversos actores sociales y políticos y, en lo principal, se refieren al marco de definiciones previas respecto a las formas de funcionamiento de la instancia constituyente, los altos quorums, los obstáculos existentes para la participación efectiva y vinculante de amplios sectores especialmente aquellos independientes de los partidos políticos y de las élites, la delegación de las decisiones en representantes respecto de los cuales no existen mecanismos de retroalimentación, incidencia ni control más allá del voto, y al excesivo y creciente protagonismo en el proceso constitucional de los mismos grupos que forman parte de una institucionalidad y un sistema político deslegitimados e impugnados por la revuelta.
Por lo antes señalado existen legítimas desconfianzas, así como posiciones y sensibilidades políticas diversas en relación al proceso constituyente, en el campo popular y también en Londres 38. Creemos que estas diferencias son parte de un debate necesario y fraterno que no se agota en la actual coyuntura, y que tampoco nos impide aportar con propuestas a las discusiones actuales.
Hoy sabemos que, dados los límites del proceso constituyente acordado por el Congreso y el gobierno, difícilmente las demandas levantadas antes y durante la revuelta serán resueltas por una convención, y que solo la movilización y las propuestas surgidas desde los pueblos podrán correr, una vez más, los límites de lo que hasta ahora se ha decretado como imposible desde el poder. Siendo este un proceso aún abierto, en disputa y que no termina en el plebiscito del 25 de octubre, sus resultados dependerán, principalmente, del alcance de la movilización y de su capacidad para desbordar el estrecho marco definido. Ese desborde podrá expresarse a través del amplio repertorio de experiencias, entre ellas la masiva movilización en las calles y territorios, y la organización de procesos asamblearios desde abajo que contribuyan al propio fortalecimiento político y programático, en tanto espacios y sujetos autónomos que, a la vez, interpelen y trasciendan el proceso institucional y permitan convocar a una verdadera Asamblea Constituyente.
Considerando nuestro ámbito de trabajo, estimamos que, en cuanto a sus contenidos, el proceso de deliberación debería aspirar a asegurar, al menos, los siguientes principios y definiciones:
- Una concepción de los derechos humanos como interdependientes e indivisibles, sustentados en el derecho a tener derechos, a pertenecer a una comunidad y a un orden político capaz de reconocer y escuchar a sus integrantes de manera que puedan intervenir de manera vinculante en las decisiones que afectan la vida en común.
- Definiciones de principios y carácter del Estado como antipatriarcal, plurinacional, antirracista y antiimperialista, entendido este último como el derecho de los pueblos a gobernarse de manera autónoma.
- Término del Estado subsidiario y reemplazo por un Estado de derechos capaz de garantizar acceso universal a la satisfacción de las necesidades básicas, entre otros, en los ámbitos de la salud, la educación, pensiones, vivienda, seguridad social, para todas las personas sin discriminación de ningún tipo.
- Incorporación de formas de democracia directa como la iniciativa legislativa popular, el plebiscito y la revocación del mandato de las autoridades electas, entre otras.
- Reconocimiento pleno del derecho a la protesta y a la libertad de expresión como derechos básicos.
- Establecimiento de formas efectivas de amparo y protección de las personas ante los abusos y violaciones a los derechos humanos. Fortalecimiento y reforma de las instituciones de protección de los derechos humanos y creación de otras como el Defensor del pueblo.
- Establecimiento de formas efectivas de control, fiscalización y rendición de cuentas de todas las autoridades.
- Definición de modalidades de reforma futura de la nueva Constitución, con participación de las organizaciones populares y sociales.
- Reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos y del acceso al agua como un derecho humano, y un bien común inapropiable, asociado al derecho a la vida y a vivir en un medioambiente sano libre de contaminación. Para ello será necesario avanzar a un modelo sustentable y antiextractivista, no subordinado a los tratados de libre comercio.
- Reconocimiento de los derechos de las mujeres, sexuales y reproductivos, de remuneración en el trabajo, y reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados, así como de la diversidad de familias.
- Reconocimiento de los derechos de las disidencias sexuales y la comunidad LGTBIQ+
- Reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas.
- Subordinación de las FFAA y policiales al poder civil y disolución de Carabineros.
- Redefinición del Tribunal Constitucional.
- En el ámbito de la justicia transicional es necesario asumir que, a pesar del tiempo transcurrido desde el término de la dictadura, existen demasiados temas pendientes, y graves formas de continuidad de la violencia estatal que pueden ser definidas como un estado de excepción permanente. Un proceso constitucional debería considerar esa realidad en sus definiciones, así como en las de las nuevas instituciones garantizando:
- Verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de la represión estatal y violaciones a los derechos humanos, hayan sido cometidos estos delitos en dictadura, durante la posdictadura o a partir de la revuelta social iniciada en octubre de 2019. Con impunidad no hay democracia posible.
- Garantías efectivas de no repetición.
- Eliminación de la atribución presidencial de otorgamiento del indulto.
Estas y otras demandas solo serán posibles mediante la movilización y la lucha expresada través de ese amplio repertorio de acciones que los pueblos seguirán enriqueciendo, nunca circunscritas solo a los espacios y mecanismos institucionales, así ha sido a lo largo de toda nuestra historia y así fue durante la revuelta social, muchas veces a costa de grandes pérdidas producto de la represión y el terror estatal que ha significado muertes, desaparición, prisión política, tortura y exilio. Pérdidas que tampoco hoy han encontrado justicia ni reparación.
Los procesos políticos que estamos viviendo deben incluir una participación crítica porque sabemos que quienes gobiernan y ocupan posiciones de poder continuarán poniendo límites a una participación popular que busca ser vinculante e incidir en las decisiones. El plebiscito no es el cierre de este ciclo de movilización, tampoco lo será la elaboración de una nueva Constitución. Estos hitos y sus posibilidades forman parte de un proceso histórico más amplio, si Chile desbordó y corrió los límites de lo posible no cabe volver ahora a reconocer unos límites que ya son parte del pasado.
Londres 38, espacio de memorias
