Esta audiencia se dio gracias a la solicitud de diversas organizaciones y expertos y expertas en materias de derechos humanos, quienes a través de una misiva enviada al organismo internacional el 23 de septiembre de 2020, buscaron entregar "información relevante y actualizada acerca de la situación de la autonomía e independencia de los fiscales y las fiscalías en la región, y sobre posibles amenazas y obstáculos al desempeño de la función fiscal sin interferencias indebidas, en sus competencias para investigar y perseguir la criminalidad de mayor impacto social en la región: graves violaciones a derechos humanos y corrupción", según reseñó la carta de solicitud.
A través de una conferencia virtual, las y los representantes de cada país realizaron una breve intervención destacando las dificultades específicas de cada Fiscalía, ante Joel Hernández, presidente de la CIDH y el relator para Chile. En esta audiencia virtual, participaron representantes de Venezuela, Perú, México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Argentina.
Londres 38, espacio de memorias, participó exponiendo sobre el rol de la Fiscalía chilena y su impacto en la consecución de verdad y justicia, tanto en los crímenes pasados como en los del presente. La abogada, Karinna Fernández relevó, como parte de los puntos críticos, el hecho que "el nombramiento del o la Fiscal Nacional depende de acuerdos políticos, y al igual que en el de los y las Fiscales Regionales intervienen mecanismos externos a la institución que no incorporan espacios de participación ciudadana para la verificación de sus méritos".
Cidh KarinnaEn su ponencia, la abogada de Londres 38 resaltó que, en el caso de Chile, "la Fiscalía carece de autonomía para investigar los delitos cometidos por Carabineros de Chile, porque se trata del mismo cuerpo que actúa como auxiliar en las investigaciones fiscales, quienes además dependen jerárquicamente del Ministerio del Interior". Esta situación se ha agravado desde octubre del año 2019, luego del inicio de la revuelta popular que ha tenido como consecuencia la detención y procesamiento de miles de personas que se manifestaron contra el gobierno y el modelo económico y político.
Al terminar, Fernández enfatizó como una de las graves carencias de la Fiscalía chilena el hecho que "no existe una Fiscalía especializada para la investigación de violaciones graves de derechos humanos, ni se han designado fiscales con dedicación exclusiva o preferente para investigar las sistemáticas violaciones denunciadas desde el 18 de octubre de 2019, y solo 178 de las 8.827 investigaciones en la materia han sido iniciadas de oficio por la Fiscalía".
Como resultado de esta audiencia, se generó un documento final (ver adjunto) con la fundamentación de cada uno de los países participantes, el que fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para su estudio y pronunciamiento.