Lacromógenas plintoEl informe da cuenta del estado actual, de todas las recomendaciones que la CIDH hizo al Estado chileno, luego de su visita in loco a inicios de 2020 y que entrega como conclusión que: "El estado chileno a un año del estallido social no ha cumplido las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto en materia de la violencia institucional que ha ejercido contra la población civil, como también en un deficiente funcionamiento en materia de justicia y reparación, además de no fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales".
El documento agrupa en tres grandes puntos las implementaciones de estas recomendaciones, detallando el avance de cada una de ellas. En primer lugar, se informa sobre las recomendaciones que realizó la CIDH, en referencia al actuar de Carabineros de Chile, los funcionarios públicos y de expresiones de odio. En segundo lugar, se agrupan las recomendaciones referentes a materias de verdad, justicia y reparación respecto de las víctimas del estallido social. En tercer lugar, se revisan, además, las recomendaciones relacionadas con los derechos económicos sociales y culturales, en lo referente a la institucionalidad del Estado en la protección de los derechos humanos.
Respecto del actuar de las Fuerzas Armadas y de orden, en especial Carabineros, se reporta que estos han tenido un actuar desmedido, violento y atentatorio contra los derechos este año 2020, demostrando que las recomendaciones realizadas por la CIDH no han sido acogidas. Muestra de ello, según el informe de Londres 38, es la gran cantidad de casos de vulneraciones detallados en este documento. El ejemplo más reciente es el ocurrido el día 02 de octubre de 2020, en el contexto de protestas sociales, donde un adolescente de 16 años fue empujado en un puente por parte de un efectivo policial, el cual fue dado de baja y formalizado por homicidio frustrado.
En el segundo punto relacionado, acciones en post de verdad, justicia y reparación, se observa en el escrito que "Existe una amplia criminalización por parte del Estado chileno a los manifestantes, en particular se observa la utilización de la prisión preventiva como mecanismo de prisión política. De acuerdo con la información dada por la fiscalía desde el 18 de octubre del año 2019 a octubre del año 2020 existe un total 5.084 personas formalizadas por diversos tipos de delitos. De este universo 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 han sido condenados".
En materia de promoción de los derechos económicos sociales y culturales, la pandemia mundial del Covid-19, en su llegada al país, vino a profundizar la crisis, ya evidenciada por la revuelta popular. Según este informe, la pandemia del Covid-19 "ha sido manejada en Chile con muchísimas dificultades. Para el día 8 de diciembre la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes es de 83.72, estando dentro de los 16 primeros países con mayores tasas de mortalidad (…) se ha mantenido el toque de queda de forma extensa desde el mes de marzo hasta la fecha, en detrimento de los derechos de libertad ambulatoria, y según cifras oficiales recopiladas por el Ministerio del Interior, entre el 18 de marzo y el 1 de octubre, 146.620 personas fueron detenidas en este contexto, y otras 73.052 por circular durante el toque de queda."
Observaciones finales
Dentro de las observaciones finales, el informe da cuenta de "existe un exiguo avance en las recomendaciones realizadas por la CIDH en su visita in loco durante el mes de enero de 2020 a Chile. La violencia institucional contra los civiles se ha mantenido en el tiempo, no habiendo reales señales que den cuenta de un cambio institucional y una reforma a Carabineros de Chile y de las demás fuerzas armadas y de orden".
Otro aspecto que ha sido denunciado por Londres 38, espacio de memorias, es el clima de hostigamiento y amedrentamiento constante, que se expresa en los reiterados ataques contra sitios de memoria, y que deja en evidencia "la falta de una política de protección por parte del Estado".
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