declaracionDesde Londres 38, espacio de memorias, compartimos dos cartas respecto a la situación de las y los migrantes en nuestro país.
La primera, es una carta abierta de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes. Adjunto, además, se proponen medidas inmediatas frente a la crisis humanitaria y migratoria en Chile, por parte de la Red Nacional.
La segunda, es la una carta abierta dirigida a organismos internacionales de derechos humanos y niñez respecto a la situación de niños, niñas y adolescentes, en situación de movilidad humana; por parte del Observatorio Ciudadano y Movimiento de Acción Migrante (MAM). Esta fue enviada a representantes de UNICEF y del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, además a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
CRISIS HUMANITARIA Y MIGRATORIA EN CHILE Y LA REGIÓN
CARTA AL EJECUTIVO, MUNICIPALIDADES Y ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL
8 de febrero de 2021
De nuestra consideración:
Adoptada recientemente la modificación al Decreto 265, firmado por el presidente en julio de 2019, que permite el apoyo de las FF.AA. en el control de la frontera en materia de narcotráfico y crimen organizado, ahora se extienden atribuciones y se autoriza a las fuerzas armadas intervenir en temas migratorios, con la intención de inmediatamente intervenir en la zona norte de Chile: esta evidencia nos exige hacernos eco de las advertencias señaladas por Amnistía Internacional: "El uso de personal militar para labores de control migratorio supone un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas, debido a que carecen de la formación y de las herramientas adecuadas para tal función". Deseamos alertar por el uso de la fuerza y de las armas de fuego frente a personas desarmadas que, además de transgredir el derecho internacional, siembran un mal precedente como mecanismo de disuasión hacia grupos de personas caminantes.
Consideramos que la militarización de fronteras no representa solución migratoria, ni siquiera sanitaria a la situación existente y constituye un riesgo mayor al derecho a la vida.
Alertamos que este tipo de medidas contravienen los acuerdos y tratados internacionales suscritos por Chile en materia de Derechos Humanos, y ponen en riesgo a la población civil que se encuentra en condición de movilidad forzada y con necesidades de protección internacional. Además, atentan contra principios fundamentales como los de igualdad y no discriminación, la unificación familiar, el interés superior del niño y la niña, y afectan principalmente a mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes no acompañados, que se encuentran varados en estas zonas fronterizas.
Rechazamos la criminalización de las personas migrantes y con necesidad de protección internacional, con la excusa de los gobiernos que es para frenar la propagación de la COVID - 19; y alertamos que estas medidas están generando una nueva crisis humanitaria en el contexto de la pandemia.
En ese sentido, instamos a las autoridades a adoptar disposiciones en respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas que habitan y transitan las fronteras.
Exhortamos al Instituto de Derechos Humanos, a los Observadores de Derechos Humanos y otros organismos de sociedad civil vinculados a su defensa en todo Chile a velar por el cumplimiento y garantía de los derechos de las personas, y a articular acciones en conjunto para prevenir una crisis humanitaria, con mayores impactos en las poblaciones de acogida y en caminantes.
Hacemos un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos a pronunciarse sobre esta situación de Chile, la que vemos también en Ecuador y Perú, entre otros en la región.
La ampliación de las competencias de las Fuerzas Armadas para actuar en temas migratorios, reforzando el cierre de fronteras no constituye la solución necesaria a la situación de movilización humana en la región. Corresponde señalar que las instituciones militares tienen el mandato de proteger los derechos fundamentales de las personas y en ningún caso pueden atacar a la población civil.
Por lo anteriormente mencionado, las organizaciones firmantes de este documento, invocamos la portabilidad, transnacionalidad y connaturalidad de los derechos humanos de las personas.
Estamos convencidos que el gobierno chileno es quien debe contribuir a dar soluciones, por sus obligaciones internacionales y por una evidente razón humanitaria:
• Teniendo en cuenta la situación de personas que se desplazan en movilidad forzada y con necesidades de protección internacionalse debe otorgar refugio, reunificación familiar o visas humanitarias de forma bastante expedita (por un periodo de 1 o 2 años en caso de visa), no considerando delito, que ante el cierre de fronteras se haya ingresado por lugar no habilitado.
• Reforzar el trabajo que han desarrollado las Municipalidades de Colchane e Iquique que necesitan mayor infraestructura provisoria, mayor transporte, mayores recursos para ayudas, un importante refuerzo del personal sanitario por este periodo, que permitan no dejar varadas antes y después de la cuarentena a las personas migrantes en zonas ya muy exigidas.
• Muy importantes son campañas comunicacionales humanitarias que, favorezcan un relacionamiento inclusivo, responsable, de respeto entre todas las personas que logren bajartensionessurgidasluego de tantos discursos de odio utilizados políticamente desde hace más de un año. Al abandono existente de territorios y personas alejadas de la "capital", se suman las condiciones extremas que sufren quienes llegan y quienes viven en la zona viendo el ingreso de tantas personas que no circulan. Sólo facilitando desplazamientos más fluidos se pueden lograr otros objetivos respetando los derechos de locales y desplazados.
La importante existencia de la Universidad Arturo Prat, que cuenta con excelentes profesionales en su cuerpo docente que se desempeñan en el Instituto de Estudios Internacionales, el Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera, la Clínica Jurídica y Social, el Instituto de Salud de Altura que cuentan con capacidades y experiencias que pueden aportar una colaboración técnico-profesional y humanitaria inmejorable. Seguramente estudiantes de los últimos años estarían dispuestos a colaborar con la generosidad que la juventud ha demostrado. La colaboración de la Universidad (será como dispongan sus autoridades) puede ser un aporte significativo a la superación de la crisis humanitaria con un enfoque de derechos imprescindible. Seguramente el estado debería garantizarle a estos profesionales, medidas sanitarias básicas para el buen y seguro desempeño de sus posibles labores.
Por la gravedad de los hechos, y con la única intención de cautelar los derechos humanos de las personas, convocamos al gobierno de Chile y a los Estados de la región a buscar una solución integral a través de mecanismos eficientes y oportunos. En esta línea, destacamos la importancia de reforzar el objetivo regional para la integración latinoamericana entre pueblos hermanos.
Sin otro particular y a la espera que sean oídas estas propuestas por el bien de Chile y la dignidad de las personas, les saluda,
RED NACIONAL DE ORGANIZACIONES MIGRANTES Y PROMIGRANTES
IQUIQUE, ANTOFAGASTA, VALAPARAISO, SANTIAGO, TALCA, CONCEPCIÓN,
TEMUCO, VALDIVIA, PUERTO MONTT, PUNTA ARENAS
MEDIDAS INMEDIATAS, JUSTAS Y REALIZABLES
Estamos convencidos que el gobierno chileno -si se precia de tal- está obligado a dar soluciones acordes a sus compromisos internacionales, la constitución y a la dignidad de las personas:
• Teniendo en cuenta la situación de personas que se desplazan en movilidad forzada y con necesidades de protección internacional se debe:
- otorgar refugio,
- reunificación familiar o
- visas humanitarias de forma bastante expedita (por un periodo de 1 ó 2 años),
- no considerar delito, que ante el cierre de fronteras se haya ingresado por lugar no habilitado en período de pandemia.
• Reforzar el trabajo que han desarrollado las Municipalidades de Colchane e Iquique que necesitan mayor infraestructura provisoria, mayor transporte, mayores recursos para ayudas, un importante refuerzo del personal sanitario por este periodo, que permita no dejar varadas las personas migrantes en zonas ya muy exigidas.
• Consideramos que la militarización de fronteras no representa solución migratoria, ni siquiera sanitaria a la situación existente y constituye un riesgo mayor al derecho a la vida. Poner militares, no reduce la inseguridad en la zona tanto de residentes como de caminantes.
• Son necesarias campañas comunicacionales humanitarias que, favorezcan un relacionamiento inclusivo, responsable, de respeto entre todas las personas, que logren bajar tensiones surgidas por tantos discursos de odio utilizados políticamente desde hace más de un año.
• Al abandono existente en territorios y personas alejadas de la "capital", se suman la llegada de muchas personas en las condiciones extremas que vienen sufriendo.
o Sólo facilitando desplazamientos más fluídos se pueden lograr otros objetivos respetando los derechos de locales y desplazados.
• La existencia de la importante Universidad Arturo Prat, que cuenta con excelentes académicos en su cuerpo docente, en el Instituto de Estudios Internacionales, el Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera, la Clínica Jurídica y Social, el Instituto de Salud de Altura con capacidades y experiencias pueden aportar una colaboración técnicoprofesional y humanitaria significativa a la superación de la crisis migratoria con un enfoque de derechos imprescindible.
- Seguramente estudiantes de los últimos años estarían dispuestos a colaborar con la generosidad que la juventud ha demostrado.
- Seguramente el estado debería garantizarle a estos profesionales, medidas sanitarias básicas para el buen y seguro desempeño de sus posibles labores.
LAS SOLUCIONES MEJORES PARA EL PAIS SON LAS QUE RESPETAN
LOS DERECHOS DE TODAS LAS PERSONAS SIN DISTINCIÓN
¡PORQUE LOS DERECHOS SI SON DERECHOS SON DE TODES!
CARTA ABIERTA A ORGANISMOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y NIÑEZ RESPECTO A LA SITUACIÓN DE NNA EN SITUACIÓN DE MOVILIDAD HUMANA
Movimiento de Acción Migrante (MAM)
Los niños, niñas y adolescentes (NNA) que migran requieren de un enfoque y de atención especial por parte de los Estados a los que llegan, dado que por lo general las circunstancias de traslado pueden significar un grave daño para su integridad física, sicológica y emocional. Ser NNA migrante implica además una condición de doble vulnerabilidad, y si bien la mayoría de ellos viajan acompañados(as) por sus progenitores o cuidadores, esto no significa que lo hagan bajo un régimen de protección, especialmente cuando el viaje implica enfrentar contextos adversos, como cruzar fronteras, atravesar pasos no habilitados o condiciones climáticas extremas. Como es el caso de los NNA que han llegado al poblado de Colchane recientemente y que según cifras -no oficiales- entregadas por los medios de comunicación, serían alrededor de 235.
Es necesario e indispensable que las autoridades chilenas enfrenten la crisis migratoria que se vive en el norte del país, como una de carácter humanitario, poniendo especial atención en la protección de los derechos de NNA que están llegando a territorio chileno, lo que hasta ahora no se ha llevado a cabo. Para ello, se deben desarrollar procedimientos adecuados para identificar las circunstancias en las que los NNA migrantes se encuentran al llegar al país y así se adopten todas las medidas necesarias para salvaguardar su protección, aplicando el principio de igualdad y no discriminación, es decir, sin hacer distinciones por su nacionalidad, origen étnico o racial, género o estatus migratorio de estos NNA o de sus padres. Entre las medidas de protección a implementar, se incluye el asegurar condiciones dignas de vivienda, alimentación, atención de salud y acceso a la educación, todos derechos garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que Chile ratificó en 1990.
De acuerdo a la CDN y otros estándares internacionales aplicables, el interés superior del niño debe ser garantizado en todas las decisiones y medidas de protección que se adopten por parte de los Estados para los NNA migrantes. Esto implica, por ejemplo, reconocerles el estatus de refugiado de acuerdo a la legislación nacional y los estándares de protección del Derecho Internacional, el que debe ser interpretado de acuerdo a la condición especial de vulnerabilidad de los NNA migrantes, es decir, teniendo en cuenta que la falta de una vivienda, de acceso a servicios básicos como agua, salud o alimentación en sus países de origen o la violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, pueden llegar a ser entendidas como situaciones que amenazan su desarrollo y sobrevivencia, así como una forma de persecución que los Estados deberán tener en consideración al momento de calificar a los niños y niñas que buscan tener el estatuto de refugiado.
En esta misma línea, y siempre aplicando el principio del interés superior del niño, la medida de expulsión del país al que migran y el retorno al país de origen, debería ser la excepción y no la regla, entendiendo que los NNA migrantes se encuentran en una situación de especial vulneración y que, en muchos casos, su migración se debe a motivos contrarios a su voluntad, como son condiciones de extrema pobreza, conflictos armados, violencia familiar, falta de servicios básicos, entre otros. Es por ello que vemos con gran preocupación las declaraciones emitidas por el Ministro del Interior y Seguridad Pública de Chile, Rodrigo Delgado, quien hace unos días señaló que las expulsiones del país de personas migrantes que hayan ingresado de manera irregular, se adoptará como una política sistemática del actual gobierno. En este sentido, consideramos que los NNA que hayan ingresado por pasos no habilitados, no deberían ser amenazados con retornar a su país por parte de la autoridad estatal, sin que primero se consideren las condiciones que tendrían que enfrentar estos NNA al regresar a sus países de origen, anteponiendo así el interés superior del niño frente a cualquier medida administrativa que se adopte.
Asimismo, se debiese asegurar el derecho a la reunificación familiar, entendida la familia en sentido amplio, en caso de que quienes ingresen al país lo hagan para reunirse con sus hijos, hijas o padres, pues es un mecanismo fundamental para permitir el goce de la vida en familia, en particular, cuando se trata de personas en movilidad humana. Según el artículo 10, apartado 1 de la CDN:"Toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los peticionarios ni para sus familiares". Por consiguiente, se insta al Estado chileno a reconocer la reunificación familiar como un derecho fundamental, por tanto, no pueden proceder las expulsiones de progenitores o cuidadores de NNA migrantes, aún cuando estos hayan ingresado por pasos no habilitados. Esto además no debería constituir un delito, sino únicamente una falta administrativa.
Son lamentables las múltiples situaciones de vulneraciones de derechos de quienes han ingresado a Chile en busca de una vida mejor y que hoy se encuentran en diversas localidades del norte del país sobreviviendo en condiciones de extrema vulnerabilidad. Son cientos de personas, NNA, mujeres, hombres, jóvenes y adultos mayores, que cruzan las fronteras, muchas veces por horas y a pie, con altos niveles de deshidratación y en estado de shock, lo cual se agudiza por las condiciones climáticas adversas como el calor, la altura y la falta de oxígeno, llevando a muchos de ellos a la muerte. Quienes sobreviven, están siendo derivados a residencias sanitarias, donde las organizaciones de la sociedad civil no pueden comprobar la situación en que se encuentran sus ocupantes y, particularmente, cómo lo están sobrellevando mujeres embarazadas y NNA.
Por todo lo anteriormente señalado, es que solicitamos de manera urgente una visita in loco de organismos internacionales como ACNUR y UNICEF para constatar el estado en el que se encuentran NNA migrantes y sus familias, y colaborar en la implementación de medidas de protección integrales que aseguren sus derechos humanos.
Santiago, 16 de febrero de 2021
Observatorio Ciudadano
Movimiento de Acción Migrante
