Por José Ignacio Vásquez*
En el marco del 180° Periodo de Audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la comisión de Verdad y Justicia de Londres 38, espacio de memorias, solicitó audiencia para señalar las trabas que existen en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en la dictadura civil-militar y cómo, a través de ellos, se perpetúa la impunidad a lo largo de generaciones.
Según datos recopilados por el equipo de abogadas y abogados de Londres 38, "a 48 años de iniciada la perpetración de los ilícitos, se han concluido con sentencias definitivas, tanto absolutorias como condenatorias, procesos penales por un 23,2% de las personas reconocidas actualmente por el Estado como desaparecidas o ejecutadas, mientras que ha pronunciado una sentencia penal final en un 0,58% de los casos de las víctimas reconocidas por el Estado como sobrevivientes de las torturas".
Redistribución de causas en los tribunales
Uno de los elementos centrales de la solicitud corresponde a informar a este tribunal sobre la reorganización de las causas de derechos humanos en el Poder Judicial. El 11 de enero de 2021 fueron distribuidos cerca de 1.600 procesos judiciales, entre nueve ministros y ministras en visita con dedicación exclusiva por un tiempo establecido de seis meses, a partir del 1 de marzo.
Londres 38, ha manifestado su preocupación por la impunidad que provoca esta decisión de la Corte Suprema, expresando en el documento que "la justicia tardía y lejos de todo plazo razonable, vulnera a nombre del Estado chileno el derecho al acceso a la justicia". Otro aspecto criticado en el texto, es que la decisión no contó con el apoyo de organizaciones defensoras de los derechos humanos, ni de las familias de las víctimas, tampoco hubo consulta ciudadana, ni participación de la sociedad civil.
También se enfatizó que la decisión del máximo tribunal nacional carece de razonabilidad porque la aceleración de estos procesos judiciales no se apoya en un estudio o en informes que sustenten la resolución. A juicio de Londres 38 "se anuncia que consiste en una redistribución de ministros/as en diversas jurisdicciones del país, pero sin mencionar los criterios de esta distribución, ni en qué consiste exactamente el plazo de 6 meses, lo que plantea varias interrogantes: ¿se cerrarán todos los procesos?, ¿sólo algunos?, ¿cómo se decidirá cuáles y con qué criterios? y, sobre todo, ¿se seguirá limitando las investigaciones al establecimiento de la detención y paso de las víctimas de desaparición forzada por los centros de detención y tortura, sin determinar el destino final de más de mil de ellas?".
Los obstáculos para el juzgamiento de estos crímenes de lesa humanidad
En la pasada Cuenta Pública del Poder Judicial, el 1 de marzo de 2021, se informó sobre las falencias y lentitudes que afectan a los tribunales para avanzar en estos procesos judiciales. Algunas de estas son: falta de personal, falta de recursos económicos para digitalizar la documentación de las carpetas investigativas, tardanza en designación de relatores, etc.
Según el documento enviado a la CIDH, "esta decisión de la Corte Suprema se suma al ya gran retraso que posee la justicia en las causas seguidas por delitos de lesa humanidad, y que constituye un nuevo atropello al derecho a la verdad y a la justicia, y a la voz de las personas violentadas por el Estado, perpetúa la impunidad e impacta profundamente el curso y los avances de sus causas". También cabe señalar que Londres 38 solicitó una audiencia para manifestar esta postura ante el máximo tribunal, la que no se realizó y que, posteriormente, fue difundida a través de una carta abierta. Puedes leer esta carta abierta, enviada por las organizaciones de derechos humanos a la Corte Suprema, haciendo clic AQUÍ.
Entre los obstáculos, se destaca que fue una decisión inconsulta que transgrede el derecho de las víctimas a ser oídas cuando sus intereses entran en juego, consagrada en la declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985. Asimismo, se manifiesta el rechazo a la falta de razonabilidad para acelerar las causas sin transparentar los criterios ni las autocríticas de la administración judicial respecto de las causas de derechos humanos, pues "la resolución del pleno no aborda de modo alguno, ni menciona siquiera, el retraso excesivo que poseen las causas en segunda instancia y ante la Corte Suprema".
Otra de las críticas relevantes apunta hacia la demorada tramitación en estos procesos judiciales. Según datos de Londres 38, entre 1995 y 2020, se vieron menos de 400 causas. El documento resalta que "a ese ritmo se necesitará el absurdo plazo de más de tres décadas para terminar con una labor largamente pospuesta por los tribunales, y obstaculizada por perpetradores, cómplices y encubridores. De hecho, el año pasado (2020) sólo se vieron 20 causas, y en lo que va (hasta abril) del 2021 no se ha visto ninguna".
Londres 38, solicitó nuevamente una audiencia temática para exponer sobre los obstáculos judiciales para el juzgamiento de los delitos perpetrados desde la dictadura civil militar, en el marco del periodo n° 181 que abrió la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el mes de octubre.
"En el escenario actual de materia de justicia transicional chileno, que da cuenta de limitados avances y gran volumen de causas en manos de un número tan reducido de Ministros y Ministras que deben actuar en un plazo de seis meses, es evidente la falta de consistencia entre objetivos, escasos recursos destinados, y falta de claridad respecto al futuro de las causas, que se traduce, finalmente, en más impunidad y ausencia de garantías de repetición, poniendo de manifiesto claras continuidades entre el pasado dictatorial y el presente" consigna finalmente el documento de Londres 38.
*José Ignacio Vásquez es estudiante de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y practicante del Área Comunicaciones y Prensa de Londres 38, espacio de memorias.
