Por José Ignacio Vásquez*
Este 2021 ha estado marcado por los masivos flujos migratorios hacia y desde el país; también por la campaña masiva de deportación de personas migrantes y por un racismo amparado por un gobierno negligente. Solo en enero de 2021, se registraron más de 4.000 ingresos de personas por pasos no habilitados, y en julio de este año, la cifra ya había superado los datos del año anterior completo. Las y los migrantes son los más afectados por el procedimiento de expulsiones colectivas, organizado por el gobierno, en alianza con la empresa Sky Airlines, para deportar a más de 1.500 personas cuya situación migratoria es irregular. Estos operativos son ilegales, según establece el derecho internacional humanitario. Por esta razón, las organizaciones migrantes y promigrantes, expertos y distintos grupos denuncian que esta práctica abusiva vulnera los derechos humanos de las personas migrantes, muchos y muchas en situación de desplazamiento forzado por las difíciles condiciones de vida en sus respectivos países. Todos los antecedentes y denuncias expuestas en este reportaje dan cuenta del abuso del gobierno, que monta una institucionalidad destinada a criminalizar y abusar de los derechos de las personas que migran.
Hasta el presente, se han realizado ocho expulsiones colectivas por vía aérea, deportando a más de 400 personas de distintas nacionalidades en seis vuelos privados, y aproximadamente 200 personas en aviones militares. El Plan Colchane, documento oficial que organiza la estrategia del gobierno, instruye las acciones para dar respuesta a la crisis migratoria y humanitaria provocada ante el masivo ingreso de personas que entraron a Chile cruzando pasos no habilitados. Uno de los aspectos más relevantes del instructivo corresponde al contrato que arrienda 15 vuelos chárter para realizar la deportación, pagando a la aerolínea la suma de $555.555 por persona expulsada.
Londres 38, espacio de memorias, entrevistó a diferentes organizaciones sociales, abogadas y abogados de derechos humanos, quienes denuncian que estos operativos corresponden a métodos de deportación que están prohibidos por organismos internacionales porque atentan contra la vida de las personas migrantes. Bajo los riesgos de desplazarse por vía terrestre cruzando un paso no habilitado, llegan a Chile con la esperanza de encontrar empleo y una eventual regularidad migratoria. Hasta la fecha de publicación de este reportaje, han sido doce las personas fallecidas en el trayecto por las drásticas condiciones climáticas producidas por el efecto del invierno boliviano.
La política migratoria del Gobierno que prometió brazos abiertos
El gobierno de Sebastián Piñera, a través de sus ministros, comunicó el 9 de febrero de 2021, la implementación de su estrategia para controlar el ingreso de personas por pasos no habilitados, denominado Plan Colchane. Ese mismo día, se concretó la primera expulsión colectiva por vía aérea desde la ciudad de Iquique, deportando a 86 personas extranjeras, mediante once resoluciones judiciales y 75 procedimientos administrativos, cuya única causal que sustenta la deportación es el ingreso irregular al país.
La imagen de ese día demuestra la abusiva realidad que sufren las personas migrantes que han sido expulsadas este año: la acción de la fuerza pública con las policías custodiando a las personas deportadas, esposadas y obligadas a vestir overoles blancos; el gobierno transmitiendo señales políticas con los medios de comunicación exhibiendo el procedimiento desde los aeropuertos con vocerías; e, incluso, produciendo separaciones familiares en presencia de infantes, transgrediendo las garantías y protecciones internacionales que amparan los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Eduardo Cardoza, migrante uruguayo residente en Chile y secretario ejecutivo del Movimiento Acción Migrante (MAM), organización que forma parte de la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, enfatiza en la criminalización del gobierno hacia la migración: "Nosotros estamos diciendo desde hace mucho tiempo que estas expulsiones son ilegales y por la forma en que están hechas, lo único que buscan es evitar la justicia e instaurar a la criminalización como imagen a mostrar en torno al tema migratorio".
Eduardo asegura que "como se están implementando en Chile, son un show de la crueldad que muestra una razón de Estado que no tiene razón, es un show que muestra la forma en que el Estado es capaz de tratar las expulsiones administrativas a personas inocentes y criminalizarlas, despersonalizarlas dentro de un mameluco o un chaleco reflectante. Y decimos que es una razón sin razón, porque no hay nada que lo avale, es la voluntad política de un gobierno que no tiene argumento para justificar el comportamiento de tal crueldad y de tanta animosidad, para nada más que generar una animadversión contra las personas migrantes, que son trabajadores".
A partir de esa jornada, el Poder Ejecutivo desplegó nuevas acciones con el objeto de expulsar a las personas migrantes. Tras la segunda licitación escogió a la empresa Sky Airlines para realizar 15 vuelos chárter con migrantes, por la suma de 1.500 millones de pesos. El contrato está contenido en el Plan Colchane. Ante este escenario, la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes, intensificó el trabajo que ya realizaban denunciando estos operativos ilegales y convocó a las autoridades a desistir de estas expulsiones colectivas.
Macarena Rodríguez, directora de la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), explica que las expulsiones colectivas son "aquellas donde no se considera la situación individual de cada una de las personas, no se analizan ni se ponderan, sino que se realiza en un conjunto, de manera colectiva". Y agrega "que se dicte una orden de expulsión por cada persona, no significa que esa expulsión deje de ser colectiva, porque el fundamento de cada una de ellas es el mismo y no hay un análisis individual de la situación, la circunstancia sigue siendo la misma".
Las órdenes de expulsión son idénticas en los casos de migrantes deportados por decretos administrativos. Según este proceso, las personas migrantes deben acudir a una comisaría para realizar una auto-denuncia de ingreso por paso no habilitado, de esta forma actúa el Estado, con apoyo de las policías: inicia la búsqueda, efectúa la detención y finalmente expulsa a las personas sin constatar las circunstancias individuales de su migración hacia el país, ignorando si existen antecedentes sobre la condición de refugio en el país. Esto atenta contra el derecho de las personas a ser oídas y explicar el motivo de su ingreso.
Al respecto, el abogado de derechos humanos e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones de la Universidad de Chile, Francisco Bustos, señala que "el Gobierno dice 'nosotros dictamos 50 resoluciones' pero son todas iguales. (...) Debe existir un análisis que no solo sindique que hubo 50 actos administrativos, sino que cada uno considere las especiales circunstancias de cada caso: ¿cuáles fueron en su momento las defensas planteadas?, ¿cuáles fueron los antecedentes?, ¿cuáles son las normas invocadas y los presupuestos fácticos? y eso, hoy día no está pasando".
"Ordenar la casa" fue la consigna que adoptó el presidente Piñera para dar respuesta a la sostenida migración hacia el país en los últimos años. Este gobierno ha realizado seis expulsiones colectivas bajo el contrato del Plan Colchane, alcanzando más de 400 personas, principalmente de países de la región latinoamericana. Las comunidades venezolanas (185), colombianas (105) y bolivianas (99) registran la mayor cantidad de migrantes expulsados. Puedes observar estos datos en la siguiente tabla:
Bustos afirma que, en estas expulsiones, el aparato estatal "acusa que las personas cometieron delitos, sin atender si son víctimas de tráfico, si son víctimas de trata, sin atender a las necesidades extremas, es decir, las personas no cruzan el desierto, no se exponen a campos minados, porque quieren violar la ley chilena, eso también es una cuestión que la autoridad debiera entender". Y aseguró que "es porque están en condiciones tales, que encuentran que eso es inaceptable y buscan un mejor horizonte".
Las denuncias ante esta práctica sistemática contra comunidades migrantes
Estos procedimientos de expulsión a personas migrantes, por parte del gobierno de Sebastián Piñera, han sido criticados también por organismos que ratifican que se trata de un grave atentado y violación a los derechos humanos. Una lucha intensa ha llevado adelante la Red Nacional de Organizaciones Migrantes y Promigrantes de Chile, que impulsó la campaña "Las expulsiones masivas violan los DD.HH. No más racismo de Estado" y, recientemente, la campaña "De 30 a 30", en articulación con otras organizaciones. Asimismo, los reclamos provienen de tribunales nacionales y autoridades del sistema interamericano de derechos humanos, como el Relator Especial para los derechos humanos de los Migrantes de Naciones Unidas; la misión Chile de la Organización Internacional de las Migraciones de la ONU; la Corte Suprema; organismos asociados a grupos religiosos, agrupaciones y movimientos políticos, entre otros.
Eduardo Cardoza, señala que la campaña se origina "denunciando la gravedad de todo lo que hemos visto ahora, porque hemos visto que hay un montaje, una campaña muy estructurada por parte del Gobierno, donde se está generando opinión a las personas con argumentos que son falaces".
También explicó que sus objetivos son: "sensibilizar, sacar al ser humano que está dentro de ese mameluco y mostrar, que hable, se exprese, se vea que es una persona, no hay ningún criminal, no hay por qué esposarlo, llevarlo en esas condiciones, y se siente muy mal. Es una situación de vida que no se olvida nunca, porque son personas que nunca fueron detenidas, que nunca tuvieron problemas y que después de esfuerzos enormes para llegar, muchas veces se les expulsa de esa manera indigna" denunció.
Solo este año se han realizado ocho expulsiones colectivas por vía aérea. Además de las seis deportaciones del Plan Colchane, aún restan nueve operativos por concretar. Londres 38, espacio de memorias, accedió a información oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) sobre las expulsiones efectivas hasta julio 2021. Los datos entregados revelan que la proporción de expulsados por vía administrativa supera a la proporción de expulsados por orden de tribunales. Puedes observar este gráfico elaborado con la respuesta de la PDI sobre las expulsiones a personas por situación migratoria:
A nivel jurisprudencial, los abogados consultados interpretan que el ejecutivo, ha actuado de forma arbitraria, abusiva y eludiendo a la justicia. Francisco Bustos, explica que estas expulsiones han ocurrido precisamente en días que no sesionan los tribunales, lo cual impide el acceso a la justicia. En entrevista con Londres 38, aseguró que "el gobierno está tan consciente de que está vulnerando compromisos internacionales, que por eso mismo buscan llevar a cabo estas expulsiones el sábado a las 7 de la mañana, el domingo en la madrugada; de modo tal que los tribunales no estén funcionando, es decir, ellos con su actuar implícitamente reconocen que están obrando mal".
Ante esta situación, el presidente de la Corte Suprema instruyó a las Cortes de Apelaciones, sesionar durante fechas y horas inhábiles para atender la admisibilidad de los recursos de amparo y asegurar los derechos de las personas expulsadas. En algunas oportunidades, debido a los recursos de amparo ingresados por las fundaciones, se ha logrado bajar a algunas personas de estos aviones privados y, en otros casos, la resolución judicial fue notificada tardíamente cuando la expulsión ya fue efectiva. Quienes fueron entrevistados consideraron esta instrucción como una señal positiva en favor del acceso a la justicia para las personas cuyos derechos están siendo vulnerados por estos operativos de expulsión colectiva.
Bustos calificó que la señal transmitida por el gobierno es grave. "Yo creo que es una pésima señal y el problema es que no sólo queda mal Sebastián Piñera, queda mal también Chile, como uno de los países que peor ha tratado a los migrantes, manteniendo este nivel de vuelos, incluso durante la pandemia" sostuvo.
La diáspora venezolana que Chile profundiza
Una situación particular corresponde a las extranjeras y extranjeros bajo condición de refugio, dado que los acuerdos internacionales, ratificados por Chile, exigen el cumplimiento de garantías respecto de la protección a estas personas cuyo desplazamiento fue provocado por las condiciones que generan peligro para sus vidas. En el caso de la migración de la comunidad venezolana, organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) exhibe la situación del desplazamiento de 5,4 millones de personas que migraron de este país. Un estudio indica que entre los destinos de las personas venezolanas migrantes en este periodo, un 10% arribó a Chile.
La abogada y académica Macarena Rodríguez, explica que "son personas que están en una condición particular y muchos de ellos podrían ser solicitantes de refugio, o aplicarse respecto de ellos el principio de no devolución. La Ley de Refugio señala expresamente que, en el marco de una solicitud de refugio, haber ingresado por paso no habilitado, no puede ser sancionado; entonces la Corte lo que dice es 'si estas personas son potencialmente personas que podrían solicitar refugio y el marco legal del refugio no sanciona el ingreso por paso no habilitado', entonces pierde sentido el fundamento de la expulsión, que es este hecho de haber ingresado por paso no habilitado".
Según datos oficiales, la mayoría de las personas expulsadas por vía aérea durante este año provienen de Venezuela, alcanzando una cifra cercana al 50% de los migrantes deportados entre enero y julio de este año (185), ninguna de las mujeres expulsadas cometió un delito, fueron deportadas tan solo por el acto de cruzar la frontera en busca de una mejor vida. El 22 de septiembre, el ministro del Interior, Rodrigo Delgado afirmó que "muy pronto" reiniciarían los vuelos pendientes del Plan Colchane. Los datos que accedió Londres 38 están presentados en la siguiente lámina:
Carlos Figueroa, sociólogo y director de Estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, afirma que "una persona que ha sido desplazada por situaciones de violencia y que está siendo vulnerada en su derecho al ser desplazada de su país, es un refugiado. Y en Chile ese refugio no está siendo reconocido, no debería poder expulsarse a ninguna persona refugiada y, por lo mismo, decimos que se están vulnerando los procesos".
El actual proceso de regularización extraordinaria
El actual gobierno de Sebastián Piñera también promulgó la nueva Ley de Migraciones, el día 11 de abril en el aeropuerto de la ciudad de Iquique, en el contexto de la segunda expulsión colectiva. Entre las distintas disposiciones de la normativa, destaca la creación del Servicio Nacional de las Migraciones. Además, tras la promulgación de la nueva legislación, que reemplazará al vigente decreto ley N°1.094 de la dictadura civil militar, se abrió un proceso de regularización extraordinaria para las personas migrantes que ingresaron al país por un paso habilitado desde 2020 y durante un periodo de seis meses podrán acogerse a regularidad.
Al respecto, distintas agrupaciones y expertos coinciden que es contradictorio expulsar a personas migrantes mientras este proceso permanezca en curso. En el caso específico de las personas que ingresaron al país a través de un paso no habilitado, en el presente año se instruye abandonar el país para solicitar una visa desde un consulado en cualquier país. Carlos Figueroa dice que "el gobierno no está haciendo caso a la ley y está desobedeciendo una oportunidad que ellos dieron a las organizaciones y las personas".
También es importante destacar que la nueva legislación, ya no considera el ingreso por paso no habilitado como un delito, por lo tanto, el Ejecutivo no podría deportar a estas personas, cuya orden de expulsión califica como falta administrativa. Sin embargo, la ley aprobada no puede regir hasta la dictación del reglamento para aplicarla. El gobierno no ha anunciado su publicación hasta el cierre del reportaje. El abogado Francisco Bustos agregó que: "yo creo que el gobierno tiene fuertes incentivos para no dictarlo, porque les interesa seguir haciendo esto y yo creo que el presidente Piñera o no va a dictar ese reglamento, o bien lo va a dictar el 10 de marzo".
En el contexto de los recientes y gravísimos ataques contra las personas migrantes en la Región de Iquique y la exacerbación de los discursos de odio y las prácticas racistas, nuevamente el Gobierno mantiene su silencio y asume con políticas tardías. Tras estos hechos, las redes migrantes y promigrantes articularon campañas por la solidaridad de las personas afectadas y también difundieron una declaración pública con diversas organizaciones sociales. Puedes leer esta declaración hacienco clic aquí.
Cabe destacar que este gobierno no adhirió al Pacto Mundial de las Migraciones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), decisión que comunicó el presidente Sebastián Piñera el 9 de diciembre de 2018, restando a Chile de este acuerdo multilateral que busca proteger la integridad de las personas migrantes. Fueron más de 150 países que concurrieron a la conferencia de Marrakesh y aprobaron el acuerdo global. Piñera sostuvo que suscribir el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de Naciones Unidas (ONU) no era "conveniente" pues "dificulta el proceso de poner orden en nuestra casa". Una vez el discurso autoritario de un gobierno que responde a la crisis humanitaria con más vulneración de derechos y vejaciones para las comunidades migrantes en Chile. Asimismo, en febrero de 2021, Piñera viajó hasta Cúcuta, ciudad de Colombia fronteriza con Venezuela, para invitar a la comunidad venezolana, con el gran anuncio que "en Chile les esperamos con los brazos abiertos", lo que ha sido una promesa incumplida. Ambas señales demuestran el nulo compromiso del Estado chileno con el respeto a la dignidad de las personas migrantes que están siendo expulsadas con toda la violencia de la institucionalidad racista y discriminadora, aún en el contexto de la emergencia sanitaria del COVID-19.
Esta grave crisis ha propiciado una contundente articulación de las redes migrantes y la activa colaboración de agrupaciones de derechos humanos en esta lucha. La Articulación Migrante Justicia y Dignidad Sin Fronteras, en la que participa Londres 38, realiza cada año la campaña "De 30 a 30". Del 30 de agosto al 30 de septiembre de 2021, levantamos en conjunto más de 20 acciones y actividades para denunciar el racismo institucional en Chile y exigir derechos para todas las personas migrantes que están siendo víctimas de las políticas del Estado de Chile en materia de migraciones. Además, exigimos que el 30 de septiembre, fecha en que muere Joane Florvil, migrante haitiana víctima del racismo institucional y social, sea declarado como el Día Contra el Racismo. Seguimos en esta lucha, por Toda la Verdad, Toda la Justicia.
¡FIN A LAS EXPULSIONES COLECTIVAS. NO MÁS RACISMO DE ESTADO!
*José Ignacio Vásquez es estudiante de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado y practicante del Área Comunicaciones y Prensa de Londres 38, espacio de memorias.
