Las represiones de la dictadura civil militar no acabaron el 10 de marzo de 1990. En los gobiernos de la Concertación, periodo comprendido entre los años 90 hasta el año 2010, el Estado continuó participando en violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, con prácticas heredadas del pasado dictatorial. Asimismo, en los gobiernos de Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018 a la actualidad), presidente que declaró la ofensiva contra el pueblo al inicio de la revuelta popular en octubre de 2019 -hoy imputado en causas de derechos humanos- se produjo un incremento masivo del encarcelamiento de jóvenes luchadores.
Impunidad Sistemática
Con el fin de la dictadura de Pinochet, la reparación para familiares de personas ejecutadas políticas y detenidas desaparecidas del régimen, no fue parte de los gobiernos llamados "democráticos". Según cifras del Servicio Médico Legal, de las y los 1.109 detenidos desaparecidos, sólo 143 han sido identificados. Asimismo, sólo un 23,2% de las causas de personas ejecutadas y desaparecidas han tenido sentencias finales, número aún más desolador para sobrevivientes de torturas, casos en los que solamente un 0,58% han tenido juicios finales con sentencias de término.
La garantía de no repetición, es decir "aquellas acciones que debe desplegar el Estado en procura de que la situación que generó la violación de derechos humanos no se vuelva a presentar" (según la definición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH), tampoco se cumplió en Chile tras el fin de la dictadura. Al menos cinco personas han desaparecido en manos de agentes del Estado entre 2001 y 2020: Hugo Arispe, 2001; José Huenante, 2005; Ramón Pacheco, 2008; José Vergara, 2015; y Jean Fedor Louis, 2020 (puedes leer el especial de Londres 38, sobre los detenidos desaparecidos en democracia pinchando AQUÍ).
El número es aún mayor si se trata de asesinatos políticos en los que está involucrados Carabineros o Fuerzas Armadas durante los gobiernos democráticos: decenas de luchadores mapuche, activistas medioambientales y dirigentes. Del mismo modo, en el Wallmapu, territorio ancestral mapuche al sur de Chile, se ha profundizado y recrudecido la militarización y el permanente hostigamiento policial.
La impunidad del pasado garantiza la impunidad del presente
Todas estas prácticas demuestran, por un lado, la sistematización de la represión del Estado chileno; y, por otro, la complicidad de las autoridades. Actualmente, y sobre todo a partir del inicio de la revuelta popular, asistimos a un periodo marcado por la criminalización de la protesta social y el uso de la prisión política y de la ley antiterrorista contra quienes salieron a las calles a manifestarse por 30 años de opresión.
Según cifras de la CIDH, sólo desde octubre de 2019 hasta enero de 2020, se produjeron más de 23.000 detenciones en contextos de protestas y, seguidamente, hubo un ingreso a las cárceles que superó las 2.500 personas, conformando un grupo de "presas y presos de la revuelta". A más de dos años de revuelta, más de 70 personas permanecen en prisión carcelaria o domiciliaria total; y cada vez, con mayor frecuencia, nos encontramos con casos de jóvenes absueltos por la justicia, demostrándose su inocencia, tras periodos de entre uno y dos años tras las rejas (puedes consultar más información en esta exposición de las abogadas Karinna Fernández y Francisca Hernández, pinchando AQUÍ).
A esto se suman las 12 víctimas fatales de la revuelta popular, muertes en las que participaron Carabineros o Fuerzas Armadas, además del caso de Denisse Cortés, crimen cuya autoría aún no ha sido resuelta, pero en la que también están involucrados agentes del Estado (revisa esta publicación con el estado de los 13 casos reporteados por Londres 38, pinchando AQUÍ).
Y seguimos: según datos de Fiscalía y el Poder Judicial, 8.581 causas por violaciones a los derechos humanos, 3.050 fueron terminadas sin formalizados, la mayoría aún se encuentra en etapa investigativa, acompañadas por las denuncias de abogados y abogadas querellantes, quienes acusan pactos de silencio y falta de voluntad de resolución por parte del poder judicial y las instituciones involucradas. De estas más de 8 mil causas, solamente 97 agentes del Estado han sido formalizados (es decir, un 1,13%). Y de los 97, sólo uno ha sido condenado: su pena, por homicidio frustrado, es de cinco años con libertad vigilada.
No más impunidad
La represión y las vulneraciones de derechos humanos en el presente, han fortalecido la impunidad que caracteriza la actuación de los tribunales judiciales del país. En marzo de este año, se resolvió distribuir las causas de la dictadura civil militar en nueve ministras y ministros en visita con dedicación exclusiva por un periodo de seis meses. Desde Londres 38, espacio de memorias, denunciamos esta resolución de la Corte Suprema que fue inconsulta, carece de razonabilidad y excluyó a las agrupaciones de familiares y a organizaciones de derechos humanos.
Londres 38, en su solicitud de audiencia temática para el periodo 181° de la CIDH, expresa que las deficiencias del Poder Judicial en Chile "se traducen en más impunidad y ausencia de garantías de repetición, poniendo de manifiesto claras continuidades entre el pasado dictatorial y el presente".
Con una carta magna en proceso de escritura a cargo de la Convención Constitucional, y a diez semanas de iniciarse un nuevo periodo presidencial -bajo un gobierno conformado por un conglomerado que, al menos en una parte importante, no participó del ejecutivo en los últimos mandatos-, la urgencia y exigencia de los movimientos sociales que permanecen organizados en calles y territorios, como también de organizaciones y familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos tanto en dictadura como en revuelta, es poner fin de una vez por todas al recorrido de impunidad en Chile y a los pactos de silencio que la permite; el compromiso de las autoridades y del nuevo gobierno por la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición; y que el "Para que nunca más" sea un hecho y no simplemente una consigna vacía.
¡Toda la Verdad, toda la Justicia!
