Por Mayron Sills
Una hora antes de la entrevista, pidió si por favor se podía retrasar la videollamada porque no alcanzaba a llegar. Los días de Francisco Bustos son parecidos, vestido de traje y camisa, con pasos rápidos, de un lugar a otro, tribunales, oficinas, entre documentos, reuniones y entrevistas.
Tiene 33 años y desde siempre sintió un especial interés por temas vinculados a los derechos humanos, lo que lo llevó a querer estudiar una carrera vinculada a las ciencias sociales. No hubo ninguna situación particular que lo marcara en este sentido, pero creció en una familia de izquierda, en Santiago. Quizá esas conversaciones familiares, en las cuales escuchó hablar de esas vidas interrumpidas, a balas, flotando en el río Mapocho allá por los setenta, se instalaron en él y, de alguna manera, marcaron su camino.
Es Licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, Magíster en Derecho con mención Derecho Internacional, también de la Universidad de Chile, y académico en la misma casa de estudios. Asimismo, Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Universidad Diego Portales, además de contar con varios diplomados en la materia. Su trayectoria lo llevó a integrar la comisión de DDHH del Colegio de Abogados y a apoyar a familiares y amigos de personas detenidas desaparecidas y torturadas en dictadura y democracia.
Sus ideas respecto de derechos de protección contra torturas, reparación y verdad, ya estaban contenidas en un papel, muchos, muchísimos años antes de lo redactado por la Convención Constitucional. Durante el segundo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet, cuando se discutía la por entonces idea de un proceso constituyente, Bustos, junto al doctor en derecho, Pietro Sferrazza, redactaron un borrador que contenía apuntes sobre tortura, que más tarde tomaron la forma de un diagnóstico sobre las deudas del Estado chileno para con la violación sistemática de derechos humanos. La primera mujer que presidió el país, creó una unidad de búsqueda en el marco del plan nacional de derechos humanos, no obstante, nunca hubo ni presupuesto ni respaldo político para que se llevara a cabo de manera efectiva.
Este martes 15 de marzo, el pleno de la Convención Constitucional votó un conjunto de normativas inspiradas en ese borrador: protección contra desapariciones forzadas, tortura, deber de búsqueda, imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad y deberes de justicia. Todas ellas fueron aprobadas.
¿Cómo llegaron esos artículos a la Convención Constitucional, quiénes los levantaron y de qué manera te hiciste parte del proceso?
Nosotros expusimos este tema en agosto del año pasado ante una comisión provisoria de la Convención Constitucional, ahí entregamos minutas. Y cuando se creó la comisión estable de derechos fundamentales, envíamos la minuta a diversos convencionales de izquierda (entre ellos, el Colectivo Socialista, Frente Amplio, algunos No Neutrales y el Partido Comunista). Al interior de la Convención, hubo varios acuerdos pero también desacuerdos, por ejemplo en la norma transitoria que buscaba regular la aplicación de la prescripción gradual (parte de la iniciativa convencional 451) y nosotros incluimos una prohibición de indulto que hoy no está en la norma porque fue excluida.
A partir de esas diferencias, se crearon dos proyectos: la iniciativa 451 (de convencionales pertenecientes a Chile Digno, Pueblo Constituyente y Colectivo Plurinacional, entre otros) y la 666 (del Frente Amplio, Colectivo Socialista y No Neutrales). Ambas recogen normas sobre protección y deber de búsqueda, torturas (la 666 no recoge tortura, pero porque FA ya había presentado una norma sobre el tema ), recogen la obligación de investigar, juzgar y sancionar pero tienen una pequeña diferencia sobre el indulto, que queremos que se reponga. La del Frente Amplio no contenía norma de media prescripción gradual y eso impidió presentar un proyecto único. Finalmente hubo acuerdo en la comisión. Todos, de derecha a izquierda, estuvieron inadvertidamente por eliminar esa norma. En la votación final, antes del pleno, hubo una amalgama de proyectos, fueron aprobados todos en general y los que tuvieron los ⅔ el martes, pasaron al borrador de la nueva constitución y tomaron algunos elementos de los que propusimos.
¿Qué pasó entonces, por qué no hubo un solo proyecto?
Nuestra idea era mandárselo a todos los convencionales para que hubiera un proyecto único y fuera más rápido y fácil de aprobar. Pensamos que no iba a haber gran desacuerdo, al contrario, que los temas iban a ser apoyados y lo fueron. En las discusiones (a las cuales a veces me invitaban) la idea era la misma, pero no hubo acuerdo ni en temas de normas transitorias sobre medidas de prescripción, ni prohibición de indultos, ni derecho a la verdad. El proyecto que nació de la iniciativa 451, en tanto, incluyó artículos vinculados al derecho a la memoria y fue apoyado por personas muy entendidas en el tema. En esos tres temas existían diferencias, pero el resto era muy similar.
¿Cuál es el diagnóstico en relación a verdad y justicia que hace necesaria esta norma?
Es un diagnóstico de dulce y agraz. Chile es probablemente el país que más ha llevado a cabo investigaciones domésticas por crímenes internacionales, es un buen punto reconocerlo. Pero fuera de eso, creo que este proceso de justicia tiene varias imperfecciones. Fue un tema que ni en el poder ejecutivo ni el legislativo quisieron tratar, sea porque en los años noventa existía un bloqueo por los senadores designados, por falta de voluntad política, porque dentro de la Concertación y en la derecha hubo voces que quisieron mantener la amnistía (aunque también hubo gente que se resistió a eso), pero lo concreto es que este tema se entregó al poder judicial y este ha juzgado en base a las leyes que habian, muchas veces desapegados al derecho internacional por diversas razones. Ha habido más investigaciones, incluso más que en Argentina, pero hay problemas de búsquedas de personas desaparecidas.
Existe la unidad de búsqueda pero hay deudas importantes y esperamos que el nuevo gobierno pueda potenciar este espacio y las iniciativas que tienen quienes trabajan ahí que, según entiendo son dos personas, necesitan más apoyo; y mayores avances en sanciones que muchas veces no van en correlación con la gravedad de los delitos. Por ejemplo, hay falta de aplicación de agravantes, muchas veces se conceden atenuantes de forma indebida (a Krassnoff lo han privilegiado en más de 50 ocasiones por intachable conducta anterior) y la aplicación sistemática de la prescripción gradual (que llegó a la CIDH) y todos estos son temas que creemos que sería bueno contar con un marco general en la Constitución que reafirme que las desapariciones forzadas son inaceptables y el deber estatal ineludible de búsqueda, que se establezca con claridad que son delitos. El Estado debe tomar todas las medidas para impedir su impunidad y sancionar con penas apropiadas.
"Que aparezca hasta el último desaparecido es una meta difícil pero es un mensaje para que violaciones a los Derechos Humanos no vuelvan a ocurrir"
La Constitución del 80 fue el resultado de un proceso político y económico, violento como ningún otro, que tuvo por objetivo instalar el neoliberalismo en Chile, que se convirtió en un laboratorio de los economistas de la Escuela de Chicago. Para Bustos es, además, un intento "de neutralizar la agencia política del pueblo chileno (como dijo en algún momento Daniela Accatino)" ante lo cual, esta nueva Constitución que se está redactando, "junto con permitir que el pueblo chileno exprese su voluntad, debe contribuir a cerrar heridas", dijo quien también es asesor del Comando Unitario de Ex Presos Políticos.
"La única forma de superar un trauma es con verdad y justicia, no con olvido ni impunidad, sino con ayudar a que aparezca hasta el último desaparecido; es muy difícil pero hay que tener este tipo de metas, no se puede partir sobre la base de la impunidad, y esta meta es un mensaje para que graves violaciones a los DDHH no vuelvan a ocurrir".
De acuerdo a Bustos, ha habido investigación, pero el poder judicial "se llevó toda la carga, con múltiples aciertos pero también defectos" en su accionar. En tanto los poderes ejecutivos y legislativos, "tienen grandes deudas y uno de los puntos más débiles que vimos después del 18 de octubre, fue la total falta de garantías de no repetición", subrayó. Si la violación de los derechos humanos ocurrió en dictadura y también en democracia, es porque "las policias siguen funcionando de la misma manera, siguen inventando cosas falsas, siguen tributando de la policía de la dictadura", destacó recordando dos momentos importantes que demuestran la persistencia de esta actitud, contraria a la democracia y exaltadora del golpismo.
En agosto de 2020, un entonces orgulloso director de Carabineros de Chile, Mario Rozas, firmó la orden para cambiar el nombre de la Academia de Ciencias Policiales por General Director Rodolfo Stange Oelckers, en homenaje al ex miembro de la dictadura. Los homenajes, cada cierto tiempo, a la figura de Miguel Krassnoff, oficial de la ex Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) responsable de decenas de crímenes, o bien la representación de la imagen mediática de los hijos de los condenados de Punta Peuco como víctimas cuando no, como "rockstars" responden, según Bustos, a una misma lógica: seguir validando la dictadura y a las personas que fueron parte de ella.
"Hay una serie de medidas, de corte más bien educativo, político, que tiene que hacer el poder ejecutivo y el poder legislativo, donde estamos al debe, y eso influye mucho en la no repetición. Hay mucho por hacer y es importante que la nueva Constitución pueda abordar esto. La Constitución es un punto de partida, no de llegada, y probablemente tome una generación implementar estas reformas pero hay que partir por algo y hay muchas cosas que no se hicieron bien durante más de 30 años".
¿Cuáles son los obstáculos que hay en la actualidad para el esclarecimiento de verdad y justicia y que esta iniciativa busca eliminar?
El principal obstáculo es el tiempo y contra eso hay poco que hacer, pero hay otros sobre los que sí: uno, las obligaciones de diligencias del Estado en materias como la obligatoriedad de juzgar, investigar y sancionar crímenes de derecho internacional en una definición amplia de todos los crímenes que constituyen delitos de lesa humanidad; y dos, el esclarecimiento del deber de investigar, el derecho a la verdad (el Ejército ha dicho que prácticamente todos los documentos importantes fueron destruidos), creemos que es importante que se establezcan normas para preservar este acervo documental y que las normas destaquen la importancia de la no prescripción, y una cláusula de fin de impunidad. Es importante que se reciban condenas acordes a la gravedad de los hechos para no trivializar hechos de máxima gravedad.
"Establecer los DDHH en la nueva Constitución sería un mandato claro a los órganos del Estado respecto a que ninguna norma interna interfiera con estas obligaciones"
Respecto al derecho internacional, ¿esta normativa está en sintonía con lo planteado en otros países?
La idea de establecer la protección contra la desaparición forzada es un deber que ya existe para el Estado de Chile. El país ha suscrito la Convención interamericana, así como la Convención de Naciones Unidas sobre protección contra la desaparición forzada (donde se establecen los deberes de protección y de búsqueda), entonces no es algo nuevo. La Convención contra la tortura de Naciones Unidas fue suscrita por el mismísimo Augusto Pinochet en los 80, probablemente porque algún mal asesor le dijo que el derecho internacional no obligaba, y lo llevaron preso por eso (ríe), pero él lo firmó para mostrarse como un Estado mas abierto al mundo, en medio del juzgamiento internacional que se estaba haciendo debido a las ya conocidas (por entonces) violaciones a los DDHH, sin saber que esto significaria un costo para él.
Chile suscribió contra la tortura, contra la desaparicion forzada, el Estatuto de Roma que reconoce los crímenes de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra, de agresión, somos parte del Sistema interamericano y la Corte le ha dicho cuáles son las obligaciones de debida diligencia respecto de estos crimenes. Ninguna de estas normas representa algo que el Estado chileno, al menos en lo declarativo, no comparte. Además son acuerdos mínimos de qué cosas no se pueden hacer respecto de los semejantes y si se establecen en la Constitución sería un mandato claro a los órganos del Estado respecto a que ninguna norma interna puede interferir con estas obligaciones. Aquí no hay nada extravagante en relación a lo establecido a nivel internacional, por lo menos en lo que respecta a protección contra la tortura y la desaparición forzada, deber de búsqueda y justicia, probablemente sí en la norma de verdad, porque es dificil de constitucionalizar y probablemente también la memoria, son innovaciones que van en el sentido correcto porque recogen buena parte de la discusion del derecho internacional. Y por otro lado, reconoce la importancia y el dolor que han causado estos temas, destacando que son importantes no solo en lo declarativo sino en el máximo nivel normativo. No puede haber ningún impedimento para que se busque toda la verdad y toda la justicia por estos hechos.
¿Qué se entiende por reparación integral de las víctimas de violaciones a sus DDHH? ¿Qué implica esa integralidad?
Esa es una muy buena pregunta. Dentro de la reparación hay distintos aspectos de los cuales hacerse cargo, aunque muchas veces es imposible que las cosas vuelvan al estado en que estaban nuevamente, pero la reparación integral en el derecho internacional comprende distintos tipos de medidas, que son relativas a restitución (tratar de restablecer hasta donde sea posible la situación que existía antes de alguna violacion a los DDHH, por ejemplo en el caso de la confiscación de bienes devolver esos bienes, que es más fácil de resolver) y en caso de crímenes de personas no se puede, sólo se puede compensar, es imposible devolver una vida pero si compensar el daño emergente, moral. También hay medidas de rehabilitación (atención de médicos, psicólogos, etc). Si al trauma se le suma la falta de reparación (que no haya atención psicológica, que los medios digan que mataron a un terrorista, etc.) va en contra de la reparación.
A la falta de búsqueda de personas desaparecidas y procesos judiciales eternos, las respuestas han sido históricamente poco satisfactorias y las medidas de satisfacción apuntan "a la dignidad de la víctima" explicó Bustos. Anular sentencias, que los medios de comunicacion "rectifiquen titulares que aluden al terrorismo, la publicación de la sentencia, la busqueda de personas desaparecidas, exhumaciones en presencia de familiares, la identificación de restos y además de la restitución e indemnización, la rehabilitación y la satisfacción, las garantías de no repetición", son formas de buscar que no se repitan este tipo de situaciones, cerró el abogado.
Además, agregó, "esto se hace mediante campañas de capacitación y formación, reformas legales tendientes a mejorar las policías, los recursos de amparos, mejorar condiciones carcelarias, la capacitación en derechos humanos, la reparación por lo menos comprende esto. Tiene que ver con lo material, lo simbólico, indemnizaciones, pero también medidas estructurales".
"Las medidas de no repetición requieren de medidas concretas, no basta con que se declare el nunca más, requiere reformas importantes"
Hay frases como "Nunca Más", que se repiten con fuerza en distintos espacios, aludiendo justamente a las garantías de no repetición: ¿Cómo se puede garantizar que el "Nunca más" deje de ser un eslogan y aplique realmente?
No basta con declarar "Nunca Más". Hay instituciones que uno puede notar que hay mejoras, por ejemplo durante el gobierno de Aylwin fue posible intervenir la Policía de Investigaciones: sacar personas vinculadas al narcotráfico, violación a los DDHH, fue posible hacer un tipo de purga, se creó la unidad de DDHH, pero eso fue imposible en Carabineros o militares. Las medidas de no repetición requieren de medidas concretas, no basta con que se declare el nunca más, requiere reformas importantes.
Pensar en los gobiernos de Aylwin, Lagos o Bachelet es, para Bustos, remitirnos "a distintos márgenes de maniobra" en materia de derechos humanos. En la actualidad, el abogado ve importante "al menos" discutir reformas importantes a las policías, porque se siguieron repitiendo actos de violencia e incluso "en los 90, los reportes de tortura eran minimizados".
La violencia policial ha sido un permanente en la historia. Francisco lo sabe, pues está en las sombras de cada marcha, cuidando, defendiendo, resguardando. Por eso recordó que durante "el 2006, la revolución pingüina, las manifestaciones estudiantiles de 2011 y 2012": el actuar violento de la policía y los militares, "no tiene supervisión".
Las medidas de no repetición, afirmó, "requieren reformas estructurales que no se han dado en estos ámbitos". Hay acciones que ayudaron, ejemplificó, "establecer un Instituto de DDHH, más allá de los problemas que tiene; las modernizaciones del poder judicial (jubilar a todos los ministros designados por Pinochet, pagándoles indemnizaciones altísimas y que hoy hay un poder judicial que tiene unidades de género y apertura a los DD.HH., en fin". Hay instituciones que "han sido más permeables a los cambios" y otras a las cuales "se las ha dejado hacer".
Francisco mira constantemente hacia los lados, como buscando respuestas. O quizá reconstruyendo pasajes de sus lecturas. Viste camisa gris y habla, con sus labios gruesos, de algún capítulo de La Historia Oculta de la Transición (Ascanio Cavallo, 1998). Hubo un tiempo en que el ministro del Interior, Enrique Krauss, "le pedía a los familiares de desaparecidos que por favor, en ciertos contextos, no hicieran manifestaciones porque la policía se mandaba sola y podía matar a alguien", evocó. Cuando un ministro reconoce eso, "es síntoma de un problema".
La asunción de este nuevo gobierno, la aprobación de este conjunto de artículos junto al proceso constituyente y este escenario social ¿qué implicancias podría tener respecto a los presos políticos y violaciones ocurridas a los DDHH, tanto en democracia como en dictadura?
Es muy importante tener un presidente que al menos desde los hechos ha demostrado tener un compromiso político con los derechos humanos, creo que él sí tiene un compromiso con estos temas y eso se vio desde antes de asumir, anunciando desistir de las querellas, también con ciertos nombramientos. Han hecho cosas importantes pero no todo está en sus manos. Es probable que al presidente le toque estudiar indultos particulares. He visto señales muy esperanzadoras, también lo anunciado de crear una mesa de reparación de víctimas del estallido. Creo que en poco tiempo, se está caminando en la dirección correcta. Esta oportunidad de poder contribuir a la Convención, y en este periodo tan promisorio que tiene a los DDHH en el centro, es algo que me alegra mucho y espero que, cuando veamos atrás, no se vea como otra oportunidad perdida.
En el fondo, se trata de robustecer esta democracia tan debilitada que tenemos desde hace más de 30 años...
Claro, de todas maneras. Se trata de revertir el plan de la dictadura, que era debilitar la agencia política de los pueblos de Chile y que ellos, nosotros, retomemos nuestra capacidad de incidir sobre nuestras propias vidas.
