Parálisis, trauma ocular, destrucción de narices, pérdida de capacidades motoras, además de torturas, prisión política e incluso la muerte. Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos han sido una constante en la historia de Chile. Personas de todas las edades, géneros e incluso nacionalidades sufrieron los estragos de un Estado que no garantiza el derecho a la protesta, más aún: la reprime y criminaliza. En contexto de la revuelta social, iniciada en octubre de 2019, se denunciaron 10.796 casos por violación a los DDHH (investigaciones activadas por parte del Ministerio Público) y sólo entre octubre y noviembre, según Amnistía Internacional, 834 niños/as y adolescentes fueron víctimas de violencia institucional.
En este sentido, la reconocida abogada y defensora de derechos humanos, Karinna Fernandez, integrante de Londres 38, se presentó el 13 de abril pasado ante la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados y Diputadas, para denunciar los obstáculos que impiden el avance de las causas penales llevadas adelante por víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
Para la abogada de la defensororía jurídica de la Universidad de Chile y trabajadora del Forest Peoples Programme (Inglaterra), esta lentitud en los procesos tiene estricta relación, entre otros factores, con lo que calificó como "desplome" de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI).
"Dicho desplome se expresa al menos en los siguientes concretos aspectos; (1) demora excesiva en la respuesta a los requerimientos, (2) la no realización en tiempo y forma de diligencias cruciales instruidas por la Fiscalía, tales como reconstituciones de escena e incautaciones de registros, (3) la reiteración de diligencias que ya se han efectuado, por ejemplo citación a víctimas que ya han declarado en reiteradas oportunidades, y (4) una mala calidad de las diligencias, que incluso requieren de reiteraciones", detalló durante su intervención Fernández.
A lo largo de su trayectoria, Karinna Fernández ha llevado casos emblemáticos vinculados a violaciones de los DDHH, como los suscitados durante el Plan Cóndor así como también de luchadores sociales que se quiso silenciar durante el estallido, quienes se convirtieron en víctimas del brazo armado del Estado chileno.
Las graves violaciones a los DDHH en contexto del estallido social constituyen, de acuerdo a la abogada, "crímenes de Estado", es decir, crímenes perpetrados por agentes estatales. Fernández, candidata a Relatora sobre Torturas para la ONU, destacó en su presentación la respuesta institucional ante los ilícitos, "lejana al estándar de debida diligencia que se exige por el derecho internacional".
En esta materia, la abogada con más de 15 años de experiencia en defensa de DDHH dentro y fuera de Chile, subrayó la "desatención" del Estado chileno para con sus obligaciones establecidas en el marco del derecho internacional, especialmente en el plano de la investigación y sanción adecuada de esta categoría de delitos.
"Las investigaciones y en particular aquellas a cargo de la Policía de Investigaciones no han estado a la altura del impacto en la dificultad y celeridad que exigen este tipo de investigaciones", aseveró la especialista.
Aspectos generales: obstáculos transversales en materia de investigación y sanción
Para la exposición de su denuncia, la abogada de la Universidad de Valparaíso, dividió su intervención en el nombramiento de aspectos generales y particulares observados en el comportamiento de la brigada mencionada. Así pues, partió con los primeros.
"Hemos observado un deterioro en la calidad de las investigaciones y un incremento en demoras del cumplimiento de las órdenes de investigar; una falta de un actuar oficioso; una omisión al distinguir investigaciones cuando se trata de tortura, apremios ilegítimos o de muertes en custodia; persiste una omisión al reconocimiento de la figura de la muerte potencialmente ilícita; una falta al realizar detenciones por flagrancia y en particular cuando son actos cometidos por Carabineros", afirmó ante la comisión.
En esta línea, destacó las investigaciones que imputan a Carabineros de Chile, muchas de las cuales son apoyadas con "instrumentos públicos falsos", elaboradas por la misma institución. Para ilustrar esta afirmación, la abogada recordó el caso de Benjamín Huerta, que resultó con diversas fracturas y lesiones en el cuerpo luego de ser detenido de manera ilegal por el capitán Hugo Navarro de la tercera comisaría de Ovalle.
"El 19 de octubre de 2019, el capitán Navarro, quien se encontraba de licencia, forcejeó, redujo e inmovilizó a Benjamín Huerta disparándole a corta distancia con su arma de fuego personal. Luego, el capitán ordenó confeccionar el parte policial N° 4996 que da cuenta a la Fiscalía de la detención de Huerta por un delito de maltrato de obra a Carabineros, detención que resultaba ilegal y arbitraria", relató la defensora de DDHH.
Según se evidenció en numerosos casos concretos, dijo Fernández, después de provocar vulneraciones a derechos fundamentales "es común que los funcionarios vuelvan a la comisaría a generar ciertos documentos falsos y en apariencia exculpatorios", como sucedió con Benjamín Huerta.
Por otro lado, la abogada de Londres 38 aseguró la existencia de algunas facultades del Ministerio Público que no son utilizadas en situaciones que lo requieren. Por ejemplo, la institución puede ordenar la incautación de ciertas evidencias de comunicaciones, computadores, de registros, de bitácoras de vehículos, de guías o actas de Carabineros.
"La PDI le pide por mail a Carabineros cierta información y en varias ocasiones Carabineros responde no tener hojas de rutas y otra información que es de carácter oficial, y la PDI se conforma e informa esas respuestas", reveló la abogada y destacó que en ciertas ocasiones "no se desarrolla ningún tipo de investigación", y sucede de manera similar cuando "Carabineros entrega información o actas ininteligibles".
"Sumado a eso, no existen medios tecnológicos para tomar declaraciones", advirtió Fernandez y ejemplificó con el contexto de pandemia. "Muchas declaraciones respecto de víctimas, especialmente traumadas, debieron tomarse de forma escrita vía correo electrónico, ni siquiera vía Zoom", señaló.
Aspectos particulares: la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y el "desplome de la unidad"
Paloma Grunert, Alex Núñez y Ángela González, son tres víctimas de violaciones a sus DDHH en contexto de estallido social. El primer caso mencionado, corresponde al de una periodista que se desempeña de manera autónoma y trabaja además para Londres 38. Mientras se encontraba cumpliendo sus funciones, fue impactada con un chorro de agua que la dejó inconsciente con múltiples lesiones, sin ser auxiliada por sus atacantes. A la fecha, "aún esperamos respuestas de un oficio del Ministerio Público", esto desde 2021, puntualizó la abogada.
Otro de los casos mencionados fue el de Alex Núñez, asesinado por Carabineros en Maipú tras golpearlo masivamente el 21 de octubre de 2019, en "un episodio criminal" reconocido por el propio general director. "En este cruel e impune crimen, el Fiscal está esperando la respuesta a la instrucción que dio respecto a la ubicación de los funcionarios policiales que estaban en el lugar desde septiembre de 2021, diligencia a la que otorgó 10 días para su realización", recordó Fernández.
Ángela González fue asesinada hace un año en presencia de 14 Carabineros, y aun no se hace la reconstitución de escena. La respuesta de la PDI ha sido que "la reconstitución no ha podido realizarse porque los funcionarios estaban enfermos o con licencia", reveló la abogada, quien además destacó que la diligencia ya "no tiene el mismo valor" debido "al cambio de hora y otras circunstancias temporales y climáticas".
La narración de estos casos, sustentaron el argumento central de la abogada Karinna Fernández: existe "una obstrucción a la investigación, que atenta contra el derecho a la verdad de las víctimas y de una sociedad que requiere conocer la real dimensión y responsabilidades de los crímenes de Estado perpetrados en el contexto del estallido social."
"Hasta la fecha, ninguno de aquellos/as oficiales ha sido reemplazado muchos de ellos fueron trasladados a regiones, el negacionismo continúa como una constante (se niegan responsabilidades, lesiones y víctimas) y hemos denunciado a distintos organismos internacionales la falta de independencia de las policías, ya que tanto Carabineros como la PDI, dependen de la misma autoridad: el Ministerio del Interior", explicó la abogada.
Una solicitud: oficiar al Ministerio del Interior
Para finalizar su intervención, Karinna Fernández hizo un llamado a los diputados y diputadas, a oficiar al Ministerio de Interior para, de esta manera, solicitar "el número y rango jerárquico de funcionarios y funcionarias que han sido trasladadas desde la Brigada de Derechos Humanos desde el día del estallido social y los detalles de la transformación del equipo cada 6 meses, en otras palabras, los cambios realizados en la integración de los equipos desde el estallido".
Junto con ello, la abogada solicitó pedir "la descripción del rango, formación y especialización de los funcionarios/rías que actualmente integran la referida Brigada y la descripción de cómo se selecciona a los funcionarios/rías que pasan a desempeñarse en la Brigada de Derechos Humanos".
Por último, para Fernandez es necesario pedir "un catastro detallado de las investigaciones por casos de violencia institucional, en el marco de la reforma procesal penal, que cada integrante de la Brigada tiene a su cargo, indicando cuántas instrucciones fiscales permanecen pendientes en cada uno de esos casos y cuándo se venció el plazo para su ejecución", cerró Karinna Fernández.
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Impunidad biológica: Cuando la muerte llega antes que la justicia
Desde Londres 38, espacio de memorias, apoyamos y acompañamos la lucha de nuestra abogada, Karinna Fernández, que se enmarca en nuestra campaña permanente: Toda la verdad, toda la justicia.
Frente a esta solicitud, como espacio de memorias y de defensa de DDHH, apoyamos esta demanda como una herramienta de lucha frente a la impunidad biológica que ha sido parte de la lógica jurídica del Estado chileno frente a violaciones a los derechos humanos en el marco de la dictadura, pero también de democracia.
Muchos y muchas víctimas, entendiendo por ello a personas directamente afectadas o bien familiares que también se transforman en víctimas, murieron a la espera de procesos que no llegaron a término debido a la constante obstrucción o desidia del sistema judicial chileno, que, como expuso nuestra abogada, se trata de una problemática estructural urgente de resolver.
Frente a esto, y como lo hemos hecho de manera histórica, continuamos exigiendo verdad y justicia por las víctimas de ayer y las víctimas de hoy, para que el lema del nunca más se materialice en acciones concretas.
Revisa AQUÍ la presentación y solicitud completa de Karinna Fernández.
