DECLARACIÓN PÚBLICA DE LONDRES 38, ESPACIO DE MEMORIAS
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Ante los últimos hechos y declaraciones emitidas en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto de la Nación 2023, declaramos:
1. El Estado y cada una de sus instituciones tiene la responsabilidad de proteger y hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales, adoptando las medidas necesarias para crear las condiciones sociales, económicas y políticas para su resguardo y operatividad
2. Por ello nos preocupa la priorización en el presupuesto 2023 del Estado, por parte del gobierno y el Congreso, de una agenda de seguridad que no tiene como eje esa responsabilidad, sino la reproducción de políticas similares a las implementadas durante más de 30 años que no han logrado alcanzar los objetivos declarados.
3. Además, condenamos el accionar de quienes, como parte de esas decisiones, pretenden dejar sin financiamiento a las instituciones encargadas de promover los procesos de la memoria y la defensa de los derechos humanos en Chile, integradas por trabajadoras y trabajadores, y personas defensoras de los derechos humanos que, no en las mejores condiciones, laboramos y luchamos por la verdad, la justicia y una sociedad de derechos,
4. Lo anterior es parte de una serie de eventos provenientes tanto desde los sectores de la derecha y ultraderecha, como desde la ausencia de una adecuada respuesta estatal que salvaguarde los derechos humanos, normalizando así la impunidad.
5. Esto es gravísimo, pues contribuye a los intentos reiterados del Partido Republicano, la UDI, RN, Evopoli, la DC y el Partido de la Gente, de impedir el trabajo de la memoria, el establecimiento de la verdad histórica y la justicia, indispensables para garantizar que los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura civil militar nunca vuelvan a repetirse. Quienes le han dado sustento político a los grupos ultraderechistas en este país son cómplices del negacionismo que estos sectores pretenden instalar.
6. Por ende, vemos con preocupación a un gobierno cuidadoso con los "bordes" impuestos por la oposición, pero temeroso de poner límite a los discursos de odio, impunidad, negacionismo y fascismo que algunos sectores, amplificados por la prensa nacional, instalan día a día. Esto no se trata de demandas de grupos sino de los resguardos que el Estado tiene el deber de imponer.
7. Asimismo, el cambio en la postura del Presidente y otras autoridades, en torno a la supuesta existencia de terrorismo en el Wallmapu, lejos de ser una discusión puramente conceptual, tiene un efecto político y ciertamente influye en la comprensión que la sociedad tiene del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche. También puede llegar a tener efectos jurídicos preocupantes como la instrumentalización de la Ley antiterrorista, actualmente vigente, y su aplicación a delitos que no tienen ese carácter, con la posible suspensión de garantías ciudadanas que esta norma habilita y que ha sido objeto de críticas por organismos internacionales de DD.HH.. Por ello es preocupante que la máxima autoridad del país haya llegado a esta conclusión sin un argumento fundado ni una explicación del proceso que le condujo a ella.
8. Además, dichos como los de la Ministra del Interior, Carolina Tohá, quien descartó que un Carabinero "que le dispare a un criminal o le pegue un palo a alguien" sea violar "los derechos humanos", o los de la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, pidiendo perdón a un diputado del Partido Republicano que se permitió calificar de "presunta" la búsqueda de las y los detenidos desaparecidos; no son parte de un discurso estatal tendiente a proteger a las personas de su propia violencia política.
9. Cabe añadir que, recientemente, hemos conocido nuevos antecedentes sobre las políticas de exterminio y desaparición de personas y los vuelos de la muerte durante la dictadura. Estos testimonios deberían estremecer al país, especialmente, a las autoridades que se suponen responsables de garantizar la no repetición de estos crímenes, a través del establecimiento de la verdad y la justicia. Sin embargo, en esta limitada democracia, se naturaliza la impunidad de estos crímenes.
10. Por todo lo anterior, el rechazo del presupuesto de las instituciones de DD.HH. y de la memoria adquiere mayor gravedad, es por ello que exigimos al Senado y a las autoridades competentes su reposición, para hacer efectivas las condiciones básicas de todo sistema que se precie de democrático, y cumplir con las obligaciones del Estado con la comunidad internacional, de acuerdo a los pactos firmados y ratificados por Chile relacionados con los derechos a la verdad, a la justicia y a la memoria.
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Toda la verdad, toda la justicia.
