Por Noemí Ancavil*
A partir de octubre de 2019, ocurrieron un sin número de marchas y concentraciones en el marco de la revuelta social, las que comenzaron a través de evasiones en los transportes públicos, y que se desplazaron a nivel nacional. Fueron las y los estudiantes secundarios los precursores de estas manifestaciones quienes, por esos días, se organizaban en diferentes acciones en defensa de la educación de calidad y los derechos sociales.
Sin embargo, no por ser menores de edad estuvieron exentas y exentos de vejaciones y violaciones cometidas por agentes del Estado. Es mas, pareciera que los funcionarios policiales abusaron de su poder contra las y los adolescentes, dada su mayor vulnerabilidad física y social.
Los casos no son hechos aislados, y sucedieron en distintas zonas del país. Uno de ellos, es el del joven de 15 años de iniciales J.N.V.T., de la localidad de Pitrufquén, quien el 19 de octubre de 2019, fue detenido por Carabineros de Chile mientras se encontraba en una manifestación. Posteriormente, fue torturado y golpeado en diferentes partes de su cuerpo, terminando con varias contusiones, entre ellas una dorsal y otra en su frente, por golpes de puños, pies y un objeto contundente, a manos de tres funcionarios.
Así también ocurrió con Anthony Araya, quien el 2 de octubre de 2020, en una manifestación en el marco de la revuelta social y con entonces 16 años, fue lanzado al río Mapocho a una altura de siete metros por el cabo Sebastián Zamora, resultando con pérdida de consciencia y traumatismo craneal. El caso de Emilia Loyola fue igualmente controversial, ya que -en ese momento- con 17 años, fue impactada por una bomba lacrimógena en Puerto Montt, disparada por el subteniente Rodrigo Bustos, durante un acto cultural el 26 de enero de 2020 en el que participaban no más de 30 personas, ocasionándole lesiones graves en su cabeza, cuyas secuelas mantiene hasta el día de hoy.
Si bien estos tres delitos han tenido procesos judiciales (ver al final del reportaje) -los que llegaron a iniciarse casi dos años después- la diligencia en las querellas no es la norma en casos de violaciones ejercidas por agentes estatales. Las causas de la mayoría de las víctimas se encuentran estancadas y lejos de obtener penas justas a sus ejecutores y reparación por parte del Estado, por los daños y consecuencias.
De hecho, según el último informe anual de la Defensoría de la Niñez, publicado en noviembre de 2022, el 98.8% de las causas por vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes, no cuentan con formalización de cargos contra algún agente del Estado, dando cuenta del casi nulo avance judicial.
Asimismo, en el documento de la Defensoría de la Niñez, se indica que un total de 2.178 menores de edad sufrieron violaciones a sus derechos humanos en el marco del estallido social, cifra que, por lo demás, ha ido en aumento: en el informe anual de 2021 se reportaron 1.314 menores de edad vulnerados.
Esa violencia también se ejerció sexualmente. Solamente, entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre de 2019, la Oficina del Alto Comisionado Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, reportó 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres, niños y adolescentes.
Antonia Aguirre, de ese entonces 17 años, mientras era estudiante del Liceo Tajamar de Providencia, cuenta que se movilizaba constantemente durante el estallido social y que, a pesar de no haber vivido violencia directa, si la vio a través de sus amigas, amigos y compañeros, afectándolos psicológicamente, tanto a ellos como a su círculo social. "Como mujer y estudiante secundaria sentí miedo de vivir violencia sexual o acoso por Fuerzas Especiales. Por ejemplo, salieron muchos casos de violencia, de abuso y violaciones, que a mi igual me hacía pensar que si me llegasen a llevar detenida en cualquier momento, podría vivir esa violencia, y tú sabías a lo que te estabas exponiendo, pero también tenías el sentimiento de querer movilizarte", dijo Antonia.
Rodrigo Pérez, ex presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional durante el año 2019, menciona la violencia policial que ha habido contra los estudiantes secundarios, en conjunto con la criminalización de sus movilizaciones: "Viví y vi varias situaciones de represión policial y de violencia arbitraria injustificada, donde existe una criminalización estudiantil desde hace harto tiempo. En el fondo, opera la visión social y la visión de la prensa en catalogar transversalmente a cada uno de los estudiantes de los liceos movilizados como si fuesen delincuentes o personas que están en contra de la ley o la institucionalidad. Desde eso, una de las consecuencias es que la policía puede llegar y detener a quién sea".
Rodrigo también denuncia los hechos de violencia que vivió en su época secundaria, y expresa parte de las razones por las que muchas de estas situaciones no son denunciadas: "El 2016, por ejemplo, al presidente del Centro de Estudiantes de ese momento, lo llevaron detenido, lo golpearon, lo desnudaron en la comisaría, e inclusive le quemaron colillas de cigarro en la espalda. Existieron denuncias, pero creo que no llegaron a ningún puerto y, por lo general, también hay un miedo de denunciar esas cosas, y más que un miedo, una aprensión de que no sirven mucho esas denuncias, porque es una institución que se encubre mutuamente. A mí también me pasó, me llevaron detenido en cuatro oportunidades el 2019, y en una de ellas nos subieron junto con cinco compañeros, todos menores de edad, y en el mismo retén nos rociaron gas pimienta, los pacos nos bajaron y nos dejaron ahí asfixiándonos".
La necesidad de contar con políticas para adolescentes víctimas de la violencia institucional
Sobre esto, la responsabilidad no sólo es de los funcionarios involucrados o de los altos mandos de la institución sino, por sobre todo, del mismo Estado, cuyas políticas contra las sistemáticas agresiones a niños, niñas y adolescentes por parte de las policías en contextos de manifestaciones sociales, deberían ser prioridad. Una falta que también se relaciona con visiones integrales, enfoque de derechos humanos, y el respeto a los protocolos, para erradicar esta violencia.
En septiembre de 2021, Ciper publicó un reportaje que abarcó el abuso vivido por cuatro jóvenes confinados en el Sename de Antofagasta quienes, mientras eran investigados por su participación en el contexto del estallido social y acusados por saqueo e incendio, sufrieron violencia sexual, lesiones cortopunzantes, intentos de suicidios, golpizas y sobremedicación psiquiátrica dentro del recinto.
Hechos como estos, no solo demuestran el desinterés del Estado por proteger los derechos de las y los adolescentes, sino que ignora el problema estructural de la situación, convirtiendo finalmente a las víctimas en victimarios de la sociedad. Ciper hace mención de que la Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia (OPD) de Valparaíso, concluyó que entre el 18 de octubre de 2019 y el 22 de octubre de 2020, 61 de las y los 105 menores de edad detenidos en manifestaciones en esa ciudad, eran adolescentes que tenían vínculos con organismos del Sename.
No es de extrañar que parte de la mayoría de las y los adolescentes detenidos en el contexto de las manifestaciones, estuvieran en conexión con estos organismos que han sido altamente cuestionados por sus formas de llevar a cabo la protección de niños, niñas y adolescentes. Y es que las consecuencias de ignorar un problema tan latente como el abandono -segregación y marginación- de estos, por parte del Estado, son las acciones -en un futuro- de violencia y rabia contra una sociedad que no los resguardó.
Es importante tener siempre presente que estas situaciones de vulneración de agentes del Estado contra menores de edad, no son exclusivas del contexto de revuelta social: son parte de una violencia que trasciende décadas e hitos históricos; como es el caso de Carlos Fariña, de 13 años de edad, el detenido desaparecido más joven de la dictadura civil militar chilena. Durante un allanamiento en la población La Pincoya, el 13 de octubre de 1973, Carlos fue sacado de su casa, donde a pocos metros fue golpeado y asesinado por el oficial Erasmo Sandoval. Su cuerpo, incinerado, permaneció desaparecido hasta el año 2000, en que sus osamentas se encontraron con 12 impactos de bala. Asimismo, y mucho más reciente, el caso del adolescente mapuche José Huenante, de 16 años de edad, quien permanece desaparecido luego de ser detenido el 3 de septiembre de 2005, por los carabineros Ricardo Altamirano, Patricio Mena y César Vidal, funcionarios de la 5ta comisaría de Puerto Montt.
Y, a pesar de que ya han pasado más de tres años desde el inicio de la revuelta social y las primeras denuncias de estas violaciones contra niños, niñas y adolescentes en ese contexto, no ha habido justicia. Esto, porque la falta de verdad y justicia en los casos de años anteriores, permite que la impunidad de este tipo de delitos siga vigente. Mientras el problema sea ignorado desde su raíz, será imposible brindar seguridad a quienes debieran ser una prioridad. Menos aun, si quienes deben protegerles son quienes les agreden.
De los casos mencionados en este reportaje
- Caso de adolescente de iniciales J.N.V.T.:
En julio de 2021, los tres funcionarios de Carabineros implicados en la agresión, fueron formalizados por "vejaciones injustas", iniciándose una investigación que se encuentra estancada y que mantiene a los victimarios con la prohibición de acercarse a la víctima como única medida cautelar. - Caso de Anthony Araya:
El funcionario de Carabineros, Sebastián Zamora, acusado de homicidio frustrado, fue desvinculado de la institución. Actualmente, el victimario permanece con la cautelar de arresto domiciliario nocturno mientras la investigación sigue en curso. Fiscalía pide 8 años de presidio para Zamora. - Caso de Emilia Loyola:
En septiembre de 2021, el subteniente de Carabineros, Rodrigo Bustos, autor del disparo contra Emilia, fue condenado a cinco años de libertad vigilada con firma periódicas. En noviembre del mismo año, su defensa presentó un recurso de nulidad, el que fue rechazado. Actualmente, la familia de la víctima está a la espera de la respuesta del recurso de apelación para revocar la sentencia por prisión efectiva. - Caso de Carlos Fariña:
En 2010, el oficial retirado y ex agente de la DINA y la CNI, Erasmo Sandoval, fue condenado a cinco años de libertad vigilada por el homicidio de Carlos Fariña, a quien acribilló por la espalda. Por el mismo caso, el mayor (r) Donato López, quien ordenó específicamente asesinar al niño -debido a una pelea que el menor había sostenido con un vecino, hijo de la amante de López-, fue condenado a seis años de presidio efectivo. - Caso de José Huenante
A 17 años de los hechos, la causa permanece en investigación, gracias a la insistencia de la madre y la tía de José Huenante, frente a una justicia que les ha sido esquiva por la negligencia de las instituciones, acciones dilatorias por parte de la defensa de los involucrados, ocultamiento y manipulación de evidencias, y falsificación de documentos, además de pactos de silencio, pese a la gran cantidad de pruebas existentes sobre la responsabilidad de los funcionarios directamente involucrados: Ricardo Altamirano, Patricio Mena y César Vidal, de la 5ta Comisaría de Puerto Montt. Desde 2018, el proceso judicial corre por separado: mientras la justicia ordinaria es la encargada de la desaparición de José, la justicia militar está a cargo de la falsificación de documentos. Recién en junio de 2022 se dio a conocer la primera condena del caso, contra el carabinero César Vidal por falsificación de documentos, recibiendo una sentencia de 541 días de presidio, pudiendo reincorporarse a la institución luego de cumplida la pena. Los otros dos procesados, Altamirano y Mena, permanecen ejerciendo sus funciones en otra localidad.
* Noemí Ancavil es estudiante de Periodismo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y practicante del Área Comunicaciones y Prensa de Londres 38, espacio de memorias.
