El 19 de abril de 2021, hace dos años, abogadas y abogados de Londres 38 -siguiendo su vocación de trabajo en materia de derechos humanos y sobre todo de justicia transicional, como espacio de memorias- junto a abogadas y abogados pertenecientes a la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), a la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile y al Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Chile (CED), presentaron dos querellas contra los altos mandos de Carabineros por su responsabilidad en los crímenes de Estado y violencia institucional perpetrados en contexto de revuelta social contra la población civil, durante octubre y noviembre de 2019, específicamente en delitos cometidos en Maipú y Santiago Centro.
A dos años de presentados y admitidas ambas querellas, conversamos con Karinna Fernández, una de las abogadas que lleva esta causa, experta en derechos humanos e integrante del equipo jurídico de Londres 38, respecto al estado actual de las mismas.
¿Cómo evalúas el transcurso de las querellas en estos dos años?
-Ha sido un largo desafío de ir obteniendo los elementos probatorios de este despliegue, de cómo se fue respaldando este accionar policial. Creo que -y eso es lo que hemos avanzado y logrado estos dos años, y por eso a juicio, por lo menos de mi rol como aboagda defensora y parte querellante de esta causa- deberíamos estar ad portas de una próxima formalización.
¿Qué obstáculos se han presentado en este tiempo?
-Entre los obstáculos que han persistido en el caso, justamente están las diversas ausencias de información oportuna, tanto por parte de Carabineros, pero también por otras agencias estatales, incluida la propia Subsecretaría de Derechos Humanos, que tardó más de un año en enviar ciertos antecedentes requeridos por la Fiscalía. Además, la fragmentación de la información y la forma en que se entrega esa información. También la sociedad ha podido evidenciar cómo incluso personas especialmente involucradas como imputados en la causa, como el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien se negó en cinco ocasiones a concurrir y, finalmente, guardó silencio en la sexta, cuando fue a declarar ante la fiscal Ximena Chong, optando por guardar silencio. Entonces, eso claramente se opone a la idea de colaborar con la justicia, especialmente en delitos que tienen esta envergadura y que son de tanta relevancia para mantener la confianza en la ciudadanía y la democracia en un país, como formas de resguardo.
Bajo tu consideración, ¿Cuál ha sido el rol de Londres 38 en este proceso?
-El rol de Londres 38 ha sido muy importante en estas querellas y en el transcurso de estos dos años, incluso en evidenciar los obstáculos que hemos enfrentado, como los que acabo de describir, porque Londres 38 tiene una larga trayectoria en materia de justicia transicional, y esa respuesta en relación a la justicia transicional, es decir, lo que significan las no garantías o las salvaguardas de debidas diligencias después de épocas de alto conflicto social, es muy importante para una organización que conoce de fondo estas materias. Desde Londres 38 hemos estado monitoreando la causa y participando activamente. Y, en este caso, las y los abogados que participamos de las querellas, y que también formamos parte de Londres 38, tenemos una responsabilidad muy alta en seguir realizando las exigencias en materia de justicia y debida diligencia en este momento de la investigación, para pasar a las etapas posteriores.
¿Cuáles serían esas etapas posteriores?
-La determinación de patrones; responsabilidades y sanciones oportunas y efectivas en este caso; el contexto del conocimiento que poseemos respecto de la relevancia de que se den respuestas judiciales adecuadas en la verdad judicial y otras formas que conforman la justicia transicional; visibilizando también a las víctimas, sus relatos; y observando no solamente estos casos sino también otros anteriores, por ejemplo de daño ocular y violencia institucional. Por eso también es importante hoy que Londres 38 destaque esta situación.
¿Cómo ves el rol del actual gobierno con respecto a estas querellas?
-Algo indispensable en la justicia transicional, que se viene señalando en tales términos desde los años 70, es que los verdugos sean separados de los cargos cuando estamos enfrentando ese tipo de investigaciones, y eso es lo que precisamente no ha ocurrido en el marco del gobierno actual, donde no sólo se mantuvo a los involucrados que están siendo objeto de investigación en el caso de las querellas contra el alto mando de Carabineros, permitiéndose que no declaren, que declaren tardíamente, que no lo hagan de manera oportuna, que no se salvaguarde la información, que no haya una vigilancia respecto de facilitar la colaboración con la justicia por parte de las autoridades policiales, sino que ademas se les asciende y se les dan aún mayores responsabilidades. Y, efectivamente, eso también es un peligro para el éxito de la investigación.
El origen de las querellas
El 18 de octubre de 2019, con el objetivo de dar apoyo a las y los manifestantes víctimas de la represión contra la entonces incipiente revuelta social, nació la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, organismo integrado por profesores, profesoras y estudiantes de Derecho de dicha casa de estudios, además de abogadas de Abofem, y el equipo jurídico de Londres 38, espacio de memorias.
Mes a mes, esta organización emitió informes con los datos de las denuncias, los que develaron la violencia sistemática por parte de agentes del Estado en las manifestaciones. Además, se publicó un informe final que dio cuenta de la grave situación en materia de derechos humanos y la falta de justicia que vivía el país.
Como parte de este exhaustivo trabajo, se realizó una sistematización de las denuncias de víctimas de violencia estatal, entre octubre y noviembre de ese años, cometidas tanto en el sector de la Plaza de la Dignidad, ubicada en el centro de la capital, como en la Plaza de Maipú.
Fotografía de portada: obtenida del sitio Laizquierdadiario.cl
