La propuesta
El 1 de junio de 2022, durante su primera cuenta pública como presidente de Chile, Gabriel Boric anunció de manera oficial la que fue una de sus promesas de campaña: "Vamos a seguir buscando incansablemente a los desaparecidos a través de un Plan Nacional de Búsqueda". Casi cuatro meses después, desde el ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se presentó una propuesta para un trabajo del diseño participativo del Plan, un instrumento de política pública para buscar a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura en Chile. Desde entonces, el proyecto ha transcurrido entre cambios y ajustes de ministros, además de lagunas de información sobre los detalles del plan.
Foto: Revista Contracara.clDesde el gobierno se asumió el compromiso de contar con la participación constante de familiares y agrupaciones defensoras de los derechos humanos -con más de 700 instancias presenciales ya realizadas- en la tarea de encontrar a las 1.162 personas detenidas desaparecidas, y ejecutadas sin entrega de cuerpo, de las que aún se desconoce su paradero, según cifras de la Unidad Programa de Derechos Humanos, creada en 1997 para cumplir con las obligaciones de verdad, justicia y reparación del Estado de Chile sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Gloria Elgueta, integrante de Londres 38, espacio de memorias, y hermana de Martín Elgueta Pinto -militante del MIR y detenido desaparecido desde 1974-, valora el anuncio, y en particular, el trabajo realizado por el Programa de DD.HH. impulsando la primera etapa para el diseño del PNB, pero advierte sobre "los principales obstáculos enfrentados hasta ahora y la necesidad de abordarlos, obstáculos como los pactos de silencio de los miembros de las FF.AA. y policiales que han quedado en evidencia en las investigaciones judiciales, y también en la Mesa de Diálogo". Esta fue una instancia impulsada en 1999 y 2000 por los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos con el propósito de avanzar en la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, pero que emitió una lista con información falsa sobre el destino final de 200 personas desaparecidas. Hoy, y después de décadas de impunidad exigiendo activamente verdad y justicia, la expectativa no solo es alta sino que además debe responder a una urgencia histórica. Una mirada que también comparte Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) e hija de Juan Luis Rivera Matus -militante del Partido Comunista y detenido desaparecido desde 1975-. Si bien Gaby considera que el PNB ha sido el mayor acercamiento a la búsqueda de detenidas y detenidos desaparecidos en los 33 años de gobierno post dictatoriales, menciona que desde la AFDD fueron críticos, en un primer momento, con el diseño de la propuesta porque "había muchas cosas que ya las agrupaciones las habíamos hecho".
Contradicciones del Plan
Foto: CodepuLos tres ejes principales prometidos por el PNB son: uno, esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero; dos, garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; y tres, implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada. Para lograr estos objetivos, es fundamental definir las políticas e instrumentos institucionales adecuados y, consiguientemente, destinar la cantidad de recursos necesarios, sobre todo profesionales.
Sin embargo, existe preocupación ante hechos que contradicen esas definiciones. Según datos entregados por el propio ministerio de Justicia, desde su traspaso del ministerio del Interior a la Subsecretaría de Derechos Humanos, en 2017, la dotación de personal del Programa de DD.HH. ha ido disminuyendo. Si bien estos cambios comenzaron durante el gobierno de Sebastián Piñera, lo concreto es que de 65 personas se pasó a 44 funcionarios, debido a que fueron desvinculados o reasignados a otras funciones de la Subsecretaría. Y en lo que va de 2023 el Programa ha perdido cuatro profesionales. Al mismo tiempo, actualmente en el equipo del PNB solo hay cinco personas contratadas a honorarios. En estas condiciones no es posible avanzar en el PNB si el Estado, en lugar de fortalecer las instituciones que trabajan en el cumplimiento de este, las debilita.
La carencia de dotación, de presupuesto o de áreas capacitadas para abordar la búsqueda se repite en las distintas instituciones involucradas. Desde el año 2020 existe un desmejoramiento del diseño organizacional de derechos humanos en la PDI, debido a que se eliminó la Jefatura Nacional de Delitos contra la Personas y los Derechos Humanos, pasando a ser solo una brigada dependiente de la Jefatura Nacional de Delitos contra las Personas (creada por Orden General N°2662) junto a otras cuatro brigadas. Además, a partir de octubre de 2019, ante las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de la revuelta popular, se generó un aumento exponencial de la demanda sobre Brigada de Derechos Humanos, sin que existiera un aumento correlativo de personal y recursos.
El Servicio Médico Legal ha sido también señalado por su falta de profesionales expertos y expertas en procesos de identificación, lo que ha significado un verdadero abandono de sus obligaciones en casos como las cajas de osamentas encontradas en bodegas de la Universidad de Chile, y graves errores en la identificación de restos de personas detenidas desaparecidas. "Esos casos confirman la impunidad existente como un problema transversal al Estado. Y diría que a parte de la sociedad también, como una normalización de estas prácticas. El Servicio Médico Legal ha explicado que no tenía presupuesto, pero enfrentado a un dilema como ese, que también es ético, yo pienso que los funcionarios responsables deberían haberlo hecho presente a las autoridades, incluso públicamente, y habrían contado con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos", comenta Gloria Elgueta.
Foto: Radio U. de ChileKarinna Fernández, abogada de derechos humanos e integrante del equipo jurídico de Londres 38, asegura que "ninguna política pública ha permitido encontrar a ninguna de las víctimas desaparecidas, los hallazgos no han sido resultado de acciones estatales. Desde hace 50 años que el Estado chileno, además de estar obligado a no desaparecer personas, también está obligado a establecer el destino final y a realizar la identificación de las víctimas para terminar el proceso de búsqueda, y eso no ha ocurrido. Incluso, las identificaciones de víctimas halladas en situaciones ajenas a búsquedas estatales fueron mal realizadas y muchas familias recibieron restos de víctimas que no eran las propias, mientras otras tardaron décadas en recibir los restos de familiares que permanecieron desaparecidos incluso con posterioridad del hallazgo debido a erradas identificaciones: la desaparición de la desaparición". Esto, con contadas excepciones, como las labores realizadas entre 2006 y 2009 en el caso "Caravana de la Muerte" por el ministro de la Corte Suprema Víctor Montiglio, quien estableció la ruta de un grupo de personas detenidas desaparecidas y el modus operandi de la DINA para sus asesinatos y ocultamiento de los cuerpos a través del lanzamiento al mar.
Uno de los varios requerimientos exigidos por la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia, Contra el Olvido y el Silencio) en su propuesta al Plan Nacional de Búsqueda -documento de 23 páginas en el que se plantean líneas de acción a través de cinco objetivos y seis fases-, entregada en marzo de 2023 al ministerio de Justicia y Derechos Humanos, fue el de "asegurar los recursos que permitan implementar todas las líneas de acción asociadas a los objetivos y fases de manera eficiente. De esta manera, el Estado deberá contar con los recursos materiales, humanos y financieros para conformar el ente a cargo del PNB que será quien encabece las acciones dirigidas a reconstruir toda la ruta hacia el destino final de las personas ausentes por desaparición forzada". Sin embargo, en la respuesta formal del gobierno, entregada a la organización el 22 de julio de 2023, no se aborda el presupuesto del Plan Nacional de Búsqueda. Natalia Chanfreau, vocera de la organización e hija de Alfonso René Chanfreau Oyarce -militante del MIR y detenido desaparecido desde 1974-, menciona que, si bien el texto contesta gran parte de las demandas levantadas, aún persisten dos grandes dudas. Una, sobre el financiamiento: "Cómo, a través del presupuesto, aseguramos que el Programa pueda seguir haciendo lo que ha hecho hasta ahora y más". Desconocer cuál es el monto que se está asignando al plan, "deja la incertidumbre respecto a la envergadura de si, efectivamente, esto se ha planteado como una política pública", apunta Natalia. Y la otra, sobre la dependencia orgánica del PNB, "¿cómo queda, por ejemplo, en relación al Programa de Derechos Humanos?". La importancia de una estrecha vinculación entre el Programa y el plan, es decir, que no corran por separado ambas unidades, es una demanda que también destacan desde Londres 38, y si bien esa sería la definición institucional, aún está por verse su implementación.
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Foto: Instagram @rouge.phEl rol de la justicia en el PNB
El viernes 4 de agosto, Londres 38, espacio de memorias, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y la Agrupación de Ejecutados Políticos, entregaron una carta al pleno de la Corte Suprema de Justicia, dirigida a su presidente Eduardo Fuentes Belmar, en la que expusieron -entre otros puntos- que en el contexto del PNB y de los 50 años del golpe de Estado, el Poder Judicial debe tener un rol central y que "no puede circunscribirse a los límites actuales sino que, por el contrario, debe ampliar su acción, incrementar los recursos y el personal destinado a esta tarea, impulsando nuevas y decisivas diligencias y concentrando mayores esfuerzos en las causas pendientes", solicitando a la Corte Suprema que se pronuncie formalmente "sobre las medidas adicionales al trabajo en curso de los tribunales que se ha dispuesto, o dispondrá, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe militar, y en particular, como parte de la contribución del Poder Judicial al Plan Nacional de Búsqueda anunciado por el gobierno".
Aunque el PNB se ha presentado como una iniciativa que se enmarca en la voluntad política de la actual administración, para Karinna Fernández, el tema no debe abordarse desde las voluntades sino desde las obligaciones que tiene el Estado de Chile. "Lo que yo he sostenido siempre es que ni siquiera son fragmentadas, o sea, las obligaciones y los Estados cumplen o incumplen sus obligaciones. Lo que me parece es que, a más de un año de este gobierno, no hemos encontrado, no hemos iniciado un plan concreto de búsqueda, no tenemos archivos desarchivados, no tenemos acceso a la verdad de lo ocurrido y, por lo tanto, hay un incumplimiento de una obligación estatal. Cuando es así, lo que hay es una infracción y se incurre, por tanto, en lo que se conoce como una responsabilidad internacional", dice Fernández. Una política pública sobre la desaparición forzada es un deber legal, político y ético, no solo moral.
Brigadier del Ejército Miguel Krassnoff, uno de los principales jefes de la DINAAl respecto, Gloria Elgueta considera que ha existido complicidad y encubrimiento transversal al interior del Estado, pasando por los sucesivos gobiernos que han omitido o que han tenido una actitud activa para terminar con el tema, como los intentos de nuevos cierres de leyes de amnistía encubiertas, pero que no contaron con el apoyo en el Congreso. Complicidades transversales y pactos de silencio que hoy profundizan la desconfianza de los familiares de las víctimas: "En los procesos judiciales concluídos solo se ha establecido el paso de las personas por los centros de detención y no sabemos más, ni el destino final. Esta es también una forma de renuncia de los jueces a establecer la verdad plena. También hay responsabilidades compartidas con las FF.AA y policiales y las autoridades civiles que han tolerado los pactos de silencio, el secretismo en el manejo de la información e, incluso, la destrucción de documentos, entre ellas la del año 2000, reconocida por el propio ex Comandante del Ejército, general Martínez Menanteau, y ante la cual ninguna autoridad política reaccionó o adoptó medidas que permitieran evitar su repetición".
En un encuentro realizado el 24 de julio de este año, entre representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, organizaciones y familiares; Sebastián Velásquez, abogado de derechos humanos y parte del equipo jurídico de Londres 38 señaló -en representación del grupo de trabajo que integró en la instancia-, "la necesidad de que, en el marco de la obligación del Estado de Chile, se tipifique la desaparición forzada. Si estamos hablando de un Plan Nacional de Búsqueda de desaparición forzada, nos parece que esta exigencia es mínima". En el Código Penal chileno, no existe ninguna figura que tipifique este delito en específico. Actualmente, a este ilícito se le aplican las sanciones correspondientes al delito de detención ilegal. Pese a que existe un proyecto de ley para tipificar el delito de desaparición forzada de personas, la moción aún permanece en el congreso. Esto es aún más urgente considerando que hay cinco casos acreditados de detenciones seguidas de desaparición, a manos de agentes del Estado en democracia.
En la misma línea, Natalia Chanfreau sostiene que "El gobierno tiene que impulsar, patrocinar y dar urgencia a leyes que tipifiquen, por ejemplo, el delito de desaparición forzada, incluyendo penas acordes a la jurisdicción internacional que impulsen la derogación de la amnistía, y que dé urgencia a leyes contra el negacionismo, de tal manera que no sea sólo de voluntad sino que tenga que ver con el peso de la ley para que, efectivamente, a través de la justicia podamos ir obteniendo información".
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Foto: Londres 38A 50 años: No más impunidad
Para las organizaciones es indispensable que el PNB incluya la responsabilidad del Estado de exigir a las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones y agentes civiles participantes, toda la información posible respecto a las víctimas de desaparición forzada, incluyendo la contenida en documentos y archivos destruídos por esas instituciones y organismos. "En el fondo es lo que corresponde en términos institucionales: que el hecho de que las Fuerzas Armadas están supeditadas al poder político, sea real y, efectivamente, si se les exige, que lo puedan hacer", comenta Natalia Chanfreau. "Hoy día los agentes involucrados en violaciones a los derechos humanos reciben pensiones con dinero del Estado, tanto los que están detenidos como los que no, que son mantenidos y, finalmente, protegidos con plata de todos los chilenos. Esto, nos parece aberrante y debiera, por lo tanto, tener su correlato en la supeditación de estos agentes y de las Fuerzas Armadas al gobierno".
Para la abogada Karinna Fernández, no solo se le debe exigir información a las Fuerzas Armadas, sino que también a terceros actores, entre ellos menciona la relevancia de funcionarios diplomáticos, en particular en países como Argentina y otras naciones involucrados en la Operación Cóndor, que incluyeron maniobras y operaciones que contaron con la participación de diplomáticos. Pero además, se deben considerar también los archivos empresariales de la época, como ocurrió con la Pesquera Arauco y su colaboración con la dictadura.
A la interrogante sobre el paradero de las personas detenidas desaparecidas, le siguen sólo más preguntas: Cómo fue, quiénes participaron, quiénes fueron autores y autoras, cómplices, testigos. Qué ocurrió luego, quién o quiénes son responsables. Qué pasó durante todos estos años de silencio. Por eso, el "¿Dónde están?" es sólo la pregunta inicial.
"Aquí hay que resolver varias cosas, que tienen que ver con el cómo, quiénes, por qué, cuándo y dónde: son cinco preguntas que aún no tienen respuesta, esas cinco preguntas que son solo palabras, tienen un fundamento profundo para el encuentro de nuestros familiares", dice Gaby Rivera.
Foto: María Jesús PuellerLas víctimas de la dictadura están en la conciencia de la sociedad chilena adscritas o vinculadas principalmente a sus familias. Hoy no existe un suficiente compromiso y una vinculación social más amplia con la exigencia de verdad y justicia, y, en parte, se ha naturalizado la idea de que se trata de un tema que toca únicamente a las y los familiares. Por el contrario, Gaby Rivera afirma que "a los detenidos desaparecidos no los hicieron desaparecer porque eran nuestros papás o nuestros hermanos o nuestros esposos o nuestros hijos; sino porque eran personas que, primero que todo, trabajaron por el llamamiento que tenía el gobierno de la Unidad Popular, por el sueño de la Unidad Popular, porque eran unos convencidos de que otro mundo era posible y porque, además, eran militantes políticos de este país. Por lo tanto, eso fue por lo que los asesinaron e hicieron desaparecer".
Es decir, se trata de un problema mucho más amplio y político, y que afecta no sólo a las familias. La impunidad se ha establecido en la sociedad chilena como una conducta natural del Estado, prolongandose durante años y reproduciéndose también durante la postdictadura.
A poco más de una semana de la entrega del documento final, Gaby asegura que de no estar integradas las propuestas de las organizaciones convocadas durante el proceso "podríamos tener alguna dificultad con el gobierno. Nosotros (AFDD) vamos a ser siempre la contraparte de cualquier gobierno. El Estado puso todas sus herramientas primero para detener, torturar, asesinar y después hacer desaparecer. Con esa misma fuerza y con esas mismas ganas, tiene que hacer lo contrario, con esas mismas fuerzas y con esas mismas ganas, tiene que volver a decir 'Voy a poner y voy a instalar todas las fuerzas para que esto no pase ni demos vuelta la página'".
