Este jueves 24 de octubre, trece organizaciones de derechos humanos, entre las que se encuentra Londres 38, espacio de memorias, presentamos un recurso recurso de protección en favor del destituido ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, en el que se expone principalmente nuestra discrepancia con la acusación constitucional conjunta que se hizo contra él y Ángela Vivanco.
La acción judicial, presentada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, está dirigida contra la diputada Karol Cariola (PC), en su rol de presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados. En el texto legal se señala que la Cámara actuó de manera "arbitraria e ilegal, al admitir a tramitación y declarar admisible una acusación constitucional colectiva en contra del amparado". Esto, siendo que los hechos eran "distintos e inconexos entre ellos".
Recordemos que al momento de conocerse la destitución del juez Muñoz, luego de la votación del Senado -que actúa como juez en las acusaciones constitucionales-, desde Londres 38 señalamos que "condenamos el aberrante resultado de la AC contra el juez Sergio Muñoz. Esta grosera vendetta política refleja la decadencia de un sistema parlamentario guiado por mezquindades de poder e intereses electorales que lesionan gravemente la democracia y el Estado de Derecho en Chile. Desde Londres 38 reafirmamos el respeto por un ministro cuya trayectoria da muestras de un compromiso con los derechos humanos y la búsqueda de la verdad y la justicia. Es inaceptable que un congreso -con inhabilidades no declaradas de por medio- haya fallado antidemocráticamente".
Por otro lado, señalamos que la semana pasada la abogada particular Ana María Watkins Sepúlveda realizó otra acción en favor de Muñoz ante la Corte, esa vez contra 99 diputados, tanto oficialistas como de oposición, que rechazaron la "cuestión previa" del libelo. Con ello, la acusación de Muñoz y Vivanco quedó en una sola.
Es necesario esclarecer que el juez Muñoz fue el único de los tres jueces que fueron acusados constitucionalmente (el tercero fue Jean Pierre Matus, cuya acusación no propesró en la Cámara) que no estaba relacionado a sostener conversaciones con el abogado imputado por corrupción Luis Hermosilla.
Los argumentos
El recurso presentado por las trece organizaciones de derechos humanos relata que el 9 de octubre de 2024 la Cámara, previo acuerdo de los comités parlamentarios y de la votación de la sala, declaró admisible la acusación constitucional. "La defensa del ministro Sr. Sergio Muñoz impugnó en su exposición la votación conjunta como una vulneración a las normas del debido proceso y al ejercicio del derecho a la defensa, generando una cuestión previa de inconstitucionalidad, solicitando se declarara inadmisible por forma", se agrega.
En ese meomento, la cuestión previa fue rechazada en la sala de la Cámara por 91 votos en contra, 52 votos a favor; y 2 abstenciones.
El texto, firmado por los abogados Karinna Fernández Neira, Alberto Espinoza Pino, Boris Paredes Bustos y Adil Brkovic Almonte, señala que la "infracción" que se denuncia "está constituida por haberse desechado la cuestión previa de inconstitucionalidad consolidando el vicio que adolecía el libelo acusatorio, declarando admisible la acusación constitucional como un todo, por la Cámara de Diputados, en circunstancias de haber dos acusados por hechos distintos, inconexos entre sí, ocurridos en distinto tiempo y de distinta naturaleza". "La Cámara de Diputadas y Diputados incurrió en un acto arbitrario e ilegal al rechazar la cuestión previa de inconstitucionalidad del libelo acusatorio alegada por la defensa del ministro Sr. Sergio Muñoz Gajardo", agregan.
Los profesionales también argumentan que "el acto es ilegal además porque desconoció un derecho indubitado en un estado democrático de derecho, cual es que se haga efectiva la responsabilidad de una persona por los hechos que caben dentro de la órbita de su dominio y no por los hechos cometidos por otra persona". Así las cosas, en el texto se cita jurisprudencia internacional y se afirma que "el acto es ilegal e inconvencional pues desconoce los estándares internacionales en materia de debido proceso y diligencia en juicios políticos, al respecto la Corte IDH ha precisado que es ilícita "toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos reconocidos por la Convención".
"El Debido Proceso Legal es un principio y garantía judicial básica de nuestra legislación y su consagración cumple una función integradora de los derechos fundamentales". Con todo, en la acción constitucional se pide que se "restablezca el imperio del derecho, declarando improcedente y contrario a derecho el libelo acusatorio colectivo", afirman.
Las agrupaciones que concurrieron con el recurso de protección son:
Agrupación de Familiares y Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique Pisagua Afepi.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta.
Agrupación Cultural y Social de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de La Serena.
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos AFEP.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos AFDD.
Londres 38 Espacio de Memorias.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paine.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos de Talca.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Chillán.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Mulchén.
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Liquiñe.
Corporación Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia. TAGS
