Del discurso progresista a la narrativa de la crisis de seguridad
"Chile atraviesa una crisis de seguridad". Esa es la premisa que gran parte de la clase política, con apoyo y difusión de los medios de comunicación tradicionales, ha repetido casi desde el primer año de gobierno del Presidente Gabriel Boric, instalando en la ciudadanía la idea de que la delincuencia -ahora bajo el rótulo de "crimen organizado"- tienen en jaque al actual gobierno y sus instituciones, las cuales no han podido manejar la situación.
Homicidios con armas de fuego, ajuste de cuentas, balaceras y un aumento de casos de violencia, son algunos de los hechos que los medios de comunicación masivos muestran mañana, tarde y noche, los siete días de la semana, construyendo una narrativa de que el gobierno no ha podido hacer frente a alza de delitos violentos, por lo que, según esta narrativa, de un día para otro, el país se convirtió en tierra de nadie donde las bandas criminales son los amos y señores del vecindario.
"Lo que ha habido es un alza en los delitos más llamativos y más violentos, no así en otro tipo de delitos. Si bien, hay tasas de índices de victimización, están dentro de lo que ha sido normal en el país en los últimos años", señala Marcos Ortiz, licenciado en Información Social de la Universidad Católica y fundador de Ojo del Medio, portal que por años ha analizado el ecosistema de los medios tradicionales en Chile.
En ese sentido, la tasa de homicidios consumados bajó en 6%, según el Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados (2018-2022) de la Subsecretaría de Prevención del Delito, ubicando a Chile entre los países con menos homicidios de América Latina y el Caribe, donde el promedio alcanzó los 19,9 cada cien mil habitantes en el año 2021.
Ortiz, quien actualmente se encuentra realizando un doctorado en comunicaciones en el que investiga la reacción de los medios escritos chilenos tras el estallido social de 2019 y su red de vínculos con otros actores hegemónicos, agrega que "los índices de temor y de miedo son históricamente altos, a niveles absurdamente altos, más altos que en países que están en guerra, donde hay decenas de asesinatos todos los días. En ese sentido no hay una relación 'lógica' entre lo que está ocurriendo y la sensación de la gente".
Cabe recordar que el gobierno de Apruebo Dignidad llegó a La Moneda con una propuesta que, por lo menos en el papel, estaba en sintonía y recogía las demandas de cambio, dignidad y mejores condiciones de vida, expresadas en el Estallido Social de 2019.
"Chile está viviendo un momento histórico lleno de desafíos: una sociedad que, movilizándose en contra de los abusos y exigiendo mejores condiciones de vida, abrió paso a una Nueva Constitución que construya un país distinto", señalaba el programa de gobierno de Gabriel Boric.
El texto agregaba que "Las familias sufren un sistema de salud y de pensiones que no les tiene en cuenta, mientras quienes han utilizado esos derechos para hacer negocios mantienen ilegítimos privilegios".
"Refundaremos nuestras policías, aumentando la dotación en las comunas que más lo necesitan, mejorando su eficiencia en la persecución del delito y asegurándonos de que respeten los DD.HH. y se subordinen al poder civil", señalaba el programa de Apruebo Dignidad, respecto a la institución de Carabineros, la cual, durante el Estallido Social, fue fuertemente cuestionada por la violación a los derechos humanos.
"Refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año. No da lo mismo quien tenga el poder. El gobierno de Piñera es cómplice activo de esta locura", señaló Boric en febrero de 2021, cuando siendo diputado insistía en su crítica sobre el actuar de Carabineros tras la muerte de Francisco Martínez, malabarista en Panguipulli que recibió un disparo por parte de un funcionario de Carabineros.
Sin embargo, luego de llegar a La Moneda y tras el fracaso del primer proceso Constituyente, el gobierno de Gabriel Boric fue dejando paulatinamente sus banderas y su discurso progresista y de cambio, -el que conectaba con el sentir de las demandas expresadas en octubre de 2019-, por uno más cercano y alineado a la narrativa de la oposición, cambiando los anhelos de transformación social, mejores pensiones, educación gratuita y de calidad, por uno centrado en la seguridad, entregando apoyo y mayores recursos, herramientas y atribuciones a las fuerzas de orden.
La retórica y la promesa de campaña respecto a una refundación de Carabineros pasó a un respaldo a la institución, en propias palabras del mandatario.
"Carabineros tiene que saber que cuenta con todo nuestro respaldo político del Gobierno para ejercer la ley", subrayando que esto debe ser "dentro del Estado de derecho", señalaba Boric, luego de que el por entonces General director de Carabineros, Ricardo Yáñez, emplazara en duros términos al Poder Legislativo para que aprobaran leyes que entregaran mayores atribuciones a Carabineros, tras la muerte del cabo Alex Salazar, quien perdió la vida tras ser atropellado en la ciudad de Concepción en marzo de 2023.
De la retórica al apoyo concreto a leyes punitivas
La retórica de apoyo a la institución de Carabineros se cristalizó -enterrando la promesa de refundación de la institución-, el 6 de abril de 2023, cuando se promulgó la Ley 21.560, conocida como Ley Naín-Retamal o "ley gatillo fácil", luego de una aprobación exprés en el Congreso, en medio de una narrativa -impulsada por la oposición, medios de comunicación tradicionales y líderes políticos- que exigían con urgencia una norma que entregara mayores atribuciones y facultades a las fuerzas de orden, tras la muerte del cabo Daniel Palma y la sargento segundo de Carabineros, Rita Olivares.
La norma fue redactada bajo la convicción de que la ley anteriormente vigente no protegía a los funcionarios de Carabineros, sino que los inhibía de utilizar sus armas en enfrentamientos con bandas criminales, pese a que la jurisprudencia indicaba que los jueces no pedían detener a funcionarios de la institución por usar sus armas.
Por otro lado, la nueva ley aumentaba las penas, con el objetivo de "desincentivar las agresiones que pueden sufrir las y los funcionarios de estas instituciones", pese a que la experiencia previa indicaba que el endurecimiento de penas no inhibía a los delincuentes.
Un año después, el peso de los hechos le daba la razón a quienes cuestionaban la nueva norma. Ni la militarización de la Macrozona Sur ni la Ley Naín-Retamal inhibieron a quienes asesinaron a Carlos Cisterna, Sergio Arévalo y Misael Vidal, los tres carabineros que perdieron la vida tras ser atacados el 27 de abril de 2024 en Cañete.
Eso sí, la nueva norma permitió dejar en libertad a funcionarios que habían sido condenados por apremios ilegítimos. En junio de 2023, la defensa de los policías Sebastián Martínez Tapia y Rubén Contreras Sandoval, utilizó la "ley gatillo fácil", lo que permitió modificar la condena de 5 años por este delito ocurrido en 2019, dejándolos en libertad de manera inmediata.
Un año después de la promulgación de la Ley Naím-Retamal, el 20 de mayo de 2024, el Congreso y el Gobierno acordaron la hoja de ruta de la Agenda de Seguridad, propuesta de La Moneda que incluye 50 proyectos de ley, como la Ley Sicariato, Ley de Contrabando, Ley contra el Crimen Organizado, entre otras, siguiendo la narrativa de que Chile atraviesa una crisis de seguridad.
Sin embargo, los datos chocaban con esta narrativa, ya que, según un informe de Paz Ciudadana, a finales de 2023 la victimización era la más baja de los últimos 15 años. Similar a lo que indicaba la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENSUC) del Instituto Nacional de Estadísticas, que señalaba que el nivel de victimización llegó a un 21,8%, incluso más bajo que las cifras registradas durante la pandemia, donde alcanzó un 23,6%, los números más bajos en 20 años. Lo que sí subió fue el nivel de temor de la población, que alcanzó un nivel histórico del 90,6%.
"Si es que estamos en una crisis de seguridad o no, yo parto como de cierta sospecha de que no, porque me ha tocado, por ejemplo, hacer en mi investigación, en muchas revisiones históricas de cambios legislativos, sobre delincuencia, persecución de la vagancia, ese tipo de figuras, siempre estamos en una crisis de seguridad, que hace necesario tomar medidas excepcionales que limiten derechos fundamentales", dice Paz Irarrázabal, abogada y profesora asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.
Lo planteado por Irarrázabal, en cuanto a los límites a los derechos fundamentales, y la impunidad resultante de la legislación, es central en la crítica desarrollada por nuestro espacio de memorias. Londres 38 lo planteó en una columna de su equipo jurídico, publicada en agosto de 2023, titulada "Ley Naín-Retamal: tratamiento privilegiado con vocación de impunidad".
En esa misma línea, pero desde el tratamiento que hacen los medios de comunicación respecto a los delitos violentos, Marcos Ortiz complementa que es algo que ha ocurrido durante años en la prensa chilena.
"Si uno recuerda las portadas, por ejemplo, de La Cuarta de comienzos del siglo, o de los ochenta, noventa, eran crímenes iguales o más atroces y violentos. Delitos de todo tipo, pero claro, era una imagen sin imagen, era un puro titular que nos escandalizaba. Ahora tenemos efectivamente acceso de primera fuente a toda esa imagen, algunas incluso filtradas por Carabineros", señala Ortiz.
"Cuando uno prende la televisión o ve las redes sociales de los medios, a las siete de la mañana hay un periodista que estuvo de turno toda la noche, que todas las mañanas tiene una cantidad de delitos violentos, asaltos a cajeros, portonazos, asesinatos, etc., a partir de información que le entrega el carabinero en las últimas siete horas. Ahí no hay tiempo para contextualizar, es una seguidilla de hechos de sangre nada más", agrega.
Por su parte, Irarrázabal señala que "yo tengo mi sospecha, por la misma historia de Chile, porque también uno sabe que es una estrategia política que da mucho rédito, en el fondo, que tiene que ver con toda la discusión sobre el punitivismo penal, que son mensajes más o menos simples y que toca algo muy central para las personas, que es la seguridad y tener miedo", agrega la académica.
Irarrázabal también pone sus dudas respecto a los datos que maneja el Ministerio Público y las policías sobre el número de homicidios y delitos violentos.
"Son muy poco serios, porque no hay una coordinación entre los datos que maneja la policía, el Ministerio Público, el Ministerio del Interior. Yo sé, por discusiones con colegas criminólogos, los déficits que tienen. En los índices de homicidios se incluyen suicidios, cosas que uno sabe que distorsionan, entonces por ahí es mi sospecha", señala la abogada.
Estallido social, pandemia y criminalidad: síntomas, no causas de la crisis
Tras el 18 de octubre de 2019, un sector de la clase dirigente, junto al poder de difusión de los medios de comunicación tradicionales, retrataron lo que estaba ocurriendo en las calles como actos de violencia extrema que había que aplacar lo antes posible, incluso pasando por encima de los derechos fundamentales de las personas.
"Estallido delincuencial", "octubrismo" o como dijo el fallecido expresidente, Sebastián Piñera, "golpe de Estado no convencional", fueron algunos términos utilizados por algunos sectores de la derecha, los cuales repiten hasta hoy, como una manera de despojar al estallido de sus legítimas demandas ciudadanas.
"Sin duda, muchos sectores conservadores hasta el día de hoy entienden el estallido solamente como violencia. Quedó en evidencia con la conmemoración de los cinco años del estallido. Bastaba leer la cobertura de algunos medios para darse cuenta de que se despojó al estallido totalmente, a nivel mediático, de sus demandas. Basta con ver cómo se cubrió el 18 de octubre, solamente como protesta y quema del Metro, y nadie se acordó que el 25 de octubre, una semana después, se cumplieron cinco años de la manifestación pacífica más grande en la historia", señala Marcos Ortiz.
En ese sentido, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Chile, establece que la ciudadanía mantiene la rabia y las demandas expresadas hace cinco años.
El reporte señala que entre las personas que estaban a favor de las demandas, el 83% lo sigue estando. Además, señala que persiste la desconfianza hacia la clase política y las instituciones estatales, sumado a que un 53% cree que no se respetan plenamente la dignidad y los derechos de las personas.
En esa línea, el informe revela una incapacidad de la sociedad chilena de implementar cambios significativos, tanto a nivel político como social.
"Los fracasos reiterados de las iniciativas de cambio constitucional, los sucesivos intentos infructuosos de reformar el sistema de pensiones, y los problemas persistentes en el ámbito de la salud dan cuenta de ello. (…) las discusiones sobre las soluciones se prolongan de manera indefinida y no arriban a acuerdos ni se concretan en políticas", detalla el reporte del PNUD.
Para Juan Pablo Luna, Doctor en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte, el problema es aún más profundo, donde se entremezcla la incapacidad de organización de la sociedad chilena y la historia autoritaria y represiva de la clase dominante ante este tipo de demandas ciudadanas.
"Creo que ahí hay una matriz bien chilena y en cierto sentido latinoamericana, propias de sociedades desiguales, donde es muy difícil tramitar los conflictos de forma institucional. Por un lado, tenemos la historia de Chile que está llena de estallidos que son reprimidos violentamente. Uno podría incluso poner ahí también el quiebre del 73. O sea, hay momentos en los cuales la sociedad impugna a las élites y las élites, más que abrirse al diálogo, a la negociación, a la articulación política de ese contexto, lo reprimen", señala.
Luna, académico del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica, complementa que hay ciclos cada 30, 40 años donde esto se repite. "Están estas lógicas generacionales, donde las generaciones que de alguna forma sufren la represión, quedan quebradas, y luego vienen sus hijos o sus nietos y vuelven a impugnar y vuelven a chocar con la represión".
Pero, además, Luna señala que el estallido es un síntoma de una crisis mayor y que, lamentablemente, el proceso constituyente llegó a destiempo.
"Yo siempre argumenté que la Constitución no alcanzaba. Creo que la solución constitucional se abre muy tardíamente y se abre básicamente de una forma bien instrumental para buscar una solución al problema. Creo que es tarde y al mismo tiempo está como esta visión más pragmática de verla como la forma de tratar de solucionar el problema, pero es una ilusión, es una ilusión que termina como termina", señala.
El estallido, si se ve como un síntoma de una problemática mayor, vino seguido de otro síntoma de la crisis: la pandemia del Covid-19, la cual tuvo como consecuencia la pérdida de empleo de los sectores más precarizados de la sociedad, el aumento de los campamentos, además del ingreso de bandas criminales extranjeras, tanto en Chile como en otros países de la región y Europa, como lo afirman diversos expertos en un reportaje publicado en mayo de 2024 en el medio internacional DW.
Campamentos y un Estado que no llega
Según el estudio "El impacto socioeconómico de la COVID-19 en los asentamientos urbanos informales", realizado por los investigadores Diego Gil, Patricio Domínguez, Eduardo A. Undurraga y Eduardo Valenzuela y publicado en 2021, señala que las personas que viven en asentamientos informales se encuentran en una posición estructuralmente desfavorecida para hacer frente a una crisis sanitaria como la pandemia.
El estudio señala que si bien, "el nivel de colaboración entre vecinos potencialmente podría atenuar las consecuencias de la pérdida de empleo entre este grupo particular de la población, el grado de colaboración vecinal no persiste en el tiempo".
"El gobierno ha implementado programas especiales de apoyo financiero (por ejemplo, Bono COVID). Sin embargo, a pesar de la magnitud de la pérdida de empleo, estos programas no han llegado a la mayoría de los asentamientos informales", indica el estudio.
La investigación agrega que, aunque la tasa de aceptación del Bono Covid fue mayor entre quienes nunca declararon empleo o entre quienes perdieron el empleo después de la pandemia, "más de la mitad de los encuestados informaron no haber recibido este beneficio durante el período de la pandemia".
Ante esta incapacidad de las instituciones estatales de llegar con ayuda de manera oportuna y eficaz a los sectores más desposeídos de la sociedad, las cuales además están sumidas en casos de corrupción y una crisis de legitimidad, las bandas criminales, que bajaron por el continente y aprovecharon que las fronteras estaban descuidadas producto de la pandemia, encontraron un caldo de cultivo y tierra fértil en los asentamientos ilegales para instalarse y comenzar a disputarle territorio al Estado.
Cabe señalar que, según el Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de Techo-Chile, en dos años los campamentos aumentaron un 33,1%. Además, del total de tomas ilegales del país, un 45,7% se formó entre el 2010 al 2020 y un 14,6% entre el 2020 y 2023.
"Creo que de nuevo es difícil disociar el estallido de la pandemia y de la crisis económica. Lo que pasa en términos migratorios en Chile, tiene que ver con la crisis venezolana y con sus derivadas en la región", señala Luna, haciendo además el vínculo con los casos de corrupción de delitos de cuello y corbata.
"Me llama la atención, por ejemplo, que nadie habla del caso Hermosilla en relación al daño institucional. Ese caso tiene en el piso al sistema judicial. No hay democracia, no hay economía de mercado que funcione bien con un sistema judicial impugnado completamente en su lógica de legitimidad y de confianza. Sin embargo, hablamos como de la versión más farandulesca de lo de Hermosilla, pero nadie ve ahí daño institucional y yo creo que el daño es enorme", agrega el cientista político.
No hay crimen organizado sin corrupción
Respecto al aumento de la criminalidad y el modo en que opera -mayor violencia y un alza en la tasa de homicidios-, Rocío Lorca, profesora asociada del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señala que "hubo un cambio en el país, que no es de hoy día, pero que ya tiene un tiempo y que se mezcla con ansiedades que generó la pandemia, ansiedades que genera la desigualdad social y que se expresaron en el estallido"
"Por así decirlo, Chile es un país donde cuyos ciudadanos psicológicamente se sienten amenazados por distintas cosas y además en un contexto global", agrega.
"Ha habido un aumento en la tasa del homicidio, que no es terrible, pero hubo un cambio ahí. Hay que tratar de atajarlos, por lo tanto, me parece bien a mí que nos tomemos en serio eso, porque una vez que se cambia el comportamiento en relación con la criminalidad con la vida, es difícil volver atrás", complementa la investigadora.
En ese sentido, Lorca señala que el problema principal del crimen organizado no es el problema de la violencia. "El problema del crimen organizado se relaciona con la violencia porque carcome al Estado de Derecho y lo empieza a reemplazar. Su organización implica una desorganización del Estado y empieza a ocupar espacios que debería ocupar el Estado".
"El rompimiento del Estado de Derecho genera más rompimiento del Estado de Derecho. Es como un círculo vicioso y genera más criminalidad", agrega.
Profundizando en ese análisis, Juan Pablo Luna considera que el problema de fondo y estructural de la crisis son los pilares que han sostenido los Estados nación desde hace más de un siglo.
La criminalidad organizada, los estallidos sociales, el debilitamiento del sistema democrático, el surgimiento de líderes populistas y gobiernos más autoritarios, son síntomas de la incapacidad de la clase política y la sociedad en su conjunto, de no lograr dimensionar la profundidad y las causas reales de la crisis, que tienen relación con que, las instituciones estatales que funcionaron durante el siglo XX, ya no lo pueden hacer de la misma manera en la tercera década del siglo XXI, donde Internet, las nuevas tecnologías y las corporaciones como Facebook, Google, Amazon, etc., se mueven a una velocidad que les permiten suplir las necesidades y demandas de una ciudadanía "on demand", que le exige a los gobiernos soluciones inmediatas.
De la misma forma, considerando la reducción y las profundas transformaciones del Estado durante la dictadura y parte de la transición -procesos impulsados bajo el marco político e ideológico del neoliberalismo-, las instituciones estatales que funcionaron durante el siglo XX hoy son otras completamente diferentes.
Las nuevas tecnologías también están siendo utilizadas por la criminalidad organizada, la que ha extendido sus tentáculos también en Europa, provocando además expresiones de violencia en las calles, aumentando las tasas de homicidios, dejando de manifiesto que la problemática no es exclusivamente Latinoamericana
Un ejemplo de ello es Suecia, que actualmente tiene la tasa de homicidios por arma de fuego más alta de Europa, lo que ha obligado al gobierno a sacar a los militares a las calles para hacer frente a la violencia.
Sin embargo, aumentar la presencia policial y militar no soluciona el problema, sino que puede generar una escalada.
Según el Informe sobre tendencias de la delincuencia a escala mundial elaborado por Interpol, el lavado de dinero es el segundo delito percibido por los países europeos como una amenaza "alta" o "muy alta"; el fraude financiero también se clasificó en un puesto muy elevado.
El informe además indica que el uso de herramientas en línea para realizar estafas también ha sido un delito que va en alza durante los últimos años, particularmente durante la pandemia del Covid-19.
En ese sentido, los Estados nación no son capaces de combatir la delincuencia organizada, como tampoco de suplir las demandas de la ciudadanía -debido a que la burocracia de las instituciones ralentiza los procesos, además de que las instituciones están corrompidas y deslegitimadas-, dejándole la cancha libre a la criminalidad organizada, la que no requiere seguir los conductos regulares, sino que se salta la institucionalidad y se convierte en un paraestado benefactor, a un costo altísimo, que son el alza de la violencia, los homicidios y los negocios ilegales en todas sus capas.
Fuentes:
Paz Irarrázaval, Abogada y licenciada en ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile. Magister en The London School of Economics y doctora en King´s College London. Actualmente es profesora de Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigadora posdoctoral Fondecyt 2021.
Rocío Lorca, profesora asociada del Departamento de Ciencias Penales y de la Dirección de Investigación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación son el Derecho Penal, Filosofía Política y Teoría del Derecho.
Juan Pablo Luna, Doctor en Ciencia Política en la Universidad de Carolina del Norte. Profesor titular del Instituto de Ciencia Política y Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Marcos Ortiz, licenciado en Información Social de la Universidad Católica. Tiene estudios de postgrado en periodismo digital en la Universidad de Lyon y culturas globales digitales en la Universidad de Londres. Actualmente se encuentra realizando un doctorado en comunicaciones en el que investiga la reacción de los medios escritos chilenos tras el estallido social de 2019 y su red de vínculos con otros actores hegemónicos.
Primer Informe Nacional de Homicidios Consumados de la Subsecretaría de Prevención del Delito
Programa de Gobierno Apruebo Dignidad
Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENSUC)
Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
El impacto socioeconómico de la COVID-19 en los asentamientos urbanos informales
Catastro Nacional de Campamentos 2022-2023 de Techo-Chile
Informe de INTERPOL sobre las tendencias de la delincuencia a escala mundial para 2022
