Este jueves 27 de marzo, el Poder Judicial informó que la ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a oficiales de Ejército en retiro, pertenecientes a la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) y al Estado Mayor General del Ejército, "por su responsabilidad en el delito de infidelidad de custodia de documentos con grave daño a la causa pública, al incinerar archivos de la disuelta Central Nacional de Informaciones (CNI), entre 2000 y 2001."
Se trata de una querella presentada por Londres 38 en el año 2017 y después vinculada al caso Frei. En el fallo, se detalla que se condena al "otrora general Eduardo Abel Jara Hallad y a la entonces teniente coronel Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich a 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada por igual lapso, accesorias legales de inhabilitación absoluta para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras duren las condenas; más el pago de una multa de 21 UTM y las costas, como autores del delito".
"En tanto, el general en retiro Carlos Patricio Chacón Guerrero recibió una condena de 200 días de reclusión, con el beneficio de la remisión condicional de la pena por el término de un año, accesorias de suspensión de cargos y oficios públicos mientras dure la condena y el pago de una multa de 21 UTM y costas, como encubridor del ilícito".
Desde Londres 38 -que ya en noviembre de 2017 desacreditó el informe del Comandante en Jefe del Ejército sobre los archivos de la CNI incinerados- consideramos que este fallo es de gran importancia en tanto reconoce la política estatal de impunidad y la vulneración del derecho a la verdad de las víctimas y sus familiares. Además, confirma la quema de archivos como un delito conexo a los crímenes de lesa humanidad que coadyuva a estos, reconociendo su lesividad hacia las víctimas y la sociedad toda.
Si bien es cierto que las sanciones son de mediana o baja intensidad, valoramos que se reconozca en la sentencia que existe una política institucional con vocación de impunidad al impedir el acceso a la información; y reconoce el daño a la sociedad que, como funcionarios públicos, perpetraron a las víctimas, afectando la dignidad humana.
Finalmente el control de convencionalidad, la aplicación del Estatuto de Roma y la referencia a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van en sintonía con la responsabilidad de las obligaciones internacionales que pesan sobre el Estado de Chile, el que ya fue sancionado por la Corte IDH por no otorgar penas proporcionales en materia de vulneraciones a los derechos humanos, al aplicar la media prescripción, a los agentes estatales condenados por este tipo de delitos, como se señala en el caso Vega vs. Chile.
Por otro lado, más allá del fallo queda pendiente dimensionar la gravedad del daño causado por agentes del Estado, con estos delitos: ¿Cuánta información se perdió? ¿De qué se nos privó? ¿Cómo esto afecta de manera permanente a la búsqueda de verdad? ¿Cómo afecta a las familias y a la sociedad?
