A propósito de la emisión del reportaje de Chilevisión Noticias sobre el caso de Bernarda Vera, calificada como detenida desaparecida y quien podría encontrarse viviendo en Argentina, desde Londres 38, espacio de memorias, declaramos:
Este caso se conoce después de más de medio siglo del inicio de la desaparición forzada en dictadura. Recientemente, también se informó sobre el joven de 16 años, Luis Pino Soto, detenido desaparecido en 1986, quien, por error, no fue incluido en el listado de la Comisión Rettig, y hoy se le ha reconocido esa condición. La información sobre ambas personas provino de investigaciones realizadas por profesionales del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos.
El caso de Bernarda Vera fue objeto de un amplio reportaje televisivo reciente. El de Luis Pino solo mereció una breve nota en un medio digital. Que una persona haya podido escapar a la tortura y al asesinato del que fueron víctimas sus compañeros debería contentarnos como sociedad, especialmente, cuando hasta ahora no se ha establecido dolo ni engaño de parte de sus familiares. Y aunque el reconocimiento de Luis Pino agrega un nuevo nombre a la lista de detenidos desaparecidos, también constituye un avance en el establecimiento de la verdad y un acto de justicia.
Estos casos, dos de más de mil personas detenidas desaparecidas, no invalidan la verdad que hasta ahora se ha establecido a contrapelo del poder y del secreto de los victimarios. Conocer lo que ha sido la desaparición forzada como práctica sistemática del Estado ha costado décadas. Y aun así, hoy solo conocemos una parte que muestra, una vez más, la verdad que falta. Ha sido necesario recurrir a innumerables denuncias, protestas, huelgas de hambre y diversos recursos judiciales, enfrentando durante años la pertinaz negativa de las autoridades y de los tribunales a investigar. En la inmensa mayoría de los procesos, los jueces solo han establecido el secuestro de las personas detenidas desaparecidas en los centros de interrogatorio y tortura, sin esclarecer aún su destino final ni hacer justicia.
El Plan Nacional de Búsqueda es una política pública del Estado que, por primera vez, y aunque con enormes limitaciones de recursos, se ha propuesto trabajar de forma sistemática e integrada para indagar y recopilar esa verdad que falta, toda la información sobre las trayectorias de las personas detenidas desaparecidas desde su detención hasta su desaparición, en conjunto con los tribunales para también hacer justicia.
No se puede desconocer una verdad fundamental: es la desaparición forzada, los crímenes de la dictadura y las violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado lo que provoca esta situación; es la política de exterminio, la ausencia de toda la verdad y toda la justicia y su consecuente impunidad.
Hay quienes pretenden responsabilizar a las propias víctimas y sus familiares. Nosotros señalamos a los responsables: son los agentes del Estado desaparecedor, los secuestradores, torturadores y asesinos, sus mandos, cómplices y encubridores. Ellos saben quienes son todas las personas detenidas desaparecidas, ellos confeccionaron las listas, ellos han mantenido el pacto de silencio, son los presos de Punta Peuco y los que aún están libres.
Un caso entre más de mil es la verdad que confirma la regla, el foco del esfuerzo debe estar en toda la verdad y toda la justicia a través de una investigación acuciosa. Se debe buscar la certeza judicial ante la incertidumbre que instala la desaparición, comunicar a tiempo los hallazgos y avances de la investigación administrativa y judicial, a las familias, a las organizaciones, y al conjunto de la sociedad.
La desaparición forzada existió y continúa, por ello este caso no puede ser utilizado para desmentir esta realidad. Quienes lo hacen son los mismos que ayer apoyaron a la dictadura, que hoy niegan o relativizan la magnitud de sus crímenes, o los reivindican como actos inevitables.
Es de suma relevancia que los medios de comunicación realicen investigaciones en torno a los miles de casos pendientes de ejecutados y desaparecidos que siguen exigiendo verdad y justicia. El rol de la prensa es clave para la comprensión social de esta realidad y de la deuda del Estado en materia de derechos humanos. Por ello, el abordaje de estos casos requiere mayor complejidad, contexto de la verdad histórica, una mirada ética y respetuosa de las víctimas y sus familiares, evitando el sensacionalismo y el impacto fácil.
El secreto que aún mantienen los desaparecedores y sus cómplices es el fundamento del negacionismo, la relativización de los crímenes y la normalización de la violencia del Estado en el presente.
Para establecer la verdad completa exigimos que la justicia actúe y que hablen los que saben. Toda la verdad, toda la justicia.
