Arantxa Díaz es vocera de la Red de Solidaridad Estudiantil y estudiante de quinto año de Derecho en la Universidad de Santiago (Usach). Fue una de las miles de jóvenes que salieron a las calles el pasado 3 de junio en Santiago -y también en diversas ciudades del país- a manifestarse en contra de la agenda represiva del gobierno de José Antonio Kast, y en defensa de todos los derechos sociales que se han visto comprometidos tanto por iniciativas legislativas como por los recortes presupuestarios.
Arantxa cuenta que "la Red de Solidaridad Estudiantil nace algunos años, con estudiantes de distintas universidades, y de distintas carreras, que buscan poner a disposición sus conocimientos y herramientas que nos da la carrera a distintos territorios que lo necesiten, en juntas de vecinos con infancias, hemos sido tíos de una escuelita en un campamento. En torno a eso nos juntamos. Hay estudiantes de la Usach, de la Chile, de la Academia de Humanismo Cristiano, de varias universidades. Tenemos contacto con la Aces, hemos sacado algunas movilizaciones juntos, algunas actividades en las que nos articulamos, porque uno de nuestros pilares fundamentales es utilizar la protesta como herramienta de lucha. Funcionamos con vocerías que se eligen democráticamente y trabajamos con reuniones periódicas".
Respecto a la masiva movilización de 3 de junio, Díaz se detiene en la brutal represión observada: "En la última marcha calificamos como brutal y desmedida la represión que sufrimos. Desde que llegamos a Plaza Dignidad estaban ya los pacos para reventarnos de una, pudimos avanzar hasta el GAM, y en el GAM inmediatamente nos revientan, quiebran la marcha en dos, nos lanzan gas lacrimógeno, el guanaco. Un bloque siguió caminando sin rumbo y el otro siguió derecho por la Alameda. Pudimos ver en imágenes que estudiantes estaban sangrando. Algunas personas que eran parte de una comisión jurídica también fueron detenidas, al igual que muchos periodistas. Estuvo brutal. No entendemos por qué tan desmedido, si era una movilización con consignas, pacífica también. Nos movilizamos pero recibimos una brutal respuesta policial".
"No estaba autorizada por el recorrido que hicimos, pero son nuestros derechos fundamentales, está consagrado en la constitución el poder reunirse pacíficamente, y eso era lo que estábamos haciendo, nos estábamos manifestando. Yo creo que también el permiso al recorrido que se había hablado no fue aceptado, porque es parte de las excusas que busca el gobierno para poder reprimir sin límite nuestras movilizaciones, entonces ellos van a buscar siempre decirnos que no, o buscarnos otros recorridos, siendo que nosotros tenemos nuestros recorridos históricos, para justificar su represión", agrega.
REGISTRO DE VÁNDALOS E INCIVILIDADES
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que el sábado 13 de junio ingresó al Congreso el proyecto de Ley que crea el "Registro único de incivilidades y actos vandálicos", nombre oficial de la iniciativa que busca crear una base de datos consolidada con antecedentes no solo de quienes cometan delitos, sino también incivilidades como daños a infraestructura pública, rayados y consumo de drogas y alcohol en la vía pública. Entre quienes ingresen al registro perderán beneficios sociales y no podrán hacer solicitudes de trámite como la devolución de impuestos a la renta ni obtener ni renovar documentos de identidad.
Sobre este punto, la dirigente estudiantil plantea que "el registro de vándalos e incivilidades es terrible. Es terrible lo que nos anuncian, lo que quieren promulgar. Lo único que buscan es justificar los recortes, ellos buscan seguir profundizando la precarización de la vida de los estudiantes, de las familias de los sectores populares de Chile, y están buscando justificación para hacer eso. Te vas a ir a este registro por pegar un sticker en un paradero, por rayar una pared. No puede ser posible. También vemos que de alguna forma este registro solo afecta a las personas pobres de nuestro país, a los sectores populares, porque sabemos que los beneficios sociales no los necesitan los más ricos de este país; ellos no ejercen su derecho a la gratuidad, no tienen la beca Junaeb; son cosas que nosotros como sectores populares las utilizamos".
"Buscan reprimir, apagar lo que ha sido nuestra lucha histórica. Los estudiantes siempre han estado con su rol protagónico de defensa de nuestro pueblo y lo que buscan con todas estas medidas es poder reprimir, que no podamos salir a la calle a luchar por nuestros derechos como lo hemos hecho siempre. Buscan justificar la represión, porque ellos están dispuestos a hacer lo que sea por mantener su modelo y por mantener el sistema que tanto defienden. No nos han negado su historia. Que por estar rayando una pared te quiten el derecho a gratuidad ¿a qué te va a motivar después? Si nosotros sabemos que la educación es una salida, una manera de poder salir adelante, de retribuir a las personas que lo necesitan con nuestra formación. Entonces de qué forma podría ayudar este registro si no es más que criminalizar a los estudiantes, a los jóvenes, que es lo que ha hecho el gobierno durante todo este tiempo", agregó.
"Cuando nos tratan de vándalos o inciviles lo encuentro un poco ridículo, no por estar manifestándonos, por salir a la calle, por estar llevando unos carteles somos vándalos, personas inciviles; somos simplemente seres humanos que lo que buscan es que las personas tengan las mismas condiciones, que todos tengamos una vida justa ¿Por qué seríamos inciviles? La verdad es que el registro solo busca criminalizar y profundizar la precarización de la vida de las familias".
ESCUELAS PROTEGIDAS
Sobre escuelas protegidas, ley que ya fue aprobada y que, entre otras medidas disciplinarias, autoriza a los establecimientos a realizar controles de bolsos y mochilas de manera masiva o aleatoria, "siempre resguardando la dignidad y el respeto de los estudiantes", Arantxa considera que "lo único que demuestra el gobierno es que está dando soluciones parche a un problema de fondo. Nosotros hemos dado una reflexión bastante larga sobre esto: la crisis de salud mental en Chile es algo fundamental, que podemos ver en todos los colegios. La violencia ha existido durante años en los colegios, no es algo nuevo, pero este gobierno, ni ningún gobierno, se ha preocupado de efectivamente tratar la salud mental, o sea por qué un niño de quince años tiene una pistola. Cuando el colegio no es tu lugar seguro, cuando tu casa no es tu lugar seguro ¿Dónde te tienes que criar? En la calle. Hacemos esta reflexión en torno a lo que realmente nos debe preocupar es la crisis de salud mental en nuestro país y eso tiene como respuesta la violencia, y por qué no estamos pudiendo responder a esta crisis que afecta a los jóvenes desde hace mucho tiempo. Podemos ver liceos, universidades en toma por salud mental, y lo único que quiere hacer este gobierno es poner un detector de metales que cuesta cinco millones de pesos y revisar la mochila, cuando nosotros sabemos que el problema es la vida de los jóvenes que no tienen donde ir ni donde llegar, y el Estado no suple las necesidades básicas para que ellos pueden estar bien".
"Los riesgos que esto implica es que los jóvenes van a verse invadidos en su privacidad, la que ya no van a tener. Por otro lado, ¿cuál va a ser el criterio para revisar la mochila, va a ser por cómo te vistes, por cómo te ves? Va a ser una medida segregadora también que atentará contra la privacidad de los estudiantes".
EL CAE Y LOS DDHH
En las últimas semanas, se han registrado numerosos casos de deudores del CAE que han denunciado que la Tesorería General de la República (TGR) ha embargado y vaciado sus cuentas bancarias. Esto ocurre tras las instrucciones del Ministerio de Hacienda de recuperar los fondos estatales destinados a la garantía de los créditos. Ante la agresiva actitud del gobierno, la dirigenta apunta que "hemos planteado como una de nuestras demandas fundamentales el fin y la condonación total del CAE, ahora están vaciando cuentas de egresados, y nos preguntamos quién les da las facultades para poder hacer esto. Nos damos cuenta de que ellos dejan las cuentas de las personas del pueblo en cero, pero siguen multiplicando su dinero; a los amigos de Kast, los empresarios, les siguen aprobando medidas para que tengan menos impuestos y para que se puedan seguir haciendo millonarios, todo mientras les están quitando el sueldo a las personas trabajadoras, y nosotros sabemos que en Chile el promedio no gana arriba de cinco millones, gana ochocientos mil pesos, y con eso tampoco te da para pagar tu deuda educativa. Si apenas te alcanza para llegar a fin de mes, para sostener una familia, y aún así quieren cobrar el CAE, cuando sabemos que la realidad de la mayoría es muy distinta a la de los ricos, y aún así se creen con la facultad de expropiar el dinero a las personas sin avisarles ¿Cómo les van a dar el alimento a sus hijos, cómo se van a trasladar?"
"Lo que nosotros proponemos es que la educación debería financiarse con la renacionalización de los recursos naturales, que son el cobre y el litio. En torno a eso podríamos financiar nuestra educación, proponemos la gratuidad universal, y así no tendríamos ninguna deuda educativa. Las deudas deberían quizás cubrirse con los recursos que tenemos en nuestro propio país. El aumento de la beca Junaeb también es algo importante, porque con lo que tenemos hoy como saldo en la beca no alcanza para muchos estudiantes, los que estudian en Santiago y son de regiones no les alcanza para llegar a fin de mes, para comprar su comida, y para muchos de ellos es su único ingreso para acceder a alimentación. Hay una desconexión total entre el presidente y la realidad de los chilenos, no tiene idea lo que es tener que elegir entre estudiar y trabajar".
Por último, Arantxa Díaz se refirió a la política del gobierno de Kast en materia de derechos humanos, particularmente al estudio de posibles indultos a criminales de la dictadura y condenados por sus actuaciones durante el estallido social:
"Condenamos rotundamente todas las violaciones a los derechos humanos y lo que quiere hacer Kast con indultos, que sería premiar a gente que tiene ideologías parecidas a la de él. A ellos no les importa negar sus raíces, Están demostrando que quieren pasar por arriba de cualquier derecho de cualquier persona, de cualquier movilización, solo para seguir defendiendo su sistema y beneficiando a sus amigos. Hay crímenes que tenemos que condenar por siempre, que son intransables, le decimos que no debería liberar a las personas que violaron los derechos humanos y que deberían pagar justamente por lo que hicieron, que es más grave que una incivilidad".
