A continuación, compartimos la opinión de Londres 38, espacio de memorias, aparecida en el reportaje "Caso Bernarda Vera: cómo un caso aislado se transformó en munición política contra la búsqueda de DD.HH.", publicado el miércoles 29 de julio en el medio digital Interferencia, a partir del conocimiento de la confirmación genética de que la mujer localizada en Argentina corresponde efectivamente a Bernarda Vera Contardo -con una probabilidad de identificación superior al 99,9999%, según estableció el ministro en visita Álvaro Mesa Latorre-.
"El negacionismo no pierde oportunidad para relativizar las violaciones a los derechos humanos, y la reacción de partidos de derecha ante este caso lo demuestra. No se puede permitir que este caso, uno entre más de mil -una excepción que confirma la norma del exterminio- se use como excusa para intensificar lo que siempre han hecho: negar y justificar las atrocidades de la dictadura, propiciar la impunidad y poner trabas a cualquier intento de establecer la verdad, hacer justicia y reparar, hasta donde es posible, el daño causado a las víctimas y a la sociedad".
"La continuidad del negacionismo de la UDI y Republicanos se explica por sus orígenes: un partido nacido en dictadura, responsable también de sus crímenes, y cuyos fundadores y dirigentes cumplieron funciones de confianza del dictador al que siguen reivindicando".
"La premura con que exigen medidas por un error en un listado de más de mil personas detenidas desaparecidas, es una cruel paradoja cuando, al mismo tiempo, intentan condenar al olvido a los casos restantes: hombres, mujeres, incluso niños, que fueron detenidos, asesinados, y sus cuerpos hechos desaparecer".
"Este caso no prueba las fallas del PNB, solo prueba la eficacia del secreto y los pactos de silencio de los civiles y militares responsables de las desapariciones en dictadura. Y las complicidades de ayer y de hoy. En lugar de una comisión investigadora, quienes la promueven deberían exigir a los condenados de Punta Peuco que entreguen las listas de detenidos desaparecidos que ellos mismos detuvieron e hicieron desaparecer. Ellos saben dónde están".
"El Plan Nacional de Búsqueda es una política pública del Estado que, por primera vez, y aunque con enormes limitaciones de recursos, se ha propuesto trabajar de forma sistemática e integrada para indagar y recopilar esa verdad que falta, toda la información sobre las trayectorias de las personas detenidas desaparecidas desde su detención hasta su desaparición, en conjunto con los tribunales para también hacer justicia. Valoramos este trabajo, que ha permitido dar con información que permite identificar inconsistencias tras investigaciones realizadas por profesionales del Plan Nacional de Búsqueda de detenidos desaparecidos".
"Por último: No perdamos de vista lo fundamental: el actual gobierno está llevando adelante una sistemática política de retrocesos en materia de derechos humanos y acceso a la verdad y la justicia. Por ello el Ejecutivo será interpelado el 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión revisará antecedentes sobre modificaciones administrativas, recortes presupuestarios y cambios en programas de memoria, reparación y persecución de crímenes de lesa humanidad denunciados por organizaciones de derechos humanos. La audiencia constituye una oportunidad fundamental para que la sociedad civil alerte sobre retrocesos en las políticas de memoria y reafirme que proteger y financiar el trabajo en la materia, los esfuerzos por lograr toda la verdad y toda la justicia, es una responsabilidad del Estado con toda la sociedad".
Puedes leer nuestra "Declaración ante reportaje sobre el caso de Bernarda Vera: Que la justicia actúe y que hablen los que saben", de septiembre de 2025, aquí.
Puedes leer el reportaje completo aquí.
