Desde Londres 38, espacio de memorias, manifestamos nuestro más categórico rechazo a las rebajas de condena concedidas por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos a tres criminales de lesa humanidad y a 56 violadores de menores.
A dos días de conocerse esta decisión, y ante un rechazo mayoritario, el gobierno suspendió la tramitación de parte de estos decretos y anunció, solo para los casos relacionados con los delitos contra menores "una serie de medidas legislativas destinadas a impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo a estos beneficios". Ninguna medida se informó respecto a los condenados que también recibieron este beneficios y que son responsables de asesinatos, desapariciones y torturas.
Por ello, denunciamos firmemente esta maniobra que busca instalar una impunidad biológica y legal en nuestro país para secuestradores y torturadores, y que tiene las siguientes consecuencias:
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Vulneración del derecho internacional: Bajo un falso pretexto de legalidad, el Ministerio desconoce las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile. Estas normas exigen una estricta proporcionalidad en las penas para crímenes de lesa humanidad. Reducir los castigos hasta volverlos irrisorios no es justicia; es una forma de impunidad.
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Desprecio por el impacto en las víctimas: Los estándares internacionales prohíben otorgar salidas anticipadas sin evaluar el impacto que esto genera en las víctimas, sus familias y toda la sociedad. Estas medidas violentan los pilares fundamentales de una sociedad democrática y un Estado de Derecho.
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Incumplimiento de requisitos mínimos: Mientras la ley exige un comportamiento intachable en prisión, los tratados internacionales exigen requisitos de fondo: una colaboración efectiva con la justicia, el esclarecimiento de la verdad sobre el paradero de los detenidos desaparecidos y el reconocimiento explícito de la gravedad de sus delitos. Nada de esto se ha cumplido.
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Una política de indulto pasivo: Denunciamos la clara intención política del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para favorecer la liberación de estos criminales. Esto se evidencia no solo en la reducción arbitraria de penas, sino también en la prohibición impuesta al Programa de Derechos Humanos para intervenir y oponerse a las solicitudes de libertad.
No permitiremos el desmantelamiento de la justicia ni el olvido institucional. Exigimos la revocación inmediata de estas medidas y el pleno respeto a los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile.
No más impunidad.
TODA LA VERDAD Y TODA LA JUSTICIA
Londres 38, espacio de memorias
