Convocada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la marcha es expresión de la demanda por verdad y justicia que, desde los primeros años bajo la dictadura y durante 18 años en democracia, han venido planteando diversas organizaciones sociales, políticas y de defensa de los derechos humanos.
Dicha demanda se fundamenta en la convicción de que la verdad y la justicia constituyen una demanda permanente, irrenunciable y de acción continua, en tanto no se conozca la verdad respecto a lo ocurrido con los detenidos desaparecidos, se recuperen sus restos y se sancione penalmente a quienes resulten responsables de estos crímenes, tipificados como delitos de lesa humanidad , y por tanto, inamnistiables e imprescriptibles, en coherencia con las normativas internacionales que obligan a los estados.
Para ello, entre otras medidas, es necesaria la reposición del proyecto de ley que busca la anulación de los efectos del Decreto Ley de Amnistía 2.191, presentado en abril de 1992 al Senado, que se designen jueces exclusivos para todas las causas que se encuentran radicadas en los Tribunales a lo largo del país; que el estado chileno ratifique la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, suscriba la formación del Tribunal Penal Internacional y ratifique la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, aprobada el año 1968 en Naciones Unidas.
El 30 de agosto fue declarado como Día Nacional del Detenido Desaparecido, en octubre de 2006. El decreto Ley que le dio origen señala que la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam), integrada por diversas organizaciones de países de América Latina y el Caribe en que se practicó o se practica la desaparición forzada de personas, estableció el 30 de agosto de cada año como el Día Internacional del Detenido Desaparecido.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Chile y otras organizaciones e instituciones de defensa de los derechos humanos solicitaron al gobierno que esta fecha fuera declarada como día de conmemoración nacional. Esta solicitud fue parte de la propuesta más amplia "Verdad, justicia y medidas reparatorias", que incluía la adopción de un conjunto de medidas.
