En un informe que fue entregado a la Presidenta de la República, AI señalo su preocupación por la incoherencia existente "entre las normas internacionales preconizadas por Chile y su aplicación en el ámbito nacional".
El documento agrega que "en abril de 2009, Chile, que actualmente es miembro del Consejo de Derechos Humanos, se someterá al examen periódico universal, en el que se tendrán en cuenta sus acciones. En este contexto, resulta fundamental que Chile adopte un enfoque coherente y demuestre de forma inequívoca la misma disposición a rendir cuentas ante su propia ciudadanía que ante la comunidad internacional por sus compromisos con los derechos humanos.".
En este mismo sentido se indica en el informe que "Chile es uno de los pocos países latinoamericanos que no tienen una institución nacional de derechos humanos. La existencia de una institución, cuando cumpla con los criterios establecidos en los Principios de Paris, como ha sido comprobado en varios otros países latinoamericanos, podría desempeñar un papel importante en institucionalizar el respeto hacia los derechos humanos en Chile."
Amnistía Internacional cree que la política real de Chile en el ámbito de la reparación "no se ajusta a los principios relativos al derecho de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos y del derecho humanitario a obtener remedio y reparación, promovidos en las Naciones Unidas por el propio Estado chileno." En efecto, agrega, "..el limitado mandato de la Comisión Valech, la brevedad del plazo que tuvieron las presuntas víctimas para registrarse y otra serie de obstáculos, sumados al enfoque "austero y simbólico" del Estado, hacen que la política de reparaciones sea inadecuada."
Además, "Chile se encuentra en la poco envidiable situación de ser el único Estado de Sudamérica que no ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pues los sucesivos gobiernos del país no han dado el paso de ratificarlo tras su firma, el 11 de septiembre de 1998."
Asimismo, la aplicación de la "Ley Antiterrorista" (promulgada durante el régimen del general Pinochet) contra personas de etnia mapuche que han participado en reclamos a los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras ha puesto de manifiesto, según AI, la existencia de un enfoque discriminatorio. "El uso de la legislación inapropiada y de la jurisdicción militar, así como el presunto uso de la fuerza excesiva y actividad policial desproporcionada en algunas comunidades, ha generado una aparente penalización de la protesta".
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