(31.07.09)
José Aylwin
En estos días la prensa informa de hechos de violencia ocurridos en el sur del país. Bajo el rótulo de recrudecimiento del "conflicto mapuche", término equivoco que supone que el conflicto es de los mapuche y no uno que nos involucra como país, los medios de comunicación ponen su atención en situaciones de violencia supuestamente imputables a comunidades o a integrantes de este pueblo.
Así, se ha informado de la ocupación de predios particulares, en algunos casos ocupados en reiteradas oportunidades por las comunidades aledañas (caso de fundos La Romana y Montenegro, en Ercilla), de la existencia de dos uniformados con lesiones que han sido atribuidas a impactos de perdigones efectuados por mapuche, y del ataque a un bus y a camiones que transitaban por la carretera Panamericana al altura del bypass de Temuco.
Nada se ha informado, sin embargo, de la utilización desmedida, por parte de Carabineros, de elementos disuasivos, tales como bombas lacrimógenas, balas antimotines e incluso balines de plomo, en algunos casos disparados desde helicópteros en movimiento, para reprimir a los integrantes de las comunidades en conflicto. Acciones que, en el caso de Malleco, han resultado en cinco personas mapuche heridas a bala, una de las cuales podría perder uno de sus ojos. Tampoco se analiza el trasfondo de estos hechos, que es el de la responsabilidad pasada y presente que tiene el estado frente a ellos, o de las alternativas políticas -más allá de lo meramente policial- para la superación de este conflicto histórico.
Parece conveniente, en primer término, distinguir entre las diversas situaciones ocurridas en estos días, las que a la distancia -desde Santiago- se ven como un mismo fenómeno. Desde luego la agresión a un bus y a camiones en el bypass de Temuco, no tiene nada que ver con el proceso reivindicativo que desarrollan las comunidades de Malleco. Aunque en el sector aledaño a aquel en que ocurrió el primer hecho, la represión policial cobró el 2008 una víctima fatal (Matías Catrileo) y ha resultado en numerosos casos de tratos crueles y degradantes en contra de integrantes de comunidades. Nada justifica la agresión a los vehículos que transitan por la vía pública, ni menos de la población civil de la manera, como de acuerdo a todos los antecedentes disponibles, en este caso ocurriera. Hechos de violencia como ellos -supuestamente autoadjudicados por la Coordinadora Arauco Malleco- son lamentables, y deben ser condenados enérgicamente. También deben ser investigados y sancionados sus responsables, quienes quiera que éstos sean.
Otra situación muy diferente es la que dice relación con el proceso reivindicativo de las comunidades mapuche de Ercilla, entre ellas, las comunidades de Temucuicui y Huañaco Millao, y de comunidades de Collipulli, como la de Rankilco, frente al desposeimiento de sus tierras del que han sido objeto por parte del estado y/o por los particulares que hoy las detentan.
La legitimidad de las demandas de estas comunidades ha sido reconocida por el propio estado. Ello al ponerse en marcha por el gobierno, al menos en el caso de Temucuicui, los procesos legales tendientes a la adquisición de las tierras en conflicto.
Dicha legitimidad de las mismas, está también reconocida por el gobierno al aprobar con su voto el 2007 la Declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, la que reconoce su derecho a "la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equitativa, por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado." (Artículo 28.1)
La acción de las comunidades de Malleco difícilmente puede entenderse si no se tiene en consideración la dilación del estado en atender a sus demandas de tierra, las que fueron identificadas en un estudio encargado por la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, antecesor de la CONADI, ya en 1993. En dicho estudio se constata no solo la propiedad ancestral que las comunidades tenían sobre los predios reclamados, sino también el proceso de desposeimiento, a través de mecanismos fraudulentos, de sus tierras a manos de quienes hoy los detentan o por sus antecesores en la propiedad.
Tampoco puede entenderse si no se tiene en consideración las múltiples gestiones hasta ahora realizadas por ellas ante las instancias estatales, todas ellas por la vía del diálogo, para lograr una solución a sus demandas, sin que ello haya sido posible. Tales gestiones incluyeron el reciente viaje de un centenar de representantes mapuche a Santiago con el fin de entrevistarse con la Presidenta o sus representantes en La Moneda. La entrevista no solo no se verificó, sino que además en la ocasión la delegación mapuche fue objeto de abierta discriminación por parte de efectivos policiales, los que no dejaron a la comitiva acercarse al palacio presidencial. Aunque se pueda discrepar de la determinación de las comunidades de Malleco de hacer ocupación de los predios que reclaman, no cabe duda que los factores antes señalados, claramente imputables a la negligencia del estado, han detonado tal decisión.
En cuanto a los hechos de violencia acaecidos en el contexto de dichas ocupaciones -muchos de los cuales han ocurrido al interior de las comunidades involucradas- todo indica que ésta ha sido ejercida fundamentalmente por carabineros. En efecto, aunque existe información de situaciones de violencia imputables a los comuneros mapuche, tanto los relatos de las comunidades, como la información disponible de los heridos en los enfrentamientos, dan cuenta de un uso desproporcionado de la fuerza por parte de carabineros, sin que éstos hayan respetado y protegido la dignidad y los derechos humanos como lo ordenan las directrices internacionales de la ONU sobre el empleo de la fuerza por parte de los funcionarios policiales.
La violencia policial en contra de comunidades mapuche no es un fenómeno nuevo, sino uno que se prolonga ya por muchos años. Es así como en los últimos años se ha documentado un promedio de 20 casos graves de violencia policial anuales que afectaron a comunidades mapuche. En lo que va corrido del año 2009, ya han sido denunciadas 15 de estas situaciones de violencia innecesaria en contra de personas o bienes de los mapuche, la mayor parte de ellas imputables a carabineros. No es casualidad entonces que este haya sido uno de los temas de mayor preocupación de la comunidad internacional en la reciente revisión de la que Chile fue objeto por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en mayo pasado. En la oportunidad el Consejo recomendó a Chile fortalecer el control frente a las situaciones de abusos policiales, y asegurar su investigación y sanción, de modo de poner término a estas prácticas violatorias de derechos humanos, recomendación que fue aceptada por el gobierno.
El término de las situaciones de violencia policial que han afectado a los mapuche requiere de reformas jurídicas, entre ellas, la reforma de la justicia militar para eliminar su competencia para analizar los delitos que cometan los funcionarios policiales sobre la población civil, y con ello la impunidad en que éstos quedan. Ella pasa también por una actitud mucho más decidida de la autoridad para adoptar todas las medidas que estén a su alcance para impedirlas. No basta con que el Subsecretario Rosende condene y rechace "los hechos de violencia, vengan de donde vengan". Para que sus afirmaciones sean creíbles, el gobierno debe asumir una actitud tan drástica como la que asume frente a hechos de violencia imputables a los mapuche, para fiscalizar administrativamente hechos de violencia policial como los ocurridos en estos días en la Araucanía, y para perseguirlos ante la justicia. De otro modo, ella no será erradicada.
El fondo del conflicto entre el pueblo mapuche y el estado, entre ellos el de las tierras, no será resuelto, sin embargo, sin un abordaje político del mismo. Tal como lo ha señalado el ex ministro Francisco Huenchumilla, "uno tiene que mirar esos actos de violencia como un síntoma de un problema mucho más profundo que requiere un tratamiento político".
Se requiere por tanto que el gobierno priorice la estrategia política por sobre la estrategia policial. Más que mandar enviar al Subsecretario del Interior a la Araucanía, debería enviar al sur al Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas. Más que anunciar el refuerzo del contingente policial en comunidades, y acciones legales en contra de los mapuche -sin descartar la ley anti terrorista- debería anunciar la apertura de espacios para un diálogo sobre los temas que generan los conflictos. De otro modo, las declaraciones de "re-conocimiento" del otro que han sido características del discurso gubernamental, carecen de sentido, y de credibilidad.
El Convenio 169 de la OIT, que en septiembre entra en vigencia plena, establece lineamientos relevantes que podrían orientar un diálogo entre el mundo mapuche y el estado para buscar soluciones a los problemas de fondo detrás de los conflictos; el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos naturales; el derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo; el derecho a ser consultado, de buena fe y con miras a llegar a acuerdo, cuando se adopten medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles.
Indudablemente un diálogo de esta naturaleza requiere de la disposición y buena fe de ambas partes, incluido el mundo mapuche. La oportunidad está planteada. Es de esperar que sea aprovechada por los actores involucrados. Si no lo hacen, hechos como los de los últimos días se seguirán repitiendo en el futuro cercano.
