Esta política se expresa de manera escandalosa en la contratación a honorarios de militares en retiro que se desempeñaron como agentes de la Dina y la CNI, y se encuentran procesados por crímenes contra la humanidad y por corrupción. Estos militares, y los superiores jerárquicos que les han brindado protección, son los mismos que, durante décadas, al igual que las organizaciones criminales de la mafia, han mantenido un pacto de silencio para encubrir los delitos y obstruir la labor de los pocos jueces que, en medio de un Poder Judicial cómplice, han intentado hacer justicia.
Las contrataciones, financiadas con recursos de todos los chilenos, son finalmente una "recompensa" a los crímenes del pasado y a los silencios del presente, de aquellos ex funcionarios del Estado cuyo trabajo cotidiano era ser parte de un sistema de represión, tortura y asesinato de los opositores políticos a la dictadura.
El Ministro de Defensa se ha apresurado a justificar esta situación, sin siquiera esperar el resultado de la investigación que el propio gobierno instruyó. Por su parte, el Ministro Secretario General de la Presidencia ha abortado la constitución de una comisión investigadora de la Cámara, llamando a los diputados a rechazar la iniciativa.
Estas acciones entran en abierta contradicción con los principios declarados por el gobierno, en estos mismos días, con motivo de la reciente aprobación en la Cámara de Diputados, del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional que busca sancionar delitos de extrema gravedad como son los crímenes de lesa humanidad.
Ante estos hechos hacemos un llamado a las autoridades a poner inmediato término a toda forma de protección a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y a exigir a los mandos militares, colaboración en los procesos judiciales que en estos días, y más de 30 años después de los hechos, han permitido procesar a 120 agentes represivos, algunos de ellos aún en servicio activo.
Afirmamos, una vez más, la demanda irrenunciable de verdad, justicia y reparación para que las responsabilidades civiles, políticas, administrativas y penales de los crímenes cometidos durante la dictadura, y el encubrimiento institucional en democracia, sean investigados y sancionados política y penalmente.
Colectivo Memoria 119
Colectivo Londres 38
Colectivo 119, familiares y compañeros
Santiago, 03 de septiembre de 2009
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